Mayra Salazar, sentenciada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis bajo un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, aseguró que ya cumplió con la justicia ecuatoriana y ahora exige la devolución de sus bienes, al sostener que estos no tienen origen ilícito. Salazar afirmó que ya cumplió su pena reducida y pagó la reparación correspondiente.

La relacionista reapareció públicamente con ese pronunciamiento luego de haber sido una de las piezas clave en la investigación del caso. En sus declaraciones, sostuvo que el error que cometió ya fue sancionado y que, tras haber colaborado con la Fiscalía y cumplir la condena impuesta, corresponde que se le restituyan los bienes que —según su versión— no provienen de actividades ilegales.

En julio de 2024, un juez acogió el procedimiento abreviado y la sentenció a 15 meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad y formalizar un acuerdo de cooperación eficaz con el Ministerio Público. En ese momento, la justicia destacó que la reducción de la pena respondía justamente a su colaboración dentro del proceso.

El caso Metástasis investiga una presunta red de corrupción, delincuencia organizada y favores judiciales articulada alrededor del narcotraficante Leandro Norero, y el testimonio anticipado de Salazar fue uno de los insumos más sensibles para abrir nuevas líneas investigativas, incluidas derivaciones como el caso Purga.

Tras recuperar su libertad en 2025, Salazar salió de Ecuador bajo resguardo, en un contexto de seguridad delicado por su condición de colaboradora del proceso. Su reciente pedido de devolución de bienes vuelve a colocar su nombre en el centro del debate público, esta vez no por sus revelaciones judiciales, sino por las consecuencias patrimoniales de su condena.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, defendió este lunes 30 de marzo la “libertad” del organismo para fijar el calendario electoral, aunque no descartó que la decisión de adelantar las próximas votaciones pueda derivar en denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o la Corte Constitucional (CC).

Sus declaraciones se producen tras la resolución adoptada el viernes 27 de marzo por el pleno del CNE, que decidió adelantar las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Inicialmente previstas para febrero de 2027, estas fueron reprogramadas para noviembre de 2026 debido al pronóstico de fuertes lluvias e inundaciones.

Pita explicó que la decisión se sustentó en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que advierte posibles afectaciones en 488 parroquias de 143 cantones, con cerca de dos millones de personas expuestas. “¿No es acaso una razón suficiente para mover las elecciones?”, cuestionó.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el CNE tiene competencia para definir las fechas de los comicios. “Las fechas hito que no se pueden mover son las de posesión de autoridades (…). El CNE tiene la libertad de fijar cuándo se realizan las elecciones”, afirmó en el programa Contacto Directo.

La decisión ha generado críticas desde la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido recientemente por nueve meses por un juez electoral, en medio de una investigación fiscal por presunto lavado de dinero. La organización denunció que el cambio en el calendario busca impedir sus candidaturas y sostuvo que no se trata de “una decisión técnica”, sino de “una imposición política”.

Frente a ello, Pita respondió que no observa cuestionamientos generalizados. “No encuentro una sola organización política que haya objetado esta decisión, salvo la RC. Nosotros estamos actuando con responsabilidad y asumimos esa responsabilidad”, concluyó.

En las próximas elecciones se elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las juntas parroquiales, e integrantes del Cpccs para el periodo 2027-2031. La fecha de estos comicios se ha fijado para el 29 de noviembre de 2026 y las autoridades asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027.

El toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa dejó de regir tras dos semanas en las que la movilidad estuvo limitada como parte de una ofensiva estatal. A las 05:00 de este lunes 30 de marzo de 2026, las restricciones de movilidad se levantaron en cuatro provincias del país marcadas por la violencia: Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos.

Una medida que llega a su fin

El Gobierno implementó la restricción desde el 15 de marzo.

La decisión se enmarcó en la política de seguridad que desde 2024 define al país bajo un escenario de conflicto armado interno, con el objetivo de debilitar a las organizaciones criminales.

El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan afectar tanto la operatividad como las economías ilegales.

Resultados aún pendientes

El balance oficial todavía no se presenta. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que en las próximas horas dará a conocer los resultados de la medida aplicada en estas provincias. Sin embargo, según información de la Policía Nacional, hasta la penúltima jornada se registró la detención de 1.283 personas. 

Días antes de su finalización, Reimberg confirmó que el toque de queda no se extendería más allá del 30 de marzo, cumpliendo así con lo dispuesto por el Ejecutivo.

El análisis se centrará en impactos en seguridad, operativos y control territorial.