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En 2026 se duplicará el pago de deuda externa que debe afrontar Ecuador, ¿cuál es el plan del Gobierno?

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El camino será cuesta arriba en 2026, pues comienzarán a subir las deudas por pagar a los prestamistas internacionales. Esto es lo que se conoce como deuda externa.

El próximo año, el Gobierno de Daniel Noboa tendrá que pagar USD 3.918 millones de deudas contraídas en años anteriores. Si cada ecuatoriano aportara para cubrir esa deuda, a cada uno le correspondería pagar unos USD 215,9.

Se trata de un monto importante que presionará al Ministerio de Finanzas en 2026, pues es más del doble de lo que se debía pagar de deuda externa en 2025: USD 1.719 millones.

¿Por qué aumenta tanto lo que se debe pagar en 2026?
El exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus, explica que, una buena parte de ese incremento, se explica porque en 2026 el país debe comenzar a pagar las cuotas (conocidas como amortizaciones) de los bonos 2030.

Los bonos son instrumentos a través de los cuales un Estado consigue préstamos de inversionistas internacionales.

¿Cómo funcionan?

El Estado emite en el mercado internacional bonos y los inversionistas los compran.
A cambio, los inversionistas prestan dinero al país. El Estado debe pagar a los inversionistas un monto de tasa de interés.
El país tiene un plazo determinado para devolver el dinero, en cuotas o amortizaciones.

Ecuador tiene una deuda en bonos que asciende a USD 14.380 millones, lo que representa el 29% del total de la deuda externa contraída hasta julio de 2025.

La mayor parte corresponde a tres bonos que datan del gobierno de Lenín Moreno, que deben terminar de pagarse en 2030, 2035 y 2040 respectivamente.

En el caso del bono 2030, el país había estado pagando solo los cupones de interés, pero desde 2026 tendrá que comenzar a pagar las cuotas o amortizaciones del préstamo, explica Lemus.

El Gobierno de Noboa tendrá que pagar las dos primeras amortizaciones en enero y en julio de 2026. Cada pago será por USD 407 millones.

¿Podrá cubrir esos pagos el Gobierno de Noboa?
Esos dos pagos son clave para que el Gobierno envíe un mensaje positivo a los mercados internacionales, dice Lemus.

Esto, para que no se le cierren al país las puertas para obtener nuevo financiamiento, pues cada año se requieren nuevos préstamos, considerando que los ingresos públicos no alcanzan.

Cuando un país no paga su deuda externa cae en ‘default’ y se vuelve mucho más complicado y costoso acceder a préstamos futuros.

En 2008, por ejemplo, Ecuador cayó en ‘default’. El Gobierno de Rafael Correa optó por apalancarse en préstamos de bancos y del gobierno de China, que tuvieron tasas altas y, en algunos casos, estuvieron atados a operaciones de preventas petroleras con condiciones poco transparentes.

¿Podrá el Gobierno de Daniel Noboa pagar esos USD 813 millones en 2026 por los bonos 2030?

Por un lado, el Gobierno tendrá más recursos disponibles en 2026, porque para entonces el subsidio al diésel estará completamente eliminado, explica José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).

Sin embargo, una parte de esos recursos todavía se destinaría a los bonos de compensación para los transportistas, agrega.

A esto se suma que las previsiones apuntan a que el Gobierno tendrá menos ingresos petroleros en 2026, por menos producción pero también por caída de precios, dice Hidalgo.

El director de Cordes añade que lo más probable es que, en 2026, los gastos del Estado superen a los ingresos en alrededor de USD 4.000 millones. A eso se le conoce como déficit y debe cubrirse con más deuda.

Por lo que es importante que el Gobierno siga ajustando sus cuentas para reducir ese déficit, añade.

Lemus dice que es probable que el pago de enero sea el que menos complique al Gobierno, pues apenas empieza el año y habría liquidez. El reto podría ser en julio, cuando ya empieza a crecer el gasto público.

«Si al Gobierno le hacen falta recursos para esos pagos, es probable que recurra a endeudamiento interno a través del IESS» Daniel Lemus, exviceministro de Finanzas.

Pagos a multilaterales también va en aumento
Hidalgo menciona que otro factor que pondrá presión en 2026 es que también aumentan los pagos que se deben hacer a los organismos multilaterales, que hoy son los principales prestamistas de Ecuador.

Se trata de deudas contraídas con entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

El monto a pagar a los multilaterales en 2025 ascendía a USD 1.368 millones.

Pero para 2026, Ecuador deberá pagar USD 2.307 millones a estos organismos. Los pagos más fuertes son para el FMI y al BID, como muestra la gráfica:

El plan de Finanzas
Hidalgo explica que, para que el país pueda cubrir el déficit de 2026 y el mayor pago de deuda externa, es necesario volver a conseguir recursos en el exterior a través de la emisión de bonos.

El problema es que Ecuador tiene un indicador alto de riesgo país (lo que refleja desconfianza de los inversionistas internacionales) y si emitiera bonos hoy tendría que pagar una tasa de interés de entre 11% y 12% anual.

 

Se trata de una tasa alta si se toma en cuenta que el interés promedio que cobran los multilaterales a Ecuador, en julio, es de 4,5%.

De ahí que el riesgo país debería caer entre 300 y 400 puntos para que la tasa sea más baja.

El pasado 24 de octubre de 2025, la ministra de Finanzas, Sariha Moya, explicó que el Gobierno tiene un plan para conseguir esa meta.

Primero, Moya aseguró que el Gobierno cumplirá con los pagos de bonos que vencen en enero y julio de 2026. Aunque no dijo de dónde provendrán los recursos.

Y, luego de eso, está prevista una nueva operación conocida como «swap» de deuda externa; esto es, un canje de deuda que consiste en cambiar (o «canjear») un monto de deuda externa por deuda nueva, con mejores condiciones (menos tasa de interés, más plazo), para reducir las presiones de pago del Gobierno y liberar recursos públicos para otros fines.

En 2023 y 2024, Ecuador realizó canjes con garantías otorgadas por el BID, atados a programas de conservación de la naturaleza.

Con eso, Moya dijo que se espera que el riesgo país baje lo suficiente como para volver a emitir bonos máximo hasta septiembre de 2026.

Sin embargo, en 2026 Ecuador podría volver a las urnas para una Asamblea Constituyente lo que plantea, nuevamente, un escenario de incertidumbre que podría hacer que el riesgo país crezca, añade Lemus. Fuente: Primicias

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Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.

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La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.

Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.

Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.

Durante su permanencia en prisión, alias “Topo” estableció vínculos con la organización criminal Los Choneros, donde consolidó una relación clave con José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, quien en ese momento era segundo al mando del grupo, por debajo de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña».

Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.

En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.

Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.

En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.

En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.

“Este angelito le hará compañía a Fito»

Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.

“Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”, enfatizó el funcionario. Fuente: Vistazo
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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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