Según cifras preliminares, la mayoría de electores se pronunció a favor de que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
Además, acorde con los Anexos y Considerandos de la Consulta Popular, el Presidente de la República -en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados- deberá remitir el proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal para que se pueda cumplir con lo establecido en esta pregunta.
La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.
