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Nacionales

Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones

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El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.

Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.

La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.

Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte

La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.

«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.

Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.

Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.

Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.

Proveedores reclaman pagos

No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.

“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.

La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.

Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.

IESS, reclama los mayores atrasos

El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.

Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.

Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.

Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.

Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.

Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.

La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.

El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias

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Golpe a Los Lobos y Los Choneros: hallan USD 1 millón y 2,5 toneladas de droga en operativos con apoyo de EE.UU.

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La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 dos operativos contra estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros, que dejaron cerca de 40 personas aprehendidas.

Las operaciones, denominadas Jericó y Factoría, se desplegaron después de aproximadamente 12 meses de investigación y estuvieron dirigidas a golpear las estructuras y economías criminales de ambas organizaciones.

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó las operaciones como un “fuerte golpe” contra las economías criminales de Los Choneros y Los Lobos.

El ministro del Interior, John Reimberg, también destacó los resultados de las intervenciones, ejecutadas después de varios meses de labores investigativas.

Caso Factoría: Golpe contra Los Lobos

El operativo Factoría, dirigido contra una estructura narcodelictiva vinculada a Los Lobos, involucró a 24 personas: 17 fueron aprehendidas durante las intervenciones y siete ya estaban recluidas en cárceles.

Entre los detenidos constan tres presuntos cabecillas, en cuyo poder se habría encontrado aproximadamente USD 1 millón en efectivo.

La Policía ejecutó 20 allanamientos en Durán, Daule, la vía a Salitre, Santo Domingo y El Oro. Las intervenciones también alcanzaron urbanizaciones ubicadas en la vía a Samborondón.

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la retención de:

  • 20 vehículos.
  • Una avioneta.
  • 15 armas, entre fusiles y pistolas.
  • 200 municiones.
  • Chalecos antibalas.
  • Combustible para avión.
  • Joyas de oro.

Además, se inhabilitaron dos pistas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

La Policía decomisó una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, localizada dentro de cinco vehículos. Según las investigaciones, la droga estaba lista para ser distribuida a distintos centros de acopio y posteriormente transportada en avionetas hacia Norteamérica.

Durante las intervenciones también fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaban con Los Lobos el envío de cargamentos mediante pistas clandestinas y aeronaves hacia Norteamérica.

El caso contó con la cooperación de agencias de Estados Unidos, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Comando Sur.

Operativo Jericó contra Los Choneros

En el operativo Jericó en contra de la estructura criminal Los Choneros, las autoridades identificaron a 19 personas: 12 fueron capturadas durante las intervenciones y siete ya se encontraban recluidas.

La operación comprendió 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. Durante las diligencias se decomisaron aproximadamente 1,5 toneladas de droga.

Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional y 36 fiscales participaron en los operativos Factoría y Jericó ejecutados simultáneamente durante la madrugada.​​​ Fuente: Vistazo

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Fiscalía pide prisión para diez nuevos vinculados al caso «Progen»

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El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunto peculado en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.

Alarcón hizo esta solicitud ante el juez de la Corte Nacional que está encargado del caso, con base en un supuesto peligro de fuga y el riesgo de obstaculización del proceso penal.

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían «omitido o evadido procedimientos para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

A pesar de las irregularidades deficiencias detectadas, se asignó el 70% del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de USD 104 millones que se han determinado como el presunto perjuicio.

Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.

Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.

Después de escuchar a todas las partes, el juez suspendió la audiencia para deliberar y señaló que anunciará su decisión sobre el pedido de prisión preventiva el próximo jueves.

Crisis por apagones de hasta catorce horas

Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.

Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias. Fuente: Vistazo
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¿Se borran las deudas después de 2 años? Esto cambia en el buró de crédito

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Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.

La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).

La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.

La clave está en diferenciar registro y reporte

Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.

La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.

Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.

Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.

La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.

¿Una deuda se borra después de dos años?

No necesariamente.

El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.

Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.

En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.

Nuevos datos podrán ser considerados

La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.

Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.

Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.

Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.

¿Qué significa para quienes tienen deudas?

El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.

Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.

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