Nacionales
Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones
El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.
Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.
La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.
Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte
La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.
«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.
Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.
Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.
Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.
Proveedores reclaman pagos
No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.
“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.
La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.
Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.
IESS, reclama los mayores atrasos
El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.
Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.
Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.
Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.
Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.
Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.
La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.
El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias
A través de un video en su cuenta de X, Lucio Gutiérrez salió a poner distancia entre Sociedad Patriótica (PSP) y la Revolución Ciudadana (RC5).
El expresidente reaccionó a versiones que presentan a su organización como parte de los acuerdos electorales del correísmo y lanzó una frase con munición política: “No auspiciamos candidatos delincuentes”.
Contexto electoral
La reacción se produce luego de que RC5 presentara sus cartas para varias alcaldías de Guayas. Entre los nombres divulgados aparece Cristian Moreta para Naranjal, cuya candidatura fue reportada bajo una alianza entre Sociedad Patriótica y el Partido Socialista Ecuatoriano.
“Podría compararles con ‘buitres’ o ‘hienas’ que están esperando que su presa cometa el mínimo error para lanzarse y despedazarlo, pero no lo voy a hacer”, expresó.
Luego dirigió el reclamo hacia quienes difundieron esas versiones: “Solo voy a decirles que antes de publicar mentiras, consulten con la fuente”, enfatizó.
Alianzas «sin resultados»
El correísmo llega a estas elecciones con «limitaciones». La Revolución Ciudadana permanece suspendida por nueve meses, por lo que varias de sus figuras han tenido que buscar espacio electoral a través de otras organizaciones.
En Manabí, Luisa González intentó competir mediante una alianza con Pachakutik y Jaime Estrada buscó llegar a la papeleta por Sí Podemos, pero ninguna de las dos candidaturas fue aceptada.
Ese escenario ha obligado a RC a explorar respaldos externos y alianzas puntuales, lo que ha generado fricciones con otras fuerzas políticas.
La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas desechó de forma unánime el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Con esta decisión, los magistrados dejaron en firme la condena de tres años de pena privativa de libertad dictada en primera instancia el pasado 3 de agosto de 2026.
El tribunal ratificó que Alvarez es autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La Fiscalía General del Estado demostró que el funcionario violó la disposición judicial que lo obligaba a portar de manera permanente un dispositivo de vigilancia electrónica.
El origen de la infracción
El proceso penal independiente se desprendió de una diligencia ejecutada el 10 de febrero de 2026. Durante un allanamiento en su domicilio vinculado al caso ‘Goleada’, agentes policiales y fiscales descubrieron que el burgomaestre no tenía puesto el grillete electrónico, el cual le había sido impuesto previamente como medida cautelar dentro del caso ‘Triple A’. De acuerdo con las pruebas testimoniales presentadas por la Fiscalía, el dispositivo fue encontrado cargándose cerca de su cama, confirmando el retiro del mismo sin autorización de un juez.
Multa y reparación integral
Además del tiempo en prisión, la resolución ratificada obliga al sentenciado a cumplir con las siguientes disposiciones de primera instancia:
- Sanción económica: Pago de una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalente a USD 4.820.
- Reparación simbólica: Obligación de ofrecer disculpas públicas.
- Difusión del fallo: Publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.
Complejo panorama jurídico
El abogado defensor de Alvarez, Julio César Cueva, cuestionó activamente la validez de la carga probatoria de la Fiscalía durante la audiencia virtual, argumentando que no se demostró una intención deliberada de incumplimiento. Sin embargo, la Sala validó los argumentos de la acusación pública.
Actualmente, Aquiles Alvarez permanece recluido en la cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena. Este dictamen complica significativamente el frente legal del funcionario, quien además acumula una condena en primera instancia de seis años y ocho meses de cárcel por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso ‘Triple A’, sumado al trámite vigente del caso ‘Goleada’ por presunto lavado de activos.
Tras este revés en la apelación, la defensa del alcalde tiene como última instancia legal la interposición de un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia para intentar revertir el fallo. (I)
CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.
ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.
Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.
VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.
En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,
parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado, se DISPONE:
1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.
2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN
GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.
3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar
adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).
4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.
6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-
DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10
BYRON STALIN MEDINA PACHECO
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