Nacionales
Oro sucio: compañías exportadoras de Ecuador en la mira de las autoridades
Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial de origen conocido y sus exportaciones. En años recientes, la minería ilegal se ha expandido a la provincia amazónica del Napo, donde las fronteras de las actividades legales con las ilegales se hacen borrosas. Un proceso judicial que involucra a un exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía ha dejado al descubierto la complicidad de las autoridades con estas actividades ilícitas. Esta investigación –que forma parte de la serie “Las rutas del oro sucio», coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico– revela también cómo el crimen organizado se apodera de varias zonas de este país.
Este reportaje se realizó con la Red Investigativa Transfronteriza Ojo Público, de la cual es parte Vistazo.
Desde los Andes ecuatorianos, en el mítico Parque Nacional Llanganates, donde una leyenda cuenta que se escondió el tesoro del inca Atahualpa, nacen los afluentes que formarán el río Napo, al oeste de la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades que viven alrededor del río subsisten sobre todo por la agricultura, aunque algunos indígenas y colonos han extraído durante años oro de manera artesanal. Pero todo cambió drásticamente en los últimos años: decenas de maquinarias y dragas ilegales tomaron la cuenca.
“Nosotros hemos cuidado el río, los mineros ilegales han llegado a destruir”, nos dice Elsa Cerda, lideresa de la comunidad Serena, del pueblo indígena kichwa. La comunidad se encuentra a orillas del Jatunyaku (que significa Río Grande), que es afluente del Napo y está a seis horas de Quito. En esta zona, existen 150 concesiones mineras, pero varias de ellas han sido tomadas por la minería ilegal.
El tipo de minería en el Napo usa grandes excavadoras oruga para remover toneladas de tierra y extraer oro ilegal a gran escala. Esta actividad se extiende sobre todo en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena, alrededor del río Napo y afluentes, donde habitan mayoritariamente pueblos indígenas Kichwa y Shuar, y colonos.
La devastación que se registra en esta cuenca se repite también en otras zonas, como en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, donde el narcotráfico controla la extracción. El oro extraído ilegalmente financia actividades criminales y se vende en joyerías ante la débil fiscalización de las cadenas de suministro y las severas inconsistencias en la información oficial sobre el oro exportado.
El informe de la OEA sobre oro ilegal menciona que, además, en los últimos años los grupos de mineros ilegales han afianzado sus nexos con la delincuencia organizada, y con una presencia creciente de mineros provenientes de Brasil, Venezuela y Perú.
Una investigación realizada durante siete meses por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo –como parte de la serie Las rutas del oro sucio en cinco países amazónicos y en la que participaron 18 periodistas– revela las severas inconsistencias en los datos de producción de oro en Ecuador. El reportaje expone que la brecha entre lo que se declaró oficialmente producir y lo que finalmente exportó, entre 2014 y 2023, fue de 20,52 toneladas. Esa es la cantidad de oro que llegó a mercados internacionales sin que tuviera un origen conocido.
La investigación identifica que en la mayoría de los casos el oro extraído ilegalmente de la Amazonía y otras zonas prohibidas es transportado a plantas de beneficio —donde se refina el mineral— ubicados en las provincias El Oro y Azuay. El mineral es finalmente lavado e incorporado al sistema con papeles de concesiones.
Los intermediarios falsifican facturas de supuestos mineros artesanales para justificar el origen del oro ilegal, confirma un informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Organización de los Estados Americanos.
Luis Bonilla, exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables —entidad que fiscaliza el oro en Ecuador— admitió que una de las limitaciones para evitar el blanqueo del minero oro es que los operadores “llevan el material mineralizado (rocas y lodo) a estas plantas y ahí no se puede determinar cuánto de ese material en bruto se convierte en oro”.
Entre 2014 y 2016 más del 80% del oro exportado de Ecuador tenía como destino Estados Unidos. Precisamente, en 2016, la Fiscalía de este país inició investigaciones por anomalías en la cadena de compra de dos empresas que concentraban la mitad de la exportación: Spartan y Clearprocess. En ese momento, el Fiscal General informó que siete personas, entre las que se encontraban accionistas de ambas compañías, estaban con prisión preventiva.
Luego del 2015 las exportaciones de oro desde Ecuador cayeron, y en 2019 comenzaron a aumentar. Estados Unidos dejó de ser el principal comprador. Emiratos Árabes y la India pasaron a ser nuevos destinos.
La inconsistencia de las cifras del gobierno
El análisis realizado por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil ––construida con información de las Aduanas– revela serias inconsistencias en la información oficial sobre producción de oro en Ecuador.
Las diferentes fuentes de información manejan datos disimiles sobre producción. El Banco Central del Ecuador señala, por ejemplo, que en 2022 se exportaron 17,7 toneladas; y la cifra que otorga la Agencia de Regulación de Energía establece 14,99 toneladas. Sin embargo, esta investigación periodística halló que se exportaron 19 toneladas.
El mismo Banco Central menciona, sobre sus datos presentados entre 2019 y 2021, que en ese tiempo solo pudo hacer estimados y no cifras más precisas de la producción de oro debido a que la Agencia de Regulación atravesaba “una situación crítica de personal limitado” para el control de las minas y plantas de procesamiento.
El exministro de Energía, Xavier Vera, dijo hace dos años que la minería ilegal en Ecuador movía entre USD 800 y USD 1.000 millones cada año. Ese año, el país exportó 19 toneladas de oro.
Al ser consultado sobre estas cifras, el director de la Agencia de Regulación en temas mineros del gobierno anterior, Luis Bonilla, reconoció el año pasado que su entidad no tenía estimados del alcance real de la producción de oro ilegal, pero habló de la preocupación sobre la diferencia entre la producción declarada y la cantidad de lo exportado.
Sobre las diferencias entre el oro declarado y el producido, Luis Bonilla dijo para esta investigación –cuando aún ocupaba el cargo– que su entidad había “prendido las alertas” sobre al menos tres compañías exportadoras que en 2023 incrementaron inusualmente sus envíos y que tenían como destino Emiratos Árabes y la India.
No precisó a qué empresas se refería, pero sí confirmó a OjoPúblico y Vistazo que se ha solicitado y enviado información a las entidades de control para las respectivas investigaciones. Lo que sí detalló es que se trata de empresas que de un año a otro incrementaron exponencialmente sus exportaciones e, incluso, mencionó que una de ellas “no exportó nada en años anteriores, y apareció en 2023 como uno de los principales”.
El análisis realizado por Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos ––construida por OjoPúblico con información de las Aduanas– revela que en el top diez de las empresas y personas naturales que más exportaron oro en 2023 se encuentran grandes y pequeñas empresas, así como algunas personas.
El 30% del oro exportado el año pasado correspondió a la canadiense Aurelian, que está a cargo del primer proyecto aurífero a gran escala en Ecuador: Fruta del Norte. En su caso sus envíos del mineral van a Suiza y son auditados por la Agencia de Regulación. Esta gran minera ha ocupado los primeros lugares de exportación en los últimos años.
Pero el 2023 han surgido nuevos actores, entre ellos las compañías Rockgolden, Rocadora, David Bermeo, Orocomin Francisco Proaño, Winston Orellana, Martha Castro, Exycominsur y Manuel Quituisaca.
Oro ilegal, crimen organizado y narcotráfico
En medio de una crisis de seguridad interna, en los últimos años la minería ilegal de oro en Ecuador se extendió a toda la cuenca del Napo. El río Jatunyaku, conocido por su caudal favorable para hacer rafting, se ha llenado de charcos de agua contaminadas con combustible, aceite y otros químicos que usan las enormes retroexcavadoras en las orillas.
En la confluencia de los ríos Jatunyaku y Anzu, que forman el río Napo, se encuentra la zona del Yutzupino, otro enclave de la minería ilegal desde finales de 2021. La extracción ilegal ha alcanzado ahora la provincia de Orellana, en la zona de Punino.
Las imágenes del sobrevuelo de un dron realizadas para esta investigación confirman la catástrofe. Un funcionario judicial –que solicitó proteger su identidad por seguridad– confirmó que los mineros ilegales han logrado ingresar al área protegida del Parque Nacional Llanganates.
En este territorio, como sucede con el sur de Ecuador, las fuentes judiciales y policiales de la zona confirman que detrás del negocio ilegal del oro está también el crimen organizado vinculado al narcotráfico, debido a la facilidad del oro para el lavado de activos.
Las versiones coinciden en que Los Lobos –una de las bandas criminales más violentas y vinculadas al narco– brinda seguridad y provee de armas a los mineros ilegales de la cuenca del Napo. Esta banda opera otras 20 minas al sur del país, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Los vínculos de esta actividad con el narcotráfico quedaron expuestos al revelarse los detalles del caso Metástasis. Esta investigación de la Fiscalía de Ecuador reveló los nexos del narcotraficante Leandro Norero con jueces, políticos, policías, militares y empresarios de este país.
En una de las conversaciones que forman parte del expediente fiscal –y a las que OjoPúblico y Vistazo tuvieron acceso– se muestra cómo Norero pretendía lavar más de 40 lingotes de oro que se hallaron en su poder durante la intervención policial. Norero era financista de la banda criminal Los Lobos.
“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado en uno de los chats, en alusión a que con los papeles formales de la explotación de ese empresario minero se iba a blanquear el oro ilegal. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.
En un Consejo de Seguridad realizado en la provincia de Napo, liderado por la gobernadora, Carmen Masabanda, y con la participación de representantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y otras instituciones, se analizó el impacto del estado de excepción impuesto en la zona para enfrentar la minería ilegal.
En ese encuentro, el delegado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (entidad que fiscaliza el tema minero), reconoció que el fracaso de los operativos sigue siendo lo que él llamo la fuga de información al momento de intervenir campamentos ilegales.
Precisamente, un proceso judicial involucra a Andrés Bernardo Vergara Espinosa, exdirector de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En 2022, la Fiscalía, como parte de un operativo contra la minería ilegal, en el río Napo detuvo a seis implicados, entre ellos a Vergara Espinosa, que fue sentenciado a 16 meses de prisión por delincuencia organizada, aunque la causa está en apelación. Según el expediente, revisado por Vistazo y OjoPúblico.
Según la documentación a la que tuvimos acceso, Vergara alertaba a los mineros ilegales sobre los operativos que realizaban con la Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo de que resguarden u oculten las retroexcavadoras. De acuerdo a las interceptaciones telefónicas, los mineros ilegales llamaban al exfuncionario con el alias de El duro. Incluso los involucrados habían constituido una empresa con el fin obtener concesiones y contratos mineros.
Napo es la cuarta provincia de Ecuador que presenta más denuncias por minería ilegal, después de Imbabura, El Oro y Zamora Chinchipe. De las más de 2.000 denuncias que se han realizado entre 2023 y, lo que va del año, 206 se concentran en Napo, según información de Fiscalía, a la que accedimos para esta investigación.
En Ecuador el único proceso judicial por exportaciones ilegales de oro fue el caso Clearprocess – Spartan, de 2016. En ese momento, la Fiscalía informó que una parte de las exportaciones de estas dos empresas hacia los Estados Unidos fueron fraudulentas. Cuatro personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión por delito de lavado de activos, pero la decisión judicial fue apelada y luego los declararon inocentes. La Fiscalía recibió asistencia penal de EE.UU.
El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, señala que la minería ilegal “tiene la capacidad de controlar el territorio, adquiere plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades”. Y para asegurar que todo esto funcione hacen alianzas con actores políticos, funcionarios públicos, organizaciones criminales locales e internacionales. Fuente: Vistazo
Nacionales
En 2026 se duplicará el pago de deuda externa que debe afrontar Ecuador, ¿cuál es el plan del Gobierno?
El camino será cuesta arriba en 2026, pues comienzarán a subir las deudas por pagar a los prestamistas internacionales. Esto es lo que se conoce como deuda externa.
El próximo año, el Gobierno de Daniel Noboa tendrá que pagar USD 3.918 millones de deudas contraídas en años anteriores. Si cada ecuatoriano aportara para cubrir esa deuda, a cada uno le correspondería pagar unos USD 215,9.
Se trata de un monto importante que presionará al Ministerio de Finanzas en 2026, pues es más del doble de lo que se debía pagar de deuda externa en 2025: USD 1.719 millones.
¿Por qué aumenta tanto lo que se debe pagar en 2026?
El exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus, explica que, una buena parte de ese incremento, se explica porque en 2026 el país debe comenzar a pagar las cuotas (conocidas como amortizaciones) de los bonos 2030.
Los bonos son instrumentos a través de los cuales un Estado consigue préstamos de inversionistas internacionales.
¿Cómo funcionan?
El Estado emite en el mercado internacional bonos y los inversionistas los compran.
A cambio, los inversionistas prestan dinero al país. El Estado debe pagar a los inversionistas un monto de tasa de interés.
El país tiene un plazo determinado para devolver el dinero, en cuotas o amortizaciones.
Ecuador tiene una deuda en bonos que asciende a USD 14.380 millones, lo que representa el 29% del total de la deuda externa contraída hasta julio de 2025.
La mayor parte corresponde a tres bonos que datan del gobierno de Lenín Moreno, que deben terminar de pagarse en 2030, 2035 y 2040 respectivamente.
En el caso del bono 2030, el país había estado pagando solo los cupones de interés, pero desde 2026 tendrá que comenzar a pagar las cuotas o amortizaciones del préstamo, explica Lemus.
El Gobierno de Noboa tendrá que pagar las dos primeras amortizaciones en enero y en julio de 2026. Cada pago será por USD 407 millones.
¿Podrá cubrir esos pagos el Gobierno de Noboa?
Esos dos pagos son clave para que el Gobierno envíe un mensaje positivo a los mercados internacionales, dice Lemus.
Esto, para que no se le cierren al país las puertas para obtener nuevo financiamiento, pues cada año se requieren nuevos préstamos, considerando que los ingresos públicos no alcanzan.
Cuando un país no paga su deuda externa cae en ‘default’ y se vuelve mucho más complicado y costoso acceder a préstamos futuros.
En 2008, por ejemplo, Ecuador cayó en ‘default’. El Gobierno de Rafael Correa optó por apalancarse en préstamos de bancos y del gobierno de China, que tuvieron tasas altas y, en algunos casos, estuvieron atados a operaciones de preventas petroleras con condiciones poco transparentes.
¿Podrá el Gobierno de Daniel Noboa pagar esos USD 813 millones en 2026 por los bonos 2030?
Por un lado, el Gobierno tendrá más recursos disponibles en 2026, porque para entonces el subsidio al diésel estará completamente eliminado, explica José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).
Sin embargo, una parte de esos recursos todavía se destinaría a los bonos de compensación para los transportistas, agrega.
A esto se suma que las previsiones apuntan a que el Gobierno tendrá menos ingresos petroleros en 2026, por menos producción pero también por caída de precios, dice Hidalgo.
El director de Cordes añade que lo más probable es que, en 2026, los gastos del Estado superen a los ingresos en alrededor de USD 4.000 millones. A eso se le conoce como déficit y debe cubrirse con más deuda.
Por lo que es importante que el Gobierno siga ajustando sus cuentas para reducir ese déficit, añade.
Lemus dice que es probable que el pago de enero sea el que menos complique al Gobierno, pues apenas empieza el año y habría liquidez. El reto podría ser en julio, cuando ya empieza a crecer el gasto público.
«Si al Gobierno le hacen falta recursos para esos pagos, es probable que recurra a endeudamiento interno a través del IESS» Daniel Lemus, exviceministro de Finanzas.
Pagos a multilaterales también va en aumento
Hidalgo menciona que otro factor que pondrá presión en 2026 es que también aumentan los pagos que se deben hacer a los organismos multilaterales, que hoy son los principales prestamistas de Ecuador.
Se trata de deudas contraídas con entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.
El monto a pagar a los multilaterales en 2025 ascendía a USD 1.368 millones.
Pero para 2026, Ecuador deberá pagar USD 2.307 millones a estos organismos. Los pagos más fuertes son para el FMI y al BID, como muestra la gráfica:
El plan de Finanzas
Hidalgo explica que, para que el país pueda cubrir el déficit de 2026 y el mayor pago de deuda externa, es necesario volver a conseguir recursos en el exterior a través de la emisión de bonos.
El problema es que Ecuador tiene un indicador alto de riesgo país (lo que refleja desconfianza de los inversionistas internacionales) y si emitiera bonos hoy tendría que pagar una tasa de interés de entre 11% y 12% anual.
Se trata de una tasa alta si se toma en cuenta que el interés promedio que cobran los multilaterales a Ecuador, en julio, es de 4,5%.
De ahí que el riesgo país debería caer entre 300 y 400 puntos para que la tasa sea más baja.
El pasado 24 de octubre de 2025, la ministra de Finanzas, Sariha Moya, explicó que el Gobierno tiene un plan para conseguir esa meta.
Primero, Moya aseguró que el Gobierno cumplirá con los pagos de bonos que vencen en enero y julio de 2026. Aunque no dijo de dónde provendrán los recursos.
Y, luego de eso, está prevista una nueva operación conocida como «swap» de deuda externa; esto es, un canje de deuda que consiste en cambiar (o «canjear») un monto de deuda externa por deuda nueva, con mejores condiciones (menos tasa de interés, más plazo), para reducir las presiones de pago del Gobierno y liberar recursos públicos para otros fines.
En 2023 y 2024, Ecuador realizó canjes con garantías otorgadas por el BID, atados a programas de conservación de la naturaleza.
Con eso, Moya dijo que se espera que el riesgo país baje lo suficiente como para volver a emitir bonos máximo hasta septiembre de 2026.
Sin embargo, en 2026 Ecuador podría volver a las urnas para una Asamblea Constituyente lo que plantea, nuevamente, un escenario de incertidumbre que podría hacer que el riesgo país crezca, añade Lemus. Fuente: Primicias
El juez David Jacho, quien enfrenta un proceso disciplinario por un presunto acoso sexual a su exasistente, retomó sus funciones en la sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, luego de que concluyera la suspensión de tres meses sin sueldo.
Dicha suspensión fue dictada en su contra por el Pleno saliente del Consejo de la Judicatura, que estaba integrado por Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui.
Los tres meses tenían como finalidad desarrollar una investigación «imparcial y exhaustiva sin que el funcionario acusado pueda influir en el proceso o en la víctima, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes».
La nueva Judicatura aún no resuelve sobre el tema. La Corte Nacional dijo que el proceso sigue en trámite y es supervisado por una veeduría técnico-jurídica
La denuncia contra Jacho surgió a inicio de julio de este 2025. Una exfuncionaria señaló: “La razón que motiva mi decisión (la renuncia) se fundamenta en la situación de acoso sexual a la que he sido sometida por parte de mi jefe inmediato, el doctor David Jacho”.
En Ecuador, el sector del transporte recibió incentivos productivos en un primer desembolso del Gobierno Nacional. Según datos del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) USD 2.6 millones fueron destinados a 10.025 transportistas comerciales.
El beneficio alcanza a conductores de transporte de carga pesada (2DA, 2DB y 3A-TRACTO), liviana, mixta (carga y pasajeros), escolar e institucional, en el marco de la aplicación de la reforma al precio del diésel automotriz.
Los pagos se efectuaron mediante transferencia bancaria y atención en ventanilla, como parte del compromiso gubernamental de apoyar la sostenibilidad del sector transportista ante los ajustes en el costo del combustible.
Registro y nuevos beneficiarios
El MIT precisó que el número de beneficiarios seguirá en aumento conforme los propietarios de vehículos completen su registro en el portal oficial:
https://registro.mtop.gob.ec/*/login
Se prevé que la medida beneficie a más de 53 mil transportistas que forman parte de esta modalidad en todo el país.
Facilidades de pago
Asimismo, el ministerio recordó que está habilitada la opción de “pago en efectivo”, disponible según el último dígito de la cédula de identidad, en las ventanillas del Banco del Pacífico, BanEcuador y las entidades financieras aliadas a Banred, en todo el territorio nacional.
Para consultas o inquietudes, los usuarios pueden escribir al correo: compensacion@mit.gob.ec.
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