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Ministra de Educación responde a consultas de lectores de Diario EL UNIVERSO sobre el retorno a clases presenciales

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La ministra de Educación, María Brown Pérez, respondió varias consultas de lectores de Diario EL UNIVERSO acerca del retorno progresivo y obligatorio de los alumnos a las aulas de clases en el territorio nacional.

La mañana de este jueves 25, en Quito, la ministra aclaró algunas de estas dudas compartidas a este Diario por decenas de padres de familia e incluso docentes sobre diversos temas relacionados con el plan de vuelta a las aulas físicas, que se inició el pasado 22 de noviembre con planes educativos técnicos y rurales, además del bachillerato de Galápagos.

Entre los temas tratados, ella habló de la vacunación anti-COVID-19 en alumnos, porte de uniformes en los planteles y la asistencia de personas en condición de vulnerabilidad.

La funcionaria de Gobierno mencionó que no se puede prohibir la asistencia a clases de un estudiante si es que no está vacunado e informó sobre la apertura de una encuesta en un portal web del Ministerio de Educación como paso previo al inicio del proceso de traslado de la educación presencial a la modalidad a distancia-virtual, que se iniciará en diciembre próximo.

La institución educativa no puede impedir el ingreso del estudiante si no está vacunado, lo que sí puede es incentivar entre sus estudiantes la vacunación, así como estamos haciendo nosotros. La vacunación es segura. Una familia protegida es una familia vacunada, una familia vacunada protege a toda su comunidad; por lo tanto, el incentivar es positivo, pero muy distinto es incentivar que obligar. Las familias, todos los ciudadanos, tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y salud, eso está consagrado en la Constitución; nosotros no lo podemos exigir. Y también tienen derecho a la educación, valga la redundancia, es un derecho humano fundamental”, explicó Brown, ante una de las preguntas.

Aquí la entrevista completa con la ministra, transmitida a través de la página de Facebook de Diario EL UNIVERSO:

https://www.facebook.com/watch/?v=607072177177558

Además, la ministra aclaró que la vuelta a las aulas físicas está supeditada a las fechas determinadas en el cronograma, y solamente pueden retornar a la presencialidad en los cantones donde la población de 12 a 17 años tenga el 85 % de vacunación con las dos dosis.

Desde el pasado lunes, 22 de noviembre, planteles técnicos y rurales a nivel nacional y además de bachillerato de Galápagos iniciaron el proceso de retorno a la presencialidad.

Como parte del plan de vuelta a las aulas, el próximo 6 de diciembre será el turno de bachillerato y básica superior del territorio nacional, y para el Distrito Metropolitiano de Quito el siguiente día. El 17 de enero del 2022 deberán acudir los alumnos de básica y bachillerato a escala nacional.

Los últimos en volver a las aulas físicas serán los infantes de educación básical elemental (primero a séptimo curso), el próximo 17 de enero.

En Ecuador 402.309 alumnos regresan a las aulas físicas, y médicos dan recomendaciones para evitar contagios de COVID-19

Por otra parte, el retorno de los niños y niñas de educación inicial se dará una vez que se inicie la vacunación en ese rango etario y se haya superado el 85 % de inoculación con las dos dosis. Aún no se ha anunciado una fecha tentativa.

En la parte inicial de la entrevista, la ministra habló de los planes de intervención en las instituciones educativas a nivel nacional, lo que demandaría una inversión de casi 650 millones de dólares. Específicamente refirió que Monte Sinaí, sector populoso del noroeste de Guayaquil, es una de las zonas donde hay un mayor número de instituciones con un estado deteriorado grave. (I) Fuente: Diario El Universo

Nacionales

Destituyen a conjuez David Jacho de la Corte Nacional por presunto acoso sexual; su caso va a Fiscalía

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El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, fue destituido de su cargo este viernes 7 de noviembre, tras ser señalado por presunto acoso sexual en contra de una empleada que laboraba en la entidad.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de conocer un informe del caso. Además, el organismo anunció que el hecho será remitido a la Fiscalía General del Estado para las acciones penales correspondientes.

Jacho integraba la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la CNJ. También formó parte del tribunal que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión.

Denuncia de acoso sexual contra David Jacho

El caso de acoso sexual salió a la luz el pasado 2 de julio, cuando una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional de Justicia. En el documento de dimisión, la mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.

Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.

«Cabe señalar que el 16 de octubre de 2025, en aplicación de la Resolución N.° 112-2023, que regula el «Procedimiento de cesación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia”, se conformó una veeduría técnico-jurídica integrada por profesionales del Derecho de reconocida probidad, ética y trayectoria», detalló la Judicatura.

La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. Según la Judicatura, el conjuez tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.

Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.

Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes.

De las versiones recogidas en el informe, se determinó que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio con su compañero de trabajo.

Tras notificar la destitución del conjuez, el CJ enfatizó que esta decisión «ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales». Fuente: Vistazo

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Ecuacorriente s.a. alerta sobre falsas ofertas laborales

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EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078

El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales.  Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:

 

 

EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.

Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

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Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú

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San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.

El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.

El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.

Empresas fachada y lavado de oro

La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.

Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.

La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.

Una frontera sin control

El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.

“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).

Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén

Preocupación en Zamora Chinchipe

Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.

El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?

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