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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Gobierno Nacional entrega mobiliario para fortalecer los espacios educativos en Centinela del Cóndor

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, realizó la entrega de mobiliario y equipamiento a la Unidad Educativa Eplicachima, del cantón Centinela del Cóndor, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje de 362 estudiantes y docentes.

Para el periodo lectivo 2026-2027, la cartera de Estado destinó una inversión de USD 45.251,48 para la adquisición y entrega de mobiliario destinado a fortalecer los ambientes educativos de esta institución.

Entre los bienes entregados constan 360 casilleros de polietileno, 360 kits de mobiliario escolar para los diferentes niveles educativos, 27 escritorios, 22 pizarras estudiantiles, 17 pizarras líquidas, 20 sillas para docentes, 17 tableros de corcho, 27 basureros y dispensadores de jabón y papel.

Esta intervención se suma a los trabajos ejecutados durante el anterior periodo lectivo, cuando la Unidad Educativa Eplicachima fue beneficiada con la construcción integral de una batería sanitaria y un área de juegos infantiles, mediante una inversión aproximada de USD 46.000.

La obra incluyó estructuras de hormigón armado, instalaciones hidrosanitarias con sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, luminarias LED y acabados de primera calidad, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura y funcionalidad del establecimiento.

Durante la entrega, Favio Villamizar, coordinador zonal 7 del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, destacó la intervención realizada en la institución y señaló: “Es gratificante porque en esta institución educativa hemos llegado para generar un cambio que desde muchos años atrás no se veía”.

Por su parte, Génesis Álvarez, presidenta del Consejo Estudiantil, expresó su agradecimiento a las autoridades por la entrega del mobiliario y resaltó el impacto que estas acciones tienen en la comunidad educativa. “Como estudiantes nos sentimos muy contentos de contar con este mobiliario; gracias a todos por ser parte del cambio”, manifestó.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a través de la Zona 7, informó que continuará ejecutando de manera planificada la entrega de mobiliario y equipamiento en instituciones educativas de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, como parte de las acciones orientadas a fortalecer espacios educativos dignos, funcionales y adecuados para estudiantes y docentes.

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CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.

ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.

Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.

VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.

En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,

parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentradose DISPONE:

1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.

2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN

GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.

3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).

4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.

6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-

DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10

 BYRON STALIN MEDINA PACHECO

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Salvador Quishpe cuestiona la falta de consulta previa ante proyecto hidroeléctrico en Yacuambi

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El coordinador provincial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Salvador Quishpe, se pronunció sobre la preocupación expresada por comunidades del cantón Yacuambi frente al proyecto hidroeléctrico que se prevé desarrollar mediante el aprovechamiento del río Yacuchincari.

Durante una entrevista, Quishpe señaló que estuvo presente en una asamblea desarrollada en la parroquia Tutupali, donde escuchó las inquietudes de habitantes de la zona respecto al proyecto y sus posibles impactos y beneficios para la población.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el dirigente político fue la aplicación de los mecanismos de participación y consulta establecidos en la Constitución. Según manifestó, las comunidades deben contar con información suficiente y participar en los procesos relacionados con proyectos que puedan afectar sus territorios.

“La Constitución manda hacer la consulta previa, libre e informada. ¿Por qué no hacen eso? Hagan eso con las comunidades”, manifestó Quishpe durante la entrevista.

El coordinador provincial de Pachakutik aclaró que su pronunciamiento no implica una oposición automática a la construcción de proyectos hidroeléctricos, sino un pedido para que estos procesos se desarrollen dentro del marco constitucional y legal, con información transparente y participación comunitaria.

Quishpe también puso como referencia el proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, para cuestionar el nivel de beneficios que, a su criterio, han recibido las poblaciones locales después de la etapa de construcción. Señaló que durante la ejecución de este tipo de obras puede generarse empleo temporal, pero planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan beneficios sostenibles para las comunidades y la provincia.

En este contexto, sostuvo que los proyectos relacionados con recursos naturales deben incorporar una visión de largo plazo y mecanismos que permitan que parte de los beneficios permanezca en los territorios donde se desarrollan.

“Si es que hay que aprovechar esos recursos, hagamos, pero hagamos en serio pensando en el beneficio de la gente en el futuro”, expresó.

Durante la entrevista también se abordó la experiencia de Quishpe como ex prefecto de Zamora Chinchipe. Al respecto, destacó su participación en procesos de organización de los gobiernos amazónicos y señaló que una de las acciones que considera relevantes fue la lucha por la aprobación de la Ley Especial Amazónica, normativa que, según explicó, permite canalizar recursos provenientes de actividades extractivas hacia proyectos de gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía.

Quishpe sostuvo que la ciudadanía debe mantener una actitud vigilante frente a la administración de los recursos y exigir que los derechos establecidos en la Constitución y las leyes sean respetados.

Asimismo, planteó la necesidad de superar una visión limitada de generación de empleo temporal y avanzar hacia mecanismos de participación económica de las poblaciones locales. En ese sentido, mencionó como una idea personal la posibilidad de que habitantes de la provincia puedan convertirse, en determinados proyectos, en accionistas o participantes directos de los beneficios económicos.

El pronunciamiento se produce en medio del debate generado en Yacuambi entre quienes consideran que la presencia de una empresa hidroeléctrica puede representar oportunidades de empleo, dinamización económica y ejecución de obras comunitarias, y quienes demandan mayor información, participación y garantías sobre los beneficios de largo plazo.

Quishpe insistió en que cualquier decisión sobre el proyecto debe considerar la participación de las comunidades y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales aplicables, señalando que corresponde a las instituciones y a la empresa proporcionar información documentada sobre el proceso.

El debate queda así abierto entre las expectativas de desarrollo económico asociadas al proyecto hidroeléctrico y las demandas de las comunidades por participación, información y beneficios sostenibles para el territorio.

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