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Nacionales

Graves denuncias de tortura y tratos inhumanos en cárceles de Ecuador bajo intervención militar

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Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en las cárceles del Ecuador, tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, ha sido un tema que se ha mantenido como un secreto a voces.

De acuerdo a familiares las personas privadas de libertad (PPL) y defensores de derechos humanos, desde que ingresaron los militares a los centros carcelarios, han sido múltiples las presuntas acciones que se han ejecutado en contra de los presos. Incluso, hablan del fallecimiento de un reo por inanición, condición que es provocada por la falta de alimentos.

El defensor del Pueblo (e), César Córdova, informó que la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.

Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a presentar más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y es que, además, han recibido el reporte de 24 muertes y 155 torturas.

Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de libertad en Ecuador, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos centros penitenciarios del país, incluida la Penitenciaría del Litoral, bajo el pretexto de un conflicto armado interno.

Según el último informe del Comité de Derechos Humanos (CDH), se han documentado múltiples casos de abuso y maltrato desde que las fuerzas militares tomaron el control de las prisiones. Entre los testimonios recopilados, se mencionan la restricción de acceso a agua potable y alimentos, decomiso de bienes personales, y falta de comunicación con familiares de los detenidos. Aún más alarmante son las prácticas de tortura que incluyen golpes, uso de gas pimienta, ahogamientos, y agresiones sexuales.

El CDH ha registrado la muerte de 680 personas en contextos de violencia en el sistema carcelario ecuatoriano desde 2018 hasta 2023. Y la última intervención militar ha sido criticada por violar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, lo cual no justifica la tortura sistemática de los detenidos.


Las denuncias de tortura incluyen:

  • Golpes con palos y cables metálicos.
  • Restricción de alimentos por más de seis días.
  • Uso de gas pimienta y ahogo en tanques de agua.
  • Violaciones sexuales con objetos.
  • Encierro prolongado en celdas sin acceso a servicios básicos.

Además, recogen que las familias de los reclusos también han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, enfrentándose a la falta de información y restricciones para ingresar vituallas. La intervención militar, lejos de ser temporal y subsidiaria, ha desplazado por completo a las autoridades civiles encargadas de la administración penitenciaria.

En ese sentido, el CDH ha presentado demandas de habeas corpus para exponer estas prácticas de tortura y buscar la protección de los derechos de los detenidos. En audiencias judiciales, se han concedido medidas cautelares a favor de los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, entre otros, ordenando a las Fuerzas Armadas respetar la ley.

Ante la situación en las cárceles de Ecuador, organizaciones de derechos humanos llaman a una revisión urgente de las políticas de intervención militar y a la adopción de medidas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.


Una jueza de Guayaquil falló a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que había solicitado medidas cautelares para abordar el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad en la provincia de Guayas.

En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge ordenó la inmediata regularización de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la Cárcel de mujeres, los Centros de Adolescentes Infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.

Además, la jueza instruyó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a facilitar el acceso de representantes de organismos de derechos humanos, a las prisiones para «constatar la provisión suficiente de alimentos» para los reos.

Asimismo, el SNAI deberá acelerar el proceso de contratación de una empresa encargada de suministrar comida a los más de 12.000 reclusos de los nueve centros mencionados. En la Penitenciaría del Litoral, también conocida como «la Peni», se encuentran más de 5.500 reclusos.


En la cárcel de Cotopaxi, uno de los nueve centros afectados por la situación alimentario, el almuerzo de los reclusos se limitó a un pedazo de sandía y un pan. Esta situación se originó luego de que el SNAI cancelara el contrato con Lafattoria S.A., empresa proveedora de alimentos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde mayo de 2024, Lafattoria S.A. dejó de suministrar alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Además, se ha anunciado que en dos meses más se retirará de la cárcel de Manabí.

Ante la falta de provisiones, familiares de los presos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia, han entregado donaciones, aunque estas resultan insuficientes. El SNAI, por su parte, ha evitado responder a los pedidos de información.

Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, criticó que familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones por una falta de organización y respuesta efectiva por parte del SNAI.

«El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad», afirmó Albán,

Por tal motivo, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Ya que la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano.

“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela. Fuente: Ecuador en vivo

Nacionales

Camarógrafo de Ecuavisa sufre fractura tras agresión policial durante el paro: ‘me dispararon con proyectiles de goma’

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Un camarógrafo de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.

De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.

Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.

“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.
«Viene la Policía pegándoles a los manifestantes, al que era y al que no era. Entonces yo alzo las manos y digo ‘tranquilo, soy prensa, estoy grabando con el dron, que está en el aire’. Alza el tolete y me da en la mano. Fue un miedo que me iban a seguir pegando. Ya vi tres policías más iban a hacer lo mismo. Y dije mejor corro», contó Santiago.

La agresión le provocó una fractura en la mano derecha, que le ocasiona una incapacidad de 28 días, la cual podría extenderse si requiere cirugía, reportó Ecuavisa.

Santiago fue atendido por la Cruz Roja y trasladado a un hospital, donde denunció el trato por parte de personal policial.

“Las personas de la recepción se regresaban a ver y decían, ‘¿fue la Policía? Entonces no necesita un parte, ¿a quién le va a decir? ¿A otro policía?’”, indicó Santiago.

Además, 20 minutos después, un policía le visitó y le comentó: «¿Una denuncia al Estado? Sí, pero eso si quieres, si te sientes bien». «La persona que me pegó sabe que no le va a pasar nada», concluyó el camarógrafo.

Agresión a periodistas en el paro nacional

Fundamedios expresó su profunda preocupación y rechazo ante los “actos de agresión, requisa y retención arbitraria contra periodistas y comunicadores”, y además detalló varios incidentes que involucraron a comunicadores de distintos medios durante la cobertura de este domingo.

Otro caso fue el del periodista Jorge Cano, del medio Wambra Ec, quien fue requisado por un militar armado pese a portar chaleco y credencial de prensa.

En un video difundido en la red social X se observa cómo, aun después de identificarse como periodista, un militar le exige abrir su mochila para revisar sus equipos y le ordena trasladarse a otro lugar, alegando un supuesto “procedimiento de control de armas y explosivos”.

El medio de comunicación calificó el hecho como una violación al respeto y garantías del trabajo periodístico.

Asimismo, la periodista Gaby Mena denunció que agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la dispersión de manifestantes en el parque El Ejido, en el centro de la capital.

“Estaba grabando con mi teléfono celular mientras mi camarógrafo hacía tomas de lo mismo cuando sentí que se me paró atrás un policía que me quitó el celular, lo rompió, lanzó al piso y lo pisó”, relató la comunicadora, que pidió a Fundamedios no publicar el nombre del medio para el que trabaja.

La Red Kapari también informó que uno de sus reporteros fue retenido temporalmente por efectivos de la fuerza pública mientras realizaba labores periodísticas en el centro de Quito, lo que el medio calificó como “actos de intimidación y persecución” contra comunicadores comunitarios.

De igual forma, Pamela Ledesma, periodista del medio digital BN, denunció haber sido agredida por policías mientras registraba la detención de dos manifestantes en el sector de la avenida Patria y 6 de Diciembre. Según su testimonio, los agentes le quitaron el teléfono y le exigieron borrar el contenido grabado.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos. Por su parte, Fundamedios exigió al Estado, en particular al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, que se investiguen de manera inmediata las agresiones denunciadas y se sancione a los responsables. Fuente: Vistazo

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Indígenas de Imbabura solicitan diálogo al Gobierno y respuestas a sus demandas

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Ecuador atraviesa la cuarta semana de protestas en el marco del paro nacional convocado por la Conaie. Aún hay múltiples vías cerradas en Imbabura, el epicentro de las protestas, y Pichincha. El Gobierno dice que está dialogando con las bases, mientras grupos sociales alistan nuevas movilizaciones.

Si bien la eliminación del subsidio al diésel fue el detonante de las manifestaciones, diversos colectivos sociales han aumentado su inconformidad con todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Son 22 días de cierres y protestas, que han dejado un muerto, cientos de heridos y detenidos. Mientras que las pérdidas económicas siguen en aumento en la provincia de Imbabura, donde la ocupación hotelera en el pasado feriado alcanzó tan solo el 4.6%.

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, aseveró este lunes que el “Gobierno está dialogando con las bases, detrás de estos supuestos dirigentes”.

Por su parte, la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCACse ha desplazado con cientos de manifestantes hacia la ciudad de Ibarra para exigir que el Gobierno escuche sus demandas.

En cambio, líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Unión General de Trabajadores (UGTE) han anunciado protestas para esta semana en Quito.

DETALLES MINUTO A MINUTO

13/10/2025 16:10
Indígenas se retiran de Ibarra con un llamado al diálogo

Miles de indígenas de Cotacachi marcharon en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir al Gobierno una apertura inmediata al diálogo y respuestas concretas a sus demandas.

Los protestantes se movilizaron en una multitudinaria caravana por la E-35 y arribaron al Parque ‘Ciudad Blanca’, desde donde empezaron a marchar por las principales calles de Ibarra.

Estuvieron miembros de la UNORCAC, ChijalltaFICI y otras agrupaciones representativas de los pueblos y nacionalidades de Imbabura.

La movilización concluyó tras dos horas, pasadas las 14:00. Los indígenas volvieron a sus comunidades para continuar con la “resistencia”.

Un líder indígena informó que entregaron a las autoridades de la provincia un documento, en el que plantean sus necesidades y hacen un llamado al diálogo.

Entre las solicitudes de las comunidades, constan la liberación de los 12 detenidos en Otavalo tras quemar un destacamento policial, la eliminación del subsidio al diésel, entre otras propuestas.

Los indígenas aseguraron que esperan una respuesta lo más pronto posible, de lo contrario se movilizarán nuevamente a Quito.

Indígenas se retiran de Ibarra con un llamado al diálogo

13/10/2025 15:30
Camarógrafo de Ecuavisa denuncia que fue agredido

Un periodista de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.

De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.

Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.

“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.

Camarógrafo de Ecuavisa denuncia que fue agredido
13/10/2025 14:40
Conaie emite pronunciamiento

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, habló sobre las protestas registradas el pasado domingo en Quito.

El líder indígena aclaró que “nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar” a la capital de los ecuatorianos.

No obstante recalcó: “Quito no está aislado del país, los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente como se demostró ayer”.

Cientos de personas protestaron el pasado domingo en el centro de la ciudad, lo cual provocó enfrentamientos con la Policía Nacional, así como agresiones a periodistas.

“Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno para justificar la represión, nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia”, acotó Vargas.

El líder indígena también se pronunció sobre el caso de dos jóvenes indígenas de Otavalo, a quienes militares habrían cortado sus trenzas de cabello, un símbolo que es parte indispensable de su identidad.

Vargas calificó ese acto como “racista” y aseguró que “refleja la persistencia de un Estado con rasgos coloniales”.

Finalmente, anunció que en los próximos días el movimiento indígena tomará “decisiones colectivas en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos”.

Pero avanzó que “desde hoy nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el NO a la Consulta Popular” que plantea el presidente Daniel Noboa para llamar a una Asamblea Constituyente.

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Nacionales

“El sistema penitenciario ecuatoriano vive una crisis estructural”, advierte jurista Alex Iván Valle

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Tertulia Jurídica
El pasado 1 de octubre, en una nueva edición de la Tertulia Jurídica transmitida por Diario El Amazónico, el doctor Alex Iván Valle, catedrático y jurista ecuatoriano, compartió una profunda reflexión sobre el Derecho Penitenciario en Ecuador, sus desafíos estructurales y las causas que han derivado en la actual crisis del sistema carcelario nacional.

El espacio fue conducido por los doctores Jamil Ávila y Franco Tamay Vega, quienes destacaron el aporte académico y formativo que estas tertulias ofrecen al debate jurídico nacional.

Durante su intervención, el doctor Valle, subrayó que “el sistema penitenciario se ha convertido en la última rueda del coche del Estado, pues mientras se invierte en educación o salud, las cárceles y las personas privadas de libertad siguen siendo marginadas y olvidadas”.

El jurista recalcó que la crisis penitenciaria no puede analizarse de forma aislada, sino como un reflejo de un problema estructural que involucra la falta de inversión, el déficit de personal penitenciario, la corrupción interna y externa, y la naturalización de la violencia carcelaria, que ha dejado, según cifras recientes, más de seiscientas víctimas en los últimos años.

En su análisis, Valle explicó que el Derecho Penitenciario constituye la fase posterior al Derecho Penal, orientada a garantizar el cumplimiento de la pena y el proceso de rehabilitación social. Sin embargo, señaló que en el Ecuador “no se está cumpliendo con la finalidad rehabilitadora de la pena”, cuestionando si realmente el sistema actual promueve la reinserción social o, por el contrario, profundiza la exclusión y la reincidencia.

Uno de los puntos más relevantes abordados fue el hacinamiento carcelario, que, según el ponente, alcanzó en 2023-2024 un 21% de sobrepoblación, con más de 33.600 personas privadas de libertad frente a una capacidad real de 27.000 plazas. Esto, explicó, afecta directamente el acceso a derechos básicos como la salud, la higiene, la alimentación y el descanso, además de incrementar la tensión psicológica y los índices de violencia dentro de los centros penitenciarios.

El doctor Valle también cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva, medida que debería ser una excepción según el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero que, en la práctica, “se ha convertido en la regla general”. Afirmó que esta práctica contribuye al hacinamiento y vulnera los principios de proporcionalidad y debido proceso.

En el debate posterior, el público y los moderadores abordaron temas como los juicios paralelos, el impacto mediático en la justicia penal y la instrumentalización política del derecho penal. Al respecto, el doctor Valle advirtió sobre el peligro del “derecho penal simbólico”, utilizado con fines políticos y populistas: “Aumentar las penas o prometer castigos ejemplares no ha reducido los delitos; por el contrario, los ha incrementado. La mejor política criminal es la política social”, citó al jurista alemán Frank von Liszt.

Finalmente, el invitado enfatizó que la verdadera rehabilitación social debe ser integral y humanista, orientada a comprender las causas sociales, psicológicas y económicas que conducen al delito. “No todos los infractores son irrecuperables; muchos son víctimas de pobreza, abandono y desigualdad. Si el Estado no interviene con políticas sociales reales, seguiremos repitiendo los mismos errores”, concluyó.

La Tertulia Jurídica del Diario El Amazónico continúa consolidándose como un espacio académico de análisis crítico, promoviendo la reflexión jurídica sobre los principales desafíos del Ecuador contemporáneo.

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