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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Familias de Chicaña esperan nuevas calles y servicios básicos con la renovación urbana

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La preocupación por la escases de agua y ausencia de servicios sanitarios adecuados, serán cosa del pasado en la convivencia de los moradores del centro parroquial de Chicaña. Y es que, la Alcaldía de Yantzaza, lleva adelante la construcción del proyecto de Renovación Urbana Sostenible de la Cabecera Parroquial.

Es el caso del hogar de doña Segunda Puchaicela, que habita en las inmediaciones de uno de los barrios que se intervienen. Ella es consciente de que, a pesar de las incomodidades que hoy se presentan, en los meses siguientes, los beneficios serán mayores.

“Con esta obra estaremos más seguros y cómodos. Para mi sería una emoción, una alegría que quede “chévere”; por ello, agradezco de mi parte y de mis hijos. Antes, cuando llegamos a vivir aquí, había el rumor de que la vía no se completaría, pero de poco a poco vemos que no nos vamos a quedar arrinconados”, recalcó la moradora.

Por su parte, Elsio Puchaicela, agricultor de la zona y beneficiario del proyecto, sostuvo que “el polvo ha sido una molestia constante, tenemos que cerrar la puerta y encerrarnos para evitarlo. Con el asfaltado que se hará ya no tendremos esa molestia. Vemos que se está construyendo una obra bien hecha, con desagües, acometidas y todos los servicios”, manifestó.
Esta intervención, que ya se ha replicado en otras localidades del cantón, tiene una inversión que alcanza el 1 millón 445 mil dólares.

La obra civil supera el 10%, donde actualmente se construyen las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable. Adicional a estas labores, en los meses siguientes, se intervendrá en: conformación del paquete estructural de la vía, construcción de bordillos, construcción de aceras, sistema eléctrico (redes e iluminación) e instalación del sistema electrónico, dejando así, relucientes las calles, viviendas y espacios públicos intervenidos.

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La victoria de la dignidad docente: Lecciones de lucha y conciencia de clase

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Por: Alonzo Cueva Rojas.

Lic. en Ciencias de la Educación.

Profesor. de Segunda Enseñanza y Profesor.

de Educación Infantil (UTPL)

La reciente Sentencia 120-26-IN/26, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, constituye un hito histórico para los trabajadores de la educación en el Ecuador. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDEC-2026-00045-A, el máximo organismo de control ratificó de forma definitiva que los sábados no son días laborables para el magisterio. Más allá de ser un logro técnico, este fallo representa el triunfo de la dignidad frente a la arbitrariedad, y una demostración contundente de la vigencia de la lucha y la conciencia clasista de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Durante meses, el MINEDEC y el Gobierno Central pretendieron normalizar la precarización bajo el pretexto de la recuperación del tiempo o la optimización institucional. La imposición de trabajar los fines de semana no solo vulneró el derecho constitucional al descanso, al desarrollo familiar y a la desconexión digital, sino que desnudó la conducta patronal, autoritaria y deshumanizante de las autoridades de turno. Con este fallido acuerdo, el Estado pretendió modificar la jornada laboral por una vía administrativa ilegal, demostrando que para el poder político el docente es visto como un recurso sobre explotable y no como el pilar fundamental del sistema social.

Sin embargo, la respuesta del magisterio organizado no se hizo esperar. La UNE, manteniéndose fiel a su tradición combativa, demostró que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan y se defienden en las calles y en los tribunales. Esta victoria es el resultado directo de una profunda conciencia de clase: los profesores del sector público se reconocieron a sí mismos como trabajadores explotados por un Estado empleador negligente y, mediante la unidad, decidieron frenar el abuso patronal de raíz.

El trasfondo de este atropello devela una realidad alarmante: el Gobierno carece de toda autoridad política y moral para endosar al magisterio las falencias del sistema educativo. Mientras la Constitución ordena taxativamente destinar al menos el 6% del PIB a la educación, el Estado apenas programa presupuestos marginales, generando una brecha ilegal que asfixia a las aulas. Un régimen que incumple su propia Carta Magna no puede exigir «sacrificios» a quienes sostienen la educación pública con sus propios recursos.

La crisis actual de la educación fiscal es el retrato vivo del abandono: un agresivo congelamiento de salarios que pisotea los procesos de escalafón, precarización laboral institucionalizada y una infraestructura en soletas, con escuelas abandonadas y desmanteladas. Esta debacle no es accidental; responde a un colapso planificado por un Gobierno que prefiere priorizar de forma sumisa el recetario de austeridad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de invertir en el desarrollo y la vida de los hijos del pueblo.

La lección que deja este episodio es clara para todo el movimiento obrero ecuatoriano: la organización colectiva sigue siendo la única herramienta eficaz contra la arremetida neoliberal y flexibilizadora. El magisterio nacional ha vuelto a dar una cátedra de dignidad y firmeza, recordando al país entero que cuando la base se moviliza con conciencia y dirección clara, hasta los decretos más dictatoriales del poder terminan doblegándose ante la fuerza de la justicia laboral.

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Ariel Aguirre destaca atención y costos accesibles tras cirugía en el Hospital del Día Virgen de Guadalupe

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El Hospital del Día Virgen de Guadalupe, ubicado en la parroquia Guadalupe, cantón Zamora, fue escenario del testimonio de Ariel Aguirre, de 25 años, quien compartió su experiencia como usuario del establecimiento de salud luego de someterse a una intervención quirúrgica por una desviación del tabique nasal, condición que le ocasionaba dificultades para respirar.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la familia acudió al establecimiento desde las primeras horas de la mañana del martes 15 de septiembre, para acompañar a Ariel durante el procedimiento. Tras la cirugía, el joven manifestó que se encontraba bien y destacó la accesibilidad de los servicios recibidos en el Hospital del Día Virgen de Guadalupe.

Uno de los aspectos señalados por la familia fue el costo de la intervención. Según el testimonio recogido durante la entrevista, una cirugía de similares características habría tenido un valor referencial de aproximadamente 1.200 dólares en otros establecimientos, mientras que en el Hospital del Día Virgen de Guadalupe el procedimiento tuvo un costo de 500 dólares, lo que representa una diferencia de 700 dólares, de acuerdo con el valor mencionado por la entrevistada.

La madre de Ariel también resaltó la atención recibida por parte del personal, al que calificó como amable y atento, y destacó la rapidez del proceso, desde el ingreso hasta la salida del paciente después de la intervención.

En cuanto al diagnóstico, Ariel explicó que presentaba una desviación del tabique nasal, asociada a golpes anteriores, situación que le generaba dificultades respiratorias. Según su testimonio, el médico le recomendó realizarse la cirugía como parte del tratamiento indicado para su caso.

El testimonio de la familia pone en evidencia la importancia de contar con alternativas de atención médica en el territorio, particularmente para usuarios que buscan acceder a procedimientos quirúrgicos a costos que, según su experiencia, resultan más accesibles.

Para información y atención, el Hospital del Día Virgen de Guadalupe pone a disposición de la ciudadanía los números 097 944 5909, 097 963 1428 y 098 847 5752.

El testimonio de Ariel Aguirre constituye una experiencia directa de un usuario que acudió al establecimiento para recibir atención quirúrgica, destacando tanto el procedimiento recibido como el costo y la atención brindada durante su permanencia en la casa de salud.

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