Con el propósito de mejorar las condiciones de los terrenos productivos y fortalecer la actividad agropecuaria en el sector rural, la Prefectura de Zamora Chinchipe, a través de la Unidad de Riego y Drenaje, entregó la construcción y mantenimiento de canales de drenaje que benefician directamente a 60 familias productoras de los barrios 10 de Marzo y San Vicente de Caney, cantón Yantzaza.

En el barrio 10 de Marzo, fueron construidos 6.000 metros lineales de canales, beneficiando a 20 familias productoras Mientras que, en San Vicente de Caney, que comprende los sectores Kukush, La Unión, El Plateado, San Francisco, fueron intervenidos 14.000 metros lineales de canales de drenaje, para su respectivo mantenimiento beneficiando a 40 familias.

Fabricio Quezada, subdirector de Riego y Drenaje indicó que “esto es un aporte muy importante para el área productiva, nuestra provincia tiene bastante humedad y pantano en las fincas; entonces nuestro trabajo es transformar suelos húmedos a suelos productivos”.

Asimismo, se entregó a los beneficiarios de los proyectos, 2.100 postes de hormigón y tubos de PVC para la implementación de pasos laterales para el tránsito de ganado. Estos materiales contribuirán a mejorar las condiciones de acceso y circulación hacia los terrenos productivos y facilitar el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Estas obras representan un importante ahorro económico, ya que la construcción y mantenimiento de canales de drenaje por cuenta propia requiere maquinaria, mano de obra y materiales que representan costos elevados que, en muchos casos, no pueden ser cubiertos por las familias productoras “así como está la economía no nos da para alquilar maquinaria privada, entonces hubiera sido imposible para nosotros poder financiar ese gasto, por esa parte muy agradecidos con la prefectura”, expresó Alex Chimbo, presidente del Barrio 10 de Marzo.

De esta forma la Prefectura de Zamora Chinchipe desde diferentes frentes de trabajo viene impulsando la producción de la provincia, a través del asfalto, construcción de puentes vehiculares y peatonales, asesoramiento técnico e insumos agropecuarios, y también el mantenimiento y construcción de drenajes que aportan significativamente a la reducción de costos de producción.

EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, gestionó durante el primer semestre de 2026 un total de 5.8 millones de kilogramos de residuos, como parte de las acciones de gestión ambiental implementadas en su operación minera.

De este volumen, aproximadamente el 94,4 % fue destinado a procesos de reciclaje y valorización, mientras que el porcentaje restante correspondió a residuos enviados a disposición final mediante instalaciones o gestores autorizados.

Es decir, de cada 100 kg de residuos gestionados, aproximadamente 94,4 kilogramos fueron reciclados o valorizados y 5,6 kilogramos fueron enviados a disposición final, de acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Gestión Ambiental de ECSA.

Entre los principales residuos peligrosos y especiales que fueron aprovechados mediante procesos de valorización se encuentran aceites usados, grasas usadas y neumáticos fuera de uso.

En cuanto a los desechos no peligrosos, el 97 % correspondió a materiales destinados a procesos de reciclaje y valorización durante el primer semestre del año. Entre los principales materiales aprovechados constan vidrio, plástico, madera, chatarra, papel y cartón.

La gestión de estos materiales se realizó mediante recicladores autorizados del área de influencia directa de la mina Mirador, vinculando el manejo de residuos con procesos de recuperación y aprovechamiento. El 3 % restante de los desechos no peligrosos fue trasladado al relleno sanitario autorizado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza.

Estas acciones dan continuidad a las prácticas desarrolladas durante 2025. En ese año, Mirador gestionó 9 millones de kilogramos de desechos no peligrosos. Entre las iniciativas implementadas se encuentra el compostaje de residuos orgánicos generados, y como resultado se obtuvieron 14 mil kilogramos de abono orgánico, posteriormente utilizados en actividades de cultivo y reforestación dentro de la operación minera.

“Estas prácticas forman parte de la gestión ambiental de la mina Mirador y contribuyen al fortalecimiento de un modelo basado en el uso responsable de los recursos y los principios de economía circular”, señaló Vilma Pazmiño, Subdirectora de Gestión Ambiental de EcuaCorriente S.A.

ECSA mantiene acciones de gestión enfocadas en la clasificación, recuperación, reciclaje, valorización y adecuada disposición final de los residuos generados en Mirador, promoviendo la mejora continua de sus prácticas ambientales y la incorporación de criterios de economía circular dentro de la operación minera.

Tras el aluvión del 4 de julio, la provincia enfrenta una doble incertidumbre: seis personas continúan desaparecidas y persisten interrogantes sobre la representación del Ejecutivo.

Crisis institucional tras la tragedia

Han pasado casi tres meses desde el aluvión que golpeó Santa Isabel, parroquia Guadalupe. Seis personas continúan desaparecidas, entre ellas la entonces gobernadora de Zamora Chinchipe. Mientras las familias esperan respuestas, surge otra interrogante de carácter constitucional y administrativo: ¿quién ejerce legalmente la representación del Gobierno Nacional en la provincia?

La tragedia que abrió una segunda crisis

El 4 de julio de 2026 quedó marcado en la memoria de Zamora Chinchipe. Un aluvión ocurrido en el sector de Santa Isabel, parroquia Guadalupe, provocó una emergencia que dejó personas fallecidas y desaparecidas.

De acuerdo con los datos abordados durante una entrevista jurídica, seis personas permanecen desaparecidas.

Entre ellas se encuentra la entonces gobernadora provincial, quien se encontraba en el sector durante la emergencia.

La tragedia, sin embargo, no terminó con el paso de los días.

Mientras las familias continúan esperando información sobre sus seres queridos, la provincia enfrenta una segunda interrogante: ¿Quién representa actualmente al Ejecutivo Nacional en Zamora Chinchipe y bajo qué instrumento jurídico ejerce esa función?

Una Gobernación en zona de incertidumbre

Durante la entrevista, el abogado constitucionalista consultado sostuvo que existe una situación de “inseguridad jurídica” alrededor de la Gobernación.

Su preocupación se centra en determinar si la persona que actualmente estaría ejerciendo funciones lo hace mediante una subrogación, un encargo u otra figura administrativa.

El jurista mencionó al intendente de Policía, Lenin Bravo, y cuestionó que no estaría claramente identificado el acto administrativo mediante el cual habría asumido la representación de la Gobernación.

La diferencia no sería solamente formal.

Desde el punto de vista del derecho administrativo, la competencia constituye uno de los elementos esenciales para que una autoridad pueda adoptar decisiones en nombre del Estado.

Por ello, el abogado plantea que el Ejecutivo debe determinar formalmente cuál es la situación administrativa de la Gobernación y quién está facultado para ejercer sus funciones.

“Primero hay que establecer qué es lo que está sucediendo en la Gobernación”, sostuvo el jurista durante la entrevista.

El problema no es solamente político

La controversia adquiere una dimensión jurídica porque las decisiones de una autoridad pública deben estar respaldadas por la Constitución, la ley y el correspondiente acto de designación o delegación.

Durante la entrevista se mencionó el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo como parte del análisis sobre la competencia de las autoridades.

El abogado advirtió que, si una autoridad actúa fuera de las competencias que legalmente le corresponden, determinadas actuaciones podrían ser cuestionadas ante las instancias administrativas o judiciales.

Esto no significa que todos los actos emitidos durante este período sean automáticamente ilegales o nulos.

Su validez tendría que analizarse individualmente y por las autoridades competentes.

Pero la incertidumbre sobre la autoridad que ejerce la representación provincial sí plantea una interrogante que el Ejecutivo debe aclarar.

¿Subrogación, encargo o nuevo gobernador?

La entrevista plantea tres escenarios posibles, dependiendo de la situación jurídica que determine el Gobierno Nacional.

Si se considera que existe una ausencia temporal, deberá aplicarse el mecanismo de subrogación que corresponda conforme al régimen jurídico vigente.

Si se determina otra situación administrativa, podría corresponder un encargo.

Y si existe una ausencia definitiva respecto del ejercicio de la función, deberá analizarse la designación de una nueva autoridad.

El punto central, según el abogado entrevistado, es que la administración central debe determinar primero cuál es la situación jurídica de la Gobernación.

No sería necesario, según su interpretación, esperar una eventual declaración de muerte presunta de la gobernadora desaparecida para resolver la continuidad administrativa de la institución.

La situación personal de una persona desaparecida y la continuidad de una institución pública son asuntos jurídicamente diferentes.

Seis familias siguen esperando

El debate institucional no puede separar la mirada de la tragedia humana.

Seis personas continúan desaparecidas desde el aluvión.

Sus familiares enfrentan una incertidumbre que puede prolongarse más allá de la búsqueda física.

Durante la entrevista se plantearon posibles dificultades relacionadas con herencias, seguros, obligaciones laborales, seguridad social y otros derechos.

En estos casos, existen procedimientos jurídicos específicos.

El abogado explicó que la eventual declaración de muerte presunta corresponde a un procedimiento individual relacionado con la situación civil de la persona desaparecida.

Pero insistió en que la administración pública debe resolver por separado quién ejerce la representación del Ejecutivo.

La provincia, en otras palabras, no debería permanecer institucionalmente indefinida mientras las familias atraviesan sus propios procesos jurídicos.

La pregunta que también es política

La discusión inevitablemente alcanza al Gobierno Nacional.

¿Por qué, después de varias semanas, no existe una explicación pública suficientemente clara sobre la situación administrativa de la Gobernación?

La pregunta adquiere mayor fuerza porque Zamora Chinchipe continúa enfrentando las consecuencias de una emergencia que dejó desaparecidos y familias esperando respuestas.

Durante la entrevista, el abogado cuestionó políticamente la respuesta del Ejecutivo y planteó que la provincia podría estar recibiendo menor atención por su condición territorial y demográfica.

Estas expresiones corresponden a la valoración política del jurista entrevistado y no constituyen, por sí mismas, una conclusión independiente sobre las motivaciones del Gobierno.

Sin embargo, colocan sobre la mesa un debate de fondo:

¿La presencia del Estado debe tener la misma fuerza en todas las provincias, independientemente de su población o peso político?

Debería estar relacionada con la igualdad de protección de los derechos y con la presencia efectiva de las instituciones públicas en todo el territorio nacional.

¿Dónde está el estado?

La pregunta que deja esta historia es más amplia que la situación de una autoridad.

Es una pregunta sobre la capacidad institucional del Estado.

¿Quién coordina?

¿Quién decide?

¿Quién recibe los reclamos?

¿Quién responde ante las familias?

¿Quién representa al Ejecutivo?

¿Quién tiene competencia para emitir determinados actos administrativos?

Cuando una emergencia golpea a una provincia, la ciudadanía necesita respuestas claras.

La ausencia física de una autoridad no debería convertirse en ausencia institucional.

El riesgo de futuras demandas

Otro de los aspectos analizados durante la entrevista es el eventual impacto judicial de las actuaciones administrativas.

El abogado sostuvo que, si se determina posteriormente que determinados funcionarios actuaron sin competencia o vulneraron derechos, podrían generarse procesos administrativos, constitucionales o contencioso-administrativos.

También advirtió sobre eventuales consecuencias económicas para el Estado si los órganos jurisdiccionales determinan responsabilidades y ordenan reparaciones o indemnizaciones.

Sin embargo, cualquier responsabilidad individual deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente y respetando el debido proceso.

La discusión plantea así un escenario preventivo: la falta de claridad institucional de hoy podría convertirse en un conflicto jurídico mañana.

Una provincia que necesita certezas

La situación de Zamora Chinchipe requiere, según el análisis realizado durante la entrevista, una respuesta formal del Ejecutivo.

El abogado planteó una ruta:

1- Determinar oficialmente la situación administrativa de la Gobernación.

2- Establecer si existe ausencia temporal o definitiva de la autoridad titular.

3- Determinar quién debe ejercer legalmente la representación provincial.

4- Emitir el correspondiente acto administrativo.

5- Garantizar simultáneamente la protección de los derechos de las familias de las personas desaparecidas.

El objetivo, desde esta perspectiva, no sería únicamente designar un nombre.

Se trata de garantizar una estructura institucional clara.

La respuesta que espera Zamora Chinchipe

El aluvión ocurrió el 4 de julio.

Casi tres meses después, seis familias continúan esperando respuestas sobre sus seres queridos.

Y la provincia continúa esperando claridad sobre la representación del Ejecutivo.

La tragedia puso a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Ahora también pone a prueba la institucionalidad.

Porque una administración pública necesita algo más que funcionarios.

Necesita competencia, legalidad, transparencia y responsabilidad.

La ciudadanía tiene derecho a saber quién toma las decisiones en su territorio y bajo qué fundamento jurídico.

Las familias tienen derecho a conocer qué mecanismos puede activar el Estado frente a la desaparición de sus seres queridos.

Y las instituciones tienen la obligación de actuar dentro del marco constitucional y legal.

Zamora no pide privilegios. Pide respuestas.

La provincia no puede quedar atrapada entre una tragedia sin resolver y una institucionalidad sin explicaciones suficientes.

La búsqueda de los desaparecidos debe continuar.

Los derechos de sus familiares deben ser protegidos.

Y la representación del Ejecutivo debe quedar jurídicamente definida.

No se trata solamente de quién ocupa una oficina.

Se trata de quién tiene la autoridad para decidir en nombre del Estado.

¿A quién responde ante la ciudadanía?

¿Quién asume las consecuencias de sus actos?

Y, sobre todo, de si las instituciones públicas están preparadas para responder cuando una emergencia golpea a una provincia amazónica y fronteriza.

Zamora Chinchipe necesita certezas.

Certezas para las familias.

Certezas para las instituciones.

Certezas para los ciudadanos.

Y una respuesta clara del Gobierno Nacional sobre una pregunta que, después de casi tres meses, continúa sobre la mesa:

¿QUIÉN GOBIERNA ZAMORA CHINCHIPE?