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Graves denuncias de tortura y tratos inhumanos en cárceles de Ecuador bajo intervención militar

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Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en las cárceles del Ecuador, tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, ha sido un tema que se ha mantenido como un secreto a voces.

De acuerdo a familiares las personas privadas de libertad (PPL) y defensores de derechos humanos, desde que ingresaron los militares a los centros carcelarios, han sido múltiples las presuntas acciones que se han ejecutado en contra de los presos. Incluso, hablan del fallecimiento de un reo por inanición, condición que es provocada por la falta de alimentos.

El defensor del Pueblo (e), César Córdova, informó que la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.

Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a presentar más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y es que, además, han recibido el reporte de 24 muertes y 155 torturas.

Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de libertad en Ecuador, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos centros penitenciarios del país, incluida la Penitenciaría del Litoral, bajo el pretexto de un conflicto armado interno.

Según el último informe del Comité de Derechos Humanos (CDH), se han documentado múltiples casos de abuso y maltrato desde que las fuerzas militares tomaron el control de las prisiones. Entre los testimonios recopilados, se mencionan la restricción de acceso a agua potable y alimentos, decomiso de bienes personales, y falta de comunicación con familiares de los detenidos. Aún más alarmante son las prácticas de tortura que incluyen golpes, uso de gas pimienta, ahogamientos, y agresiones sexuales.

El CDH ha registrado la muerte de 680 personas en contextos de violencia en el sistema carcelario ecuatoriano desde 2018 hasta 2023. Y la última intervención militar ha sido criticada por violar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, lo cual no justifica la tortura sistemática de los detenidos.


Las denuncias de tortura incluyen:

  • Golpes con palos y cables metálicos.
  • Restricción de alimentos por más de seis días.
  • Uso de gas pimienta y ahogo en tanques de agua.
  • Violaciones sexuales con objetos.
  • Encierro prolongado en celdas sin acceso a servicios básicos.

Además, recogen que las familias de los reclusos también han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, enfrentándose a la falta de información y restricciones para ingresar vituallas. La intervención militar, lejos de ser temporal y subsidiaria, ha desplazado por completo a las autoridades civiles encargadas de la administración penitenciaria.

En ese sentido, el CDH ha presentado demandas de habeas corpus para exponer estas prácticas de tortura y buscar la protección de los derechos de los detenidos. En audiencias judiciales, se han concedido medidas cautelares a favor de los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, entre otros, ordenando a las Fuerzas Armadas respetar la ley.

Ante la situación en las cárceles de Ecuador, organizaciones de derechos humanos llaman a una revisión urgente de las políticas de intervención militar y a la adopción de medidas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.


Una jueza de Guayaquil falló a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que había solicitado medidas cautelares para abordar el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad en la provincia de Guayas.

En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge ordenó la inmediata regularización de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la Cárcel de mujeres, los Centros de Adolescentes Infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.

Además, la jueza instruyó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a facilitar el acceso de representantes de organismos de derechos humanos, a las prisiones para «constatar la provisión suficiente de alimentos» para los reos.

Asimismo, el SNAI deberá acelerar el proceso de contratación de una empresa encargada de suministrar comida a los más de 12.000 reclusos de los nueve centros mencionados. En la Penitenciaría del Litoral, también conocida como «la Peni», se encuentran más de 5.500 reclusos.


En la cárcel de Cotopaxi, uno de los nueve centros afectados por la situación alimentario, el almuerzo de los reclusos se limitó a un pedazo de sandía y un pan. Esta situación se originó luego de que el SNAI cancelara el contrato con Lafattoria S.A., empresa proveedora de alimentos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde mayo de 2024, Lafattoria S.A. dejó de suministrar alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Además, se ha anunciado que en dos meses más se retirará de la cárcel de Manabí.

Ante la falta de provisiones, familiares de los presos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia, han entregado donaciones, aunque estas resultan insuficientes. El SNAI, por su parte, ha evitado responder a los pedidos de información.

Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, criticó que familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones por una falta de organización y respuesta efectiva por parte del SNAI.

«El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad», afirmó Albán,

Por tal motivo, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Ya que la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano.

“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela. Fuente: Ecuador en vivo

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Lundin Gold comparte experiencias en la XVIII Expo Conference EXPOMINAS

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Durante la XVIII Expo Conference EXPOMINAS, Lundin Gold participó activamente en distintos espacios académicos y técnicos, compartiendo sus mejores prácticas en materia de exploración y sostenibilidad.

José Añazco, Geólogo Modelador Senior, ofreció una conferencia magistral enfocada en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a las actividades de exploración, destacando la innovación como herramienta clave para el desarrollo de la minería moderna.

Por su parte, Fernando Cando, Coordinador Senior de Sostenibilidad de Negocios, integró la mesa redonda dedicada a analizar el impacto social y económico de la minería industrial sostenible en las comunidades, reafirmando el compromiso de Lundin Gold con la responsabilidad social empresarial.

La compañía expresó su agradecimiento a los organizadores de EXPOMINAS por el reconocimiento recibido en virtud de su aporte al desarrollo del país y a la promoción de una minería responsable en Ecuador. Asimismo, extendió un agradecimiento especial a todos los asistentes que participaron y enriquecieron estos espacios de diálogo.

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Cifras rojas para el petróleo: Ecuador revisa a la baja sus previsiones de producción y precio del crudo para 2025

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El sector petrolero enfrenta un panorama sombrío en 2025. Las proyecciones que a comienzos de año apuntaban a un precio del crudo ecuatoriano de USD 63,7 por barril ahora se ajustaron a la baja y ahora la proyección oficial apunta a que se ubicará en USD 62,20 por barril.

A esta caída de precios se suma otro problema: el Gobierno espera que la producción petrolera nacional retroceda a 465.369 barriles diarios de petróleo al cierre de 2025. Es una caída del 2% frente a 2024 y la cifra más baja desde 2007.

Estas previsiones petroleras son parte de la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2025, que envió el Gobierno a la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 2025.

¿Por qué se envía una proforma a cuatro meses de cerrar el año? Se debe a que 2025 fue un año de elecciones presidenciales, por lo que el Gobierno de Noboa ha usado hasta el momento una «proforma prorrogada»; es decir, la correspondiente al presupuesto de 2024. Y ahora debe ajustar esas cifras a la realidad de 2025.

En lo petrolero, la Proforma evidencia que la combinación de menor extracción y un valor internacional más bajo golpeará de lleno a un sector en donde se esperaba una recuperación más robusta tras los altibajos de los últimos años.

Por qué cae la producción
Hay dos factores principales que inciden en este desempeño y son:

1Desastres naturales
Un deslave en Esmeraldas que provocó una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) el 13 de marzo de 2025 y que obligó a suspender la producción petrolera durante 12 días o hasta el 24 de marzo.

Luego, la reactivación de la erosión regresiva, que «carcome» el lecho y las márgenes del río Coca, obligó a suspender el bombeo del SOTE por 26 días y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por 23 días.

Al ser estas las únicas «arterias» para sacar el petróleo desde la Amazonía hasta los puertos de exportación, la petrolera estatal Petroecuador y las compañías privadas tuvieron que suspender la producción de petróleo mientras se terminaban de construir las variantes provisionales de los ductos.

2ITT baja su producción
Otra causa de la disminución de la producción petrolera nacional es el cierre progresivo de operaciones del bloque petrolero ITT, ubicado en el alto Amazonas para cumplir con el mandato popular de agosto de 2023, que ordena dejar bajo tierra el crudo de ese bloque y levantar la infraestructura petrolera.

Lea: Comunidades waorani reclaman por incumplimiento del cierre de pozos del ITT
Aunque el Estado tenía un año para cumplir con el mandato popular, esto aún no ha ocurrido. El Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo señala que el plan de cierre del ITT empezó en agosto de 2024 y continuará hasta 2019.

En términos de producción, del área, que está a cargo de la petrolera estatal Petroecuador, se extrajeron 33.511 barriles diarios entre enero y julio de 2025; esto es, un 42% menos que los 58.278 barriles diarios de iguales meses de 2024.

Pero hay que tener en cuenta que en julio la producción cayó drásticamente por la suspensión de operaciones de los oleoductos OCP y SOTE. Por lo anterior, habrá que esperar a ver los datos del campo de agosto de 2025.

¿Qué planes hay para subir la producción?
La petrolera estatal Petroecuador ha puesto en marcha este año al menos cuatro estrategias para subir la producción y los ingresos petroleros. Aunque los resultados registrados hasta ahora no evidencian todavía un aumento en las cifras.

Los planes son:

Primera campaña de perforación en la zona norte y oeste de la Amazonía:

Petroecuador contrató en mayo de 2025 a la gigante china Sinopec para realizar una campaña de perforación petrolera en las zonas norte y oeste Amazonía ecuatoriana.
Con estos trabajos espera subir en 12.000 barriles diarios la producción petrolera hasta octubre de 2025.

Segunda campaña de perforación: Petroecuador inició en junio de 2025 una nueva campaña de perforación en el Bloque 44, en Orellana.

La petrolera estatal prevé obtener una producción incremental de 2.500 barriles por día, solo del pozo Pucuna, contemplado en la campaña.
Campo Amistad: Petroecuador anunció el 18 de julio de 2025 que reacondicionará dos pozos en el campo de gas natural Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil.
Los trabajos permitirán aumentar en hasta cinco millones de pies cúbicos por día la producción de gas natural en el Campo Amistad, que producía 18,4 millones de pies cúbicos por día.

Concesión de bloques petroleros: En la Proforma que envió el Gobierno a la Asamblea Nacional se detalla que el Estado prevé ingresos de USD 3.986,38 millones por «el cobro de un pago inicial de la inversión total comprometida por la concesión de bloques hidrocarburíferos previstos para 2025».
Y añade que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra identificando y estructurando la información de los bloques y que la concesión se haría a través de licitaciones públicas. Fuente: Primicias

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«Si no grito, nadie me escucha»: el reclamo de perjudicada de cooperativa CREA en comisión de la Asamblea

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Un grupo de perjudicados por la cooperativa CREA, que entró en proceso de liquidación forzosa el 29 de julio de 2025, llegó a la Asamblea Nacional desde Cuenca para exigir que se les devuelva su dinero.

Acudieron a la comparecencia de la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo Navarrete, a la Comisión de Régimen Económico, este miércoles 27 de agosto de 2025.

La funcionaria dio a conocer detalles técnicos sobre la situación de la cooperativa y que desencadenaron en la suspensión de actividades. Aseguró que los directivos de la cooperativa CREA ya fueron denunciados en la Fiscalía.

Murillo descargó algunas responsabilidades sobre la administración anterior de la Superintendencia por supuestamente incumplir normativa, no verificar la información entregada por la cooperativa, y no contrastar valores y balances, que resultaron erróneos.

Murillo también dio detalles sobre el número de perjudicados y la planificación por fases para hacer la devolución de ahorros a los clientes con cuentas menores a USD 32.000.

Informó que a 2.060 clientes, que sumaban un monto de USD 88,8 millones, se les empezó a pagar y el proceso no ha terminado.

Adelantó que la segunda fase en la que interviene la Corporación de Seguro de Depósito (Cosede) publicaría el mismo 27 de agosto un cronograma de pagos, que iniciarían el viernes 29 de agosto.

En efecto, la tarde del miércoles 27 de agosto, el Cosede publicó, en redes sociales, el calendario con el que se busca devolver los depósitos a 72.730 socios, por un monto que suma USD 66 millones.

Hay un grupo de 421 personas cuyos depósitos exceden los USD 32.000 que entrarán en la fase de liquidación. Es decir, se les devolverá el monto base y el resto deberán esperar, mientras se venden los activos de la entidad.

Al ser consultada por el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, cuánto tiempo podría tomar el proceso de devolución, la superintendenta habló de hasta ocho meses.

Desesperación en perjudicados
El tiempo proyectado por la titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no cayó bien entre el grupo de personas que viajó desde Cuenca a Quito para escucharla.

Peor aún cayó la intención de la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango (ADN), de cerrar la sesión sin escuchar a los perjudicados que se movilizaron desde el Austro.

Eso molestó a Marcia Minchala, de 62 años, que reclamó ser atendida por la superintendenta de Economía Popular y Solidaria y por los propios miembros de la mesa legislativa.

Andrés Castillo, de ADN, intercedió para que sea escuchada y Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), le cedió la silla para que participe en la reunión. «Si no grito, nadie me escucha», lamentó Minchala.

En su breve intervención contó que está a cargo de su madre de 96 años que se debate entre la vida y la muerte y ella mismo dijo padecer de una enfermedad.

«Mi desesperación señora de la Superintendencia es que usted dice que tenemos que esperar ocho meses ¡Ocho meses no puede esperar la vida de mi madre! ¿Por qué no han hecho una prelación para que los enfermos podamos recuperar el dinero antes?», señaló.

«Nuestra plata no es fruto de la corrupción o del robo. Es nuestro trabajo. Hagan algo para que podamos recuperar nuestro dinero» Marcia Minchala, perjudicada por CREA

La Comisión de Régimen Económico anunció que la fiscalización sobre este caso seguirá y serán convocados exdirectivos de la cooperativa CREA y autoridades de control. Fuente: Primicias.

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