Si se produce una muerte cruzada en la Asamblea Nacional, es decir, la renuncia o destitución de más de la mitad de los legisladores, el proceso para llenar esas vacantes puede tardar alrededor de tres meses. Durante este período, la Asamblea Nacional no tendría suficientes miembros para sesionar y tomar decisiones. Esto podría tener un impacto significativo en la capacidad del gobierno para aprobar leyes y llevar a cabo sus funciones legislativas.
La disolución de la Asamblea Nacional, conocida en la política como muerte cruzada, promovida desde la Presidencia de la República, es un mecanismo contemplado en la Constitución que desde su aprobación en el 2008 no ha sido utilizado. Consta en el artículo 148 de la norma que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional (CC). O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna, y puede ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de mandato de un jefe de Estado.
De aplicarse, abre un plazo máximo de siete días, después de la publicación del decreto de disolución, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para completar el periodo. Esta disposición da la facultad al jefe del Gobierno de, previo dictamen de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por la Asamblea Nacional cuando esta se instale. Es decir, si el presidente de la República, Guillermo Lasso, resuelve adoptar esta herramienta, el Parlamento cerrará sus puertas por 90 días (tres meses), en tanto el CNE desarrolla el proceso eleccionario.
Los 137 asambleístas que fueron electos en los comicios generales del 2021 dejarán sus funciones, aunque podrán postularse nuevamente a una reelección. Asimismo, el mandatario podrá optar por buscar ser reelecto. Este es uno de los escenarios que podrían configurarse, por la iniciativa de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y otros aliados de llevar a juicio político a Guillermo Lasso, al ser observado por presuntos hechos de corrupción en el informe El Gran Padrino.
