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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Alcaldía de Zamora firma contrato para reactivación de la pista aérea de Cumbaratza

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El miércoles 18 de marzo de 2026, en la ciudad de Quito, el alcalde del cantón Zamora, Manuel González, suscribió el contrato de arrendamiento de la pista aérea de Cumbaratza con la Compañía Aeroportuaria Central CACCE S.A.S., representada legalmente por Alberto Eusebio Reyero Llamazares.

El acuerdo establece un plazo de 60 meses y tiene como objetivo principal la reactivación, operación y mantenimiento de la pista aérea bajo los lineamientos y normativa técnica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), garantizando estándares de seguridad y eficiencia en la prestación del servicio aeroportuario.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura de transporte del cantón Zamora y de la provincia de Zamora Chinchipe, orientada a mejorar la conectividad aérea con el resto del país. La reactivación de la pista de Cumbaratza permitirá optimizar los tiempos de desplazamiento, facilitar el acceso a servicios, promover el turismo y dinamizar la economía local.

Desde la administración municipal se destacó que este proyecto representa un avance significativo en la integración territorial, al consolidar un punto estratégico de enlace aéreo en la región amazónica. Asimismo, se subrayó que la articulación con el sector privado permitirá garantizar la sostenibilidad operativa de la infraestructura.

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Policía Nacional implementa códigos QR de proximidad comunitaria para fortalecer la seguridad en Zamora Chinchipe

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La Policía Nacional del Ecuador refuerza sus estrategias de seguridad ciudadana en la provincia de Zamora Chinchipe mediante la implementación de los códigos QR de proximidad comunitaria, una herramienta tecnológica orientada a la prevención de delitos como la extorsión y el robo.

Esta iniciativa se enmarca en un enfoque de seguridad preventiva y participativa, que busca optimizar la comunicación entre la ciudadanía y los servidores policiales. Los códigos QR han sido ubicados estratégicamente en locales comerciales, entidades financieras y otros puntos de alta concurrencia, facilitando el acceso inmediato a canales de contacto directo con la Policía Nacional.

A través del escaneo de estos códigos mediante dispositivos móviles, los ciudadanos pueden alertar de manera ágil sobre situaciones de riesgo o emergencias, permitiendo una intervención oportuna y eficaz por parte de las unidades policiales desplegadas en el territorio.

La implementación de esta herramienta fortalece el modelo de policía comunitaria, promoviendo la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía en la construcción de entornos seguros. Además, contribuye a mejorar los tiempos de respuesta ante incidentes y a generar mayor confianza en los mecanismos de seguridad pública.

Desde la institución policial se reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la comunidad, impulsando acciones preventivas que permitan reducir los índices delictivos y garantizar la tranquilidad de la población en Zamora Chinchipe.

“Trabajamos de la mano con la comunidad para fortalecer la seguridad y prevenir el delito”, enfatizó la Policía Nacional, destacando la importancia de la participación ciudadana en estos procesos.

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Concejo Municipal de Zamora aprueba ampliación de comodato para fortalecer la seguridad vial y ciudadana

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El martes 17 de marzo de 2026, en el Salón del Pueblo del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Zamora, se desarrolló la Sesión Ordinaria N.º 11 del Concejo Municipal, presidida por el alcalde Manuel González Salinas, con la presencia de los señores concejales, quienes instalaron la sesión con el quórum reglamentario.

Durante la jornada, se adoptó una de las resoluciones más relevantes en materia de seguridad para el cantón y la provincia: la autorización para la ampliación por 25 años del comodato de un lote de terreno de 3.158,58 m², ubicado en la urbanización Estancia Romero–Mejía, a favor del Ministerio del Interior del Ecuador – Policía Nacional del Ecuador. Este espacio será destinado al funcionamiento del Centro de Retención Técnica Vehicular a nivel provincial.

La decisión representa un avance significativo en la gestión del ordenamiento territorial y la seguridad, ya que permitirá contar con un espacio adecuado para la custodia de vehículos retenidos y siniestrados. Actualmente, estos automotores ocupan áreas que afectan el libre tránsito peatonal y vehicular, particularmente en sectores como la vía Alonso de Mercadillo, a la altura de la Jefatura Provincial de Tránsito.

La implementación de este centro contribuirá directamente a mejorar el ordenamiento vial, optimizar los procesos institucionales y fortalecer la seguridad ciudadana, beneficiando a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe.

En el marco de la sesión, la María Alexandra Salcedo Arias, Coronel de Policía de Estado Mayor y Comandante de la Subzona de Policía Zamora Chinchipe N.º 19, expresó su agradecimiento al alcalde y al Concejo Municipal por el respaldo brindado, destacando la importancia de este tipo de decisiones para fortalecer el trabajo operativo de la institución policial en territorio.

Con estas acciones, las autoridades locales y la Policía Nacional ratifican su compromiso de trabajar de manera articulada por el desarrollo, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

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