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Carrillo: Noboa debe decidir si se sienta con conspiradores o con gente con experiencia

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El general de la Policía en servicio pasivo, Patricio Carrillo, se inaugurará en la política este 2023, después de haber obtenido la primera curul nacional por el movimiento Construye en la nueva Asamblea. Carrillo llegó a ese cargo después de que el correísmo cuestionó su candidatura en varias ocasiones, pero no logró separarlo de la papeleta electoral.

Carrillo será el jefe de la bancada de Construye, que consiguió 29 escaños tras la segunda vuelta electoral, pero se quedará sólo con 28. Aun así, son el segundo bloque legislativo más grande, después del correísmo.

Exdirector general de la Policía y exministro del Interior, Carrillo asegura que su agenda en la nueva Asamblea se concentrará en los temas de seguridad. Adelanta que su grupo no ha dialogado oficialmente con ningún bloque, pero está dispuestos a hacerlo siempre dentro de sus líneas.

En entrevista con PRIMICIAS, Carrillo llamó al presidente electo, Daniel Noboa, a pensar sobre la importancia de la definición de las autoridades de la Asamblea, pues el presidente del Legislativo será parte del Cosepe.

Construye obtuvo 29 curules con los resultados de las elecciones. Sin embargo, ustedes ya anunciaron unas bajas en la bancada. ¿Cuántos asambleístas conformarán en bloque en la nueva Asamblea?

Nosotros estamos dándole forma a la fuerza política que somos. Y al darle forma, estamos definiendo algunas acciones en la agenda legislativa corta pero inmediata que hay que ponerla en ejecución. Para nosotros es importante dar resultados en el corto plazo.

Somos 28 asambleístas y con los 28 trabajaremos en función de cumplir con las propuestas que hicimos a los ciudadano, ya que eso mereció la confianza de ellos.

Primero, gobernabilidad. Segundo, trabajar en la política de seguridad, conjuntamente con el Ejecutivo. Y, en tercer lugar, viabilizar los temas que sean económico urgentes, sin que eso afecte realmente más a la ya decaída economía de la sociedad.

¿Qué pasó con estos asambleístas que no estarán en Construye? ¿Por qué las pugnas con el movimiento Gente Buena (fundado por quien fue candidato presidencial por Construye, Fernando Villavicencio)?

Más es bulla y ruido provocado justamente por actores de Gente Buena que no entendieron el momento crítico que vivíamos, y que quisieron adelantarse a un legado que que todavía era no definido.

Una asambleísta que estaba en la lista nacional como segunda, Adriana García, por una amistad, cercanía con uno de los ex dirigentes de Gente Buena, salió (de la bancada de Construye). Y la otra es una asambleísta elegida por Guayas, en uno de los distritos, que también tiene cercanía con este otro actor.

Pero nosotros, el resto, venimos trabajando cohesionadamente y articuladamente para lograr implementar, en este corto periodo, esas políticas que son fundamentales en materia de seguridad y materia economía.

¿Ya han definido ustedes quién va a ser el jefe de la bancada de Construye?

Sí, ya está definido. El jefe de bancada va a ser Patricio Carrillo y el subcoordinador va a ser el exministro de Salud, Camilo Salinas.

Entonces usted sería la persona que encabece los diálogos con las otras bancadas… ¿Ya han habido algunos diálogos con qué bancadas y hacia dónde estarían enfocados estos diálogos?

Nosotros fuimos los primeros que definimos ya lo interno. El resto no, no lo ha hecho. Hay conversaciones individuales, pero eso no tiene carácter orgánico para nosotros.

Es una falta de respeto conversar de uno en uno. Por eso, preferimos esperar que los movimientos definen cuál va a ser su vocero oficial, cuál va a ser el interlocutor válido y con quién definiremos ya las acciones que correspondan en lo que nos sintonizamos, que básicamente es lo mismo.

Todos estamos hablando de la necesidad de una agenda de seguridad con políticas absolutamente claras y una agenda económica que permita salir de los conflictos que ahora tenemos.

ADN ya anunció que su jefa de bancada será Valentina Centeno. ¿Han tenido ya algún acercamiento? ¿Están dispuestos a formar parte de una mayoría con el bloque de gobierno?

Nosotros hemos dicho toda esta semana que necesitamos esa definición (de los jefes de bancada).

El propósito por el cual Daniel Noboa buscó la Presidencia de la República no es interés personal, es cambiar las realidades que está viviendo el país. Y para eso necesitamos absolutamente del diálogo; todos debemos involucrarnos en esta acometida.

La única línea roja que hemos puesto es no a la impunidad, no a esa agenda mafiosa y corrupta de regresar mediante varios mecanismos de carácter político no jurídico a actores políticos. Ahí nosotros no vamos entrar jamás. Estaremos en la vereda absolutamente contraria.

Con el resto de actores políticos, absolutamente bienvenidos. Sé que se ha definido ya la jefatura de bancada (de ADN). Así que esperamos que, en el transcurso de estos días, podamos llegar a los acuerdos necesarios.

Esta línea roja de la que usted habla, ¿se refiere al correísmo? ¿Cómo piensan llevar una relación con la bancada de Revolución Ciudadana?

Bueno, los antecedentes que les preceden a ellos son absolutamente claros para la comprensión del ciudadano en el Ecuador. Y de hech, eso ha validado el voto hacia quien representaba lo contrario.

Ellos ahora son una minoría, políticamente hablando, y han puesto un discurso conciliador, de unión, pacifista. Esperemos, por bien del Ecuador, que sea así.

Nosotros conversaremos, sin duda, pero en la medida en que sea pro Ecuador. Cuando eso se quiera transformar en un mecanismo para extorsionar o condicionar el voto en función de la impunidad para aquellos actores políticos que tienen sentencias jurídicas, ahí nosotros automáticamente no vamos a participar.

Usted va a estar como primer vicepresidente en la sesión inaugural de la Asamblea por ser la cabeza de la segunda lista nacional más votada. ¿Ustedes, como bancada, esperarían quedarse con algún cargo de las autoridades de la Asamblea?

Nosotros somos la segunda fuerza política en el en Ecuador y, por consiguiente, nos corresponde. Haremos valer esa legitimidad.

Pero son los otros actores políticos los que deben también comprender esto, especialmente el Ejecutivo. Donde se solucionan los principales problemas, donde nace el pensamiento estratégico en materia de seguridad, es en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe, en el que participa el presidente de la Asamblea).

Por esto, el Presidente de la República debe valorar perfectamente con quién se va sentar: con conspiradores o con gente que, con la experiencia necesaria, puede sacar adelante la política de defensa, la política de inteligencia, la política de seguridad ciudadana, la política de gestión de riesgos y la política exterior, que es fundamental.

Para los acuerdos bilaterales y multilaterales, especialmente la costa del Pacífico, la política relacionada con la convivencia pacífica, la política carcelaria, la política de justicia que, respetando la independencia, también nos garantice probidad e integridad.

Entonces es él (el Presidente Noboa) el que debe entender con quién va a sentarse en mecanismos de confianza para superar los conflictos que ahora tenemos y que los estamos viviendo, especialmente la inseguridad y la economía.

En cuanto a las comisiones, ¿a cuáles apuntarían? Generalmente, la bancada que se queda fuera de la mayoría, queda relegada.

Nosotros no somos ni absolutistas ni relativistas. Nosotros creemos que la diversidad justamente es la que nos va a permitir solucionar los problemas, por lo tanto, todas las comisiones para nosotros son importantes.

Voy a poner un ejemplo: cuál es la salida económica que tiene ahora el país? La salida económica que tiene es debilitar las reservas internacionales, un tema que yo creo que está vedado.

Otra opción podría ser la carga impositiva para los ciudadanos, que me parece que tampoco es un momento. Y quedan otros mecanismos como regular y recortar los gastos sociales, es decir, un estado funcionando al mínimo, un estado que no garantice los temas sociales.

O también mecanismos de explotación racional y técnica de los recursos, especialmente los recursos mineros. Ahí hay un mecanismo y la Comisión de Biodiversidad sería fantástica para poder debatir estos temas con las cámaras.

Todas las comisiones, absolutamente todas las comisiones, son importantes. La de Educación, pues nosotros creeríamos que la reforma educativa debe venir.

Estar presentes en todos los espacios nos corresponde, así como les corresponde a todas las fuerzas. Creemos que más bien hay que identificar los perfiles adecuados que tienen mayor comprensión sobre cada tema y que, por su propia formación y especialización, podrían ser de mayor aporte para cada comisión.

Nosotros buscaremos eso, entre los 28, a quienes estén mejor cualificados para asumir una responsabilidad y una dirección en cualquier comisión, entendiendo que todas son fundamentales.

Construye ha propuesto una agenda legislativa. De esas propuestas, ¿cuál es una que usted cree que debería ser la principal y más urgente?

Hay varias políticas públicas que son fundamentales en materia de seguridad, que es lo que nosotros vamos a priorizar en materia de seguridad.

Necesitamos revisar el Código Integral Penal, la Ley orgánica del del sistema judicial, la Ley orgánica de las finanzas públicas inclusive, porque hay muchos mecanismos de exclusión financiera que están generando también olas de violencia y presencia de economía ilegal.

La ley de extinción de dominio, sin dudas, también la ley de inteligencia y cotrainteligencia, para la depuración de las instituciones y mejorar la calidad de gestión y la transparencia en la gestión de las instituciones, así como la coordinación y la articulación.

En eso se va a resumir nuestra actividad durante el período legislativo. Ahí iremos definiendo sobre la base los proyectos que ya se encuentran en el Legislativo, para llevarlas a los consensos y al debate necesario en las comisiones y en el Pleno, para presentar a los ecuatorianos una norma que permita enfrentar de mejor manera tanto el crimen organizado como la delincuencia común.

¿Usted cree que los 18 meses que tendrán en funciones serán suficientes para esto? El presidente electo ha anunciado que enviará proyectos económicos urgentes cada mes, y eso indudablemente ocupará buena parte de la agenda legislativa.

El Ejecutivo es el que tiene la posibilidad, ahora, con su grupo de asambleístas, de definir si quiere hacer una coalición que esté pensando en los intereses del país, o la posibilidad de hacer una (coalición) coyuntural para la designación de los cargos y luego tener conflictos y los problemas de desetabilización.

Nosotros tenemos una postura absolutamente clara. Si hacemos sumas y restas, hay dos grupos de 50-55 asambleístas. Entre ellos, el gobierno definirá con quién quiere hacer la mayoría simple para que fluyan todos estos mecanismos.

Ustedes han dicho también que uno de los temas que les interesaría fiscalizar es el del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Cómo podrían hacerlo desde la Asamblea?

A nosotros nos interesa la transparencia, la verdad y la justicia. Mientras ellos están buscando mecanismos políticos para politizar justamente la investigación, nosotros queremos que se identifique con absoluta claridad a los autores intelectuales del asesinato y a los autores del resto de negligencias que podrían estar coludidos.

Por eso, la comisión ocasional que nosotros queremos conformar y que vamos a solicitar desde el primer día. Esta no se enfocará en el tema jurídico, sino en la transparencia de la investigación. ¿Que pasó con criminalística desde el primer día? ¿Cómo protegieron la escena del delito? ¿Cómo protegieron la información que versiones preliminares tomaron sobre la base de eso? ¿Cómo se construyó una teoría del caso? ¿Cómo, administrativamente, se protegió desde el primer día a los candidatos y mucho más a Fernando Villavicencio, que venía anunciando ya amenazas ?

Hay muchas preguntas. ¿Que pasó en los centros penitenciarios? Cómo se protegió a los sicarios? ¿Cómo se manejó todo este este mecanismo de información? ¿Por qué perdieron la vida ellos?

La versión de Fernando Villavicencio ha sido una versión anticipada también, y él claramente dijo: «yo acuso a cinco asambleistas», a estas personas.

Hay varias interrogantes que nos dejan con mucho más obscuridades y necesitamos luces y transparencia para que la verdad sea la que prevalezca y para que aquellas personas que cometieron negligencias también tengan una sanción severa.

No queremos que se vuelva a repetir que las elecciones en 2025 podrían estar manchadas de sangre.

Los incentivos para que la gente buena, la gente joven, quiera hacer política, pero una política que cambia realidades, se anulan al saber que alguien que pone una voz crítica puede terminar perdiendo la vida.

En la agenda de fiscalización, además del caso Villavicencio, ¿en qué se enfocarán?

En la conciencia de la sociedad ecuatoriana está lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, lo que viene haciendo el Consejo de la Judicatura, ciertos vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

La parálisis en la Asamblea Nacional ha visibilizado todos estos conflictos. Pero no sé si habrá tiempo para, primero, terminar aquellos temas que ya se encontraban en juicio político y pasar estos nuevos a la agenda.

Pero para nosotros es más importante fiscalizar instituciones que no están siendo funcionales a las necesidades. Por ejemplo, Aduanas, el SRI, la Unidad de Análisis Financiero, porque no sabemos si se hace una adecuada revisión a la economía ilegal, y este tema es importantísimo, porque es el generador de olas de violencia y de criminalidad.

Hay otras investigaciones que también necesitamos hacer, como el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el mismo asesinato de Rubén Cherres.

Necesitamos fiscalizar el financiamiento de campañas. Recuerde que en Colombia se está investigando el financiamiento de la campaña a través del hijo del actual presidente, en dónde estaba involucrada una candidata. Estos temas no pueden quedar en impunidad. Fuente: Primicias

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Gobierno ratifica que no habrá minería en Galápagos

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La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.

Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total

La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.

La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.

Extracción limitada solo fuera del parque

La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.

No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.

También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.

La ley no amplía derechos mineros en Galápagos

El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.

Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.

Galápagos bajo protección constitucional

Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.

La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.

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Pobreza por ingresos baja a 21,8 % en Ecuador

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Ecuador cerró 2025 con una reducción en sus niveles de pobreza. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicados el 27 de febrero de 2026, muestran que la pobreza por ingresos cayó a 21,8 %, una disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El dato más llamativo no está en el promedio nacional, sino en la Amazonía.

Orellana registra la mayor caída del país

La provincia de Orellana pasó de una tasa de pobreza de 76,2 % en 2024 a 44,2 % en 2025, lo que implica una reducción de 32 puntos porcentuales.

Con ese descenso, dejó de ser la provincia más pobre del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).

El dato representa el mayor retroceso provincial en pobreza por ingresos en el último año.

¿Qué mide la pobreza por ingresos?

La pobreza por ingresos se calcula cuando el ingreso per cápita del hogar es inferior al costo de la canasta básica definida oficialmente.

Este indicador no mide acceso a servicios, sino capacidad económica mensual.

Panorama nacional en 2025

A escala nacional, el 21,8 % de la población ecuatoriana vivió en condición de pobreza por ingresos en 2025.

La reducción de 2,5 puntos frente a 2024 marca una mejora en términos estadísticos, aunque más de uno de cada cinco ecuatorianos aún no cubre el umbral mínimo de ingresos.

El comportamiento provincial evidencia brechas territoriales marcadas, con variaciones fuertes entre zonas urbanas y rurales.

El desafío pendiente

Aunque Orellana mostró la caída más significativa, su tasa de 44,2 % todavía refleja que casi la mitad de su población vive en situación de pobreza por ingresos.

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«18 plantas que procesaban oro operaban sin licencia ambiental y no podrán regularizarse», dice Ministra de Energía

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A casi un mes de que el Gobierno de Daniel Noboa dispuso la suspensión de todas las actividades mineras en Napo, Loja y El Oro, por contaminación ambiental en ríos, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, detalla en entrevista con PRIMICIAS cuáles han sido los resultados de esta medida.

Según Manzano, hasta el 25 de febrero de 2026, unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos y, por otro lado, se realizaron 105 notificaciones de cese de operaciones en plantas de beneficio en la provincia de El Oro.

La Ministra reconoce que el Gobierno todavía no ha podido tomar el control de ocho frentes de minería ilegal en Napo, en la zona de Alto Punino, por la presencia de grupos armados.

Ha pasado casi un mes desde que se suspendió la minería en Napo, Loja y en Portovelo, ¿qué resultados hay?
Cuando emitimos la resolución, el foco era la conservación de cuencas hidrográficas. Primero, la cuenca hidrográfica Tumbes- Puyango, en dos provincias, El Oro y Loja.

Y después, también pensamos en la cuenca del Napo, en donde están importantes afluentes de ese río.

Tenemos ya el último reporte de Arcom. Unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos, pero lo que dice el reporte también es que tienen ciertos puntos en donde no han podido acceder, por ejemplo, en Napo, porque son de difícil acceso; es decir, tienen que acceder por vía aérea.

En Napo se colocaron 28 sellos de suspensión. En Loja había 100 concesiones, pero se hicieron 82 inspecciones, no tenemos personal suficiente para cubrir todas. De esas, 62 siguen suspendidas, porque 20 demostraron que estaban con todo en orden.

¿Qué va a pasar con las concesiones tomadas por Los Lobos? ¿Se podría hacer una incursión como en Buenos Aires, desde el cielo?
Es diferente, Napo es plano, selva. Pero en todo caso, las Fuerzas Armadas tienen diferentes tácticas, en caso de Sierra, montaña, selva.

El año pasado tuvimos más de 390 incursiones en el tema de minería ilegal con Fuerzas Armadas.

No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar. Pero sí, vamos a llegar, siempre llegamos.

«No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar»

Si llegamos a Buenos Aires y Muyuyacu, podemos llegar a Alto Punino sin problemas, necesitamos la coordinación. Pero eso yo no lo manejo directamente, lo manejan muy confidencial entre Fuerzas Armadas y Arcom.

En Napo hay más concesiones, ¿por qué solo 28 tienen sellos? ¿No han podido acceder por temas logísticos o no pueden entrar por grupos armados?
Antes de la suspensión del 2 de febrero, ya había algunas concesiones que estaban suspendidas, por ejemplo, las cuatro del proyecto Tena, de Terraearth, que suspendimos en mayo de 2025.

Luego de la resolución emitida el 2 de febrero, sí, en Napo hay un par de puntos a los que no se ha podido acceder por temas logísticos y otros por tema de bandas, en la zona de Alto Punino. Ahí están Los Lobos.

En Alto Punino se requieren medios aéreos y seguridad. Son ocho concesiones que no se ha podido acceder.

En Napo denuncian que se han reactivado puntos de minería ilegal luego de la medida del Gobierno, ¿qué ha pasado?
Se tienen que hacer nuevamente incursiones. Pero lo que pasa es que hay filtración de información, entonces, cuando llegamos, ya no hay actividades, porque se enteran que vamos.

En las 28 concesiones suspendidas no se ha podido llevar material aurífero, porque se han llevado todo, y eso es porque les avisaron, seguro hubo fuga de información. Por eso solo se ponen sellos, no hay ni una sola acta de decomiso.

¿Qué va a pasar con minería en Napo ya que es tan difícil distinguir entre legal e ilegal? Usted habló de que se estaban alquilando concesiones
En el caso de Napo, es minería en la que hay un derecho minero, pero el problema surgió por la misma normativa. La ley de Minería del año 2009 permitía lo que se llama «silencio administrativo positivo», que decía que si en seis meses no tienes la licencia ambiental, cuando ya la solicitaste, automáticamente puedes entrar a trabajar.

Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso.

«Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso»

Por otro lado, en la ley, sí existe lo que se llaman contratos de operación.

Un pequeño minero decide que dentro de su área concesionada va a darle un contrato de operación a un tercero y esos son los que van y extraen.

Por eso, en la nueva ley minera aprobada hoy propusimos un cambio para regular los contratos de operación. Ahora solo la empresa pública Enami va a poder otorgar contratos de operación en pequeña minería.

Con eso se crea un registro y vamos a tener controlados a todos los contratos de operación que nunca le han pagado nada al Estado. Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y  sin control alguno. Podrías tener un pequeño minero y cinco contratos de operación en esa concesión.

«Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y sin control alguno»

La empresa Terraearth ha estado envuelta en polémicas por presunta contaminación y por alquiler de concesiones en Napo, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno?
El proyecto Tena, de Terraearth estaba ya suspendido desde mayo del año pasado y presentaron un plan de acción, pero no lo cumplieron.

Ellos son parte de los que hacen contratos de operación con terceros. Y sí, encontramos que ellos no estaban haciendo adecuadamente las cosas, ni en tema ambiental, ni en el tema operativo.

Entonces ya están en un proceso legal, desde la Subsecretaría de Pequeña Minería y también desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental, son dos procesos diferentes.

Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos.

«Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos»

Yo no puedo estar, con el dinero que me entra de la minería, haciendo tratamiento de las aguas o haciendo yo como Estado la reparación. Ahí estaría haciendo lo que ellos deberían de hacer. Yo debería utilizar el dinero que ingresa por minería para el bienestar de la comunidad.

Lo que hago no es porque estoy en de contra la minería, estoy en contra de la minería ilegal y de la ilegal disfrazada de legal. Estoy en contra de la contaminación.

¿Pero qué acciones tomarán con ellos? ¿Se les puede revertir las concesiones?
Yo no puedo decir qué va a pasar, son procesos que están en marcha. Además, son dos temas diferentes, el uno es de revisión del derecho minero y el otro ambiental.

¿Y qué ha pasado con las plantas de beneficio en El Oro? ¿Qué sanciones van a recibir?
Antes de haber sacado la resolución del 2 de febrero, se había hecho 15 días antes unos muestreos del agua de los dos ríos, Calera y Amarillo. Encontramos plomo cinco veces más del límite permisible, arsénico y cianuro. El cianuro, por ejemplo, estaba muy por encima de los límites permisibles.

Bajo la presunción de que pueden ser todos los operarios de plantas los que causaron eso, suspendimos actividades a todas.

Y hoy en día el agua de esos ríos tiene otro aspecto, definitivamente falta restauración, pero por lo menos ya se ve el agua limpia y también ha cambiado el olor.

Pero eso es solo visual, ¿han hecho nuevos muestreos?
Sí, los muestreos los hace la Agencia de Regulación y Control del Agua. Y también lo están haciendo en Napo.

Ellos están monitoreando, porque, lo que teníamos era una línea base de cuando ellos estaban operando, ahora quiero tener una línea base de la situación cuando ya no están operando. Tal vez en unos 10 días más sabremos cómo están esos monitoreos.

 ¿Y cuándo vendrá la reparación?
Falta la restauración de todo lo que pasaba en los márgenes de los ríos, eso tenemos que reparar, pero para eso tenemos que hacer todo un proceso sancionatorio.

Ojalá todo se resolviera en menos de un mes, pero no. Sobre todo toma tiempo la parte en la que se va a hacer responsable a alguien por la restauración.

De las 105 plantas en El Oro, 66 que tenían la licencia ambiental, pero igual las suspendimos. No importa si tienes licencia ambiental, si llego como autoridad y veo que en ese momento están contaminando eso se llama responsabilidad objetiva y son responsables de lo que en ese momento se encontró.

Sí, tienes licencia, pero estás contaminando, la licencia no te permite contaminar. La licencia te dice minimiza los riesgos.

De estas 66 plantas, luego del 2 de febrero, unas 57 me presentaron planes de acción.

¿Qué implica el plan de acción? ¿Con eso ya pueden volver a operar?
Es un instrumento en el que nos dicen qué es lo que van a hacer para reparar el daño.

Si no cumplen lo del plan se les vuelve a suspender. Solamente se ha permitido la operación nuevamente a quienes les hemos aprobado los planes de acción.

De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos, porque eran planes que se podían cumplir, hicimos inspecciones.

«De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos»

Por otro lado, hay 21 plantas que estaban en proceso de licencia ambiental; es decir, que habían estado operando sin licencia ambiental, porque la famosa Ley de Minería les permite esa majadería, por el «silencio administrativo positivo».

Y otras 18 plantas de beneficio nunca iniciaron un proceso de licenciamiento ambiental, pensaban que estaban por encima de norma. Esas no van a poder tener ningún tipo de levantamiento.

Aunque presenten plan de acción, debe haber sanciones, ¿cuáles serían?
No puedo decir de antemano cuál ser sería la sanción, eso sería prevaricato. Las sanciones están en el Código Ambiental y te dicen que puedes tener sanciones pecuniarias o sanciones administrativas. Pero los procesos están avanzando.

Habría que esperar, algunos procesos ya están en etapas de prueba. Fuente: Primicias

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