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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Crisis en salud: dos renuncias en menos de una semana sacuden Zamora Chinchipe

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Según se conoce extraoficialmente. La Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad administrativa tras la renuncia irrevocable de la Dra. Fernanda Rentería, quien permaneció apenas unos días en funciones. Con esta dimisión, se convierte en la segunda autoridad en abandonar el cargo en menos de una semana.

Este hecho se produce luego de la salida de la Dra. Karla Jiménez Coronel, su antecesora, quien también dejó el puesto de manera anticipada, evidenciando una preocupante rotación en una de las áreas más sensibles para la atención ciudadana.

La sucesión de designaciones de corta duración pone en evidencia la fragilidad en la conducción institucional del sector salud en la provincia, generando incertidumbre tanto en el personal como en la población usuaria del sistema.

Frente a este escenario, surge la necesidad de que las autoridades competentes brinden explicaciones claras y oportunas sobre la situación administrativa de la Dirección Provincial de Salud, a fin de garantizar estabilidad, continuidad en la gestión y una adecuada prestación de los servicios de salud.

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Asambleísta Héctor Valladares presenta denuncias por presunta corrupción en ARCOM y solicita investigación integral de Fiscalía

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El asambleísta Héctor Valladares presentó este lunes 6 de abril, una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero, específicamente en su dirección provincial en Zamora Chinchipe.

Según informó el legislador, la acción legal se fundamenta en hechos que se hicieron públicos el pasado 24 de marzo de 2026, cuando diversos medios locales difundieron un audio en el que, presuntamente, funcionarios de la entidad habrían solicitado pagos irregulares a mineros que operan con permisos legales. De acuerdo con la denuncia, se habría exigido un monto de 250 dólares semanales por cada maquinaria para permitir la continuidad de sus actividades extractivas.

El asambleísta indicó que, tras anunciar la presentación de la denuncia, recibió información adicional de carácter reservado que apunta a la posible existencia de una estructura organizada de corrupción al interior de la institución. Entre los datos proporcionados, se menciona que el acceso al cargo de director provincial de ARCOM en Zamora Chinchipe tendría un costo aproximado de 250.000 dólares, lo cual, de confirmarse, evidenciaría la participación de actores de alto nivel en una presunta red delictiva.

Asimismo, se detalló que las supuestas exigencias económicas no se limitarían únicamente a maquinaria pesada, sino que también incluirían otros equipos como volquetas, con pagos mensuales estimados en 500 dólares. Estas prácticas, según la denuncia, se habrían mantenido de manera sistemática durante un periodo prolongado.

El legislador manifestó su preocupación ante posibles intentos de obstaculizar la investigación, señalando que, tras la difusión del audio, personas presuntamente involucradas habrían contactado a los denunciantes para solicitar cambios de dispositivos móviles ante eventuales operativos, lo que podría evidenciar la existencia de mecanismos de encubrimiento.

En este contexto, Valladares solicitó a la Fiscalía la ejecución de diligencias investigativas exhaustivas, incluyendo allanamientos y recolección de evidencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Subrayó la necesidad de que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad, rigor técnico y transparencia institucional.

De acuerdo con estimaciones expuestas por el asambleísta, los presuntos cobros ilegales podrían generar ingresos ilícitos superiores al millón de dólares mensuales en la provincia, afectando directamente al sector minero formal y a la economía local.

La Fiscalía General del Estado habría iniciado de oficio las investigaciones correspondientes, a las cuales el asambleísta indicó que dará seguimiento en su calidad de fiscalizador, con el fin de evitar el archivo prematuro del caso y garantizar resultados efectivos en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, Valladares señaló que este caso podría no ser aislado, ya que su despacho también ha iniciado indagaciones preliminares sobre presuntas irregularidades en la gestión del Fondo Común amazónico, donde se investigaría la existencia de prácticas similares relacionadas con la aprobación de proyectos.

El legislador reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de control político y denuncias formales ante los organismos competentes, con el propósito de combatir estructuras de corrupción que, según afirmó, afectan gravemente al manejo de los recursos públicos y al desarrollo del país.

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Quishpe marca distancia: Prefecta Karla Reátegui ya no pertenece a Pachakutik

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En una entrevista concedida a un medio de comunicación del cantón Yantzaza, el coordinador provincial de Pachakutik en Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, realizó importantes precisiones sobre la situación política interna del movimiento, en particular respecto a la actual administración provincial y el escenario electoral futuro.

Durante su intervención, Quishpe señaló que la actual prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, si bien fue electa con el respaldo del movimiento Pachakutik, habría tomado la decisión de separarse de dicha organización política al inicio de su gestión. En ese sentido, enfatizó que la autoridad provincial ya no forma parte de la estructura ni de la militancia del movimiento, hecho que, según indicó, debe ser de conocimiento claro para la ciudadanía y bases partidarias, a fin de evitar confusiones.

Quishpe manifestó que la salida de la prefecta responde a una decisión personal, la cual fue respetada por la organización, sin que se hayan emitido juicios adicionales sobre las razones de su desvinculación. No obstante, reiteró que, en la actualidad, la autoridad no representa ni es candidata del movimiento Pachakutik para futuros procesos electorales.

En este contexto, el dirigente anunció que el movimiento indígena participará en los próximos comicios con candidaturas propias en todos los niveles de gobierno seccional, incluyendo juntas parroquiales, alcaldías y la Prefectura. Indicó que el proceso de selección de candidatos se encuentra en marcha, bajo los lineamientos organizativos del movimiento y con la participación de sus bases.

De manera específica, informó que el candidato de Pachakutik a la Prefectura de Zamora Chinchipe será el actual alcalde del cantón Zamora, Manuel González, quien ha sido designado como representante del movimiento para dicha dignidad.

Finalmente, el coordinador provincial reiteró que Pachakutik participará en el proceso electoral con su propia identidad política, representada por su símbolo y principios organizativos, fortaleciendo la estructura interna y promoviendo nuevos liderazgos en la provincia.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia y ciudadanía a mantenerse informados y evitar interpretaciones erróneas respecto a las candidaturas y representaciones del movimiento.

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