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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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Stalin Romero plantea fortalecer la representación rural en Chinchipe

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Stalin Romero, candidato a la Concejalía Rural del cantón Chinchipe, afirmó durante una entrevista en Diario El Amazónico que su principal objetivo es representar las necesidades de las comunidades rurales y ejercer las funciones de legislación y fiscalización desde el Concejo Municipal.

Romero señaló que es agricultor y productor, vinculado al sector ganadero, cafetalero y cacaotero, y que su experiencia en el campo le ha permitido conocer las necesidades de la población rural. Confirmó además que su candidatura se encuentra, según manifestó, en firme, a la espera del inicio oficial de la campaña electoral.

Entre sus principales planteamientos mencionó una fiscalización permanente a contrataciones, obras y ejecución de recursos municipales, así como el seguimiento a los presupuestos participativos de los cinco gobiernos parroquiales del cantón.

También propuso mantener coordinación permanente con los presidentes de los gobiernos parroquiales para conocer y dar seguimiento a los pedidos de las comunidades. En el ámbito productivo, planteó gestionar apoyo para agricultores, cafetaleros, cacaoteros y ganaderos, mediante los mecanismos y recursos que permita la normativa vigente, incluida la legislación amazónica.

Sobre su posición frente a la administración municipal, Romero manifestó que respaldará las decisiones que considere correctas para la ciudadanía y cuestionará aquellas que, según su análisis, perjudiquen a Chinchipe.

Asimismo, señaló que buscará mantener contacto permanente con la población rural y recurrir a mecanismos de participación ciudadana, como la silla vacía, cuando sea necesario fortalecer las demandas de las comunidades.

Finalmente, Romero sostuvo que no busca ocupar una curul únicamente como espacio político, sino ejercer activamente la legislación y fiscalización, con énfasis en la ruralidad. “Este ciudadano viene desde el campo y este ciudadano trabajará por su gente”, expresó.

El candidato llamó a la ciudadanía a analizar los perfiles y propuestas de quienes participan en la elección y a ejercer su voto de manera responsable.

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Consejo de la Judicatura activa mesas técnicas para fortalecer la atención a víctimas de violencia en Zamora Chinchipe

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El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de su Dirección Provincial en Zamora Chinchipe, activó dos mesas técnicas interinstitucionales orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a casos de violencia y vulneración de derechos, con énfasis en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Los espacios de coordinación son liderados por la directora provincial del Consejo de la Judicatura, Dayana Erazo, y cuentan con la participación de instituciones que forman parte del sistema de justicia, entidades públicas y organismos vinculados con la protección y garantía de derechos.

Acciones para fortalecer la atención a víctimas
En la Mesa Técnica de Justicia y Género se establecieron acciones encaminadas a mejorar la respuesta institucional ante casos de violencia contra las mujeres.

Entre los principales compromisos consta la capacitación a las instituciones que integran el Sistema Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia, así como la gestión de atención especializada para las víctimas en establecimientos de salud.

Asimismo, se acordó fortalecer la formación del nuevo personal que cumple servicio rural, especialmente en lo relacionado con las rutas y protocolos de atención que deben aplicarse frente a situaciones de violencia.

Protección de niñas, niños y adolescentes
De manera paralela, la Mesa Técnica de Justicia a favor de Niñas, Niños y Adolescentes definió acciones para fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención ante situaciones de violencia y vulneración de derechos.

Entre los acuerdos se contempla mejorar la atención de casos urgentes de niñas y niños en el cantón Yacuambi, además de reforzar la articulación con las instituciones educativas para garantizar la correcta aplicación de las rutas de atención frente a hechos de violencia.

Evaluación y seguimiento de compromisos
El cumplimiento de los acuerdos será objeto de seguimiento en las próximas reuniones de las mesas técnicas. Para ello, las instituciones participantes deberán presentar informes de avance que permitan evaluar las acciones ejecutadas y los resultados alcanzados.

Con estas iniciativas, el Consejo de la Judicatura busca consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional, fortalecer las rutas de protección y contribuir a una respuesta más oportuna frente a casos de violencia y vulneración de derechos en la provincia de Zamora Chinchipe.

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Luis Zaruma cuestiona los tiempos para el nuevo Hospital Julius Doepfner y pide mayor liderazgo institucional

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El arquitecto Luis Zaruma, integrante del Colectivo Vida y Salud de Zamora Chinchipe, analizó el estado del proyecto para la construcción del nuevo Hospital General Julius Doepfner y planteó la necesidad de una mayor articulación entre autoridades y ciudadanía para acelerar el proceso.

Durante una entrevista en Diario El Amazónico, Zaruma recordó que la demanda por una nueva infraestructura hospitalaria se mantiene desde hace varios años. Señaló que, aunque actualmente existe un proceso para contratar la consultoría destinada a los estudios integrales y diseños definitivos, todavía queda un conjunto de etapas técnicas, administrativas y presupuestarias antes de llegar a la construcción.

Actualmente, el proceso de consultoría contempla un presupuesto referencial de USD 618.405,83 para la obtención de los estudios integrales y diseños definitivos del nuevo Hospital General Julius Doepfner.

Zaruma explicó que, desde una perspectiva técnica y bajo un escenario optimista, la consultoría podría tomar varios meses. Posteriormente, los estudios deberán ser revisados y aprobados por las instancias competentes, para luego avanzar hacia la asignación del presupuesto destinado a la construcción.

En su análisis, estimó que, si cada una de estas fases avanza sin nuevos retrasos, la contratación de la obra podría producirse hacia 2028, mientras que la construcción, equipamiento y conformación del talento humano permitirían proyectar la entrada en funcionamiento del nuevo hospital alrededor de 2030. Aclaró que se trata de una proyección basada en un escenario optimista y no de un cronograma oficial.

El arquitecto también cuestionó los retrasos registrados en el proceso de contratación. En junio de 2026, el procedimiento anterior para los estudios y diseños definitivos registró observaciones en el sistema de contratación pública y posteriormente fue cancelado; el nuevo proceso mantiene como objetivo avanzar con la fase técnica del proyecto.

Llamado a las autoridades
Uno de los principales planteamientos de Zaruma fue la necesidad de fortalecer el liderazgo de las instituciones locales y provinciales. A su criterio, la gestión para conseguir el nuevo hospital no debería limitarse a las competencias administrativas de cada entidad, sino incorporar una acción coordinada frente al Gobierno Nacional.

“Hay que liderar”, sostuvo durante la entrevista, al considerar que el Municipio de Zamora y la Prefectura de Zamora Chinchipe pueden contribuir desde sus competencias con las condiciones complementarias que requiere el proyecto.

Entre ellas mencionó la planificación del entorno del terreno destinado al hospital, incluyendo vías de acceso, servicios básicos, energía eléctrica y condiciones de infraestructura urbana, de manera que la provincia pueda presentar al Gobierno Nacional una propuesta integral.

Zaruma también destacó la importancia de la participación ciudadana y de que las instituciones y organizaciones sociales planteen formalmente sus demandas mediante documentos técnicos y propuestas concretas.

“Todos hablamos en espacios públicos y privados, pero nadie ha presentado una propuesta por escrito al Gobierno Central”, manifestó, al insistir en la necesidad de construir una agenda provincial que sustente técnicamente la demanda por el nuevo hospital.

Una obra que requiere planificación integral
El integrante del Colectivo Vida y Salud sostuvo que la construcción del nuevo Hospital Julius Doepfner debe contemplar no solamente la infraestructura física, sino también su posterior equipamiento, incorporación de especialistas, talento humano y capacidad operativa.

El actual hospital tiene más de cinco décadas de funcionamiento y la necesidad de una nueva infraestructura ha sido planteada durante años. El proyecto contempla un establecimiento que permita fortalecer la atención sanitaria de la provincia y responder a la demanda de servicios especializados.

Finalmente, Zaruma hizo un llamado a las autoridades cantonales, provinciales y nacionales para mantener una gestión articulada y permanente que permita superar las etapas administrativas pendientes y avanzar hacia la concreción del nuevo Hospital General Julius Doepfner.

Su planteamiento se centra en que la provincia cuente con una hoja de ruta técnica, política y ciudadana, que permita dar seguimiento público a cada etapa del proyecto y evitar que nuevos retrasos prolonguen la espera por una infraestructura sanitaria que Zamora Chinchipe demanda desde hace años.

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