El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, respondió a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre el caso Triple A. A través de su cuenta personal, sostuvo que la causa «no solo está caída, sino procesal y probatoriamente enterrada».

Cueva afirmó que la Fiscalía y los acusadores conocen el estado del proceso y cuestionó que el mandatario se haya pronunciado sobre el juicio. Según escribió, en su cuenta personal de X, «tan evidente es el naufragio de la acusación que ahora necesitan sacar al propio Presidente de la República a dar declaraciones, como si un pronunciamiento político pudiera darle oxígeno a un muerto jurídico».

El jurista también señaló que los procesos penales deben sustentarse en elementos probatorios y no en discursos públicos. «Los procesos penales se sostienen con prueba, no con micrófonos; con hechos, no con narrativa», manifestó en su publicación.

Además, criticó el trabajo de la Fiscalía dentro del caso Triple A y aseguró que el desarrollo del juicio ha evidenciado debilidades en la investigación. «Del embarazoso papel que ha hecho la Fiscalía en este caso será muy difícil volver. Cada día de juicio ha dejado más preguntas sobre la investigación que respuestas sobre el supuesto delito», escribió.

Las declaraciones del presidente sobre el juicio

Las declaraciones de Cueva se producen después de que el presidente Daniel Noboa rechazara que el proceso contra Aquiles Álvarez tenga motivaciones políticas. En una entrevista, el lunes 27 de julio de 2026, con Radio Sucre, el mandatario calificó esa versión como un «manotazo de abogado» y afirmó que el alcalde «nunca pensó que le iba a caer la ley».

Durante ese diálogo, Noboa sostuvo que el proceso debe seguir su curso en las instancias judiciales y afirmó que, de comprobarse las acusaciones, el perjuicio económico para el Estado superaría los $ 60 millones. Sus declaraciones se dieron mientras continúa el juicio contra Álvarez, quien durante su testimonio cuestionó la no comparecencia de la denunciante original del caso, Nicole Dixiana Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en el juicio. Fuente: expreso.ec

El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió este lunes, 27 de julio de 2026, por hasta tres meses y sin remuneración a los tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos en el denominado caso Goleada.

La medida alcanza a los magistrados Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Según la Judicatura, los jueces se habrían extralimitado en sus funciones al pronunciarse sobre aspectos de fondo de la causa cuando únicamente debían resolver la apelación contra la prisión preventiva. De esta forma, habrían incurrido en error inexcusable, tal como lo señaló la Corte Nacional de Justicia.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, aclaró que la suspensión tiene carácter preventivo mientras se desarrolla el sumario disciplinario. Agregó que la decisión no representa una sanción definitiva ni implica una determinación de responsabilidades.

De acuerdo con el procedimiento, la suspensión es un paso previo a la posible destitución de los magistrados.

El 2 de abril de 2026, la sala aceptó la apelación presentada por Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques, y ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en el caso Goleada. No obstante, el alcalde permaneció detenido porque pesaban sobre él otras dos órdenes de prisión relacionadas con el caso Triple A y el presunto incumplimiento del uso del grillete electrónico.

El 1 de junio el juez del caso Goleada, Jairo García, ordenó la captura de dos primos del alcalde Alvarez, para quienes el fiscal Dennis Villavicencio había pedido la prisión preventiva luego de vincularlos a esta investigación.

El caso Goleada investiga a 17 personas por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con la supuesta introducción al sistema financiero de recursos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte. Entre los procesados figuran varios familiares de Aquiles Alvarez, incluidos sus hermanos, su esposa, su madre y sus primos.

Tras la decisión del tribunal, de revocar la prisión de los detenidos en el caso Goleada, el fiscal general, Carlos Alarcón, había presentado ante la Corte Nacional una denuncia contra los jueces que actuaron en el caso Goleada.

Entre los razonamientos de la Corte Nacional consta que el “error” del tribunal de Pichincha al liberar a los detenidos “causa un daño a la administración de justicia, al desconocer el objeto de cada una de las etapas que componen el proceso penal”. Fuente: Primicias

Quito, Ecuador. – En marzo de 2026, la prensa nacional reportó el caso de una familia de Saapapentsa, en Taisha, que caminó durante tres días para conseguir atención médica para sus hijos mellizos de dos meses. El caso evidenció una realidad persistente de las comunidades amazónicas: cuando ocurre una emergencia, el primer obstáculo no siempre es clínico, sino territorial, económico, cultural y lingüístico.

En la Amazonía fluvial, una emergencia puede comenzar mucho antes de que una persona llegue a un hospital. La respuesta depende de reconocer señales de alarma, comunicar la necesidad de ayuda, activar transporte terrestre, fluvial o aéreo, financiar desplazamientos, superar barreras idiomáticas y llegar a un establecimiento con capacidad resolutiva. En territorios dispersos, cada retraso puede convertir una condición tratable en una complicación grave.

Este desafío constituye el punto de partida de “Tejiendo Cirugía Global: rutas interculturales para emergencias quirúrgicas en la Amazonía fluvial ecuatoriana”, un proyecto ecuatoriano desarrollado en el marco de la Global Surgery Advocacy Fellowship, iniciativa internacional impulsada por Operation Smile, la University of Global Health Equity y el Nkafu Policy Institute, orientada a fortalecer liderazgos locales en defensa del acceso seguro, oportuno y asequible a la atención quirúrgica y anestésica.

La propuesta parte de una premisa concreta: el acceso a la salud no depende solo de hospitales, profesionales o equipamiento. También depende de la confianza entre comunidades y servicios, del reconocimiento de saberes locales y de la capacidad institucional para adaptar sus rutas de referencia a las condiciones reales del territorio. Por ello, el proyecto busca comprender y fortalecer los caminos sociales, comunitarios e institucionales que permiten responder a emergencias quirúrgicas, obstétricas y traumáticas en comunidades amazónicas.

“Las comunidades amazónicas han desarrollado durante generaciones formas propias de cuidar la vida y responder ante la urgencia. El desafío no es reemplazar esos conocimientos, sino construir puentes confiables con el sistema de salud para que la atención llegue a tiempo, con seguridad y pertinencia cultural”, señala el doctor Alejandro Torres Balarezo, médico ecuatoriano, doctorando en Ciencias Biomédicas y fellow de la Global Surgery Advocacy Fellowship.

La magnitud del desafío supera el caso ecuatoriano. La Comisión Lancet sobre Cirugía Global estimó que cerca de cinco mil millones de personas en el mundo no acceden a atención quirúrgica y anestésica segura, asequible y oportuna cuando la necesitan; además, calculó que se requieren alrededor de 143 millones de procedimientos quirúrgicos adicionales cada año para evitar muertes y discapacidades prevenibles. La Organización Mundial de la Salud también reproduce estas cifras como referencia global sobre la brecha de cirugía segura.

Detrás de estas estadísticas existen trayectorias humanas complejas que rara vez aparecen en los indicadores: familias que deben desplazarse durante horas o días, comunidades que enfrentan barreras lingüísticas y territorios donde la distancia modifica el pronóstico. En Ecuador, el problema se expresa con especial intensidad en provincias amazónicas con alta ruralidad, dispersión geográfica y pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El Censo de 2022 registró 182.166 habitantes en Orellana y 6.872 en el cantón Aguarico; además, los análisis oficiales de pobreza por necesidades básicas insatisfechas muestran que Orellana se ubica entre las provincias donde más del 80 % de la población se encuentra afectada por esta condición.

El corredor fluvial del río Napo constituye un escenario estratégico para esta discusión. Allí convergen comunidades ribereñas, centros de salud de primer nivel, servicios básicos con capacidad limitada y puntos de referencia como Nuevo Rocafuerte, Tiputini y El Coca. En ese territorio, la continuidad de la atención exige algo más que disponibilidad formal de servicios: requiere comunicación temprana, rutas claras de referencia, coordinación comunitaria, transporte oportuno y mecanismos de enlace intercultural.

La iniciativa surge en un momento clave para el país. El Ministerio de Salud Pública ha anunciado una nueva organización territorial institucional que prioriza direcciones provinciales y oficinas técnicas, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y acercar la gestión pública a la población. En territorios de difícil acceso, este proceso abre una oportunidad para discutir cómo mejorar la referencia, la contrarreferencia y la respuesta sanitaria desde una perspectiva territorial e intercultural.

Lejos de plantear estructuras paralelas o sustituir competencias estatales, el proyecto busca generar evidencia a través de la sistematización de experiencias comunitarias; promover espacios de gobernanza intercultural entre actores comunitarios e institucionales; identificar barreras culturales, administrativas, lingüísticas y logísticas dentro de las rutas de atención; y formular recomendaciones técnicas para que las políticas públicas respondan mejor a las condiciones reales de las poblaciones amazónicas.

La iniciativa cuenta con respaldo y acompañamiento académico y técnico de actores nacionales e internacionales comprometidos con la equidad en salud global, entre ellos Operation Smile, el Nkafu Policy Institute, la University of Global Health Equity y la Corporación Latinoamericana para la Salud.

Más allá del Ecuador, la propuesta aspira a contribuir a una conversación global sobre cirugía, salud pública e interculturalidad. Mientras buena parte del debate se concentra en infraestructura, equipamiento y talento humano, esta iniciativa enfatiza un componente menos visible pero decisivo: que las respuestas sanitarias lleguen efectivamente a las poblaciones, respetando sus contextos geográficos, sus formas de organización y sus conocimientos locales.

Una ruta de emergencia verdaderamente efectiva no solo conecta una comunidad con un hospital. También articula alerta temprana, transporte, coordinación, interpretación cultural, confianza y capacidad resolutiva cuando más se necesita.