En entrevista concedida, Franco Tamay Vega, director del programa Tertulia Jurídica, dio a conocer importantes novedades sobre el crecimiento y proyección académica de este espacio jurídico que se transmite a través de Diario El Amazónico. El director destacó que el programa, con aproximadamente ocho a nueve meses de emisión continua, ha experimentado un crecimiento sostenido y exponencial, consolidándose como un referente nacional en el análisis jurídico.

Como parte de la conmemoración de su primer año de creación, Tertulia Jurídica contará con la participación especial del reconocido jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el próximo 1 de abril, a partir de las 19h00, en una transmisión gratuita dirigida a la comunidad jurídica, estudiantes de Derecho y ciudadanía en general, especialmente del sur del país y de la Amazonía ecuatoriana. La presencia del exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un hito histórico, al ser una de las primeras ocasiones en que un programa jurídico académico en Ecuador logra acercar a la ciudadanía de este nivel fuera del ámbito universitario tradicional.

Durante la entrevista, Tamay Vega subrayó que el objetivo central de Tertulia Jurídica es democratizar el conocimiento legal, acercando la normativa jurídica a la población de manera clara y comprensible. El programa promueve el diálogo entre juristas nacionales e internacionales con la ciudadanía, permitiendo que los oyentes comprendan mejor los procesos civiles, penales, laborales y constitucionales, y conozcan el rol técnico que desempeñan los abogados en cada caso. Asimismo, el espacio mantiene un compromiso social, ofreciendo orientación jurídica gratuita como parte de la función ética del ejercicio profesional del Derecho.

Finalmente, el director del programa destacó el respaldo de Diario El Amazónico como medio pionero en la creación y difusión de este espacio académico único en el país, que contribuye a la formación jurídica de estudiantes, profesionales y ciudadanos, en un contexto nacional marcado por desafíos estructurales en el sistema de justicia. Además, anunció que durante los meses de marzo y abril se contará con la participación de fiscales y abogados especializados en derecho penal, constitucional y laboral, así como docentes internacionales, cuyos horarios serán ajustados por la diferencia horaria con Europa, reafirmando así la proyección internacional de Tertulia Jurídica.

En una entrevista desarrollada en el comando de la Policía Nacional del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, el señor Loendy Fabricio Granda Sánchez, Mayor de Policía y Comandante Subrogante de la Subzona Zamora Chinchipe N.° 19, se refirió a la conmemoración del octogésimo octavo aniversario de profesionalización y a los 180 años de vida institucional de la entidad policial, destacando el compromiso permanente de la institución con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

Durante el diálogo, el oficial señaló que estos aniversarios representan un motivo de profundo orgullo para los servidores policiales, al formar parte de una de las instituciones más importantes del país. Subrayó que, en el contexto actual, la Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía frente a la amenaza de grupos delictivos, labor que ha significado incluso la pérdida de hombres y mujeres considerados héroes institucionales, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.

El Mayor Granda Sánchez resaltó el trabajo que se desarrolla en la Subzona Zamora Chinchipe, donde aproximadamente 600 servidores policiales cumplen funciones operativas y administrativas distribuidas en cuatro distritos, contribuyendo a que la provincia se mantenga entre las más seguras del país. En este marco, extendió un reconocimiento a los policías que diariamente desempeñan su labor con vocación de servicio y profesionalismo.

En relación con la agenda conmemorativa, informó que el viernes 6 de marzo se llevará a cabo una programación oficial a nivel nacional. En Zamora Chinchipe, las actividades iniciarán con una misa solemne a las 08:00, en la iglesia central, en honor a la institución policial, con la participación de autoridades, personal civil y policial. Posteriormente, a las 10:00, se desarrollará la sesión solemne en la Gobernación de la provincia, espacio en el cual se entregarán reconocimientos a instituciones y ciudadanos que han trabajado de manera articulada con la Policía Nacional.

En materia operativa, el Comandante Subrogante explicó que la Policía mantiene controles permanentes las 24 horas en puntos estratégicos de ingreso y salida de la provincia, como el sector de Limón (vía a Loja), la vía a San Luis y el sector de Chuchumbleza, límite con el cantón Gualaquiza. Estos operativos cuentan con la participación de unidades investigativas y del eje preventivo, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ciudadana.

Asimismo, destacó los resultados obtenidos en la lucha contra el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, señalando que en lo que va del año se ha logrado retirar del mercado cerca de un millón de dosis, lo que constituye un avance significativo en la protección de la salud pública. Añadió que se ejecutan acciones preventivas en unidades educativas, consideradas sectores vulnerables, mediante controles en los horarios de ingreso y salida de estudiantes y proyectos de policía comunitaria en coordinación con comisarías e intendencias.

El Mayor Granda Sánchez enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario, retomando la organización barrial y la participación ciudadana como ejes fundamentales para la prevención del delito. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una actitud responsable, especialmente en lo relacionado con el arrendamiento de viviendas, ante el incremento de la migración interna motivada por factores económicos y productivos de la provincia.

Finalmente, reiteró que la Policía Nacional de Zamora Chinchipe mantiene su compromiso de continuar con operativos permanentes, capacitación constante de su personal y una actuación firme contra quienes integran estructuras delictivas, siempre en estricto respeto a los derechos humanos. Extendió una invitación abierta a la ciudadanía y a las autoridades locales para participar en los actos conmemorativos del viernes 6 de marzo, reafirmando el lema institucional de servicio y vocación al pueblo ecuatoriano.

El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.

Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.

El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.

En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.

En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.

Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.

Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.