Por: Lic. Alonzo Cueva Rojas

Analista Político

Ecuador vive atrapado en una paradoja histórica: la riqueza de su suelo es la causa directa de la pobreza de su gente. Desde el saqueo colonial del oro en Zaruma hasta la actual explotación minera en Zamora Chinchipe, la lógica extractivista se mantiene intacta: extraer rápido, exportar en bruto y dejar el territorio vacío.

El país repite, siglo tras siglo, el mismo error estructural bajo el espejismo de una abundancia que solo beneficia a unos pocos.

El ciclo repetitivo de las materias primas

La historia económica ecuatoriana es un viaje con más náufragos que navegantes. La dependencia cíclica de un solo producto de exportación demuestra que la riqueza no se industrializa, se fuga:

Cacao (1880-1920): Enriqueció a la oligarquía costeña y financió el ferrocarril, pero la llegada de la moniliasis y la caída de precios hundieron al país en la crisis.

Banano (1950-1970): Nos convirtió en el primer exportador mundial e introdujo a grandes transnacionales, pero consolidó salarios bajos y desplazó al pequeño productor.

Petróleo (1972-actualidad): La Amazonía se transformó en el nuevo enclave. Financió la infraestructura y el Estado moderno, pero heredó deuda, contaminación en Sucumbíos y Orellana, y una alarmante vulnerabilidad externa.

 El control asimétrico: De España a Washington

Tras la independencia de 1822, la dependencia económica solo cambió de dueño. Gran Bretaña tomó el control del comercio y el crédito en el siglo XIX. En el siglo XX, Estados Unidos y los organismos multilaterales (FMI y Banco Mundial) asumieron el relevo. La deuda externa se consolidó como el mecanismo de control perfecto, resolviendo cada crisis con ajustes estructurales que recortaron el gasto social.

Hoy, bajo las promesas del libre comercio, las grandes transnacionales acaparan las ganancias. Ecuador apenas recibe impuestos mínimos y asume los pasivos ambientales. Producimos materia prima barata y compramos productos terminados caros. La riqueza se esfuma en remesas y pago de deuda, mientras las comunidades locales asumen el costo real.

Zamora Chinchipe y el nuevo Potosí

Hoy, la Cordillera del Cóndor vive una versión modernizada del despojo colonial, impulsada por maquinaria pesada y capitales chinos y canadienses. Proyectos como Fruta del Norte y Mirador repiten el patrón: exportamos roca molida y concentrado con nulo valor agregado. Las ganancias viajan a Toronto o Shanghái; en el sur ecuatoriano se quedan las regalías mínimas y el empleo temporal.

El corredor Sangay-Podocarpus, una de las zonas más biodiversas del planeta y la «fábrica de agua» de la Amazonía sur, ya sufre los impactos de la minería a gran escala en sus cabeceras de cuenca:

Contaminación: Presencia de metales pesados en el agua que afecta a comunidades Shuar, Saraguro y campesinas río abajo.

Destrucción: Fragmentación del bosque y ruptura del corredor biológico del oso de anteojos, el tapir y el jaguar.

División: El ingreso de dinero rápido rompe acuerdos locales y genera dependencia corporativa.

Ecuador compite fijando regalías más bajas que Perú o Chile, asume los costos de infraestructura y arriesga demandas millonarias en tribunales arbitrales internacionales ante cualquier conflicto.

Una salida verde frente a la encrucijada

A diferencia de la crisis petrolera de 1970, hoy existe una respuesta local estructurada en el territorio. Los Territorios de Producción Limpia (TPL) en Chinchipe y Palanda demuestran que hay otra vía. En lugar de perforar el suelo, estas comunidades conservan el bosque y producen café, cacao y ganadería sostenible de exportación. El valor se queda en la finca y los mercados europeos pagan un precio diferenciado por la conservación.

Zamora Chinchipe enfrenta una encrucijada estructural: perpetuar una economía de enclave que exporta metal en bruto y destrucción, o aprovechar su biodiversidad y su gente para exportar café, agua limpia y conocimiento agroforestal.

En resumen, el Ecuador mantiene un modelo extractivista colonial que perpetúa la pobreza al exportar materias primas en bruto, enriqueciendo a élites y transnacionales mientras genera deuda y pasivos ambientales. La minería a gran escala en Zamora Chinchipe ejemplifica este ciclo destructivo, el cual puede contrarrestarse mediante el modelo de Territorios de Producción Limpia (TPL) enfocado en la sostenibilidad local. El futuro del país depende entonces de romper, de una vez por todas, este engranaje global que nos empobrece.

El jueves 21 de mayo, mediante una rueda de prensa desarrollada en el cantón Zamora, dirigentes de Unidad Popular expusieron su postura frente a la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), relacionada con la situación jurídica y electoral de la organización política de cara a las elecciones seccionales de 2026.

Durante su intervención, el director provincial de Unidad Popular, Jeynnson Darwin Jua, expresó su preocupación por lo que calificó como un intento de eliminar políticamente a una organización que, según indicó, ha mantenido una posición crítica frente a los gobiernos de turno.

El dirigente manifestó que la decisión adoptada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto a vocales suplentes del organismo electoral, constituye una acción “caduca y fuera del plazo legal”, señalando que el tiempo establecido de 120 días para este proceso concluyó el pasado 12 de mayo.

“Desde Zamora Chinchipe rechazamos cualquier intento de golpear la democracia y limitar la participación política. Nuestra militancia está activa y continuará trabajando para participar en las elecciones del 2026”, sostuvo Jua.

Asimismo, informó que Unidad Popular mantendrá acciones legales ante el Tribunal Contencioso Electoral y, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales para defender su permanencia política y el derecho a la participación democrática.

En ese contexto, el dirigente anunció una movilización nacional prevista para el próximo 27 de mayo en la ciudad de Quito, denominada “Marcha por la Democracia y el Derecho a la Participación”, en la que participarán delegaciones de varias provincias, entre ellas Zamora Chinchipe. Jua también ratificó que las alianzas políticas en la provincia continúan vigentes y que la organización mantendrá su participación electoral “con o sin número”.

Por su parte, el coordinador, Manuel Robalino, sostuvo que el movimiento continuará vigente “mientras existan sectores populares que reclamen derechos y justicia social”. Según expresó, la organización impulsará una consulta ciudadana provincial para recoger el criterio de la población frente a diversos temas políticos y sociales.

Entre las preguntas que se plantearán a la ciudadanía constan temas relacionados con la posible revocatoria del mandato del presidente de la República, la situación política del país, el incremento del precio de los combustibles y sus efectos en el costo de vida, así como la creación de la universidad para Zamora Chinchipe y la construcción del hospital provincial.

Robalino explicó que las consultas se desarrollarán de manera presencial mediante urnas ubicadas en sectores de alta concurrencia en Zamora, Yantzaza y otros cantones de la provincia. La actividad se extenderá hasta el día domingo y posteriormente se realizará la tabulación de resultados para presentarlos públicamente a las autoridades y ciudadanía.

“Queremos que el pueblo tenga voz y pueda expresar su criterio frente a las decisiones que afectan al país y a la provincia”, manifestó el dirigente.

Finalmente, los representantes de Unidad Popular insistieron en que continuarán impulsando acciones políticas y sociales en defensa de la democracia y de los derechos ciudadanos, asegurando que mantendrán presencia activa en el escenario político nacional y provincial.

El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.

Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.

Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.

“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.

La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.

Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.

Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.

Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.

Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.

Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.

“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.

El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.

Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.

En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.

“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.

El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.

Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.

Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.

“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.