Nacionales
Ministra de Educación responde a consultas de lectores de Diario EL UNIVERSO sobre el retorno a clases presenciales
La ministra de Educación, María Brown Pérez, respondió varias consultas de lectores de Diario EL UNIVERSO acerca del retorno progresivo y obligatorio de los alumnos a las aulas de clases en el territorio nacional.
La mañana de este jueves 25, en Quito, la ministra aclaró algunas de estas dudas compartidas a este Diario por decenas de padres de familia e incluso docentes sobre diversos temas relacionados con el plan de vuelta a las aulas físicas, que se inició el pasado 22 de noviembre con planes educativos técnicos y rurales, además del bachillerato de Galápagos.
Entre los temas tratados, ella habló de la vacunación anti-COVID-19 en alumnos, porte de uniformes en los planteles y la asistencia de personas en condición de vulnerabilidad.
La funcionaria de Gobierno mencionó que no se puede prohibir la asistencia a clases de un estudiante si es que no está vacunado e informó sobre la apertura de una encuesta en un portal web del Ministerio de Educación como paso previo al inicio del proceso de traslado de la educación presencial a la modalidad a distancia-virtual, que se iniciará en diciembre próximo.
“La institución educativa no puede impedir el ingreso del estudiante si no está vacunado, lo que sí puede es incentivar entre sus estudiantes la vacunación, así como estamos haciendo nosotros. La vacunación es segura. Una familia protegida es una familia vacunada, una familia vacunada protege a toda su comunidad; por lo tanto, el incentivar es positivo, pero muy distinto es incentivar que obligar. Las familias, todos los ciudadanos, tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y salud, eso está consagrado en la Constitución; nosotros no lo podemos exigir. Y también tienen derecho a la educación, valga la redundancia, es un derecho humano fundamental”, explicó Brown, ante una de las preguntas.
Aquí la entrevista completa con la ministra, transmitida a través de la página de Facebook de Diario EL UNIVERSO:
Además, la ministra aclaró que la vuelta a las aulas físicas está supeditada a las fechas determinadas en el cronograma, y solamente pueden retornar a la presencialidad en los cantones donde la población de 12 a 17 años tenga el 85 % de vacunación con las dos dosis.
Desde el pasado lunes, 22 de noviembre, planteles técnicos y rurales a nivel nacional y además de bachillerato de Galápagos iniciaron el proceso de retorno a la presencialidad.
Como parte del plan de vuelta a las aulas, el próximo 6 de diciembre será el turno de bachillerato y básica superior del territorio nacional, y para el Distrito Metropolitiano de Quito el siguiente día. El 17 de enero del 2022 deberán acudir los alumnos de básica y bachillerato a escala nacional.
Los últimos en volver a las aulas físicas serán los infantes de educación básical elemental (primero a séptimo curso), el próximo 17 de enero.
Por otra parte, el retorno de los niños y niñas de educación inicial se dará una vez que se inicie la vacunación en ese rango etario y se haya superado el 85 % de inoculación con las dos dosis. Aún no se ha anunciado una fecha tentativa.
En la parte inicial de la entrevista, la ministra habló de los planes de intervención en las instituciones educativas a nivel nacional, lo que demandaría una inversión de casi 650 millones de dólares. Específicamente refirió que Monte Sinaí, sector populoso del noroeste de Guayaquil, es una de las zonas donde hay un mayor número de instituciones con un estado deteriorado grave. (I) Fuente: Diario El Universo
Nacionales
Golpe a Los Lobos y Los Choneros: hallan USD 1 millón y 2,5 toneladas de droga en operativos con apoyo de EE.UU.
La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 dos operativos contra estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros, que dejaron cerca de 40 personas aprehendidas.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó las operaciones como un “fuerte golpe” contra las economías criminales de Los Choneros y Los Lobos.
El ministro del Interior, John Reimberg, también destacó los resultados de las intervenciones, ejecutadas después de varios meses de labores investigativas.
Caso Factoría: Golpe contra Los Lobos
El operativo Factoría, dirigido contra una estructura narcodelictiva vinculada a Los Lobos, involucró a 24 personas: 17 fueron aprehendidas durante las intervenciones y siete ya estaban recluidas en cárceles.
Entre los detenidos constan tres presuntos cabecillas, en cuyo poder se habría encontrado aproximadamente USD 1 millón en efectivo.
Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la retención de:
- 20 vehículos.
- Una avioneta.
- 15 armas, entre fusiles y pistolas.
- 200 municiones.
- Chalecos antibalas.
- Combustible para avión.
- Joyas de oro.
Además, se inhabilitaron dos pistas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
La Policía decomisó una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, localizada dentro de cinco vehículos. Según las investigaciones, la droga estaba lista para ser distribuida a distintos centros de acopio y posteriormente transportada en avionetas hacia Norteamérica.
Durante las intervenciones también fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaban con Los Lobos el envío de cargamentos mediante pistas clandestinas y aeronaves hacia Norteamérica.
Operativo Jericó contra Los Choneros
En el operativo Jericó en contra de la estructura criminal Los Choneros, las autoridades identificaron a 19 personas: 12 fueron capturadas durante las intervenciones y siete ya se encontraban recluidas.
La operación comprendió 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. Durante las diligencias se decomisaron aproximadamente 1,5 toneladas de droga.
Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional y 36 fiscales participaron en los operativos Factoría y Jericó ejecutados simultáneamente durante la madrugada. Fuente: Vistazo
El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunto peculado en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían «omitido o evadido procedimientos para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, se asignó el 70% del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de USD 104 millones que se han determinado como el presunto perjuicio.
Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.
Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.
Crisis por apagones de hasta catorce horas
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.
La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).
La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.
La clave está en diferenciar registro y reporte
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.
La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.
Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.
Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.
La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.
¿Una deuda se borra después de dos años?
No necesariamente.
El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.
Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.
En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.
Nuevos datos podrán ser considerados
La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.
Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.
Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.
Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.
¿Qué significa para quienes tienen deudas?
El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.
Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.
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