Nacionales
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
Luis Ángel Saavedra Mendoza*
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?, ¿es una ejecución extrajudicial?, ¿quién disparó?, ¿por qué se quiere vincular a Johnny Q.?, ¿qué realmente pasó en la isla Tutus el 7 de noviembre del 2013, a raíz de un operativo de control minero? Pronto se cumplirán 8 años de este hecho que, hasta ahora, no ha sido esclarecido, no se ha llegado a la justicia y a la verdad, y mucho menos se ha reparado a Susana Ankuash, viuda de Fredi Taish, y a sus hijos.
En agosto pasado, se reactivó el caso y se convocó a audiencia de formulación de cargos contra Johnny Q. para el 12 de octubre de 2021. Según la Fiscalía, Johnny Q. sería el principal sospechoso del supuesto delito de terrorismo con resultado de muerte que provocó el deceso de Fredi Taish. En este artículo se revisarán los hechos y posibles escenarios suscitados durante el operativo de requisa de dragas, escenarios y hechos que cuestionan la posición oficial (Fiscalía y Ejército), empecinados en endosar a Johnny Q. la responsabilidad del asesinato de Taish.
Conflicto en la isla Tutus
El 7 de noviembre del 2013, Fredi Taish, joven shuar de 28 años, falleció a causa de un impacto de bala en su cabeza durante un operativo militar realizado por el Ejército ecuatoriano junto a la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom), en la isla Tutus, en la comunidad Shiram Entza, cantón Gualaquiza.
Este hecho se dio en medio de un contexto de conflictos mineros en Morona Santiago y Zamora Chinchipe que se agudizaron en 2013 a partir de la reforma a la Ley de Minería¹, con la cual la minería artesanal -característica de las comunidades shuar que habitan a las orillas del río Zamora- pasó a ser controlada y limitada, en tanto se otorgaban concesiones mineras a grandes transnacionales. Además, con la falta de políticas públicas claras sobre la autogestión de los recursos naturales, derecho garantizado por la Constitución e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, se conflictuó aún más la relación entre el Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en zonas mineras y que, en muchos casos, son mineros artesanales.
Ese día, el personal militar y funcionarios de Arcom se trasladaron vía fluvial en dos lanchas: una de goma y la otra de metal. Iniciaron el operativo de control minero y decomiso de dragas en la comunidad de Shiram Entza, seguido de Campanak Entza y San José de Piunts, lugares donde según los militares se habría detectado la presencia de ‘minería ilegal’.
Johnny Q. se encontraba utilizando su draga a las orillas del río Zamora, a la altura de Campanak Entza cuando una funcionaria de Arcom, llamada Prissila Orellana, se acercó a pedirle sus permisos. Johnny Q. al no tenerlos otorgó su número de cédula y nombres completos. Johnny se encontraba en el lugar con su hermano menor y otra persona afrodescendiente de nombre Leyson o Cristian (no se conoce su nombre completo). Arcom levantó un acta y procedió con el trámite de decomiso de dragas en presencia de su propietario, Johnny Q. Tras este acto, Johnny y un acompañante con quien se encontraba laborando, deciden cruzar el río en dirección a Campanak Entza.
Para él, este decomiso significaba la pérdida de su único modo de subsistencia para su familia, ya que desde el 2011 estaba casado con una joven shuar de San José de Piunts y producto de este matrimonio mixto² nacieron dos hijos. Johnny Q. vivía en Yantzaza desde su niñez, aunque nació en Tobar Donoso, Esmeraldas, y tenía 20 años cuando se produjo el operativo de requisa.
Según el testimonio de Johnny Q., él poseía una carabina con fulminante (pólvora) con la cual, al encontrarse en Campanak Entza, disparó al aire para advertir a las personas de la comunidad y tratar de asustar a los militares. “Con el estruendo de la pólvora quería que venga la gente y pedir ayuda, por eso disparé al aire con la escopeta sin munición, sólo con pólvora”, ha dicho Johnny Q. en diversas entrevistas realizadas por Inredh y por la Comisión de Investigación que se formó con las comunidades shuar.
En un video presentado por el Estado ecuatoriano³ se puede observar a Johnny Q. con una carabina, junto a una mujer y un hombre ubicados en Campanak Entza. En el video se escucha a la patrulla militar advertir sobre el arma y los disparos al aire que efectuó Johnny. A pesar de que en un inicio el discurso del Estado sostuvo que los militares no portaban armas letales, gracias a este mismo video se pudo observar a militares con pistolas de dotación y su avance río abajo en dos embarcaciones y con total tranquilidad. Es decir, el incidente en Campana Entza se había terminado sin que existiera ningún enfrentamiento de los militares con Johnny Q. o con otras personas de la comunidad.
A su vez, otros testimonios confirmaron que existió una tercera lancha, que también fue río abajo hasta la isla de Tutus, en donde se encontraba Fredi y su familia. En esta lancha posiblemente bajó Leyson.
Mientras tanto, Fredi Taish se encontraba pescando a orillas del río Zamora en la isla Tutus con su padrastro Hilario, su mamá Elvira Twiram, y sus dos hijos, uno de ellos recién nacido. Durante la pesca, según Hilario, tres personas desconocidas se acercaron a pedir ayuda para enfrentar a los militares que habían decomisado las dragas en Campanak Entza.
Hilario se negó y pidió a su hijo que se aleje del lugar. Cuando Hilario junto a su esposa y sus dos nietos intentaron salir del lugar, llegaron dos embarcaciones de militares disparando gases lacrimógenos. Las embarcaciones avanzaron por los dos brazos del río, bordeando la isla Tutus. Fredi Taish, luego de ayudar a evacuar a los niños y niñas que se encontraban en el lugar, se quedó en medio de los dos grupos e intentó escapar, pero en una esquina de la isla Tutus se encontró con un militar quien, agazapado, disparó directo al rostro de Fredi causándole la muerte.
Las versiones sobre si Fredi estaba armado son contradictorias, al respecto se proponen dos escenarios. En el primero, se teoriza que Taish aceptó la escopeta o carabina proporcionada por los desconocidos. Esta carabina estaba cargada con perdigones y fue disparada una vez, no obstante, Taish no estaba armado lo suficiente como para ejecutar una emboscada contra los militares, y el arma mencionada no constituye un peligro real, ni mortal para las patrullas. Por otro lado, se teoriza que el arma que estaba sobre el cuerpo de Fredi correspondía a militares quienes luego del enfrentamiento la colocan a un lado de su cuerpo, dando un mensaje de que él se encontraba armado.
Fredi murió por un disparo en su rostro realizado por una munición de calibre 9mm. De dotación militar. El proyectil ingresó por el pómulo izquierdo y salió por la parte posterior de su cabeza. Según la autopsia la trayectoria de la bala es inclinada de abajo hacia arriba y dejó un orificio de entrada de 10 mm y uno de salida de 20 mm.
Para Elvira Twiram -madre de Fredi quien se encontraba en el lugar de los hechos-, en una entrevista para Plan V, afirmó que un militar disparó a Fredi Taish y que los militares entraron a la isla Tutus disparando gases lacrimógenos. Susana, esposa de Fredi, que se encontraba en reposo después de un parto no pudo bajar a la playa a ver el cuerpo, pero sí escuchó los disparos y supo minutos después que Fredi Taish fue asesinado.
Pero ¿Quién era en realidad Fredi Taish? Contrariamente al discurso estatal del 2013, en el cual se dice que Fredi Taish era un terrorista vinculado a la minería ilegal, se conoce que, en realidad, Fredi era un joven de 28 años de nacionalidad Shuar que vivía en el Centro Shuar San José de Piunts, ubicado en la orilla derecha del río Zamora, a tres kilómetros del Centro Shuar Campanak Entza.
Fredi era una persona amigable, dedicado al trabajo de la tierra, la pesca y la minería artesanal, se casó con Susana Ankuash, oriunda de Kupiamais, un centro shuar que se caracteriza por su resistencia contra las concesiones mineras a empresas internacionales. Fredi y Susana son padres de dos hijos Fredi y Kelly, quienes, para el día del conflicto, tenían un año y 15 días de nacida, respectivamente.
También formaba parte de la Asociación Shuar Bomboiza que, a su vez, es parte de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), una de las tres federaciones de la Nacionalidad Shuar que, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) son “articuladas por medio de una coordinadora interfederacional, organización que tiene como objetivo principal coordinar acciones en defensa de los derechos de las nacionalidades ante la presión de las compañías”. Es así que, al ser parte de estas organizaciones fue considerado como un defensor de los derechos humanos y de la naturaleza.
Por su parte, el suegro de Fredi Taish, Domingo Ankuash, es un líder histórico de los indígenas shuar y de la CONAIE. Gracias a su trayectoria como dirigente y a la organización de su familia fue posible la convocatoria a asambleas y la conformación inmediata de la Comisión de Investigación sobre la muerte de Fredi Taish.
Susana Ankuash, su esposa, lo recuerda como una persona solidaria con sus vecinos: “si había trabajo, él los acompañaba”. Fredi había acabado la primaria antes de dedicarse de lleno a su vida como agricultor. Luego de la muerte de su esposo, Susana empeoró su condición por una enfermedad congénita que, adicionada al estrés postraumático, le desarrolló una discapacidad visual del 70%. Susana ahora solo cuenta con el apoyo de su familia paterna para criar a sus dos hijos.
Investigación en Fiscalía
La Fiscalía General del Estado (FGE) investigó de oficio lo suscitado el 7 de noviembre de 2013 bajo el tipo penal de “terrorismo que produjere la muerte de una o más personas”. Johnny Q. fue vinculado desde el inicio de las investigaciones, ya que al momento del decomiso de las dragas con las que se estaba realizando minería artesanal -evento ajeno al enfrentamiento posterior en isla Tutus-, Johnny proporcionó sus datos completos como el propietario de las dragas y estos datos fueron usados por el gobierno para presentarlo ante la opinión pública como un terrorista y, a pesar de tener en su poder la identificación de Johnny que daba cuenta de su nacionalidad ecuatoriana, el gobierno lo presentó como extranjero y vinculado a mafias que operan en el río Zamora.
Luisa María Villacís, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que este hecho fue aprovechado por los militares. Por eso, desde la toma de las primeras versiones ya consta su nombre.
Tarquino Cajamarca, también abogado del caso, explica que, durante la fase de investigación previa dentro de la Fiscalía, también se presentó una denuncia en la Fiscalía de Gualaquiza en contra del Estado ecuatoriano por el delito de ejecución extrajudicial, en manos de las Fuerzas Armadas; esto, gracias a las declaraciones de Johnny Q.
Es así que Fiscalía acumuló las denuncias en un solo proceso, el cual presentó varias dilaciones e incidentes; por ejemplo, la solicitud de documentos al Ministerio del Interior, como la lista de participantes del operativo y de armas de dotación utilizadas, fue respondida de manera incompleta -luego de constantes requerimientos- después de tres años. Lo mismo sucedió con peritajes estratégicos como la prueba de balística e incluso informaron que ninguno de los militares que participaron en el operativo poseía armas, cuando el video presentado por el mismo gobierno mostraba lo contrario.
“Pese a que no hubo una negación expresa por parte de esta institución estatal, se entiende que su demora en la respuesta es producto de una estrategia de dilación del caso. No fue hasta que hubo presión desde las organizaciones de derechos humanos, como Inredh y la Secretaría de Derechos Humanos, que se procedió a compartir la documentación”, sostiene el jurista. Tampoco los militares han accedido a realizar una reconstrucción de los hechos.
Para la defensa técnica tanto de Johnny Q. como de Fredi Taish, el joven acusado (Johnny) es más bien un testigo clave ya que podría evidenciar que la responsabilidad de la muerte de Taish -que ocurre durante un operativo minero a cargo de la Arcom- corresponde a las Fuerzas Armadas y, por ende, al Estado ecuatoriano.
Durante el acontecimiento, Johnny Q. observó como Taish pretendía huir de la isla Tutus hasta que fue acorralado por los militares. En sus declaraciones, ha mostrado su intención de cooperar para que se esclarezca el caso; no obstante, fue catalogado por las autoridades gubernamentales como un terrorista extranjero, involucrado en minería ilegal.
Esto hace pensar que Johnny Q. formó parte del discurso que implantó el Estado en 2013, acusándolo de terrorista extranjero que ejercía la minería ilegal para desconocer que era un miembro de una comunidad shuar y que realizaba minería artesanal como actividad propia para su subsistencia, como ha sido una costumbre ancestral de la nacionalidad shuar.
Para Cajamarca estos incidentes corresponden a una gestión del Estado con influencia de las Fuerzas Armadas para que el aparato de justicia sea un instrumento que satisfaga al poder político-económico y proteja a los altos rangos que participaron en el operativo. “Por eso acusan a Johnny Q. como responsable de lo sucedido el 7 de noviembre de 2013, lo criminalizan y lo tratan como un chivo expiatorio”.
Para organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Inredh, resulta preocupante que el llamado a audiencia de formulación de cargos por terrorismo con resultado de muerte de Fredi Taish sea en contra de Johnny Q. y que se active después de ocho años, cuando en los años anteriores no se realizó una investigación rigurosa del caso y la presión militar estaba conduciendo la muerte de Taish hacia el olvido.
Luisa María Villacís, agrega, además, que parte de esta activación es resultado de la comunicación individual presentada al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la publicación, el 15 de junio 2021, del “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador”, realizado por la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, de la cual forma parte Fundación Inredh, en donde se incluye el caso de asesinato de Fredi Taish, recogiendo las irregularidades del proceso.
Siete años después de la muerte de Fredi Taish y de la nula acción estatal para esclarecer los hechos, la familia de Taish, acompañadas por Inredh, presentaron una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de solicitar al Comité que emita recomendaciones al Estado ecuatoriano para la resolución del caso, tomando como prioridad el derecho a la verdad, justicia y reparación integral a la familia de Fredi Taish.
Esta petición se realiza debido a que este organismo vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados suscritos al mismo y porque el caso de Taish no ha recibido impulso alguno, ni se ha investigado rigurosamente por parte de la Fiscalía de Gualaquiza, dejándolo en la impunidad.
La comunicación individual, presentada en contra del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida y a la debida diligencia, se encuentra en la fase de “admisión a trámite” que se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia antes de que el Comité entre a considerar su contenido.
“Se espera que el Comité de Derechos Humanos declare la responsabilidad internacional del Ecuador por una violación del Pacto por parte del Estado ecuatoriano y que haga sus recomendaciones para que en el caso de Fredi Taish haya verdad, justicia y reparación”, explica Villacís.
Tras siete años todavía se espera justicia y verdad por la ejecución extrajudicial de Fredi Taish y la Fundación Inredh, considera que se está impulsando un proceso penal distorsionado que para no encarar la verdad de los hechos se busca culpar a una persona inocente.
Notas al pie
¹Ley de Minería, Registro Oficial Suplemento 517 del 29 de enero de 2009, última reforma 16 de julio de 2013, Art. 13
²Matrimonio mixto. En la comunidad de San José de Piunts muchas jóvenes mujeres shuar salen de la comunidad en busca de empleo. Es común que muchas de ellas regresen con pareja. Es así que una parte de las familias de la comunidad han sido denominadas como matrimonios mixtos, por las autoridades de la comunidad. Fuente: inredh.org
³Medios Públicos EP. (21 de noviembre del 2013) Mineros ilegales estaban armados y atacaron a militares en Ecuador. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BNnKQ_-xHzE
Referencias
Inredh. (25 de noviembre de 2013). Informe de la visita in situ para analizar los acontecimientos del 7 de noviembre de 2013 en relación al operativo militar en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Zamora. Recuperado de: https://bit.ly/3CJ5Xbw
Plan V. (2019) Especial sobrevivientes. Freddy Taish. Recuperado de: https://sobrevivientes.planv.com.ec/freddy-taish/
Medios Públicos. (21 de noviembre del 2013). Mineros ilegales estaban armados y atacaron a militares en Ecuador. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BNnKQ_-xHzE&ab_channel=MediosP%C3%BAblicosEP
Inredh. (6 de noviembre del 2009) Petición del caso Freddy Taish fue presentada a la Organización de Naciones Unidas. recuperado de: https://inredh.org/peticion-del-caso-freddy-taish-fue-presentada-a-la-organizacion-de-naciones-unidas/
Alianza por los Derechos Humanos. (Junio 2021). Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección. Recuperado de: https://inredh.org/archivos/pdf/informe_situacion_defensores_2021.pdf
Nacionales
¿Qué pasará con los USD 450 millones en carros, celulares y útiles escolares abandonados en la Aduana de Ecuador? Nueva ley define su destino
El Estado podrá quedarse de forma definitiva con mercancías abandonadas, robadas, recuperadas tras un naufragio, que no salieron del país cuando debían, o productos que ingresaron por contrabando, según una reforma legal aduanera en vigencia desde el 29 de julio de 2026. Esto ocurrirá en cinco casos
Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, que incluyó artículos para resolver el problema de las mercancías que permanecen durante años almacenadas sin un destino definido, generando costos para el Estado y pérdida de valor de los bienes.
Según el asambleísta Sergio Peña, ponente de la ley, más de 12.000 contenedores ingresan cada año a régimen de abandono, valorados en unos USD 450 millones.
¿Cuándo puede el Estado quedarse con una mercancía?
Para ello, la nueva norma cambia la figura del decomiso administrativo, establecida en el artículo 123. Uno de los cambios más relevantes es que ahora ya no se necesita el dictamen de un juez, sino que ahora estos bienes pasarán al Estado solo por resolución definitiva aduanera, explicó Yael Fierro, experta en temas tributarios y aduaneros.
A continuación se detallan las cinco situaciones específicas en las que el Estado puede apropiarse de la mercancía, detallados en el artículo 123 de la reforma:
Productos abandonados o rezagados
1.- Cuando se desconoce quién es el propietario, quién envió la mercancía (consignante) o quién debía recibirla (consignatario), incluso si los bienes permanecen dentro de la zona primaria aduanera.
2.- Contenedores recuperados tras un naufragio
3.- Mercancías robadas dentro de los recintos Aduaneros y luego recuperadas
4.- Mercancías cuyo reembarque no se realizó
- Cuando la autoridad ordenó que los bienes fueran reembarcados y regresen al país de origen y esa obligación no se cumplió dentro del plazo establecido. El decomiso no elimina el pago de las tasas por los servicios aduaneros utilizados.
5.- Vehículos o medios de transporte que ingresaron evadiendo controles aduaneros
- Si fueron aprehendidos por ingresar al país sin pasar por los controles y, tras notificar al país del que presuntamente provienen, nadie los reclama dentro de los 90 días siguientes, podrán ser decomisados por el Estado.
Carros abandonados también pasarán al Estado
Para la experta, el principal cambio en este artículo es que se incorpora de forma expresa a los medios de transporte, como carros, que ingresen al país evadiendo los controles aduaneros.
Antes, cuando estos vehículos eran retenidos, permanecían durante años en los patios de Senae porque no existía un procedimiento claro para disponer de ellos.
Con la reforma, una vez que el vehículo es aprehendido, el Senae debe notificar al país de origen a través de la Cancillería. Si en un plazo de 90 días nadie lo reclama, el vehículo pasa legalmente a ser propiedad del Estado, que podrá subastarlo o asignarlo para uso público, explicó Fierro.
La experta considera que este cambio brinda seguridad jurídica, ya que establece un plazo definitivo para resolver la situación de los carros y evita que permanezcan abandonados en las bodegas aduaneras.
¿Qué hará el Estado con los bienes decomisados?
La reforma también cambia el destino de las mercancías que pasan a manos del Estado. Una vez que el decomiso administrativo quede en firme, la Aduana deberá dar prioridad a su entrega gratuita a instituciones públicas, incluso si ya se había iniciado un proceso de subasta.
Hay tres posibles destinos para estos productos, según la tributarista Yael Fierro:
Entregarlas gratuitamente a entidades públicas que puedan aprovecharlas.
Si eso no es posible, se deben venderlas en subasta y transferir los recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
Y, si están deterioradas o ya no tienen valor comercial, destruirlas conforme a la normativa ambiental.
La norma anterior priorizaba mantener las mercancías almacenadas hasta que terminaran todos los trámites.
Con la reforma, se espera que el Estado reduzca los costos de almacenamiento y que esos bienes pierdan valor, agregó la experta.
Los cambios se aplicarán en un plazo de hasta tres meses: dos meses para la emisión del Reglamento y un mes más para que la Aduana ajuste sus procesos. Fuente: Primicias
Nacionales
Directivo de Progen confiesa en Estados Unidos y detalla cómo fue la estafa al Estado ecuatoriano
Un distanciamiento familiar es el origen de una confesión alrededor del caso Progen. Wade Manning se convirtió en el testigo estrella de Celec en la demanda planteada en contra de la empresa estadounidense y sus directivos en Florida.
El 24 de julio de 2026, Wade Manning rindió una deposición bajo juramento, a cuya transcripción tuvo acceso PRIMICIAS. Ahí declaró que en los últimos meses ha tenido un alejamiento con su hermano John Manning, CEO de Progen y quien encabezó las negociaciones con Celec en 2024 para la venta de generadores eléctricos por más de USD 110 millones.
La pelea de los Manning se originó en diciembre de 2025, cuando ya había sido presentada la demanda en Estados Unidos y en Ecuador se investigaba un peculado detrás de los fallidos contratos. Progen había dejado de pagar el sueldo de USD 13.000 mensuales a Wade Manning, lo que lo llevó a renunciar en marzo de 2026.
Además, en su relato, Wade Manning dijo que una vez que se había confirmado su declaración en la demanda de Celec contra Progen, en junio de 2026, recibió una transferencia de USD 43.000 de Progen sin ninguna explicación ni aviso. Y que todavía le deben USD 65.000.

Los documentos y generadores viejos
La primera confesión de Wade Manning fue que, para ganar los contratos en Ecuador, Progen falsificó de manera sistemática los certificados que garantizaban la experiencia requerida de la empresa para proveer los generadores y otros documentos.
Por ejemplo, Progen había presentado un certificado que lo avalaba como fabricante experto global en materia energética, cuando nunca había participado en un proyecto de esa magnitud. El mismo Wade Manning admitió que no tenía formación académica en mecánica o energía.
Además, la empresa estadounidense presentó múltiples referencias internacionales de su supuesta participación en proyectos previos. Cuando en realidad solo había instalado tres generadores en Texas, por lo que también hubo una demanda; y cuatro en África, que generaron quejas formales.
Finalmente, Progen certificó que los equipos que iba a entregar a Ecuador eran nuevos y tenían cero horas de uso. Pero, la verdad es que los generadores habían sido comprados bajo la modalidad conocida como «as-is».
Esto significa que los generadores fueron adquiridos como bienes usados, en el estado físico y técnico exacto en el que se encontraban en ese momento, y en el lugar donde estaban ubicados (en Houston, Texas), sin que el vendedor asumiera ninguna obligación de repararlos, limpiarlos o completarlos.
Equipos fraudulentos
Según el relato de Wade Manning, para entregar los generadores a Ecuador, Progen adquirió 21 unidades EMD modelo 20-710 usadas en Houston a través de Apollo Electric. El valor de la transacción fue de USD 8,9 millones.
La deposición señala que los números de serie de estos motores identificaban años de fabricación antiguos, invalidando cualquier pretensión de ser equipos nuevos. Para falsear esa realidad, según Wade Manning, Progen retiró las placas originales de los fabricantes.
Entonces, contrataron a la empresa InterFab para limpiar y pintar los generadores. Además, colocaron nuevas placas con la marca Progen y números de series manipulados para fingir la fabricación propia.

Además, Manning admitió que los equipos eran inútiles para el propósito contractual que buscaba Celec, ya que no eran aptos para Heavy Fuel Oil (HFO) y jamás fueron sometidos a pruebas de rendimiento adecuadas.
Una casa de lujo
En su relato, Wade Manning también relató un viaje de su hermano John, CEO de Progen, a Ecuador. Lo acompañaron. Andrew Williamson, director de operaciones de la compañía y el único procesado por peculado a nivel local.
También viajaron Garrett Williamson, hijastro de Andrew, y Scott Crampton, vicepresidente de Ingeniería Eléctrica de Progen.
El declarante dijo que no tiene más detalles de ese viaje y que tampoco tiene conocimiento directo de supuestos pagos de sobornos relacionados con funcionarios en Ecuador.
Lo que sí relató es que luego de que volvieron de ese viaje y una vez que Celec desembolsó el dinero de los generadores a Progen, Andrew Williamson compró en diciembre de 2025 una residencia en Canterwood Drive, Mulberry, por USD 2,85 millones pagados en efectivo.
Wade Manning admitió que se sorprendió de que Williamson tuviera tanto dinero en efectivo. Y que al preguntarle a su hermano John cómo Williamson había obtenido esa suma, John le dio la excusa de que el dinero provenía de la «jubilación de la junta escolar» de la exesposa de Williamson (con quien Williamson sigue viviendo a pesar de estar divorciados legalmente).
Tras la deposición de Wade Manning, el caso civil por fraude, conspiración y RICO en Florida sigue en la fase de descubrimiento, en la que se fijó como límite el 1 de febrero de 2027. Además, se ha programado el juicio por jurado para el 2 de agosto de 2027. Fuente: Primicias
Nacionales
CNE aprobó la convocatoria para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 31 de julio de 2026 la convocatoria para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que se desarrollarán el próximo domingo 29 de noviembre.
De acuerdo con la resolución aprobada en el Pleno de este organismo, 13’827.643 electores están convocados a las urnas para elegir autoridades de los gobiernos locales y a los siete consejeros de Participación Ciudadana.
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La convocatoria será difundida en cadena de radio y televisión a las 21:00 de este sábado 1 de agosto, en la víspera de que arranque la inscripción de candidaturas.
Esta vez, los ecuatorianos elegirán:
23 prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos provinciales;
222 alcaldesas y alcaldes municipales;
909 concejalas y concejales urbanos con sus respectivos suplentes;
457 concejalas y concejales rurales con sus respectivos suplentes;
4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes;
7 consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Según el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se efectuará del 2 al 17 de agosto, a través del sistema en línea del CNE. Es decir, las organizaciones políticas no necesitan acudir a las ventanillas para este fin.
Requisitos para inscripción de candidaturas
Entre los primeros requerimientos para iniciar el registro de una candidatura constan: tener 18 años cumplidos y demostrar pertenencia con el lugar por el que buscan ser elegidos.
Además, la presentación de un formulario que incluye copia de cédula; una fotografía sin accesorios, salvo que sea parte de un atuendo tradicional; hoja de vida; el plan de trabajo; y una declaración juramentada.
Los candidatos deberán especificar su nombre y apellido en no más de 30 caracteres y está prohibido usar apodos, sobrenombres o iniciales para identificarse, regún el reglamento.
En tanto que la publicación del listado oficial de postulantes calificados al Cpccs se realizará el 24 de septiembre, bajo nuevas reglas. Fuente: Primicias
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