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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Más de 300 policías intervinieron en un pabellón de la Penitenciaría del Litoral por orden judicial

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La Policía desplegó un gran operativo en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la madrugada de este 11 de febrero de 2026, con unos 360 uniformados de las diferentes unidades especiales, el uso de drones y equipos especiales.

En horas de la madrugada, en el kilómetro 14 de la vía a Daule, en donde se encuentra el complejo penitenciario de Guayaquil, hubo un gran movimiento. Buses de la policía ingresaban a la Penitenciaría, mientras en los exteriores había resguardo militar.

Tuberculosis traspasa muros de la Penitenciaría del Litoral y mesa técnica dispone una visita de emergencia a la cárcel
Tras el operativo, el comandante de la Zona 8 de la Policía, Walter Villarroel, explicó a los medios de comunicación que los uniformados llegaron a «cumplir una orden judicial, un acto urgente solicitado por el eje investigativo de la institución».

El acto urgente fue impulsado por la Fiscalía y aprobado por la Función Judicial, con el fin de levantar indicios, explicó el jefe policial, sin dar mayores detalles sobre las razones de la intervención.

Villarroel solo detalló que la intervención fue específicamente en el pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral en donde hay más de 500 reos y, cumpliendo la disposición de la orden judicial, requisaron varios celulares, que servirán como indicios de un proceso investigativo.

Un acto urgente es una diligencia investigativa excepcional realizada por la Fiscalía y Policía Judicial sin autorización judicial previa.  Los actos urgentes se realizan únicamente con la finalidad de obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito. Fuente: Primicias

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Ejército de Ecuador desmantela campamento del Frente Oliver Sinisterra en Imbabura

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El Ejército de Ecuador informó este miércoles, 11 de febrero de 2026, que neutralizó un campamento perteneciente al grupo irregular armado Frente Oliver Sinisterra (FOS) en el norte del país, cerca a la frontera con Colombia.

La operación militar en contra de esta facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ejecutó en el sector El Verde, parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, una zona en donde prolifera la minería ilegal asociada con estructuras criminales.

De acuerdo con información oficial, durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado que se prolongó por aproximadamente 15 minutos. Tras el operativo, los militares aseguraron completamente el área sin registrar bajas en sus filas.

Secuestradores exigían USD 80.000 para liberar a un agricultor secuestrado en Balzar, Guayas

Material hallado en el campamento del frente oliver sinisterra en Imbabura, el 11 de febrero de 2026.Ejército
Como resultado de la operación, las Fuerzas Armadas incautaron material bélico y logístico, entre ellos:

276 municiones calibre 7.62 mm
78 municiones calibre 5.56 mm
10 cartuchos calibre 12
38 cartuchos percutidos
1 trompetilla para fusil FAL
6 alimentadoras para fusil M16
4 alimentadoras para fusil FAL
7 radios de comunicación y 2 cargadores
15 prendas de vestir con distintivos de grupo irregular armado
3 cuadernos con información doctrinaria y de inteligencia
Abastecimiento logístico para aproximadamente un mes
4 pacas de medicinas (antibióticos, complejo B, gasas, sueros, entre otros insumos)
1 generador eléctrico
1 caballeriza de aproximadamente 70 metros cuadrados
Las autoridades militares confirmaron la neutralización total del campamento guerrillero, lo que representaría una afectación económica estimada en USD 120.000 a la estructura logística y operativa del grupo armado.

Esta no es la primera vez que los militares destruyen un campamento del Frente Oliver Sinisterra en Imbabura, pues ya lo hizo en octubre de 2025 en las inmediaciones de las minas Vieja y El Olivo, parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde hubo cinco detenidos y pertrechos militares. Fuente: Primicias

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Daniel Noboa incrementa el crédito hipotecario ‘Credicasa’ y amplía cobertura para suites

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El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el incremento del crédito hipotecario ‘Credicasa’, un programa destinado a facilitar el acceso a la vivienda propia. La medida fue presentada este miércoles 11 de febrero a través de un video difundido en redes sociales.

En el anuncio, Noboa aparece junto a la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, revisando los pedidos ciudadanos relacionados con el incremento del monto del nuevo crédito, entre otras sugerencias.

En respuesta, el mandatario confirma que ya firmó la disposición que autoriza la medida y detalla que, con la actualización, el monto máximo del financiamiento se eleva a USD 65.000.

¿Cómo aplicar al préstamo Credicasa?

Según lo destacado por Noboa, el fortalecimiento del programa crediticio es posible gracias a la estabilidad económica del país, lo que ha permitido que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ofrezca préstamos con una tasa de interés del 2,99 %, calificada por el Gobierno como «histórica».

Asimismo, el BIESS detalló que el financiamiento es de hasta USD. 65.000,00 (incluido gastos), con un plazo máximo de 25 años. Aplica para:

  • Vivienda única y de primer uso (nueva).
  • Vivienda con una o más habitaciones y sin fines comerciales.
  • Viviendas con avalúo comercial de USD 71.504,70 equivalente a 148,35 SBU (Salario Básico Unificado).

Los interesados deberán percibir ingresos familiares de hasta USD 1.527,94 mensuales (equivale a 3,17 salarios básicos unificados).

Finalmente, para acceder al préstamo ‘Credicasa’ debe ingresar al portal del BIESS. Fuente: Primicias

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