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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Concejo Municipal de Zamora acepta renuncia del concejal Santiago Cabrera

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En el marco de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Zamora, presidida por el alcalde del cantón, Manuel González, se analizó y resolvió la renuncia presentada por Santiago Fernando Cabrera Delgado, quien ejercía funciones como concejal municipal.

La sesión contó con la participación de la vicealcaldesa Blanca Carrión y de los concejales Franz Regalado, Ximena Montaño y Santiago Cabrera.

Durante el desarrollo de la jornada, se incorporó al orden del día el tratamiento de la renuncia presentada por Cabrera Delgado, mediante Memorando Nro. GADMZ-CM-2026-0337-M, de fecha 11 de agosto de 2026.

El punto sometido a consideración del Concejo Municipal establecía: “Se analice y se resuelva sobre la renuncia presentada por parte de. Santiago Fernando Cabrera Delgado, constante en el Memorando Nro. GADMZ-CM-2026-0337-M, de fecha 11 de agosto del 2026; y, que se notifique a su concejal alterna para su respectiva principalización con las funciones que venía desempeñando”.

Concejo acepta la renuncia
Luego del análisis correspondiente, el Concejo Municipal de Zamora resolvió aceptar la renuncia presentada por Santiago Fernando Cabrera Delgado.

La resolución dispone, además, que a través de la Secretaría del Concejo se notifique a la concejala alterna para que proceda con su respectiva principalización, de conformidad con el procedimiento correspondiente.

La nueva integrante deberá asumir las funciones que venía desempeñando Santiago Cabrera Delgado dentro del Concejo Municipal de Zamora, garantizando así la continuidad de la representación y de las actividades propias del órgano legislativo municipal.

La decisión constituye un acto administrativo adoptado por el Concejo Municipal en el marco de sus competencias y deja establecido el procedimiento para la incorporación de la concejala alterna, quien deberá asumir las responsabilidades inherentes al cargo.

Santiago Cabrera deja la concejalía para participar como candidato a la alcaldía del cantón Zamora.

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U.E. 12 de Febrero prepara el inicio del nuevo año lectivo con más de 100 docentes y 1.700 estudiantes

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La Unidad Educativa 12 de Febrero, ubicada en el cantón Zamora, inició el martes 11 de agosto el proceso de reincorporación de su planta docente, como parte de las actividades preparatorias para el nuevo año lectivo 2026-2027 en la provincia de Zamora Chinchipe.

En entrevista con Diario El Amazónico, el rector de la institución, Byron Zhuma, informó que actualmente la unidad educativa cuenta con aproximadamente 102 docentes, aunque existen novedades relacionadas con jubilaciones y traslados de personal. Según explicó, una docente de Educación Básica se acogió a la jubilación, mientras que una profesional del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) también dejó la institución tras acogerse a un proceso de traslado hacia la provincia de Loja.

El rector señaló que las plazas que queden vacantes deberán ser cubiertas mediante el proceso establecido por el Distrito de Educación 19D01 Yacuambi-Zamora, a través de la plataforma Educa Empleo. Explicó que este mecanismo puede generar retrasos cuando un docente seleccionado decide no aceptar la plaza, debido a que el procedimiento debe reiniciarse.

Planta docente con formación de cuarto nivel
Zhuma destacó la preparación académica de los profesionales que forman parte de la institución. Indicó que prácticamente la totalidad de la planta docente cuenta actualmente con formación de cuarto nivel, además de profesionales que continúan especializándose mediante nuevas carreras y programas de posgrado.

El rector sostuvo que esta preparación constituye una garantía para fortalecer el proceso educativo y brindar a los estudiantes una formación orientada no solamente al ámbito académico, sino también a su participación y aporte a la sociedad.

La institución, además, ha obtenido representación de la provincia de Zamora Chinchipe en diferentes concursos y actividades vinculadas con ciencia, tecnología, arte, cultura y deporte, según destacó la autoridad educativa.

Modalidad intensiva inicia actividades académicas
Uno de los componentes diferenciadores de la Unidad Educativa 12 de Febrero es la modalidad intensiva, dirigida principalmente a personas que, por motivos laborales, personales u otras circunstancias, no pudieron continuar sus estudios bajo el sistema ordinario.

De acuerdo con el rector, esta modalidad combina actividades presenciales y sincrónicas: lunes, martes y miércoles de manera presencial, mientras que jueves y viernes las actividades se desarrollan de manera sincrónica desde casa.

En esta modalidad, los docentes ya se reincorporaron a sus actividades y el proceso académico inicia este 11 de agosto.

Durante el periodo lectivo anterior, aproximadamente 1.700 estudiantes se formaron en la institución. Para el nuevo año, las autoridades esperan superar esta cifra, aunque el número de cupos está sujeto a la asignación realizada por el Distrito de Educación.

Infraestructura y gestión institucional
Respecto a la infraestructura, Byron Zhuma manifestó que la Unidad Educativa 12 de Febrero es una institución de trayectoria y con infraestructura antigua, por lo que durante su gestión se han impulsado acciones destinadas a mejorar progresivamente la estética y las condiciones del establecimiento.

En el inicio del nuevo periodo académico, la planta docente desarrollará reuniones de trabajo para evaluar las fortalezas y debilidades del año anterior, así como las oportunidades de mejora en aspectos estructurales, logísticos y académicos.

La institución también cuenta con una Comisión de Gestión de Riesgos, encargada de planificar acciones preventivas ante eventuales situaciones naturales o emergencias. Estas medidas incluyen la preparación de protocolos y la realización de simulacros con la participación de la comunidad educativa.

Tecnología e inteligencia artificial
En materia tecnológica, el rector destacó el trabajo desarrollado por los docentes del área de informática y el proceso de actualización frente a las nuevas herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial.

Zhuma consideró que la IA representa un instrumento de gran potencial para la educación, pero enfatizó que su utilización debe estar acompañada por orientación docente para evitar un uso inadecuado y convertirla en una herramienta que contribuya efectivamente al aprendizaje.

La institución cuenta con profesionales del área de informática que han participado y obtenido reconocimiento en concursos nacionales relacionados con ciencia, tecnología e informática.

Inicio escalonado del año lectivo
El rector recordó que el inicio del año lectivo se desarrollará de manera escalonada, conforme al siguiente cronograma:
• 1 de septiembre de 2026: Bachillerato, primero, segundo y tercero; además de Inicial de 3 y 4 años.
• 2 de septiembre: Educación General Básica Superior, octavo, noveno y décimo; además de Preparatoria.
• 3 de septiembre: Educación General Básica Media, quinto, sexto y séptimo; y Educación General Básica Elemental, segundo, tercero y cuarto.

Este cronograma corresponde al régimen Sierra-Amazonía y se aplicará en las instituciones educativas del Distrito de Educación correspondiente.

Finalmente, Byron Zhuma invitó a padres de familia y estudiantes a confiar en la Unidad Educativa 12 de Febrero y recordó que se encuentra habilitado el periodo de matrículas ordinarias. La autoridad expresó su expectativa de que los estudiantes retornen a las aulas con entusiasmo y optimismo para afrontar un nuevo periodo de formación académica.

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¿Qué justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe?

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En esta columna quiero contarles una experiencia propia como abogado. Una de esas experiencias que, más allá de ganar o perder un proceso, obligan a preguntarnos qué clase de justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe.

Hoy acabo de presenciar una resolución judicial que me dejó profundamente preocupado. Se discutía un incidente de rebaja de pensión alimenticia y, entre los beneficiarios, se encontraba un niño con discapacidad física y una enfermedad catastrófica. Sin embargo, dentro del razonamiento utilizado para resolver se sostuvo, en esencia, que los niños debían ser considerados iguales.

Por supuesto que todos los niños son iguales en dignidad y derechos. Nadie podría discutir semejante principio. Pero jurídicamente resulta incomprensible confundir igualdad con idénticas condiciones de vulnerabilidad.

El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria a los niños, a las personas con discapacidad y a quienes padecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Incluso dispone una protección especial para quienes se encuentran en condición de doble vulnerabilidad. El artículo 44, además, obliga a que prevalezca el interés superior del niño.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado. En la sentencia 1351-19-JP/22 recordó la necesidad de realizar un análisis minucioso cuando se encuentran involucrados niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, atendiendo precisamente a su especial condición de vulnerabilidad.

Pero hubo algo más que llamó mi atención; para justificar la rebaja se habrían considerado cargas familiares que, según los antecedentes del caso, ya habían sido tomadas en cuenta anteriormente al establecer la pensión. Entonces surge una pregunta elemental: ¿qué circunstancia nueva justificaba modificarla?

Los abogados debemos respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Pero respetar a la Función Judicial jamás puede significar guardar silencio frente a decisiones que consideramos jurídicamente cuestionables.

Los jueces tienen en sus manos algo demasiado importante: la vida, el patrimonio, la libertad y los derechos de las personas. Cuando se trata de niños en condiciones especialmente vulnerables, esa responsabilidad es todavía mayor.

Esta experiencia no me lleva a generalizar. En Zamora Chinchipe existen excelentes jueces y profesionales comprometidos con el Derecho. Precisamente por respeto a ellos debemos exigir que toda decisión judicial esté a la altura de la Constitución.

La justicia no consiste simplemente en resolver expedientes.

Consiste en comprender que detrás de cada expediente existe una vida.

Y cuando esa vida pertenece a un niño con discapacidad y una enfermedad catastrófica, la Constitución exige algo más que decir que “todos somos iguales”.

 

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