Nacionales
Ecuador 2024: los eventos previstos para este año
Las crisis que Ecuador atravesó en 2023 todavía son un reto para este 2024. La inseguridad, el déficit energético y el fenómeno de El Niño son algunos de los desafíos a enfrentar.
A lo anterior, se suma la agenda política prevista para este nuevo año, con un Presidente y una Asamblea Nacional que apenas están en funciones y una Judicatura sin cabeza.
Agenda 2024
- Enero
El próximo año continuarán los cortes de energía eléctrica. El ministerio del ramo informó que el Comité de Crisis suspendió los racionamientos hasta el 15 de enero. Que la medida se prolongue dependerá del nivel de los embalses en las hidroeléctricas del país; es decir, que llueva, principalmente, en la cuenca oriental.
El estiaje podría prolongarse hasta febrero o marzo de 2024, de acuerdo con pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Sin embargo, aunque se recupere la producción de energía hidráulica, es probable que la época seca nuevamente se adelante y los problemas se presenten nuevamente a finales de 2024, si el Gobierno actual no toma las previsiones necesarias.
A la par, está previsto que el fenómeno de El Niño llegue con fuerza en 2024. Los pronósticos iniciales señalaban que llegaría a mediados de noviembre y se prolongaría hasta enero de 2024.
El Comité Nacional para el Estudio Regional de El Niño (Erfen) informó que hubo señales de debilitamiento por el descenso en la temperatura de la superficie del mar, pero el estado continúa en modo activo y la alerta en naranja. Las lluvias intensas llegarían en enero de 2024, sin embargo, las instituciones a cargo continúan monitoreando.
- Febrero
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, adelantó que en febrero de 2024 iniciarán los preparativos para las elecciones generales de 2025, donde se escogerá al próximo Presidente y a los asambleístas.
Eso implica que iniciarán procesos al interior de las organizaciones políticas para subsanar pendientes con el CNE y definir a sus candidatos.
Siguiendo el calendario de las elecciones de 2021, para agosto de 2020 se cerró el registro electoral y de septiembre a octubre se inscribieron las candidaturas. En noviembre se seleccionó a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto y a finales de diciembre comenzó la campaña electoral.
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Es decir, el próximo año terminará con una papeleta definida, donde estará el próximo Presidente.
Marzo
La consulta popular, anunciada por Daniel Noboa, y la reforma que aprobó la Asamblea Nacional, podrían juntarse. Que se unifiquen dependerá de un pedido a la Corte Constitucional.
La reforma constitucional es para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, que luego del control constitucional debe pasar a referéndum aprobatorio.
De la consulta popular se conoce poco. Se sabe que incluirá temas sobre seguridad, reformas a la función judicial, entre otros.
Los plazos son diferentes, corren 45 días para el referéndum y 60 para la consulta popular. El plan es que ambos se concreten en marzo de 2024.
En ese mes también se cumplen los 90 días de la instrucción fiscal por el caso Metástasis. Es decir, hasta ese momento tiene la Fiscalía para presentar las pruebas y pedir el enjuiciamiento de los procesados.
Se trata de la investigación más importante de la historia de Ecuador sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado.
- Mayo
Se cumple el primer año de la administración de las autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La labor de los concejales, alcaldes y prefectos se podrá medir al cumplir los primeros 365 días en funciones. Las autoridades de Quito y Guayaquil, los alcaldes Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez, aún mantienen buenos niveles de aceptación.
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El Cpccs tiene en sus manos la designación de varias autoridades de control. Hasta febrero se concretaría la designación del titular de la Judicatura, tras la salida de Wilman Terán.
- Agosto
La Corte Constitucional (CC) dio un año para que se retire la infraestructura de la extracción de petróleo en el bloque 43 del Yasuní, a partir del triunfo del sí en la consulta popular.
Sin embargo, todavía no hay un plan claro para aquello. Algunos analistas han indicado que se necesitará más tiempo para suspender por completo la extracción.
Hasta agosto se espera que se despache el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Ese es el proceso de fiscalización más importante que reposa en la Comisión de la Asamblea.
Deben despacharse los que están pendientes, es decir, contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal; Fausto Murillo y Juan José Morillo, consejeros de la Judicatura; Juan Zapata, exministro del Interior; y el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.
Cada uno dura entre un mes y medio a dos, por lo que se espera que hasta agosto ya comience el trámite contra la fiscal Salazar.
Hasta el momento no hay respaldos suficientes para destituir a la funcionaria.
Noviembre
Daniel Noboa cumplirá su primer año en funciones. En noviembre Ecuador estará a puertas de la campaña electoral para las elecciones generales, en las que adelantó que participará. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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