Por: Alonzo Cueva Rojas

Zamora Chinchipe se desangra en una guerra sin cuartel contra la minería, pero el enemigo no solo viste de camuflaje en la selva; también opera desde las oficinas del Estado. La ola de operativos del gobierno de Daniel Noboa, que destruye de forma sistemática la maquinaria pesada en cantones como Palanda, Yacuambi, El Pangui, Centinela del Cóndor y Nangaritza, no frena la ilegalidad. Al contrario, al aplicarse la misma estrategia destructiva de manera generalizada, la falta de alternativas y de consensos mínimos empuja a toda la provincia hacia una peligrosa escala de violencia con un pronóstico social totalmente impredecible.

La muestra más fehaciente y alarmante de este peligro generalizado ocurrió ayer en Nangaritza. Un violento operativo en Guayzimi desató el caos absoluto: pobladores y mineros, cansados de ver quemadas las herramientas que sustentan la economía de la zona, se enfrentaron directamente al Ejército. Hubo retención de uniformados, ataques a blindados y gases lacrimógenos en medio del pueblo. Esta respuesta netamente punitiva y desprovista de diálogo rompió la paz social, arrastrando a los ciudadanos a una rebelión desesperada que amenaza con replicarse en los cantones vecinos donde la situación es idéntica.

Este escenario caótico golpea la tranquilidad de las comunidades ribereñas, vulnerables ante recurrentes inundaciones. Si existiera una regularización real para transicionar de la informalidad a la formalidad, la realidad sería otra. Al legalizarse, los operadores locales pagarían tributos reinvertibles en sus zonas y serían sujetos de control para una adecuada remediación ambiental. Además, se protegería el rostro más vulnerable de la actividad: la clase trabajadora. Hoy, miles de obreros laboran sin seguridad social ni medidas de protección; muchos, de hecho, han muerto en el olvido absoluto por el simple hecho de ser catalogados como «ilegales». Al preferir la vía del desorden y el fuego, el Estado arriesga a la provincia a una preocupante anarquía total.

En medio de esto, salta a la vista una paradoja indignante: el Estado otorga un trato privilegiado y «garantista» al gran capital transnacional con contratos blindados y resguardo militar. En contraste, para el minero nativo la única respuesta es la criminalización. Esta flagrante asimetría moral destruye el tejido social y demuestra que las leyes se usan para desplazar al productor local en favor de intereses extranjeros.

¿Con qué legitimidad se quema la herramienta local cuando las agencias de control actúan como extorsionadores? Al audio filtrado del exdirector de ARCOM exigiendo coimas semanales, se suman hechos vergonzosos en el territorio: policías con miles de dólares injustificados en Chinapintza, denuncias de uniformados que liquidan el oro antes de quemar los campamentos, y el insólito robo de 2.5 kilos de oro que, tras ser interceptado en la pista de Cumbaratza, desapareció misteriosamente de las bodegas de la Policía Judicial en Zamora. Cuando las instituciones del orden extorsionan y roban, el Estado pierde toda validez.

Una salida pacífica será imposible si el Gobierno insiste en mirar este conflicto solo a través de la mira de un fusil. La solución no es el fuego, sino la limpieza profunda de la corrupción en ARCOM, la Policía y el Ejército. Zamora Chinchipe exige una tregua, diálogo inmediato y una regularización honesta. De lo contrario, los hechos de Guayzimi serán apenas el inicio de una lamentable rebelión civil que nadie sabrá cómo detener.

Seguridad y crimen organizado, entre las prioridades

Regulación para ingreso de militares estadounidenses

El representante del área técnica de Ecuacorriente S.A., Rubén Díaz, informó sobre los aspectos técnicos y el proceso de control previsto para el proyecto de apertura y lastrado de la vía piloto que conectará el puente El Polvorín con la comunidad Valle del Quimi, en la parroquia Tundayme.

Díaz señaló que estará a cargo de la administración y supervisión de los recursos destinados por la empresa para la ejecución del proyecto, además del seguimiento técnico de los trabajos, con énfasis en el control de calidad de los materiales y de los procedimientos constructivos.

“Estaré pendiente del control de calidad, de que la obra se haga con toda normalidad y de que los recursos se distribuyan como debe ser”, manifestó el representante técnico.

Una vía de aproximadamente tres kilómetros
De acuerdo con las especificaciones expuestas, el proyecto contempla una longitud aproximada de 3 kilómetros, con un ancho de 6 metros. La vía será habilitada y lastrada con material de características adecuadas para generar una base estable que, en una etapa posterior, permita considerar su pavimentación o asfaltado.

El diseño contempla además obras de drenaje para garantizar el adecuado manejo de las aguas superficiales, considerando las condiciones hidrológicas de la zona y la presencia de varios afluentes.

Según Díaz, se prevé la instalación de tres alcantarillas, cuya función será facilitar la conducción y descarga de los caudales hacia el río Quimi, reduciendo posibles afectaciones sobre la estructura de la vía y mejorando su durabilidad.

Control de calidad y administración de recursos
El representante de Ecuacorriente explicó que realizará un seguimiento permanente durante las diferentes fases de ejecución, particularmente durante la colocación de los sistemas de drenaje y de las distintas capas que conformarán la estructura vial.

Asimismo, indicó que uno de los objetivos será garantizar que los recursos asignados sean utilizados exclusivamente en los componentes establecidos dentro del proyecto.

Díaz también advirtió que durante la ejecución podrían presentarse inconvenientes relacionados con la disponibilidad y autorización de paso por determinados terrenos. En este sentido, consideró necesario que los permisos correspondientes se encuentren habilitados para evitar retrasos y permitir que los trabajos se desarrollen conforme al cronograma previsto.

Infraestructura estratégica para la producción
El proyecto adquiere relevancia por su potencial impacto en la conectividad y actividad productiva de la comunidad Valle del Quimi. Díaz señaló que la mejora vial podría contribuir al crecimiento de la zona y facilitar el traslado de la producción de las fincas hacia otros puntos del cantón.

Explicó que, conforme aumente la actividad económica y productiva, también podría incrementarse la necesidad de contar con una infraestructura vial de mayor capacidad, debido a que el transporte de productos podría requerir vehículos de mayor tonelaje.

En este contexto, la construcción de una base vial estable permitiría generar condiciones para futuras intervenciones y una eventual mejora de la vía mediante asfaltado, de acuerdo con las necesidades que se presenten y la planificación de las instituciones competentes.

El proyecto de apertura y lastrado de la vía piloto puente El Polvorín–Valle del Quimi constituye, de esta manera, una intervención orientada a fortalecer la conectividad rural de Tundayme y generar mejores condiciones para la movilidad y el desarrollo productivo de las comunidades asentadas en el sector.