Nacionales
¿Quiénes aparecen en el informe revelador del asesinato de Fernando Villavicencio? Comisión apunta a móvil político
La comisión especial de la Asamblea Nacional, encargada de investigar el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en agosto del año pasado, ha concluido su labor presentando un informe revelador. Según el documento, aprobado este jueves con seis votos a favor y uno en contra, existen indicios claros de un móvil político detrás del crimen.
El informe final, que será entregado al pleno del Legislativo para su consideración, detalla que al momento del asesinato, el riesgo de un atentado contra la vida de Villavicencio era extremadamente alto, con una tasa del 93%. Este dato subraya la gravedad de las amenazas que enfrentaba el candidato y la posible negligencia en su protección.
Se mencionó que el trabajo de Villavicencio, quien había denunciado más de una quincena de casos de corrupción que salpicaron a varios gobiernos, le llevó a ser blanco de grupos ilegales.
La Asamblea indicó que aparentemente existían organizaciones criminales que buscaban acabar con la vida del político y que aparentemente contaban con el apoyo de funcionarios públicos, políticos y hasta periodistas.
En el informe «aparecen los nombres de Xavier Jordán (empresario), Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, quienes tenían la misión de desprestigiar a Villavicencio», agregó la fuente.
Asimismo, el documento asevera que el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, había presuntamente acordado con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel en 2022, «ocultar información a Fernando Villavicencio, información que consta en el proceso del caso Metástasis» que investiga la Fiscalía del Estado.
Un informe preliminar recomendaba investigar a mayor profundidad el crimen de Villavicencio, pero también «recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales».
«El crimen de Fernando Villavicencio, sus autores, cómplices, encubridores, financistas, responsables materiales e intelectuales deben ser identificados y sancionados en el marco de la ley. Ni el Estado ni la sociedad podemos permitir la impunidad en este caso», recoge el texto preliminar.
Asimismo, reprochó a entidades que no atendieron peticiones de información formuladas por la comisión, y la ausencia de varias personas que fueron convocadas a comparecer.
El pasado 28 de abril, una jueza resolvió abrir juicio contra cinco de los seis acusados por la Fiscalía en el caso del asesinato de Villavicencio, cuyas sospechas recaen en una facción de una banda criminal conocida como Los Lobos que tiene como cabecilla a Carlos Angulo (‘El Invisible’), al que la Policía señala como presunto autor intelectual.
Los cinco acusados y el absuelto por la jueza son los únicos supervivientes de los catorce involucrados presuntamente en el crimen, pues ocho de ellos, entre los que están los siete sicarios colombianos que participaron en la ejecución del atentado, aparecieron muertos cuando estaban en la cárcel.
Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023 tras ser asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito, cuando faltaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, a las que se presentó como candidato presidencial por el movimiento Construye. Fuente: Vistazo
Nacionales
Camarógrafo de Ecuavisa sufre fractura tras agresión policial durante el paro: ‘me dispararon con proyectiles de goma’
Un camarógrafo de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.
De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.
Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.
La agresión le provocó una fractura en la mano derecha, que le ocasiona una incapacidad de 28 días, la cual podría extenderse si requiere cirugía, reportó Ecuavisa.
Santiago fue atendido por la Cruz Roja y trasladado a un hospital, donde denunció el trato por parte de personal policial.
“Las personas de la recepción se regresaban a ver y decían, ‘¿fue la Policía? Entonces no necesita un parte, ¿a quién le va a decir? ¿A otro policía?’”, indicó Santiago.
Además, 20 minutos después, un policía le visitó y le comentó: «¿Una denuncia al Estado? Sí, pero eso si quieres, si te sientes bien». «La persona que me pegó sabe que no le va a pasar nada», concluyó el camarógrafo.
Agresión a periodistas en el paro nacional
Fundamedios expresó su profunda preocupación y rechazo ante los “actos de agresión, requisa y retención arbitraria contra periodistas y comunicadores”, y además detalló varios incidentes que involucraron a comunicadores de distintos medios durante la cobertura de este domingo.
Otro caso fue el del periodista Jorge Cano, del medio Wambra Ec, quien fue requisado por un militar armado pese a portar chaleco y credencial de prensa.
En un video difundido en la red social X se observa cómo, aun después de identificarse como periodista, un militar le exige abrir su mochila para revisar sus equipos y le ordena trasladarse a otro lugar, alegando un supuesto “procedimiento de control de armas y explosivos”.
El medio de comunicación calificó el hecho como una violación al respeto y garantías del trabajo periodístico.
Asimismo, la periodista Gaby Mena denunció que agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la dispersión de manifestantes en el parque El Ejido, en el centro de la capital.
La Red Kapari también informó que uno de sus reporteros fue retenido temporalmente por efectivos de la fuerza pública mientras realizaba labores periodísticas en el centro de Quito, lo que el medio calificó como “actos de intimidación y persecución” contra comunicadores comunitarios.
De igual forma, Pamela Ledesma, periodista del medio digital BN, denunció haber sido agredida por policías mientras registraba la detención de dos manifestantes en el sector de la avenida Patria y 6 de Diciembre. Según su testimonio, los agentes le quitaron el teléfono y le exigieron borrar el contenido grabado.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos. Por su parte, Fundamedios exigió al Estado, en particular al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, que se investiguen de manera inmediata las agresiones denunciadas y se sancione a los responsables. Fuente: Vistazo
Ecuador atraviesa la cuarta semana de protestas en el marco del paro nacional convocado por la Conaie. Aún hay múltiples vías cerradas en Imbabura, el epicentro de las protestas, y Pichincha. El Gobierno dice que está dialogando con las bases, mientras grupos sociales alistan nuevas movilizaciones.
Si bien la eliminación del subsidio al diésel fue el detonante de las manifestaciones, diversos colectivos sociales han aumentado su inconformidad con todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa.
Son 22 días de cierres y protestas, que han dejado un muerto, cientos de heridos y detenidos. Mientras que las pérdidas económicas siguen en aumento en la provincia de Imbabura, donde la ocupación hotelera en el pasado feriado alcanzó tan solo el 4.6%.
Por su parte, la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) se ha desplazado con cientos de manifestantes hacia la ciudad de Ibarra para exigir que el Gobierno escuche sus demandas.
En cambio, líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Unión General de Trabajadores (UGTE) han anunciado protestas para esta semana en Quito.
DETALLES MINUTO A MINUTO
Miles de indígenas de Cotacachi marcharon en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir al Gobierno una apertura inmediata al diálogo y respuestas concretas a sus demandas.
Los protestantes se movilizaron en una multitudinaria caravana por la E-35 y arribaron al Parque ‘Ciudad Blanca’, desde donde empezaron a marchar por las principales calles de Ibarra.
Estuvieron miembros de la UNORCAC, ChijalltaFICI y otras agrupaciones representativas de los pueblos y nacionalidades de Imbabura.
La movilización concluyó tras dos horas, pasadas las 14:00. Los indígenas volvieron a sus comunidades para continuar con la “resistencia”.
Un líder indígena informó que entregaron a las autoridades de la provincia un documento, en el que plantean sus necesidades y hacen un llamado al diálogo.
Entre las solicitudes de las comunidades, constan la liberación de los 12 detenidos en Otavalo tras quemar un destacamento policial, la eliminación del subsidio al diésel, entre otras propuestas.
Los indígenas aseguraron que esperan una respuesta lo más pronto posible, de lo contrario se movilizarán nuevamente a Quito.
Un periodista de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.
De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.
Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.
“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, habló sobre las protestas registradas el pasado domingo en Quito.
El líder indígena aclaró que “nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar” a la capital de los ecuatorianos.
No obstante recalcó: “Quito no está aislado del país, los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente como se demostró ayer”.
Cientos de personas protestaron el pasado domingo en el centro de la ciudad, lo cual provocó enfrentamientos con la Policía Nacional, así como agresiones a periodistas.
“Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno para justificar la represión, nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia”, acotó Vargas.
El líder indígena también se pronunció sobre el caso de dos jóvenes indígenas de Otavalo, a quienes militares habrían cortado sus trenzas de cabello, un símbolo que es parte indispensable de su identidad.
Vargas calificó ese acto como “racista” y aseguró que “refleja la persistencia de un Estado con rasgos coloniales”.
Finalmente, anunció que en los próximos días el movimiento indígena tomará “decisiones colectivas en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos”.
Pero avanzó que “desde hoy nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el NO a la Consulta Popular” que plantea el presidente Daniel Noboa para llamar a una Asamblea Constituyente.
Nacionales
“El sistema penitenciario ecuatoriano vive una crisis estructural”, advierte jurista Alex Iván Valle
Tertulia Jurídica
El pasado 1 de octubre, en una nueva edición de la Tertulia Jurídica transmitida por Diario El Amazónico, el doctor Alex Iván Valle, catedrático y jurista ecuatoriano, compartió una profunda reflexión sobre el Derecho Penitenciario en Ecuador, sus desafíos estructurales y las causas que han derivado en la actual crisis del sistema carcelario nacional.
El espacio fue conducido por los doctores Jamil Ávila y Franco Tamay Vega, quienes destacaron el aporte académico y formativo que estas tertulias ofrecen al debate jurídico nacional.
Durante su intervención, el doctor Valle, subrayó que “el sistema penitenciario se ha convertido en la última rueda del coche del Estado, pues mientras se invierte en educación o salud, las cárceles y las personas privadas de libertad siguen siendo marginadas y olvidadas”.
El jurista recalcó que la crisis penitenciaria no puede analizarse de forma aislada, sino como un reflejo de un problema estructural que involucra la falta de inversión, el déficit de personal penitenciario, la corrupción interna y externa, y la naturalización de la violencia carcelaria, que ha dejado, según cifras recientes, más de seiscientas víctimas en los últimos años.
En su análisis, Valle explicó que el Derecho Penitenciario constituye la fase posterior al Derecho Penal, orientada a garantizar el cumplimiento de la pena y el proceso de rehabilitación social. Sin embargo, señaló que en el Ecuador “no se está cumpliendo con la finalidad rehabilitadora de la pena”, cuestionando si realmente el sistema actual promueve la reinserción social o, por el contrario, profundiza la exclusión y la reincidencia.
Uno de los puntos más relevantes abordados fue el hacinamiento carcelario, que, según el ponente, alcanzó en 2023-2024 un 21% de sobrepoblación, con más de 33.600 personas privadas de libertad frente a una capacidad real de 27.000 plazas. Esto, explicó, afecta directamente el acceso a derechos básicos como la salud, la higiene, la alimentación y el descanso, además de incrementar la tensión psicológica y los índices de violencia dentro de los centros penitenciarios.
El doctor Valle también cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva, medida que debería ser una excepción según el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero que, en la práctica, “se ha convertido en la regla general”. Afirmó que esta práctica contribuye al hacinamiento y vulnera los principios de proporcionalidad y debido proceso.
En el debate posterior, el público y los moderadores abordaron temas como los juicios paralelos, el impacto mediático en la justicia penal y la instrumentalización política del derecho penal. Al respecto, el doctor Valle advirtió sobre el peligro del “derecho penal simbólico”, utilizado con fines políticos y populistas: “Aumentar las penas o prometer castigos ejemplares no ha reducido los delitos; por el contrario, los ha incrementado. La mejor política criminal es la política social”, citó al jurista alemán Frank von Liszt.
Finalmente, el invitado enfatizó que la verdadera rehabilitación social debe ser integral y humanista, orientada a comprender las causas sociales, psicológicas y económicas que conducen al delito. “No todos los infractores son irrecuperables; muchos son víctimas de pobreza, abandono y desigualdad. Si el Estado no interviene con políticas sociales reales, seguiremos repitiendo los mismos errores”, concluyó.
La Tertulia Jurídica del Diario El Amazónico continúa consolidándose como un espacio académico de análisis crítico, promoviendo la reflexión jurídica sobre los principales desafíos del Ecuador contemporáneo.
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