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Procuraduría General del Estado impugnará fallo que ratifica la devolución de los bienes incautados a los exdueños del Filanbanco

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A través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado y otras instituciones estatales buscarán echar abajo la sentencia del juez Johnny Lituma que dispuso la devolución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco, por parte de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

El pasado lunes 12 de septiembre, un Tribunal de la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de Lituma, que había sido apelada por la Procuraduría General, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que “ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden (ampliación y aclaración de la sentencia); y además planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El organismo instó a los jueces y tribunales de justicia “a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad”.

En abril pasado, atendiendo a una acción de protección que interpusieron los Isaías, Lituma dispuso la devolución de los bienes inmuebles y compañías incautados; y que los jueces competentes determinen “el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos”, y “el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Jorge Zavala Egas, abogado de los exbanqueros, señaló a este Diario que una vez resuelta la apelación en segunda instancia, el proceso debe regresar al juez de primera instancia, quien se encargará de ejecutarla en su totalidad. Explicó que por ser un caso de garantías constitucionales la causa no se suspendió durante el trámite de la apelación, por lo cual ya se habían dado algunos pasos en su cumplimiento.

Así, los Isaías conformaron un fideicomiso llamado Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), en Estados Unidos (donde ahora residen), para recibir los bienes que se les restituyan.

Por ejemplo, ya se han inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad algunos bienes inmuebles, principalmente terrenos que estaban a nombre de entidades como los ministerios de Agricultura y del Ambiente, el Centro de Inteligencia Estratégica e Inmobiliar.

El juez Lituma envió oficios a varias empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso, pero esto no se ha completado porque la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores solicitó un informe para determinar cuál es su estructura societaria.

Zavala Egas indicó que no tiene un inventario de los bienes que se les deben restituir a los empresarios sino que en el proceso se incluyeron las resoluciones de incautaciones de la AGD, dentro de las cuales constan uno o varios bienes. Fueron alrededor de 18, según el jurista.

En los juicios de insolvencia que les entabló la AGD a los exdueños de Filanbanco se realizó un inventario de los bienes que estos entregaron al Estado de forma particular y en las incautaciones, y que fueron valorados en alrededor de $ 1.400 millones, pero no necesariamente son los mismos que se devolverían.

Respecto a la acción extraordinaria de protección anunciada por la Procuraduría, el abogado señaló que se tramita como un proceso diferente que toma su tiempo, y que este no detiene la ejecución de la sentencia de Lituma la cual estima que podría culminar a mediados de octubre.

Las incautaciones de la AGD se dieron en julio del 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” en Filanbanco de más de $ 660 millones, según una auditoría de la firma Deloitte. Los Isaías siempre negaron la existencia de alguna deuda.

Reportes periodísticos de la fecha señalaron que se habían incautado casi 200 bienes, entre empresas agrícolas, petroleras, medios de comunicación y otros.

El actual proceso se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. (I) Fuente: El Universo

Nacionales

Gobierno amplía modelo de alimentación escolar para fortalecer la nutrición estudiantil en Ecuador

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En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.

El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.

Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.

Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.

El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.

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En la Zona 7, las plantas procesadoras de sal de consumo humano fueron inspeccionados por la Arcsa

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, a través de su Coordinación Zonal 7, ejecuta controles sanitarios permanentes en las plantas procesadoras dedicadas a la elaboración de sal para consumo humano, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y garantizar la calidad e inocuidad de este producto esencial en la alimentación diaria de la población.

La Zona 7, que comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, registra actualmente 11 plantas procesadoras dedicadas a la elaboración de sal destinada al consumo humano directo, principalmente sal de mesa y sal de cocina.

De acuerdo con la normativa sanitaria ecuatoriana, este producto debe comercializarse obligatoriamente yodado o yodado/fluorado antes de su expendio al público. La incorporación de estos micronutrientes responde a políticas de salud pública orientadas a prevenir deficiencias nutricionales y fortalecer la salud de la población.

En este contexto, los equipos técnicos de Arcsa desarrollan inspecciones periódicas en las instalaciones productivas para verificar las condiciones sanitarias relacionadas con los procesos de producción, almacenamiento y distribución de la sal. Durante estas actividades se revisan diversos aspectos técnicos, entre ellos el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y el correcto etiquetado de los productos, garantizando que la información proporcionada al consumidor cumpla con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Como parte del proceso de control sanitario, los técnicos también realizan toma de muestras de los productos elaborados en las plantas procesadoras. Dichas muestras son enviadas posteriormente a los laboratorios de referencia de la institución para efectuar análisis especializados que permitan determinar la presencia y concentración adecuada de yodo o flúor, según corresponda.

Estas acciones forman parte del fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia sanitaria que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecuta a nivel nacional, con el objetivo de asegurar que los alimentos procesados que llegan a la ciudadanía cumplan con los estándares de calidad, seguridad e información establecidos por la normativa sanitaria ecuatoriana.

De esta manera, la institución reafirma su compromiso con la protección de la salud pública y la garantía de que los productos de consumo masivo, como la sal, mantengan condiciones adecuadas de calidad e inocuidad para beneficio de la población.

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Policía Nacional realizó Feria de Seguridad Ciudadana en San Carlos de las Minas

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La Policía Nacional del Ecuador, a través del Distrito Zamora, llevó a cabo una Feria de Seguridad Ciudadana en el circuito San Carlos de las Minas, con el propósito de fortalecer el vínculo entre las instituciones del Estado y la comunidad, generando un espacio de diálogo, información y participación ciudadana orientado a la prevención y la convivencia pacífica.

Durante esta jornada participaron los diferentes servicios policiales, quienes mediante mesas informativas socializaron con la ciudadanía las acciones preventivas, operativas y comunitarias que desarrolla la institución en territorio, con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad y promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana.

Asimismo, el evento contó con la participación de varias instituciones públicas y organismos de apoyo, entre ellas la Gobernación de Zamora Chinchipe, el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Comisaría de Policía, el Sindicato de Choferes de Zamora, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Cruz Roja, entidades que presentaron a la ciudadanía, a través de mesas temáticas, los distintos servicios, programas y acciones institucionales que desarrollan en beneficio de la población.

La feria tuvo como finalidad fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones y la comunidad, promoviendo la prevención del delito, la participación ciudadana y el acceso a información sobre los servicios públicos disponibles en el territorio.

Con este tipo de iniciativas, la Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las diferentes entidades del Estado y la ciudadanía, consolidando acciones conjuntas que contribuyan al bienestar colectivo y a la construcción de entornos más seguros y solidarios en la provincia de Zamora Chinchipe.

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