Nacionales
Graves denuncias de tortura y tratos inhumanos en cárceles de Ecuador bajo intervención militar
Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en las cárceles del Ecuador, tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, ha sido un tema que se ha mantenido como un secreto a voces.
De acuerdo a familiares las personas privadas de libertad (PPL) y defensores de derechos humanos, desde que ingresaron los militares a los centros carcelarios, han sido múltiples las presuntas acciones que se han ejecutado en contra de los presos. Incluso, hablan del fallecimiento de un reo por inanición, condición que es provocada por la falta de alimentos.
El defensor del Pueblo (e), César Córdova, informó que la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.
Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a presentar más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y es que, además, han recibido el reporte de 24 muertes y 155 torturas.
Desde golpes hasta agresiones sexuales
Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de libertad en Ecuador, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos centros penitenciarios del país, incluida la Penitenciaría del Litoral, bajo el pretexto de un conflicto armado interno.
Según el último informe del Comité de Derechos Humanos (CDH), se han documentado múltiples casos de abuso y maltrato desde que las fuerzas militares tomaron el control de las prisiones. Entre los testimonios recopilados, se mencionan la restricción de acceso a agua potable y alimentos, decomiso de bienes personales, y falta de comunicación con familiares de los detenidos. Aún más alarmante son las prácticas de tortura que incluyen golpes, uso de gas pimienta, ahogamientos, y agresiones sexuales.
El CDH ha registrado la muerte de 680 personas en contextos de violencia en el sistema carcelario ecuatoriano desde 2018 hasta 2023. Y la última intervención militar ha sido criticada por violar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, lo cual no justifica la tortura sistemática de los detenidos.
Las denuncias de tortura incluyen:
- Golpes con palos y cables metálicos.
- Restricción de alimentos por más de seis días.
- Uso de gas pimienta y ahogo en tanques de agua.
- Violaciones sexuales con objetos.
- Encierro prolongado en celdas sin acceso a servicios básicos.
Además, recogen que las familias de los reclusos también han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, enfrentándose a la falta de información y restricciones para ingresar vituallas. La intervención militar, lejos de ser temporal y subsidiaria, ha desplazado por completo a las autoridades civiles encargadas de la administración penitenciaria.
En ese sentido, el CDH ha presentado demandas de habeas corpus para exponer estas prácticas de tortura y buscar la protección de los derechos de los detenidos. En audiencias judiciales, se han concedido medidas cautelares a favor de los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, entre otros, ordenando a las Fuerzas Armadas respetar la ley.
Ante la situación en las cárceles de Ecuador, organizaciones de derechos humanos llaman a una revisión urgente de las políticas de intervención militar y a la adopción de medidas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.
Orden judicial
Una jueza de Guayaquil falló a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que había solicitado medidas cautelares para abordar el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad en la provincia de Guayas.
En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge ordenó la inmediata regularización de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la Cárcel de mujeres, los Centros de Adolescentes Infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.
Además, la jueza instruyó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a facilitar el acceso de representantes de organismos de derechos humanos, a las prisiones para «constatar la provisión suficiente de alimentos» para los reos.
Asimismo, el SNAI deberá acelerar el proceso de contratación de una empresa encargada de suministrar comida a los más de 12.000 reclusos de los nueve centros mencionados. En la Penitenciaría del Litoral, también conocida como «la Peni», se encuentran más de 5.500 reclusos.
Un pedazo de sandía
En la cárcel de Cotopaxi, uno de los nueve centros afectados por la situación alimentario, el almuerzo de los reclusos se limitó a un pedazo de sandía y un pan. Esta situación se originó luego de que el SNAI cancelara el contrato con Lafattoria S.A., empresa proveedora de alimentos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde mayo de 2024, Lafattoria S.A. dejó de suministrar alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Además, se ha anunciado que en dos meses más se retirará de la cárcel de Manabí.
Ante la falta de provisiones, familiares de los presos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia, han entregado donaciones, aunque estas resultan insuficientes. El SNAI, por su parte, ha evitado responder a los pedidos de información.
Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, criticó que familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones por una falta de organización y respuesta efectiva por parte del SNAI.
«El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad», afirmó Albán,
Por tal motivo, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Ya que la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano.
“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela. Fuente: Ecuador en vivo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este viernes que los homicidios bajaron un 14 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, que fue el año más violento de la historia del país andino.
En una cadena nacional, el mandatario atribuyó parte de esta reducción a los aranceles impuestos a las importaciones colombianas que están en vigencia desde el 1 de febrero y que inicialmente fueron del 30 %, pero que desde el 1 de mayo subirán al 100 %, ya que «las provincias fronterizas también han bajado en violencia».
La guerra comercial fue iniciada por Noboa, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
Pero también señaló que la reducción se debía al estado de excepción que ha estado vigente desde que comenzó el año y al toque de queda que decretó durante 15 días en marzo para combatir a los grupos criminales, lo que, dijo, permitió «actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas» de bandas delictivas.
Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como «terroristas» y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.
Pese a esa declaración, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios. EFE
Nacionales
Coca Codo Sinclair: El Estado recibe la obra pese a las 17.600 fisuras y advertencias de Contraloría
El Ministerio de Energía confirmó que el Gobierno de Daniel Noboa recibirá este viernes 17 de abril de 2026, la central Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, construida por la empresa china Sinohydro, pese a las miles de fisuras en equipos claves.
¿Pero por qué, tras diez años desde su inauguración, es polémica la recepción de esta obra ejecutada por la empresa china Sinohydro? Esto es todo lo que debe saber:
1 Una obra no aceptada durante 10 años
Coca Codo Sinclair fue contratada durante el gobierno de Rafael Correa, con una inversión de alrededor de USD 2.763 millones.
Pese a que la hidroeléctrica se inauguró en noviembre de 2016, nunca se recibió formalmente por los problemas detectados en los distribuidores, que tenían miles de fisuras.
Un informe de la Contraloría General del Estado, de 2018, fue clave, pues advirtió que las fisuras constituían un riesgo serio que, de seguir apareciendo, podrían provocar una inundación en la casa de máquinas, inutilizar la central y poner en riesgo a unos 70 trabajadores.
De ahí que la Contraloría estableció que «en tanto no se cumplan las estipulaciones contractuales, (el Estado ndr) se abstendrá de aceptar la recepción definitiva del proyecto».
«En caso de que, luego de la campaña de reparación de los distribuidores propuesta por la contratista, estos no cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato se deberán reemplazar los distribuidores que presentan indicaciones y fisuras», dijo Contraloría.
Y añadió que esto implicaría «remover el hormigón, previo a lo cual se deberá desmontar los demás elementos electromecánicos que conforman la casa de máquinas”.
2 Miles de fisuras en los distribuidores
Los distribuidores son los equipos en los que se han formado miles de fisuras, incluso antes de que la central entre en operación, según el informe de la Contraloría.
Se trata de equipos clave que operan bajo alta presión, ya que reciben el agua que cae de una altura de 600 metros y la dirigen hacia las turbinas para generar electricidad.
Según un informe de la Contraloría, había más de de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo. Y, de hecho, en un informe presentado por Celec a la Asamblea en 2022 ya se registraban 17.661 fisuras.
Además, el informe de Contraloría también advirtió que las fisuras en los distribuidores comprometen la seguridad de la casa de máquinas de la central, valorada en USD 1.011 millones.
Entre 2015 y 2022, hubo cinco campañas de reparación en los distribuidores, pero las fisuras siguieron apareciendo, incluso en aquellas partes donde ya habían sido soldadas.
3 Celec presentó un arbitraje
Por esos defectos, Celec presentó el 17 de mayo de 2021 un arbitraje a Sinohydro en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Celec exigía una indemnización inicial de USD 580 millones a Sinohydro.
Sin embargo, en 2022 comenzaron acercamientos con el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso y PowerChina, matriz de Sinohydro, para buscar una salida.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía de Lasso, dijo que incluso se firmó un memorando de entendimiento y hubo reuniones de trabajo.
Durante los diálogos se llegó a hablar de la entrega de una especie de bono o derecho por parte del gobierno chino como compensación económica, dijo Santos.
Exfuncionarios de Celec que participaron de las mesas de trabajo comentaron a PRIMICIAS que Ecuador llegó incluso a proponer que la empresa asiática pague un bono de USD 1.500 millones.
En contraparte, según Santos, la empresa solicitó dos temas espinosos para el Estado ecuatoriano: que desista del arbitraje internacional y que acepte formalmente la obra.
Pero en mayo de 2023, Lasso decretó la muerte cruzada y llamó a elecciones presidenciales anticipadas, con lo que los diálogos se enfriaron.
4 Un viaje a China lo cambió todo
Tras un viaje oficial del presidente Daniel Noboa a China, en junio de 2025, el Gobierno finalmente llegó a un acuerdo para que la obra de Coca Codo Sinclair sea aceptada por el Estado.
El plazo que se fijó fue hasta el 17 de abril de 2026.
La ministra de Energía había adelantado en febrero de 2026, que la empresa compensará a Ecuador con un pago de USD 200 millones en efectivo y el otorgamiento de un crédito para Ecuador por otros USD 200 millones bajo la modalidad de «crédito de proveedor».
Bajo es figura, normalmente, las empresas chinas desarrollan proyectos y aportan el financiamiento, que luego debe ser pagado por el Estado.
En ese viaje, el Gobierno también se comprometió a dar de baja el arbitraje internacional, algo que se concretó en diciembre de 2025.
Eso dio paso a un laudo por mutuo acuerdo notificado a las partes el 3 de abril de 2026. Con esto, Celec renunció «irrevocablemente a todas y cada una de las reclamaciones, demandas y/o alegaciones existentes y futuras, conocidas o desconocidas al momento de entrar en el Acuerdo de Transacción de Arbitraje, que surjan de o en relación con el contrato».
5 PowerChina recibirá USD 46 millones al año
En ese viaje a China, el Gobierno de Noboa también se comprometió a entregar la operación y mantenimiento de la central a la casa matriz de Sinohydro, PowerChina.
PRIMICIAS conoció que el Gobierno acordó firmar un contrato que preveía pagos anuales a PowerChina durante 25 años por esos servicios.
La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció que en un inicio se planteó pagar USD 60 millones al año. Eso equivalía a entregar USD 1.500 millones a la empresa en los 25 años, lo que equivale al 54% de lo que costó la obra.
Sin embargo, Manzano explicó que tras las reuniones técnicas se acordó pagar USD 46 millones al año.
Si el contrato se firma por 25 años, esto representaría USD 1.150 millones para el Estado.
La cifra resulta llamativa, dice el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón. Esto, debido a que, según un informe de la consultora italiana Electroconsult, de 2009, el mantenimiento y operación anual de la central es de unos USD 18 millones al año.
Según lo acordado en ese viaje a China, el contrato con PowerChina se deberá firmar en un plazo máximo de un mes luego de que Celec reciba definitivamente la obra; esto es, en mayo de 2026.
6¿Qué pasará con las fisuras?
Todavía no queda claro qué hará PowerChina para solucionar el grave problema de las miles de fisuras.
Según el contrato firmado en el gobierno de Correa, Sinohydro debía cumplir una serie de cláusulas para acceder a la recepción definitiva de la obra. De las nueve cláusulas mencionadas, la compañía china había cumplido cuatro.
Una de las cláusulas no cumplidas es una relacionada con los distribuidores de Coca Codo Sinclair.
En el oficio del 6 de abril de 2026 enviado a Celec para pedir la recepción definitiva de la obra, Sinohydro detalla textualmente que los temas pendientes sobre los distribuidores, «se van a transferir en el contrato de administración, operación y mantenimiento con PowerChina».
Pero en dicho oficio solo se detalla de manera general que, con el nuevo contrato de operación y mantenimiento que se firmará con PowerChina, esta «tiene que atender los defectos e ítems pendientes, si los hubiere».
Y añade: «incluyendo la elaboración de estudios que la empresa china considere necesarios y sean aprobados por Celec, además de reparación, resolución y/o reemplazo a su costo».
Así, surge la duda de si queda abierta la posibilidad de que PowerChina decida si repara o reemplaza los distribuidores, pese a que la disposición de la Contraloría es que se cambien los equipos con fallas antes de su entrega.
Manzano dijo el pasado 13 de abril de 2026 que el acuerdo con PowerChina establece «la obligación de reparar todo lo que se debe de reparar, cambiar los distribuidores… Hay una garantía específicamente para los distribuidores, esa garantía se mantiene», dijo.
Nacionales
Así habría sido el salto final de alias ‘Frenillo’, quien alquilaba departamentos con identidades falsas
Jeremy Joel Zambrano González, alias ‘Frenillo’, fue encontrado en un lujoso departamento en Puerto Santa Ana en Guayaquil. Sin embargo, el líder de la banda criminal Mafia 18 prefirió lanzarse del noveno piso del edificio para evitar la captura, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El hecho ocurrió en medio del operativo Apolo 15, con el que las autoridades buscaban desarticular a múltiples bandas criminales, sobre todo del sur de la ciudad. Sin embargo, la Policía fue alertada sobre la presencia de un objetivo de alto valor en un edificio del centro-norte del Puerto Principal.
Alrededor de las 03:00 de este jueves, 16 de abril, unos cinco policías de las fuerzas especiales irrumpieron en el noveno piso de la torre dos del edificio Riverfront de Puerto Santa Ana.
Mientras tanto, el líder criminal, de 27 años, habría corrido para luego lanzarse por la ventana. “Se botó, se botó”, gritaron los policías, según se escucha en el video.
‘Frenillo’ cayó de cabeza sobre la jardinera lateral del edificio, según se observa en fotos difundidas en redes sociales.
IDENTIDADES FALSAS Y ALQUILER AIRBNB
En el departamento, de alta plusvalía, se encontraron dos armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo.
Además, en el momento del operativo, estaba una joven de 19 años, identificada como Liz A., quien quedó detenida por el presunto delito de porte y tenencia de armas.
Posteriormente, fue trasladada a una unidad judicial alrededor de las 06:40. Ella comentó que alias ‘Frenillo’ no utilizó ninguna arma para repeler a los policías y que simplemente saltó por la ventana sin mirar atrás.
Tras levantar todas las evidencias, la Policía también ha determinado que el cabecilla criminal y su acompañante utilizaban identidades falsas para alquilar departamentos en la plataforma Airbnb.
“Esta señorita tenía una identidad falsa, igual que alias ‘Frenillo’, quien poseía dos cédulas de identidad para tratar de evadir los controles policiales”, aseguró el mayor Andrés Castañeda en rueda de prensa.
Agregó que se cambiaban de pisos y departamentos constantemente para no levantar sospechas.
¿QUIÉN ERA ALIAS ‘FRENILLO’?
Era el décimo noveno más buscado del país por asesinato y cabecilla de la banda ‘Mafia 18’. De hecho, su progenitor era otro delincuente fallecido, denominado ‘Godo Samir’, socio del narco Leandro Norero, quien también está muerto.
‘Frenillo’ empezó su vida delictiva desde los 17 años. En la página de la Función Judicial hay registros de varias investigaciones en su contra por robo, secuestro, tenencia y porte de armas.
Su primer crimen lo perpetró en el 2015, cuando hurtó la billetera y el celular de un hombre en el sector de La Floresta en Guayaquil. En aquella época, aún era menor de edad.
Desde ahí su historial delictivo empezó a crecer, entre detenciones y liberaciones. De hecho, fue beneficiario de varias resoluciones judiciales favorables.
“En 2024 no se había presentado a las medidas sustitutivas que le dieron en ese entonces por el delito de tenencia de armas, luego fue involucrado en otros delitos como asesinatos, por eso se lo estaba buscando”, comentó el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Fuente: Vistazo
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