Nacionales
PSC, PK e ID no ven causales para que Ejecutivo invoque la muerte cruzada

En la Asamblea Nacional, la mayoría opositora cree que el presidente Guillermo Lasso no tiene argumentos para sustentar alguna de las tres causales para decretar la muerte cruzada.
Representantes de la Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK) y Partido Social Cristiano (PSC) consideran que, si bien Lasso puede decretar la disolución del Legislativo, no hay sustentos para su decreto.
El correísmo no solo impulsa el juicio político en contra del Primer Mandatario también pide que el Ejecutivo active ese mecanismo. Para la asambleísta de esta tienda política, Viviana Veloz, la única causal que podría invocar sería la de grave conmoción interna.
Las causales a las que puede recurrir
El artículo 148 de la Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo decrete a disolución de la Asamblea (Muerte Cruzada):
- La Asamblea se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente
- Legislativo obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- Grave crisis política y conmoción interna.
De las tres, solamente la primera requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC). El resto solo depende del Presidente. Sin embargo, como lo plantea la constitucionalista Pamela Aguirre, es necesario que justifique y motive de forma adecuada por qué se configura cualquiera de las dos causas que no requiere pronunciamiento de la CC.
Por ejemplo, la misma asambleísta Veloz (UNES) dice que las muertes violentas debido a los niveles de inseguridad que vive el país es razón suficiente para argumentar la conmoción interna.
Sin embargo, Aguirre explica que ya hay pronunciamientos de la CC sobre qué se considera grave conmoción interna y, tras los decretos de estado de excepción emitidos por el Gobierno por ejemplo, se ha establecido que la inseguridad no lo es.
Los asambleístas Mario Ruiz, coordinador del bloque de PK y Ramiro Narváez, de la ID, coinciden en que no hay argumentos para justificar la causal del bloqueo al cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Ambos recuerdan que han existido leyes de iniciativa del Ejecutivo que han sido aprobadas en la Asamblea. Una de las últimas, por ejemplo, fue la Ley de Transformación Digital.
Hay que recordar que el Ejecutivo no ha enviado sus reformas laborales, ofrecidas desde el inicio de su gestión. Sin embargo, eso no puede interpretarse como un bloqueo ya que, hasta el momento, el proyecto no ha llegado al Legislativo.
Pero, para el experto en Derecho y analista político, Esteban Ron, esta sería la causal a la que podría recurrir el Ejecutivo. Dice que el Plan Creando Oportunidades tiene ejes, entre ellos, trabajo, paz (seguridad) y educación.
Según Ron, por ejemplo, se puede interpretar como un bloqueo el que la Asamblea no haya dado paso a cambios legales que hubiesen permitido un régimen paralelo para generar trabajo. En cuanto a seguridad, podría argumentar las demoras en el tratamiento de leyes sobre este tema.
En este escenario, legisladoras como Nathalie Viteri, del PSC, consideran que no hay causales para emitir el respectivo decreto. El martes pasado en Ecuavisa, la Asambleísta dijo que la Muerte Cruzada no le conviene a ninguna de las partes.
Su declaración no es cosa menor. Ella apuntó un hecho clave: en caso de ir a elecciones nuevamente, con la crisis política y de seguridad, es poco probable que los actuales asambleístas y Gobierno se reelijan.
¿Qué podría pasar tras el decreto?
El asambleísta Mario Ruiz anticipa que, en caso de que Lasso decrete la muerte cruzada, acudirán a la CC para que se pronuncie sobre esa decisión.
La experta Pamela Aguirre dice que es posible que se realice un control constitucional. Para eso se requeriría de una demanda de acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales.
Ese recurso les permitiría a quienes la presenten, que sea directamente la CC la que resuelva. Esto porque también se podría presentar una acción e protección. Sin embargo, eso debe pasar por al menos dos instancias previas, antes de llegar a la Corte Constitucional. Fuente: El Comercio
Nacionales
6.218 privados de la libertad, sin sentencia ejecutoriada, sufragan en Ecuador

En Ecuador, 6.218 personas privadas de libertad (PPL), sin sentencia condenatoria ejecutoriada, sufragan este jueves, 6 de febrero de 2025. Ellos son los primeros en cumplir con este derecho previo al domingo, 9 de febrero, día en que serán los comicios para elegir Presidente y Vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, y parlamentarios andinos.
El voto es facultativo para este grupo y la jornada se realiza en 69 juntas electorales de 42 centros de privación de libertad. En esta elección, las juntas receptoras del voto estarán integradas por dos funcionarios electorales y un privado de la libertad en cada mesa.
La mañana de hoy jueves, se realizó la inauguración de este sufragio. El acto formal fue en el auditorio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Diana Atamaint, presidente del organismo, sostuvo que pese a que hoy sufragan, los votos serán contabilizados pasadas las 17:00 del 9 de febrero.
En la inauguración también estuvo presente Luis Zaldumbide, director nacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Él enfatizó en que «Asegurar la participación política de este grupo de personas significa reconocer su dignidad humana».
En esta elección, las juntas receptoras del voto estarán integradas por dos funcionarios electorales y un privado de la libertad en cada mesa. La jornada electoral terminará a las 17:00 de hoy, jueves.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint señaló que el conteo de estos votos se realizará el domingo 9 de febrero de 2025.
Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Fabricio Colón P. recibió nueva sentencia por tráfico de armas

Fabricio Colón P., cabecilla de la agrupación criminal «Los Lobos», fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Es el tercer proceso contra el sujeto, quien anteriormente fue condenado a cinco años de prisión por el delito de intimidación, tras amenazas contra la fiscal general Diana Salazar; y otra de cinco años, como coautor de secuestro.
Un Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado determinó la culpabilidad de Fabricio Colón P., quien fue sentenciado junto a Ana María P., Eddye S., Wiliam A. y Carlos Z. Todos ellos fueron identificados como miembros de «Los Lobos», en la facción conocida como «Mafia Colón Pico».
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal de la Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) presentó ante el Tribunal las evidencias recabadas en la fase investigativa, como el testimonio de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, las pericias balísticas, entre otros.
La resolución también obliga a los sentenciados al pago de veinte salarios básicos unificados (USD 9.400), como multa.
Fabricio Colón P. cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad de «La Roca», en Guayaquil, tras ser capturado por el Bloque de Seguridad en un operativo ejecutado en Puerto Quito, el 22 de abril de 2024.
Nacionales
CNE y AME firman acuerdo de cooperación interinstitucional para las Elecciones Generales 2025

Con el objetivo de fortalecer el control y el orden en los exteriores de los recintos electorales durante las Elecciones Generales 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) suscribieron, el 4 de febrero de 2025, un acuerdo de cooperación interinstitucional.
Durante la firma del convenio, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que este acuerdo representa la renovación de compromisos orientados a fortalecer la democracia en el país. «La suma de voluntades hace posible que los procesos electorales sean responsabilidad de todos», enfatizó.
Por su parte, el presidente de la AME, Patricio Maldonado, resaltó la importancia de la articulación interinstitucional para garantizar una jornada electoral ordenada y segura. «Extendemos la mano para integrar este equipo de trabajo», acotó.
El acuerdo establece diversas estrategias, entre ellas, la socialización del Protocolo de Control Externo en los Recintos Electorales con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, con el fin de regular la ocupación del espacio público en los 221 cantones del país. Además, se contemplan medidas para el control de las ventas informales en los alrededores de los recintos electorales, asegurando el despeje de rutas de acceso, salida y evacuación. Estas acciones contribuirán a garantizar un entorno ordenado y seguro durante la jornada electoral.
El CNE y la AME reafirman su compromiso con el fortalecimiento del proceso electoral, promoviendo la cooperación interinstitucional para el beneficio de la ciudadanía y la democracia en el Ecuador.
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