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Opinión

¿Qué hacer para designar jueces independientes?

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Santiago Basabe / Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).

No hay respuestas únicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogmática, se señala que la intervención de las legislaturas afecta negativamente a la designación de jueces autónomos y que allí está el germen del problema.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que dicha aseveración es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese país suele ser de las más altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designación de la máxima instancia de justicia y, a la par, la evaluación de la autonomía judicial del país de la “pura vida” sigue presentando resultados favorables.

Si bien se podría argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que estén presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos señalando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democráticas.

Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaivén de la correlación de fuerzas políticas tiene que ver con su formación profesional.

Aunque no hay suficiente evidencia empírica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y dóciles ante influencias externas, tenderían a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitación suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por quiénes los promueven, serían mayores.

Quién llega a ser juez sin tener los méritos, sabe bien su situación. En público podrá decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formación profesional dependería, jamás habría llegado a tal cargo.

Cuando se trata de jueces de las más altas cortes, este razonamiento se vuelve más notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que “pagar el favor” a quien lo apoyó para la designación. Esa retribución no es necesariamente económica, sino que puede ser también en términos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor político le interesen. Una orden de prisión preventiva, una sentencia en determinada dirección, una acción de protección. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estará dispuesto.

De su lado, los políticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreciéndole, más allá de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupción judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses específicos. Bajo esa lógica de intercambios funcionó, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder político le interesaba, ahí estaban para cumplir. En lo que al poder político le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente.

Todo lo señalado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formación profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder político. Evidentemente que no. Simplemente se señala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden político pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcaría prioritariamente este tipo de comportamiento.

Lo problemático de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formación profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas características sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la función pública. Conseguir personas que dejen de lado ingresos económicos mayores a un sueldo fijo mensual y que además acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral.

Esta dificultad ahonda la idea de que, si bien es importante establecer reglas claras para la selección y designación de jueces, no es suficiente.

Noticias Zamora

Ruido, desorden e indiferencia: una realidad que ya no podemos aceptar los Zamoranos

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Se ha vuelto común escuchar música a todo volumen desde vehículos a cualquier hora del día o de la noche. Se ha normalizado consumir alcohol en la vía pública, dejando basura, botellas, orina en espacios que pertenecen a todos. Se ha vuelto habitual soportar el ruido ensordecedor de ciertas motocicletas y las explosiones de fuegos artificiales lanzados sin considerar a quienes sufren sus consecuencias.

Pero que algo sea frecuente no significa que sea correcto. Detrás de cada estruendo provocado por un cohete o por sistemas de sonido excesivos, hay niños que despiertan asustados, personas con autismo que sufren crisis sensoriales, adultos mayores que experimentan angustia, enfermos que no pueden descansar, estudiantes que no logran concentrarse y animales que viven momentos de verdadero terror.

Los fuegos artificiales no solo producen ruido. También provocan lesiones, contaminación del aire, incendios y graves afectaciones emocionales y físicas. Miles de mascotas huyen desesperadas, se extravían o sufren accidentes por el miedo. Las aves abandonan sus nidos y la fauna silvestre ve alterada en su comportamiento natural. Lo que para algunos dura unos segundos de diversión, para otros representa horas o días de sufrimiento.

La verdadera alegría no necesita causar dolor a nadie. Las celebraciones religiosas, culturales, deportivas, políticas o sociales deben desarrollarse dentro de un marco de respeto, empatía y convivencia. La libertad de celebrar termina donde comienza el derecho de los demás a la tranquilidad, la salud y la seguridad.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes y a la Municipalidad de Zamora para que impulsen e implementen ordenanzas que regulen de manera efectiva la contaminación acústica, el uso de fuegos artificiales y todas aquellas actividades que afectan la calidad de vida de la población y el bienestar animal.

Zamora, como capital de la provincia de Zamora Chinchipe, debe convertirse en un ejemplo de orden, cultura ciudadana y convivencia pacífica. Y hacemos también un llamado a cada ciudadano, institución, organización y dirigentes: antes de encender un parlante, acelerar una motocicleta innecesariamente o lanzar un cohete al cielo, piensen en quienes los rodean.

La empatía es la capacidad de entender que no vivimos solos. Una sociedad verdaderamente desarrollada no es la que hace más ruido, sino la que demuestra más respeto.

Construyamos una Zamora donde la alegría de unos no signifique sufrimiento para otros; una Zamora donde el respeto, la consideración y la convivencia sean más fuertes que el ruido.

Porque el bienestar colectivo comienza cuando entendemos que nuestros derechos nunca pueden estar por encima de la tranquilidad, la salud y la dignidad de los demás.

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Noticias Zamora

El chantaje y la proscripción: el libreto para ahogar la democracia

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Las declaraciones del ministro del Interior son una alerta grave. Exigir que alcaldes y prefectos se alineen con el pensamiento oficial es una postura antidemocrática y una muestra de totalitarismo. Una responsabilidad elemental es coordinar acciones por el progreso del país, pero otra actitud muy distinta es intentar anular la diversidad de opinión y la libertad política.

El gobierno central y las autoridades locales (GAD) tienen la obligación de unirse para dar respuestas reales a la población. Esta cooperación técnica e institucional debe enfocarse en áreas urgentes, sin importar banderas partidistas, como: Coordinar planes firmes para devolver la tranquilidad a los territorios, garantizar escuelas dignas, atención médica y medicinas, proteger a los sectores vulnerables y erradicar la pobreza, entre otros.

Ecuador es un país diverso, intercultural y plurinacional, marcado por diferencias geográficas, culturales y generacionales. Cualquier gobernante debe estar listo para ejercer su función dentro de esa diversidad. Querer imponer un pensamiento único es una aberración política que jamás dará resultados positivos. La alienación no es la solución; el camino seguirá siendo el ejercicio democrático del poder.

Detrás del discurso de la alineación opera un crudo condicionamiento. Es un secreto a voces que a los alcaldes y prefectos con altas opciones de reelección se les presiona con una consigna clara: o se postulan con el partido de gobierno, o les congelan los fondos y les arman problemas legales usando de forma selectiva a la justicia.

A esto se suma la proscripción de líderes sociales y la eliminación de organizaciones políticas de oposición. Al dejar a los líderes legítimos sin casillero electoral, el régimen les cierra el camino. Ante este atropello, muchas autoridades terminan claudicando, disimulando su sumisión por temor a perder su libertad o poner en riesgo a sus familias.

Gobernar mediante el miedo y anular a los rivales destruye la libertad de todo el pueblo ecuatoriano.

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Noticias Zamora

Un voto con conciencia, un futuro con esperanza

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El 29 de noviembre de 2026 no solo iremos a las urnas. Ese día decidiremos qué tipo de futuro tendrán nuestras ciudades, parroquias, comunidades y familias durante los próximos 4 años. No será una simple elección política; será una decisión que influirá en la calidad de vida de nuestros hijos, en las oportunidades de nuestros jóvenes, en la seguridad de nuestros barrios y en el progreso de nuestros territorios.

Cada voto es una herramienta de transformación o una oportunidad perdida. Por eso, elegir no es un favor que se le hace a un candidato. Elegir es un acto de responsabilidad con uno mismo, con la familia y con toda la comunidad.

Lamentablemente, en cada proceso electoral aparecen quienes creen que la dignidad de un pueblo tiene precio. Reparten regalos, organizan fiestas, ofrecen favores, prometen lo imposible y alimentan expectativas que saben que jamás podrán cumplir. Algunos incluso recurren a la mentira, al insulto y a la destrucción de la honra de sus adversarios porque carecen de propuestas, capacidad y visión.

Pero debemos preguntarnos con sinceridad: ¿alguna funda de alimentos ha solucionado el desempleo? ¿Algún espectáculo ha construido carreteras? ¿Alguna farra ha llevado agua potable a los hogares? ¿Algún regalo ha mejorado los hospitales, fortalecido la seguridad o creado oportunidades para nuestros jóvenes?

La respuesta es evidente. Las dádivas duran horas o días. Las malas decisiones electorales duran años. Un voto mal entregado puede significar cuatro años de abandono, corrupción, obras inconclusas, servicios deficientes y oportunidades perdidas. Y cuando una comunidad se equivoca al elegir, las consecuencias las pagan todos, incluso quienes votaron con responsabilidad.

Por eso, antes de votar, debemos mirar más allá de las emociones del momento. No votemos con rabia. No votemos por resentimiento. No votemos por conveniencia personal. Tampoco votemos por quien nos promete todo lo que queremos escuchar. Votemos con inteligencia, con memoria y con conciencia.

Investiguemos. Comparemos. Escuchemos. Analicemos.

Preguntémonos: ¿Ha demostrado capacidad para resolver problemas reales? ¿Tiene experiencia para administrar recursos públicos con eficiencia y transparencia? ¿Posee liderazgo para unir a la gente en lugar de dividirla? ¿Su trayectoria refleja honestidad, coherencia y vocación de servicio? ¿Ha trabajado por su comunidad antes de pedir el voto? ¿Tiene una visión clara para el desarrollo de nuestro territorio?

Los pueblos que prosperan no son aquellos que tienen más recursos, sino aquellos que eligen mejor a quienes los administran. La historia demuestra que el desarrollo de una comunidad depende, en gran medida, de la calidad de sus líderes y de la responsabilidad de sus ciudadanos al momento de elegirlos.

No olvidemos una verdad fundamental: quien compra votos no hace una inversión para servir; hace una inversión para recuperar lo gastado. Y cuando alguien llega al poder pensando en recuperar dinero o favores políticos, los intereses de la gente pasan a segundo plano. Nuestro voto vale más que cualquier regalo. Vale más que cualquier promesa vacía. Vale más que cualquier discurso bonito.

El voto es la voz de la dignidad ciudadana. Es el instrumento más poderoso que posee una democracia. Cuando se ejerce con conciencia, construye progreso. Cuando se entrega sin reflexión, abre las puertas al atraso.

Este 29 de noviembre de 2026, pensemos en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos y en las futuras generaciones. Pensemos en el territorio que queremos dejarles. No elijamos al más popular, al más ruidoso o al más generoso con las dádivas. Elijamos a las mejores mujeres y a los mejores hombres; aquellos que tengan capacidad, integridad, experiencia, visión y un compromiso genuino con el bienestar colectivo.

Porque gobernar no es un privilegio. No es un premio. No es una oportunidad para enriquecerse. Gobernar es una responsabilidad enorme que exige preparación, honestidad y servicio.

El futuro de nuestros territorios no comienza cuando una autoridad asume el cargo. Comienza el día en que cada ciudadano decide con responsabilidad y sabiduría su voto.

Que el 29 de noviembre no gane la demagogia. Que no gane el populismo. Que no gane el interés particular de los que compran los votos.

Que gane la conciencia. Que gane la responsabilidad. Que gane el futuro.

 

 

 

 

 

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