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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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La posible Alianza que respaldaría a Cléver Jiménez se volvería a llamar Juntos Podemos

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En una entrevista concedida a un medio radial del cantón Yantzaza, el ex prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez Cabrera, realizó un análisis integral sobre la situación actual de la provincia, abordando problemáticas relacionadas con la minería, la vialidad rural, la planificación territorial y la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo económico.

Durante el diálogo, el exfuncionario expresó su preocupación por las condiciones que atraviesa la provincia, señalando que persisten deficiencias en la atención al sector rural, especialmente en lo referente a la vialidad, pese a la existencia de maquinaria previamente destinada a estos fines. En este contexto, cuestionó la falta de planificación y mantenimiento de los equipos, lo cual, según indicó, limita la capacidad de respuesta ante emergencias derivadas de la temporada invernal.

En materia minera, Jiménez enfatizó la necesidad de ejecutar una investigación profunda que permita determinar con precisión la situación del sector, incluyendo la identificación de mineros legales e ilegales, así como la revisión de áreas concesionadas. Sostuvo que existen extensas zonas otorgadas a actores que no desarrollan actividad extractiva directa, lo que habría generado un mercado informal de subarrendamiento de espacios para explotación minera.

Asimismo, advirtió sobre la persistencia de prácticas irregulares que afectan a los pequeños mineros, quienes, según manifestó, habrían sido objeto de cobros indebidos por parte de autoridades de control. Frente a esta problemática, planteó que la solución no radica únicamente en la paralización de actividades o destrucción de maquinaria, sino en la implementación de un proceso integral que incluya: la reversión de concesiones subutilizadas al Estado, la realización de un censo minero y la posterior regularización de los trabajadores del sector.

El ex prefecto también alertó sobre los impactos ambientales derivados de la actividad minera no regulada, señalando que la ausencia de control y planificación ha generado afectaciones en ecosistemas y en infraestructura pública. En este sentido, subrayó la urgencia de articular acciones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de establecer soluciones sostenibles.

En relación con la distribución de los beneficios económicos provenientes de la minería, Jiménez indicó que, si bien existen mecanismos como el fondo común amazónico que canalizan recursos hacia la región, es necesario evaluar si estos cumplen con los principios establecidos en la normativa nacional, particularmente en lo referente a la participación del Estado en las rentas generadas por la explotación de recursos naturales.

De igual manera, sostuvo que los contratos mineros vigentes deben ser revisados para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, especialmente en lo concerniente a la participación estatal en los beneficios económicos. No obstante, aclaró que cualquier revisión debe realizarse dentro del marco legal, evitando generar incertidumbre jurídica.

En el ámbito prospectivo, Jiménez enfatizó la importancia de planificar el escenario posminero de la provincia, promoviendo sectores como el turismo, la producción agrícola, la industrialización y la comercialización de bienes con valor agregado, con el objetivo de diversificar la economía y generar fuentes sostenibles de empleo.

Finalmente, el ex prefecto confirmó que mantiene diálogos con diversos sectores sociales y políticos de la provincia respecto a una posible participación en futuros procesos electorales, «tenga la seguridad que seré candidato, lo que estamos haciendo es simplemente planificando por donde vamos a ser candidato, dijo Jiménez en una entrevista en un medio de Yantzaza». Con ello, no descarta una eventual candidatura, aunque aclaró que cualquier decisión estará supeditada a la construcción de un proyecto político integral que priorice el desarrollo de Zamora Chinchipe por encima de intereses individuales.

Jiménez concluyó reiterando la necesidad de fortalecer la articulación institucional y ciudadana para enfrentar los desafíos estructurales de la provincia, particularmente en lo relacionado con la gestión de los recursos naturales y la planificación de un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo.

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Juventud y política en Ecuador: entre la desconfianza y la necesidad de un nuevo rumbo

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Autor: Jeamphier Israel Leon Mendieta
Profesión / Cargo:  Estudiante, Analista
Ciudad / País: Zamora Ecuador
Correo electrónico: jeamphierleon4@gmail.com

Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La crisis institucional, el aumento de la inseguridad y el desgaste evidente de la clase política han generado un escenario donde la confianza ciudadana se encuentra profundamente erosionada. Sin embargo, dentro de este panorama, hay un actor clave que no está siendo plenamente comprendido: la juventud.

Hoy, miles de jóvenes ecuatorianos observan la política con distancia, escepticismo e incluso rechazo. No se trata simplemente de apatía, como muchos sectores tradicionales intentan etiquetar. Se trata de una reacción lógica frente a años de promesas incumplidas, corrupción, improvisación y una desconexión evidente entre quienes gobiernan y las verdaderas necesidades del país.

La política tradicional sigue operando bajo esquemas antiguos: estructuras cerradas, liderazgos desgastados y discursos que ya no conectan. Mientras tanto, las nuevas generaciones han cambiado la forma de informarse, de opinar y de participar. Ya no dependen de los canales clásicos; hoy construyen criterio desde redes sociales, espacios digitales y dinámicas mucho más horizontales. Sin embargo, esa transformación no ha sido acompañada por el sistema político.

El resultado es peligroso: una democracia donde los jóvenes no se sienten representados ni convocados. Y cuando una generación entera pierde la confianza en las instituciones, lo que está en riesgo no es solo el presente, sino el futuro mismo del país.

Pero este escenario también abre una oportunidad. La juventud no está ausente; está observando, cuestionando y esperando algo distinto. Existe una demanda clara por liderazgos auténticos, por coherencia entre discurso y acción, y por una política que deje de ser un espacio de privilegios para convertirse en un verdadero servicio público.

El desafío es enorme. No basta con incluir jóvenes en listas electorales como un requisito simbólico. Se necesita una renovación real: nuevas ideas, nuevos liderazgos y una forma distinta de hacer política. Una política más cercana, más transparente y, sobre todo, más responsable.

Ecuador no puede seguir atrapado en las mismas dinámicas que lo han llevado a la crisis actual. Si la política no evoluciona, la desconexión con la juventud seguirá creciendo, y con ella, el debilitamiento de la democracia.

Hoy más que nunca, el país necesita tender puentes entre generaciones. Escuchar, comprender y abrir espacios reales de participación. Porque si algo está claro, es que el futuro del Ecuador no se va a construir sin los jóvenes… pero tampoco con la política de siempre

La política no es un show, es una responsabilidad.

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¡Fin de una era! Coronel Salcedo cuelga el uniforme tras décadas de servicio incansable

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Tras una destacada trayectoria de 32 años de servicio en la Policía Nacional del Ecuador, la Coronel de Policía de Estado Mayor (S.P.), María Alexandra Salcedo Arias, anunció la culminación de su carrera institucional, marcando el cierre de un ciclo caracterizado por el honor, la vocación y el firme compromiso con la seguridad ciudadana y el orden público.

Durante su trayectoria, la Coronel Salcedo desempeñó funciones en diversas regiones del país, incluyendo la Costa, Sierra, Galápagos y, finalmente, el Oriente ecuatoriano. Su última responsabilidad fue como Comandante de la Subzona Zamora Chinchipe, cargo que ejerció con liderazgo y dedicación, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la seguridad en la provincia.

En su mensaje de despedida, destacó que cada etapa de su vida institucional consolidó su convicción de servir con entrega, responsabilidad y profundo respeto por la institución policial. Asimismo, señaló que su retiro voluntario responde a la satisfacción de haber cumplido con su misión constitucional, guiada permanentemente por los principios de valor, disciplina y lealtad.

La Coronel Salcedo expresó su reconocimiento a las autoridades, a la ciudadanía y, de manera especial, a los servidores policiales, resaltando el trabajo conjunto, la confianza y el respaldo como elementos clave para el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento de la seguridad en Zamora Chinchipe.

Finalmente, manifestó que concluye esta etapa con un profundo sentido de gratitud, llevando consigo el respeto, la amistad y las experiencias compartidas, así como la certeza de que los valores adquiridos durante su carrera continuarán orientando su vida personal y profesional.

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