Ante la constante incógnita de la administración de justicia, donde la población dice sentirse afectada ante los veredictos de los jueces. Se han creado varias hipótesis con respecto al trabajo de los funcionarios judiciales, que podría ser por corrupción, amenaza, extorsión, etc. Cuales serían la o las variables que impiden que se genere justicia en el Ecuador.
Ante ello, Luis Cañar considera que se debe implementar la propuesta de ‘los jueces sin rostro’, donde su identidad no será revelada, que garantice la seguridad y vida de los funcionarios del aparataje judicial.
Crisis de inseguridad:
Este tema ha escaldo grandes pasos en el país; pues, ciudades y provincias consideradas como seguras, están teniendo eventualidades que ponen en zozobra la tranquilidad de la población y es un tema con el que el gobierno y sus dependencias como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional debe luchar, con tal de mantener la paz y seguridad.
Pero, la crisis es desde mucho tiempo atrás, puesto que los gobiernos anteriores permitieron el ingreso de ciudadanos extranjeros, sin el debido control del pasado judicial, así lo dijo Luis Cañar, servidor policial en servicio pasivo. Pese a que existen extranjeros que trabajan y buscan cumplir sus metas, pero sin afectar a terceros, hay quienes solo buscan generar más violencia.
Considera que el actual gobierno debe reformar la Constitución del Ecuador y las leyes que hoy en la actualidad, benefician al delincuente, esto porque existen leyes que impiden a los policías disparar, ya que corren el peligro de perder su profesión e ir tras las rejas.
“En el tiempo de Alfaro vive Carajo, también atravesamos una crisis como policías, pero teníamos el apoyo del gobierno con el cual se pudo combatir y neutralizar su avance”, expuso Cañar. Además, asegura que estas cosas ya las vivieron, sabe cómo deben actuar, pero no se ha hecho absolutamente nada.
Hace años atrás la Asociación de Policías en Servicio Pasivo, presentaron una reforma al COIP con la finalidad de que el policía tenga las herramientas para poder realizar su trabajo y hasta el día de hoy no le han dado paso, por la falta el trabajo de ciertos asambleístas y funcionarios judiciales, han dejado ver que la justicia en el Ecuador es algo que no se imparte.
La ciudadanía esta temerosa y prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a sufrir alguna situación en contra de ellos o su familia y que la población también debe apoyar las acciones de las autoridades, de las fuerzas de seguridad como lo es la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano.
Como un acto de civismo, volverían a las calles. “Como policías en servicio pasivo hemos manifestado que, si en algún momento la institución nos llama a colaborar, estamos listos para apoyar, porque nosotros también hemos vivido momentos difíciles”, expuso el expolicía, aunque ya no tengan las mismas fuerzas, pero hay estrategias y la experiencia necesaria.
Tienen la preocupación con los policías en la época actual, porque han sido condenados por haber luchado contra la delincuencia. Policías que han muerto, que están en hospitales, o han terminado en condición de discapacidad con tal de cumplir con el juramento que dieron cuando ingresaron a la institución, incluso ofrendando su propia vida.
Porte de armas y su importancia:
Dice que esta es una situación que puede traer consecuencias graves, en vista de que se ha conocido casos donde no se toma en cuenta el aspecto psicológico, y el tema de los permisos donde cuestiona el tema burocrático, donde no se analiza correctamente la situación de cada persona, antes de otorgar un permiso de funcionamiento.
Según su conocimiento, las armas, se las adquiere en la ciudad de Guayaquil de forma legal, en instituciones autorizadas por las Fuerzas Armadas. Pero, también se las expenden de forma ilegal.
Hay dos temas importantes: el porte y la movilización de armas, porque si el propietario, sale del territorio donde le dieron el permiso, puede ser decomisada., para ello, debe tener una licencia para movilizarla y la actividad para la que está destinada.
La ciudadanía se esta organizando con la Policía Nacional y las autoridades con las alarmas comunitarias para de forma conjunta resguardar las pertenencias y el trabajo de las personas ante las crecientes olas de delincuencia. LM
