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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Crece el malestar ciudadano por la venta de un bien municipal sin consenso comunitario

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En una entrevista concedida al medio digital Kalle TV, el concejal del cantón Nangaritza, Germán Torres, realizó un pronunciamiento público con el objetivo de aclarar su posición frente a la venta, mediante remate, de un terreno de propiedad municipal, tema que ha generado preocupación y debate ciudadano tras la difusión de varios videos en redes sociales.

Durante su intervención, Torres inició con un saludo a la ciudadanía del cantón Nangaritza y explicó su postura, señalando que siempre se mantuvo en contra de la venta del predio, decisión que —según indicó— no contó con un proceso adecuado de socialización con la comunidad del barrio Los Geranios, parroquia Zurmi.

El concejal recordó que el terreno en cuestión fue adquirido en el año 2001, durante la administración del exalcalde Modesto Vega, con un objetivo claramente definido: servir como parte del plan ambiental del cantón, considerando el crecimiento poblacional y las futuras necesidades territoriales. “Ese terreno fue comprado pensando en el manejo ambiental de la zona; hoy, con el crecimiento del cantón, su importancia es aún mayor”, sostuvo.

Torres explicó que el conflicto administrativo se origina tras la presentación de documentación por parte del concesionario Richard S. Rice, solicitando permisos de servidumbre ante la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), lo que habría desencadenado una serie de decisiones administrativas que derivaron en la determinación de vender el bien inmueble.

En ese contexto, reconoció que si bien el tema fue tratado en el seno del Concejo Municipal, nunca se realizó una socialización directa con los habitantes del barrio Los Geranios, pese a que varios concejales —incluido él— solicitaron expresamente que se convoque a la comunidad. “Ese es el origen del malestar ciudadano; la gente no fue escuchada”, afirmó.

El edil manifestó su desacuerdo con los argumentos técnicos que justifican la venta del terreno, señalando que existían alternativas legales e institucionales para conservarlo, en beneficio de las generaciones futuras. Añadió que, como Gobierno Autónomo Descentralizado, el Municipio tenía la facultad de defender ese espacio estratégico, especialmente frente a procesos vinculados a actividades mineras.

Asimismo, Torres informó que presentó formalmente una propuesta al alcalde, planteando la convocatoria al barrio Los Geranios y la realización de gestiones directas en Zamora ante la ARCOM, con el fin de hacer escuchar la voz del territorio. “No se trata solo de vender o no vender, sino de defender los intereses del pueblo”, enfatizó.

En relación con el destino de los recursos económicos provenientes del remate, el concejal señaló que no existe una aclaración oficial que confirme que dichos fondos serán utilizados para la construcción de la Casa del Adulto Mayor, como se ha mencionado en redes sociales. Precisó que, para ese proyecto, ya se había destinado un presupuesto aproximado de 60 mil dólares en el año 2024, por lo que cuestionó la falta de transparencia sobre el uso de los nuevos recursos.

Finalmente, Germán Torres reiteró su compromiso con la ciudadanía y con una gestión pública basada en la participación, la transparencia y la defensa del patrimonio municipal, subrayando que el ejercicio del poder local debe responder a las verdaderas necesidades del pueblo y no a decisiones adoptadas sin diálogo.

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Dirigencia barrial acusa al Municipio de Nangaritza de decidir “a puertas cerradas”

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En un pronunciamiento público realizado este día en la plataforma digital de Kalle tv, Manuel Medina, presidente del barrio Los Geranios, se refirió a la controversia generada en torno a la venta, mediante subasta, de un terreno de propiedad municipal, asegurando que dicho proceso no fue socializado con la comunidad ni con sus dirigentes, pese a los reiterados intentos de diálogo realizados por el barrio.

Durante la entrevista, Medina inició con un saludo a la ciudadanía del cantón Nangaritza y, de manera especial, a los habitantes de Los Geranios, señalando que su intervención responde a la necesidad de aclarar información que circula en redes sociales respecto al proceso de venta del predio municipal.

El dirigente barrial confirmó que la subasta del terreno efectivamente se ejecuta en la presente fecha, aproximadamente a las 10h00, y precisó que, si bien existen versiones que cuestionan la inacción de autoridades y dirigentes, el barrio ha realizado todas las gestiones posibles para evitar dicha venta, sin obtener resultados favorables.

En ese contexto, destacó que dos concejales del cantón han respaldado la postura del barrio Los Geranios, manifestándose en contra de la enajenación del bien, mientras que el alcalde y otros tres concejales habrían aprobado el proceso. “Hemos removido hasta lo último que hemos podido, pero no se ha logrado detener esta decisión”, afirmó.

Medina fue enfático al señalar que nunca existió un proceso de socialización formal con los comuneros, aspecto que, a su criterio, constituye una grave falencia en la gestión pública. Indicó que, como comunidad, esperaban al menos un espacio de diálogo que permitiera evaluar alternativas, como la entrega del terreno al barrio, su venta directa a la comunidad o el desarrollo de proyectos productivos que beneficien a la población local.

“El proceso se ha llevado a puertas cerradas. Nunca se nos convocó para informarnos ni para buscar acuerdos”, sostuvo el presidente barrial, quien agradeció públicamente a los concejales Germán Torres y Santos Jiménez por respaldar los intereses del barrio y mantener una postura alineada con la voluntad popular.

Asimismo, informó que el barrio presentó un escrito ante la Defensoría del Pueblo, solicitando una acción de protección, la cual no fue admitida; sin embargo, aseguró que la comunidad no desistirá de su lucha y continuará exigiendo respeto, transparencia y participación ciudadana en las decisiones que afectan al territorio.

Finalmente, Manuel Medina hizo un llamado directo a las autoridades municipales para que recuerden el mandato popular que les fue conferido, subrayando que el ejercicio del poder público implica diálogo, respeto y responsabilidad con la ciudadanía. “No se los eligió para tomar decisiones a espaldas del pueblo, sino para gestionar obras y desarrollo”, concluyó.

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Ciudadana denuncia presunto remate irregular de terreno estatal en Nangaritza

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A través de un video difundido en su perfil personal de la red social Facebook, la señora Doris Gonzaga, moradora del barrio Los Geranios, parroquia Zurmi, realizó un pronunciamiento público en el que manifestó su indignación y preocupación frente a decisiones adoptadas por las autoridades del Municipio del cantón Nangaritza, relacionadas con la venta o remate de un terreno de propiedad estatal, así como por las afectaciones ambientales derivadas de actividades mineras en el sector.

En su intervención, la ciudadana cuestionó el accionar del alcalde del cantón Nangaritza, Francisco Cordero, así como la actuación del Concejo Municipal, señalando que el predio en mención constituiría uno de los principales activos territoriales del barrio Los Geranios, con potencial para el desarrollo futuro en áreas como agronomía, ganadería y proyectos productivos sostenibles. Según lo expuesto, dicho terreno estaría siendo rematado el 26 de enero, por un monto aproximado de USD 260.000, valor que, a criterio de la denunciante, no correspondería a su importancia estratégica ni a su proyección social y económica.

La señora Gonzaga sostuvo que el bien pertenece al Estado ecuatoriano y que su administración y custodia corresponderían al Gobierno Municipal de Nangaritza, por lo que advirtió que una eventual enajenación podría carecer de sustento legal, especialmente considerando que —según indicó— aún existirían 12 hectáreas pendientes de regularización, proceso que habría sido trabajado previamente junto al arquitecto Diego Sánchez.

Asimismo, la ciudadana expresó su inquietud por la falta de socialización del proceso con los habitantes del barrio y con sus dirigentes comunitarios, cuestionando el rol de las autoridades locales en la protección de los intereses colectivos y del patrimonio público. En ese contexto, exhortó a la población a solicitar documentación certificada sobre el procedimiento administrativo del remate.

En su pronunciamiento también se abordó la problemática de la actividad minera en sectores como La Gabarra, la cual —según la denunciante— habría generado destrucción de las riberas del río, afectaciones a la playa estatal y riesgos estructurales para el puente del sector, atribuyendo estas consecuencias a concesionarios mineros, entre ellos el ciudadano Agustín Álvarez. La moradora advirtió que estas acciones podrían comprometer la seguridad, el ambiente y la sostenibilidad económica de la zona a mediano y largo plazo.

Finalmente, Doris Gonzaga hizo un llamado a la ciudadanía del barrio Los Geranios y del cantón Nangaritza a mantenerse vigilante, reflexionar de cara a los próximos procesos electorales y exigir a los funcionarios públicos el cumplimiento de principios éticos fundamentales, como la responsabilidad, honradez y transparencia en la gestión pública, señalando que el ejercicio de un cargo público implica una obligación moral con la comunidad que otorgó su confianza.

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