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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

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58 años del Seguro Social Campesino: organización, salud y solidaridad que permanecen en Zamora Chinchipe

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Panguintza, Centinela del Cóndor.– El Seguro Social Campesino conmemora 58 años de creación, una trayectoria marcada por la solidaridad, la organización comunitaria y la protección social de miles de familias del sector rural ecuatoriano.

En Zamora Chinchipe, esta historia tiene un capítulo especial. En noviembre de 1984, hombres y mujeres indígenas shuar y mestizos del cantón Centinela del Cóndor se organizaron para fortalecer el acceso a la salud y la seguridad social, proceso que permitió consolidar el Dispensario del Seguro Social Campesino de Panguintza.

Actualmente, alrededor de 1.800 habitantes forman parte de esta estructura comunitaria, integrada por 620 jefes de familia y 410 jubilados, pertenecientes a 12 organizaciones de base de la zona.

El Seguro Social Campesino brinda prestaciones fundamentales como atención médica, jubilación por edad y discapacidad y auxilios funerales, además de acciones de promoción y prevención de la salud.

Una celebración enfocada en la salud

Como parte de la conmemoración, en el Dispensario Panguintza se desarrolló una jornada que combinó educación sanitaria, actividad física, organización comunitaria y atención preventiva.

El programa incluyó una charla sobre hipertensión arterial y diabetes mellitus, enfermedades que requieren prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento permanente.

También se realizó la caminata “Corazones Saludables, Dejando Huellas”, acompañada de alegorías y participación de la comunidad de Panguintza.

La jornada contempló además una asamblea general de la Directiva Central y las organizaciones de base, exposición de emprendimientos comunitarios y atención médica preventiva mediante controles de presión arterial y glicemia capilar.

Más que una fecha conmemorativa, el aniversario representa el reconocimiento a décadas de organización campesina y comunitaria, y al papel que cumple la seguridad social en la protección de las familias rurales.

58 años después, el Seguro Social Campesino continúa dejando huellas en las comunidades y reafirmando que la solidaridad también es una forma de construir bienestar.

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Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe recuerda requisitos para agilizar las citaciones judiciales

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La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe recuerda a la ciudadanía y a los abogados en libre ejercicio la importancia de entregar documentación completa e información precisa sobre el domicilio de las personas a citar, con el propósito de agilizar las diligencias y evitar retrasos en los procesos judiciales.

De acuerdo con el Reglamento para la Gestión de Citaciones Judiciales, establecido mediante Resolución No. 061-2020, una vez calificada la demanda o el acto preprocesal, se deben presentar, dentro del término de tres días hábiles, los documentos originales y tres copias completas de la demanda por cada persona demandada.

La documentación debe entregarse en el archivo de la dependencia judicial correspondiente, junto con el Formulario de Entrega de Copias para Citación. Para facilitar la ubicación del domicilio, se recomienda proporcionar croquis, fotografías, numeración del inmueble y puntos georreferenciados.

Estos datos permiten a los citadores realizar su labor de manera más efectiva y reducir la posibilidad de generar un acta de no citación. Los usuarios pueden consultar el estado de la diligencia mediante la sección «Consulta de Citaciones» en la página web del Consejo de la Judicatura.

La directora provincial, Dayana Erazo, destacó que entregar información completa y precisa contribuye a un servicio más eficiente y oportuno.

El Consejo de la Judicatura recuerda que las citaciones judiciales son gratuitas y que ningún servidor judicial o citador está autorizado a solicitar o recibir dinero por este servicio.

Durante el primer semestre de 2026, en Zamora Chinchipe se realizaron 2.363 actas de citaciones, como parte de los procedimientos judiciales que requieren notificación a las partes procesales.

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Ciudadanía denuncia incremento del 25 % en tarifas de camionetas en La Saquea

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Usuarios del transporte en el sector La Saquea, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, expresan su malestar por un presunto incremento del 25 % en el valor de las carreras de camionetas, situación que, según las denuncias ciudadanas, estaría relacionada con la compañía de camionetas AIR-MASHAR, perteneciente a la parroquia Guadalupe con parada en el sector La Saquea.

De acuerdo con los testimonios, una de las tarifas que habría experimentado variación corresponde al recorrido entre La Saquea y Guaguayme Bajo. Anteriormente, la carrera tenía un costo de USD 2,50, mientras que actualmente se estaría cobrando USD 3,00.

Asimismo, los usuarios señalan que la carrera hacia Guaguayme Alto tenía anteriormente un valor de USD 4,00 y actualmente habría aumentado a USD 5,00.

Los ciudadanos cuestionan el motivo de este incremento y señalan que, mientras en La Saquea se habría aplicado un aumento del 25 %, en Zamora y Yantzaza, según manifiestan, los taxis continuarían cobrando la tarifa que anteriormente correspondía a USD 1,25 la parada.

“¿Cuál es el motivo de que solo ellos alzaron los pasajes el 25 % y los demás taxistas a nivel cantonal no?”, es uno de los principales cuestionamientos expresados por los usuarios, quienes solicitan que las autoridades competentes verifiquen los valores que actualmente se están cobrando.

La situación genera especial preocupación entre quienes utilizan diariamente este servicio para trasladarse desde La Saquea hacia diferentes sectores. Los usuarios consideran que el incremento representa un impacto significativo en su economía, especialmente para quienes deben realizar estos recorridos de manera cotidiana.

A esta situación se suma, según los testimonios de los ciudadanos, la reducción del servicio de transporte como es de la Cooperativa de Transporte Zamora Chinchipe, debido a que, una vez culminado el periodo de clases, ya no se estaría brindando el servicio correspondiente a las 14h00.

Los denunciantes señalan que esta reducción de alternativas de transporte incrementa las dificultades de movilidad para quienes necesitan trasladarse diariamente. Entre los sectores que, según manifiestan, también estarían afectados son: San Agustín, San Juan, San Lorenzo, San Luis, La Cruz y Conchay.

Ante estas dificultades, algunos usuarios aseguran que recurren a vehículos conocidos como “piratas”, debido a que, según sus testimonios, mantienen los precios anteriores y ofrecen mayor disponibilidad del servicio.

Frente a este escenario, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades responsables del control y regulación del transporte para que realicen las verificaciones correspondientes sobre las tarifas aplicadas por las cooperativas de camionetas de La Saquea y determinen si los incrementos registrados cuentan con la autorización respectiva.

Los usuarios consideran necesario fortalecer los controles para garantizar que las tarifas aplicadas sean transparentes, estén debidamente reguladas y no representen una afectación desproporcionada para la economía de las familias que dependen diariamente de este servicio de transporte.

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