Nacionales
Ecuador 2024: los eventos previstos para este año
Las crisis que Ecuador atravesó en 2023 todavía son un reto para este 2024. La inseguridad, el déficit energético y el fenómeno de El Niño son algunos de los desafíos a enfrentar.
A lo anterior, se suma la agenda política prevista para este nuevo año, con un Presidente y una Asamblea Nacional que apenas están en funciones y una Judicatura sin cabeza.
Agenda 2024
- Enero
El próximo año continuarán los cortes de energía eléctrica. El ministerio del ramo informó que el Comité de Crisis suspendió los racionamientos hasta el 15 de enero. Que la medida se prolongue dependerá del nivel de los embalses en las hidroeléctricas del país; es decir, que llueva, principalmente, en la cuenca oriental.
El estiaje podría prolongarse hasta febrero o marzo de 2024, de acuerdo con pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Sin embargo, aunque se recupere la producción de energía hidráulica, es probable que la época seca nuevamente se adelante y los problemas se presenten nuevamente a finales de 2024, si el Gobierno actual no toma las previsiones necesarias.
A la par, está previsto que el fenómeno de El Niño llegue con fuerza en 2024. Los pronósticos iniciales señalaban que llegaría a mediados de noviembre y se prolongaría hasta enero de 2024.
El Comité Nacional para el Estudio Regional de El Niño (Erfen) informó que hubo señales de debilitamiento por el descenso en la temperatura de la superficie del mar, pero el estado continúa en modo activo y la alerta en naranja. Las lluvias intensas llegarían en enero de 2024, sin embargo, las instituciones a cargo continúan monitoreando.
- Febrero
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, adelantó que en febrero de 2024 iniciarán los preparativos para las elecciones generales de 2025, donde se escogerá al próximo Presidente y a los asambleístas.
Eso implica que iniciarán procesos al interior de las organizaciones políticas para subsanar pendientes con el CNE y definir a sus candidatos.
Siguiendo el calendario de las elecciones de 2021, para agosto de 2020 se cerró el registro electoral y de septiembre a octubre se inscribieron las candidaturas. En noviembre se seleccionó a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto y a finales de diciembre comenzó la campaña electoral.
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Es decir, el próximo año terminará con una papeleta definida, donde estará el próximo Presidente.
Marzo
La consulta popular, anunciada por Daniel Noboa, y la reforma que aprobó la Asamblea Nacional, podrían juntarse. Que se unifiquen dependerá de un pedido a la Corte Constitucional.
La reforma constitucional es para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, que luego del control constitucional debe pasar a referéndum aprobatorio.
De la consulta popular se conoce poco. Se sabe que incluirá temas sobre seguridad, reformas a la función judicial, entre otros.
Los plazos son diferentes, corren 45 días para el referéndum y 60 para la consulta popular. El plan es que ambos se concreten en marzo de 2024.
En ese mes también se cumplen los 90 días de la instrucción fiscal por el caso Metástasis. Es decir, hasta ese momento tiene la Fiscalía para presentar las pruebas y pedir el enjuiciamiento de los procesados.
Se trata de la investigación más importante de la historia de Ecuador sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado.
- Mayo
Se cumple el primer año de la administración de las autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La labor de los concejales, alcaldes y prefectos se podrá medir al cumplir los primeros 365 días en funciones. Las autoridades de Quito y Guayaquil, los alcaldes Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez, aún mantienen buenos niveles de aceptación.
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El Cpccs tiene en sus manos la designación de varias autoridades de control. Hasta febrero se concretaría la designación del titular de la Judicatura, tras la salida de Wilman Terán.
- Agosto
La Corte Constitucional (CC) dio un año para que se retire la infraestructura de la extracción de petróleo en el bloque 43 del Yasuní, a partir del triunfo del sí en la consulta popular.
Sin embargo, todavía no hay un plan claro para aquello. Algunos analistas han indicado que se necesitará más tiempo para suspender por completo la extracción.
Hasta agosto se espera que se despache el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Ese es el proceso de fiscalización más importante que reposa en la Comisión de la Asamblea.
Deben despacharse los que están pendientes, es decir, contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal; Fausto Murillo y Juan José Morillo, consejeros de la Judicatura; Juan Zapata, exministro del Interior; y el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.
Cada uno dura entre un mes y medio a dos, por lo que se espera que hasta agosto ya comience el trámite contra la fiscal Salazar.
Hasta el momento no hay respaldos suficientes para destituir a la funcionaria.
Noviembre
Daniel Noboa cumplirá su primer año en funciones. En noviembre Ecuador estará a puertas de la campaña electoral para las elecciones generales, en las que adelantó que participará. Fuente: Ecuavisa
La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.
Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.
El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.
Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo
Nacionales
La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
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