Nacionales
Verónica Abad al descubierto: estos son los seis indicios de responsabilidad en el caso Nene
No rindió su versión en el caso “Nene”, diligencia para la cual estuvo citada para esta mañana, por vía telemática. El dedo acusador de Fiscalía apunta hacia la Vicepresidenta de la República, por “elementos que permiten inferir de manera lógica la elevada probabilidad de la participación de María Verónica Abad Rodas”, en los hechos investigados. Su brazo derecho, Daniel Redrován Palomeque, no tenía funciones oficiales en la Vicepresidencia, pero era quien tomaba las decisiones cruciales en esa entidad. En diciembre, Redrován viajó hacia Tel Aviv (Israel), pero no lo habría hecho desde Ecuador, sino desde Perú, porque tenía prohibición de dejar el país por una causa judicial, según conoció esta alianza.
Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, habrían tenido conocimiento de los cobros indebidos a cambio de cargos públicos, según la investigación fiscal que sustenta el caso Nene. El proceso penal buscará esclarecer si estos hechos fueron conocidos por la segunda mandataria. Ella ha insistido en que no estaba al tanto, y afirmó que es víctima de persecución política, en una coyuntura en la cual el Presidente en funciones se niega a encargarle el poder, mientras actúa en campaña hacia las elecciones generales de 2025.
Mientras la Asamblea se apresta a conocer el caso, nuevos elementos surgen en la investigación fiscal.
Un exlegislador
Según el expediente, la negociación del pago irregular a cambio del puesto público se realizó en el hotel Marriot, de Quito, el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 20h30. Una pericia confirmó que tres personas estuvieron en el sitio: el denunciante Rommel Esteban Pérez, y por la parte contratante, Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, ninguno de los dos tenía relación laboral con la Vicepresidencia de la República.
El contrato de arrendamiento de dos suites en el Marriot se encuentra a nombre del exasambleísta Gruber Zambrano Azua, quien fue legislador en el período que empezó en 2021. Zambrano llegó por el Partido SocialCristiano y a inicios de junio de ese año se desvinculó de esa tienda política. Posteriormente fue independente. También fue gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas en el gobierno de Guillermo Lasso.
El fiscal Leonardo Alarcón le convocó a explicar las razones por las cuales el arrendamiento de la suite consta a su nombre, al igual que la factura. A través de su abogado, Zambrano explicó que como asambleísta arrendó suites en el hotel Marriot por tratarse de un lugar seguro, ya que durante su estadía en Quito residió en ese lugar. Refirió que, al verla en el aeropuerto, sugirió a la Vicepresidenta electa alojarse en ese lugar. E insistió en que por un error o por una falsificación, el alquiler de la suite seguiría constando a su nombre.
El valor mensual del alquiler de dos suites se acerca a los tres mil dólares y está impago, según la administración del hotel. El administrador comentó que con regularidad había visto a la Vicepresidenta, en esas instalaciones. Según coincidieron varios exfuncionarios de esa entidad, ese hotel era el centro de operaciones, y en ocasiones estaba presente en las reuniones la Vicepresidenta.
¿Qué inculparía a la Vicepresidenta?
1. La versión de Rommel Esteban Pérez, el denunciante. Según su declaración, la propia Vicepresidenta electa lo llamó 48 horas después del triunfo en urnas, para pedirle que se vinculara a su grupo cercano de colaboradores en esa institución. Él había trabajado con el equipo de campaña de Abad para la Alcaldía de Cuenca, en labores relacionadas a comunicación social. Las elecciones seccionales se realizaron en febrero de 2023. A Pérez se le había ofrecido un pago de 1.500 dólares por su trabajo. De ese monto recibió menos de la mitad; se unió al grupo de excolaboradores impagos, quienes a través de un proceso judicial obtuvieron la cancelación de sus haberes. El denunciante reveló que le llamó la atención que la misma Vicepresidenta electa lo convocara a colaborar, tomando en cuenta el antecedente de la acción judicial interpuesta para que cancelaran los honorarios a todo el grupo de la campaña seccional de 2023. Ella le habría insistido en que requería funcionarios de mucha confianza.
2. Desde Barcelona, donde reside desde febrero de 2024, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Marco Polo Molina, afirmó en su versión que quien dispuso el ingreso de Rommel Esteban Pérez a esa entidad fue “la señora vicepresidenta Verónica Abad”. Esto, a pesar de que el contratado no tenía el perfil profesional idóneo para el cargo de coordinador general de comunicación, pues tiene apenas título de bachiller.
3. De conversaciones telefónicas extraídas del celular del denunciante, se extraen diálogos con la propia Vicepresidenta electa. El 24 de octubre de 2023, un mes antes de la posesión, ella le habría mensajeado: “Estebitan , estamos en reunión, Daniel ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo”. Menciona la necesidad de establecer condiciones claras para no tener problemas. El contexto de la investigación afirma que “Daniel” era su brazo derecho en la Vicepresidencia, Daniel Palomeque, a quien exfuncionarios identifican como su asesor político.
4. Una exfuncionaria de Vicepresidencia mencionó que el hijo de la segunda mandataria preguntaba detalles internos del funcionamiento de la entidad y averiguaba datos sobre el fondo rotativo para reposición de viajes. En su versión ante Fiscalía, ella reconoció que le observó sobre lo inadecuado de esas preguntas, pero asumió que él averiguaba esos datos para agilitar trámites, en nombre de su madre.
5. De acuerdo con versiones de otros exfuncionarios, tanto el hijo de la VP como su esposa dictaminaban los lineamientos de la política de comunicación en esa entidad, sin tener cargo ni nombramiento.
6. La influencia del círculo íntimo de la VP, su hijo Sebastián, su nuera y su “asesor político”, en el manejo de la Vicepresidencia es parte de la investigación. De hecho, en una reunión con la Embajada de China participó su hijo y su asesor Daniel Redrován. Los diplomáticos de ese país, inclusive, les regalaron un presente, según la versión del exsecretario. Fuente: Vistazo
Nacionales
Camarógrafo de Ecuavisa sufre fractura tras agresión policial durante el paro: ‘me dispararon con proyectiles de goma’
Un camarógrafo de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.
De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.
Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.
La agresión le provocó una fractura en la mano derecha, que le ocasiona una incapacidad de 28 días, la cual podría extenderse si requiere cirugía, reportó Ecuavisa.
Santiago fue atendido por la Cruz Roja y trasladado a un hospital, donde denunció el trato por parte de personal policial.
“Las personas de la recepción se regresaban a ver y decían, ‘¿fue la Policía? Entonces no necesita un parte, ¿a quién le va a decir? ¿A otro policía?’”, indicó Santiago.
Además, 20 minutos después, un policía le visitó y le comentó: «¿Una denuncia al Estado? Sí, pero eso si quieres, si te sientes bien». «La persona que me pegó sabe que no le va a pasar nada», concluyó el camarógrafo.
Agresión a periodistas en el paro nacional
Fundamedios expresó su profunda preocupación y rechazo ante los “actos de agresión, requisa y retención arbitraria contra periodistas y comunicadores”, y además detalló varios incidentes que involucraron a comunicadores de distintos medios durante la cobertura de este domingo.
Otro caso fue el del periodista Jorge Cano, del medio Wambra Ec, quien fue requisado por un militar armado pese a portar chaleco y credencial de prensa.
En un video difundido en la red social X se observa cómo, aun después de identificarse como periodista, un militar le exige abrir su mochila para revisar sus equipos y le ordena trasladarse a otro lugar, alegando un supuesto “procedimiento de control de armas y explosivos”.
El medio de comunicación calificó el hecho como una violación al respeto y garantías del trabajo periodístico.
Asimismo, la periodista Gaby Mena denunció que agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la dispersión de manifestantes en el parque El Ejido, en el centro de la capital.
La Red Kapari también informó que uno de sus reporteros fue retenido temporalmente por efectivos de la fuerza pública mientras realizaba labores periodísticas en el centro de Quito, lo que el medio calificó como “actos de intimidación y persecución” contra comunicadores comunitarios.
De igual forma, Pamela Ledesma, periodista del medio digital BN, denunció haber sido agredida por policías mientras registraba la detención de dos manifestantes en el sector de la avenida Patria y 6 de Diciembre. Según su testimonio, los agentes le quitaron el teléfono y le exigieron borrar el contenido grabado.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos. Por su parte, Fundamedios exigió al Estado, en particular al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, que se investiguen de manera inmediata las agresiones denunciadas y se sancione a los responsables. Fuente: Vistazo
Ecuador atraviesa la cuarta semana de protestas en el marco del paro nacional convocado por la Conaie. Aún hay múltiples vías cerradas en Imbabura, el epicentro de las protestas, y Pichincha. El Gobierno dice que está dialogando con las bases, mientras grupos sociales alistan nuevas movilizaciones.
Si bien la eliminación del subsidio al diésel fue el detonante de las manifestaciones, diversos colectivos sociales han aumentado su inconformidad con todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa.
Son 22 días de cierres y protestas, que han dejado un muerto, cientos de heridos y detenidos. Mientras que las pérdidas económicas siguen en aumento en la provincia de Imbabura, donde la ocupación hotelera en el pasado feriado alcanzó tan solo el 4.6%.
Por su parte, la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) se ha desplazado con cientos de manifestantes hacia la ciudad de Ibarra para exigir que el Gobierno escuche sus demandas.
En cambio, líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Unión General de Trabajadores (UGTE) han anunciado protestas para esta semana en Quito.
DETALLES MINUTO A MINUTO
Miles de indígenas de Cotacachi marcharon en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir al Gobierno una apertura inmediata al diálogo y respuestas concretas a sus demandas.
Los protestantes se movilizaron en una multitudinaria caravana por la E-35 y arribaron al Parque ‘Ciudad Blanca’, desde donde empezaron a marchar por las principales calles de Ibarra.
Estuvieron miembros de la UNORCAC, ChijalltaFICI y otras agrupaciones representativas de los pueblos y nacionalidades de Imbabura.
La movilización concluyó tras dos horas, pasadas las 14:00. Los indígenas volvieron a sus comunidades para continuar con la “resistencia”.
Un líder indígena informó que entregaron a las autoridades de la provincia un documento, en el que plantean sus necesidades y hacen un llamado al diálogo.
Entre las solicitudes de las comunidades, constan la liberación de los 12 detenidos en Otavalo tras quemar un destacamento policial, la eliminación del subsidio al diésel, entre otras propuestas.
Los indígenas aseguraron que esperan una respuesta lo más pronto posible, de lo contrario se movilizarán nuevamente a Quito.
Un periodista de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.
De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.
Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.
“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, habló sobre las protestas registradas el pasado domingo en Quito.
El líder indígena aclaró que “nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar” a la capital de los ecuatorianos.
No obstante recalcó: “Quito no está aislado del país, los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente como se demostró ayer”.
Cientos de personas protestaron el pasado domingo en el centro de la ciudad, lo cual provocó enfrentamientos con la Policía Nacional, así como agresiones a periodistas.
“Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno para justificar la represión, nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia”, acotó Vargas.
El líder indígena también se pronunció sobre el caso de dos jóvenes indígenas de Otavalo, a quienes militares habrían cortado sus trenzas de cabello, un símbolo que es parte indispensable de su identidad.
Vargas calificó ese acto como “racista” y aseguró que “refleja la persistencia de un Estado con rasgos coloniales”.
Finalmente, anunció que en los próximos días el movimiento indígena tomará “decisiones colectivas en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos”.
Pero avanzó que “desde hoy nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el NO a la Consulta Popular” que plantea el presidente Daniel Noboa para llamar a una Asamblea Constituyente.
Nacionales
“El sistema penitenciario ecuatoriano vive una crisis estructural”, advierte jurista Alex Iván Valle
Tertulia Jurídica
El pasado 1 de octubre, en una nueva edición de la Tertulia Jurídica transmitida por Diario El Amazónico, el doctor Alex Iván Valle, catedrático y jurista ecuatoriano, compartió una profunda reflexión sobre el Derecho Penitenciario en Ecuador, sus desafíos estructurales y las causas que han derivado en la actual crisis del sistema carcelario nacional.
El espacio fue conducido por los doctores Jamil Ávila y Franco Tamay Vega, quienes destacaron el aporte académico y formativo que estas tertulias ofrecen al debate jurídico nacional.
Durante su intervención, el doctor Valle, subrayó que “el sistema penitenciario se ha convertido en la última rueda del coche del Estado, pues mientras se invierte en educación o salud, las cárceles y las personas privadas de libertad siguen siendo marginadas y olvidadas”.
El jurista recalcó que la crisis penitenciaria no puede analizarse de forma aislada, sino como un reflejo de un problema estructural que involucra la falta de inversión, el déficit de personal penitenciario, la corrupción interna y externa, y la naturalización de la violencia carcelaria, que ha dejado, según cifras recientes, más de seiscientas víctimas en los últimos años.
En su análisis, Valle explicó que el Derecho Penitenciario constituye la fase posterior al Derecho Penal, orientada a garantizar el cumplimiento de la pena y el proceso de rehabilitación social. Sin embargo, señaló que en el Ecuador “no se está cumpliendo con la finalidad rehabilitadora de la pena”, cuestionando si realmente el sistema actual promueve la reinserción social o, por el contrario, profundiza la exclusión y la reincidencia.
Uno de los puntos más relevantes abordados fue el hacinamiento carcelario, que, según el ponente, alcanzó en 2023-2024 un 21% de sobrepoblación, con más de 33.600 personas privadas de libertad frente a una capacidad real de 27.000 plazas. Esto, explicó, afecta directamente el acceso a derechos básicos como la salud, la higiene, la alimentación y el descanso, además de incrementar la tensión psicológica y los índices de violencia dentro de los centros penitenciarios.
El doctor Valle también cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva, medida que debería ser una excepción según el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero que, en la práctica, “se ha convertido en la regla general”. Afirmó que esta práctica contribuye al hacinamiento y vulnera los principios de proporcionalidad y debido proceso.
En el debate posterior, el público y los moderadores abordaron temas como los juicios paralelos, el impacto mediático en la justicia penal y la instrumentalización política del derecho penal. Al respecto, el doctor Valle advirtió sobre el peligro del “derecho penal simbólico”, utilizado con fines políticos y populistas: “Aumentar las penas o prometer castigos ejemplares no ha reducido los delitos; por el contrario, los ha incrementado. La mejor política criminal es la política social”, citó al jurista alemán Frank von Liszt.
Finalmente, el invitado enfatizó que la verdadera rehabilitación social debe ser integral y humanista, orientada a comprender las causas sociales, psicológicas y económicas que conducen al delito. “No todos los infractores son irrecuperables; muchos son víctimas de pobreza, abandono y desigualdad. Si el Estado no interviene con políticas sociales reales, seguiremos repitiendo los mismos errores”, concluyó.
La Tertulia Jurídica del Diario El Amazónico continúa consolidándose como un espacio académico de análisis crítico, promoviendo la reflexión jurídica sobre los principales desafíos del Ecuador contemporáneo.
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