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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.

Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.

La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto.  BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.

Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.

Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.

Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:

Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.

Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.

Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.

Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.

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Municipio de Palanda y Prefectura de Zamora Chinchipe ejecutan trabajos de mantenimiento vial en el barrio Pucarón

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palanda, en coordinación con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ejecuta trabajos de mantenimiento y adecuación en las principales calles del barrio Pucarón.

Las labores comprenden el mejoramiento de la superficie de rodadura y la intervención de varios tramos viales estratégicos del sector, permitiendo optimizar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores. Estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.

De acuerdo con la planificación institucional, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe para fortalecer la conectividad urbana, mejorar el acceso a los diferentes sectores poblados y contribuir al desarrollo integral del cantón.

La coordinación interinstitucional entre el Municipio de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe evidencia el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento de la obra pública y la atención oportuna de las necesidades prioritarias de las comunidades.

Con estas acciones, las instituciones ratifican su compromiso de continuar impulsando proyectos de mejoramiento vial que contribuyan al bienestar ciudadano, la integración territorial y el desarrollo sostenible del cantón Palanda y de la provincia de Zamora Chinchipe.

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Arcsa detecta irregularidades sanitarias en establecimiento de alimentación de El Pangui

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7 y en coordinación con la Comisaría Nacional de Policía del cantón El Pangui, desarrolló una serie de operativos de control en distintos establecimientos comerciales de esta jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe, con el propósito de proteger la salud de la población y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Las acciones de vigilancia iniciaron durante la jornada nocturna con inspecciones en licorerías del cantón, así como con la verificación del cumplimiento de los turnos de atención en farmacias. Posteriormente, durante la mañana, los técnicos de Arcsa realizaron controles en cuatro establecimientos de alimentación colectiva, donde se evaluaron las condiciones sanitarias y operativas para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo de la ciudadanía.

Durante las inspecciones, los funcionarios verificaron aspectos fundamentales relacionados con las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, el uso adecuado de indumentaria por parte del personal, las condiciones generales de limpieza de las instalaciones y la implementación de medidas de control de plagas, elementos considerados esenciales para prevenir riesgos sanitarios.

Como resultado de estos operativos, Arcsa identificó que uno de los establecimientos inspeccionados incumplía las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Entre las principales observaciones realizadas constan indicios de presencia de plagas, deficiencias en los procesos de limpieza y prácticas inadecuadas de higiene, situaciones que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, la entidad reguladora informó que iniciará los procesos administrativos correspondientes, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Dependiendo de los resultados de las investigaciones y del procedimiento legal respectivo, el establecimiento podría enfrentar las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Arcsa destacó que estos controles forman parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria que se ejecutan en la Zona 7, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, promover el cumplimiento de las normas de higiene y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para que participe activamente en la vigilancia sanitaria mediante el uso de la aplicación móvil Arcsa Móvil, herramienta digital que permite reportar irregularidades, generar alertas sanitarias y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir riesgos a la salud pública y fomentar una cultura de responsabilidad sanitaria entre los establecimientos comerciales y de servicios.

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