Noticias Zamora
Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco
A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.
En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.
El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.
En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.
Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.
Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.
Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.
El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.
Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.
En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.
Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.
Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.
Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.
El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Fiscalización legislativa revela graves incumplimientos en la creación de universidades amazónicas
Nota: La foto es hecha con IA como imagen referencial
Desde la oficina del asambleísta Juan Marco Gonzaga Salazar, se da a conocer a la ciudadanía los resultados de la fiscalización realizada en la Comisión de Técnica para el Seguimiento a la Gestión de los Procesos de Creación de las Cuatro Universidades Amazónicas de la Asamblea Nacional, proceso que ha develado incumplimientos sistemáticos, decisiones administrativas cuestionables y una alarmante negligencia institucional en la creación de las universidades previstas para Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Lo que debía ser algo histórico para democratizar el acceso a la educación superior en la Amazonía se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de ineficiencia pública, falta de transparencia y ausencia de planificación técnica, afectando de manera directa a miles de jóvenes amazónicos que siguen esperando las oportunidades prometidas.
Hallazgos que comprometen la responsabilidad institucional
Durante el proceso de fiscalización se constató lo siguiente:
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La Universidad Estatal Amazónica (UEA) NO COMPARECIÓ, pese a ser la institución responsable de implementar las universidades de Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La falta de comparecencia constituye un acto de desacato técnico y una señal inequívoca de la ausencia de gestión real.
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La funcionaria delegada, Verónica Villareal, informó que la UEA optó por comprar el edificio ex ESPEAM, cerrado hace 12 años, por 1.752.000 USD, sin contar con un proyecto de creación de la universidad, sin planificación académica y sin análisis de pertinencia funcional.
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Se reconoció públicamente que el proyecto de creación de la Universidad de Sucumbíos no existe, y que recién sería presentado en 2026. Esta revelación confirma un incumplimiento flagrante del mandato legal establecido para garantizar educación superior en territorio amazónico.
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Para Zamora Chinchipe, la única acción reportada fue la donación de un terreno por parte del GAD Municipal de El Pangui, lo cual no constituye avance institucional ni técnico hacia el funcionamiento de una universidad amazónica.
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El delegado de la Secretaría Técnica Amazónica (STA) expresó su total desconocimiento del proceso de compra del inmueble y confirmó la existencia de un informe técnico oficial que señala la NO PERTINENCIA TÉCNICA de la adquisición, debido a su costo, estado y funcionalidad limitada.
Estos hallazgos no solo evidencian una gestión deficiente: ponen en riesgo la equidad territorial, comprometen recursos públicos y profundizan la histórica deuda del Estado con la Amazonía en materia de educación superior.
Hecho clave: alerta técnica y administrativa
Un informe técnico de la Secretaría Técnica Amazónica establece que la compra del edificio ex ESPEAM, por 1.752.000 USD, carece de pertinencia técnica, funcional y económica.
La Comisión analizará este documento para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Convocatoria urgente a verificación in situ
Con el fin de esclarecer estos hechos y avanzar hacia una gestión transparente y responsable, se ha solicitado la reinstalación de la Comisión Especializada de Educación para realizar una verificación in situ de las instalaciones adquiridas:
Lugar: Lago Agrio
Fecha: 1 de diciembre de 2025
⏰ Hora: 14h00
Noticias Zamora
ECSA apoya la creación del comedor comunitario en la comunidad de Churuwia
La comunidad Churuwia, en la parroquia Tundayme, cuenta ahora con un nuevo comedor comunitario. Esta importante infraestructura está destinada a acoger eventos culturales y sociales, beneficiando directamente a las 24 familias que integran la comunidad.
La nueva infraestructura fue financiada por la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), en coordinación con el GAD Parroquial Rural de Tundayme, con una inversión que supera los USD 30 mil. Esta obra emblemática refleja el trabajo articulado que la empresa mantiene con las comunidades de su área de influencia directa, con el propósito de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo local.
El comedor comunitario estará destinado a brindar un espacio adecuado para la preparación y entrega de alimentos en beneficio de niños, adultos mayores y familias de la comunidad. Además, servirá como un lugar para realizar reuniones, actividades comunitarias y jornadas de apoyo social, promoviendo la cohesión, la participación y el fortalecimiento de la organización local.
El presidente del GAD Parroquial Rural de Tundayme, Edison Merchán, destacó el compromiso de ECSA con el desarrollo de la zona. “Hemos venido trabajando en diversos proyectos junto a la empresa, y esta obra representa una inversión significativa para nuestra parroquia, que sin duda aporta beneficios directos a las familias de la zona de influencia”, señaló.
Por su parte, Luis Sandimbia, presidente del Centro Shuar Churuwia, agradeció el apoyo recibido y resaltó la importancia de esta obra para las familias del sector. Señaló que el comedor comunitario permitirá mejorar las actividades organizativas y de convivencia de la comunidad. Además, expresó su voluntad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con ECSA para impulsar nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo y bienestar.
Asimismo, Juan Jurado, subgerente de Relaciones Comunitarias de ECSA, resaltó la satisfacción de aportar una obra más para la comunidad. “Nos alegra ver que Churuwia cuenta ahora con este espacio. Seguiremos trabajando por el bienestar de los habitantes de la parroquia Tundayme”, afirmó.
Con este tipo de proyectos, ECSA reafirma su compromiso con el desarrollo social y comunitario de las zonas en las que opera.
Noticias Zamora
Concejala Ximena Montaño expone avances, preocupaciones y desafíos en la gestión municipal del cantón Zamora
Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico en el noticiero Frente a Frente, la concejala del cantón Zamora, Ing. Ximena Montaño, informó de manera detallada sobre su gestión, los retos institucionales y diversos acontecimientos de interés público.
Conmemoración del 25 de noviembre y situación de los derechos de las mujeres
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, la concejala destacó la importancia del acto solemne realizado el 24 de noviembre en el Parque Central de Zamora.
Consultada sobre si se respetan plenamente los derechos de las mujeres, Montaño señaló que, a pesar de los avances logrados por varias generaciones, “aún falta muchísimo”. Subrayó la necesidad de formar a las nuevas generaciones desde el hogar y de fortalecer la conciencia de las autoridades sobre la prevención, erradicación de la violencia de género.
Asimismo, reconoció la labor de las organizaciones sociales que impulsan acciones de activismo y acompañamiento, pero advirtió que en el ámbito político todavía persisten prácticas patriarcales y expresiones de violencia política.
Denuncia de violencia política en el Concejo Municipal
Durante la entrevista, Montaño confirmó haber sido víctima de violencia política dentro del cabildo. Señaló que en repetidas ocasiones se ha cuestionado su voto, se han deslegitimado sus criterios técnicos y se le ha excluido de delegaciones institucionales, acciones que, afirmó, constituyen formas de agresión política.
“Quienes escuchan las sesiones de Concejo saben a lo que estoy expuesta. El no respetar mi criterio, el indisponerme ante la ciudadanía o incluso no considerar mi nombre para delegaciones son manifestaciones claras de violencia política”, expresó.
Indicó que está recopilando la documentación necesaria para formalizar una denuncia escrita, con el fin de sentar un precedente que contribuya a la defensa del respeto y la igualdad dentro de los espacios públicos.
Clausura del Centro de Faenamiento Municipal por parte de Agrocalidad
Un tema de especial preocupación fue la clausura indefinida del Centro de Faenamiento Municipal de Zamora, ejecutada el 24 de noviembre de 2025 por la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario (Agrocalidad).
Según detalló la concejala, esta sanción se produjo luego de múltiples observaciones técnicas no subsanadas oportunamente. Explicó que las falencias ya habían sido notificadas desde abril de 2023, antes de iniciado el actual periodo municipal, y que el Concejo ha emitido reiterados pedidos al alcalde para atender estas no conformidades.
Entre las observaciones mencionadas constan:
Deficiencias sanitarias y de higiene en el manejo de desechos.
Falta de herramientas indispensables como sierras corta-pecho, aturdidores y equipos para el faenamiento.
Acumulación de desperdicios generadores de malos olores, moscas y aves carroñeras.
Insuficiente mantenimiento de infraestructura interna.
Montaño puntualizó que esta es la segunda clausura durante el presente periodo, lo que evidencia que los plazos otorgados por Agrocalidad (incluido uno del 6 de septiembre de 2024 con 15 días para subsanar) no han sido debidamente gestionados.
La clausura obliga a los tercenistas a trasladar su faena al cantón Yantzaza, generando mayores costos, tiempos y dificultades logísticas. Señaló que será necesario que las autoridades de Zamora y Yantzaza coordinen acuerdos inmediatos para facilitar la atención de esta emergencia.
Deficiencias viales y planificación urbana en el cantón Zamora
La concejala también abordó la problemática del deterioro vial en sectores como la calle 10 de Noviembre, Santa Elena y nuevas áreas de expansión urbana. Indicó que la ciudadanía ha expresado preocupación por los baches y el limitado mantenimiento vial.
Respecto a la calle 10 de Noviembre, informó que dentro del presupuesto municipal se contempla un proyecto de rehabilitación que incluye la instalación de alcantarillado pluvial y sanitario, con un rubro estimado cercano a 900 mil dólares. Sin embargo, advirtió que esta obra forma parte de un proyecto macro de alcantarillado para nueve barrios que requeriría aproximadamente 13 millones de dólares, y que no existe aún un documento técnico que avale la viabilidad de ejecutar por tramos esta intervención.
Por esta razón, explicó que votó en contra del presupuesto, no por oponerse a las obras, sino porque no existe una planificación técnica sólida que garantice su ejecución efectiva.
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