Nacionales
Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones
El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.
Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.
La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.
Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte
La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.
«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.
Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.
Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.
Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.
Proveedores reclaman pagos
No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.
“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.
La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.
Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.
IESS, reclama los mayores atrasos
El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.
Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.
Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.
Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.
Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.
Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.
La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.
El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias
Nacionales
Alcalde de Riobamba, concejales y otros son llamados a juicio por asociación ilícita en ‘Caso Altares’
La Fiscalía General del Estado acusó al alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, y otras ocho personas del presunto delito de asociación ilícita, en el marco de una investigación por posibles actos de corrupción en el Municipio riobambeño.
Tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Jueza Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dictó auto de llamamiento a juicio contra Rafael Teodoro Q. P. y Carlos Octavio A. S. (concejales), René Javier L. G. (particular), Jhon Henry Vinueza (alcalde) y Lenin Stalin F. G. (exdirector departamental del Municipio). Además, ratificó las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Para Edison Germán T. C. y Galo Esteban F. M. (concejales), Roberto Javier M. B. y Ramiro Alonso V. M. (exdirector de Movilidad), dictó auto de sobreseimiento. No obstante, la autoridad judicial dispuso iniciar investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con representantes de cooperativas de transporte.
La investigación se originó a partir de diligencias que incluyeron allanamientos a domicilios de funcionarios públicos y particulares, el 30 de enero de 2025.
Según la teoría del caso, los procesados habrían conformado una estructura para cometer delitos como tráfico de influencias —para intervenir en causas de tránsito—, cohecho —relacionado con la presunta habilitación irregular de 255 cupos de taxis rurales— y falsificación informática, mediante la eliminación de multas.
De acuerdo con los elementos recabados, existirían indicios de entrega de dinero para acceder a estos beneficios; no obstante, estos hechos continúan en investigación.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles, documentación institucional relacionada con proyectos de ordenanza sobre transporte, versiones de involucrados en la recaudación de dinero e información proporcionada por un cooperador eficaz, entre otros elementos de convicción. Asimismo, hizo el anuncio de la prueba que será presentada en la audiencia de juicio.
Este no es el único inconveniente que ha enfrentado el alcalde John Vinueza. En enero de 2025, la mayoría del Concejo Municipal lo destituyó debido a modificaciones en la donación de un terreno para la construcción de una morgue, pero el Tribunal Contencioso Electoral anuló el proceso de remoción de Vinueza, ya que no se cumplieron las formalidades del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Fuente: Vistazo
Nacionales
Gobierno allana oficinas de CNEL en varias provincias del país: John Reimberg y Daniel Noboa lideran operativo
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 28 de abril de 2026 sobre un operativo de allanamiento a oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en varias provincias del país.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario anunció la intervención pasadas las 10:40 y compartió imágenes del operativo, en las que aparece junto al presidente de la República, Daniel Noboa.
En las fotografías difundidas se observa un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Noticia en desarrollo
Nacionales
El retorno de los extraditables se frena por beneficios diplomáticos, recursos judiciales y trabas burocráticas
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador archivó la extradición de Gabriel Massuh, procesado en el caso Encuentro. La decisión judicial del 16 de abril de 2026 obedece al estatus de refugio otorgado por Colombia.
Este hecho expone la incapacidad estatal para lograr el retorno de prófugos de la Justicia. La impunidad se afianza debido a trámites estancados por la burocracia y procesados detenidos en el exterior sin resolución.
Casos archivados o suspendidos por asilos políticos
El fallido proceso de Gabriel Massuh se perdió en octubre de 2025, cuando la Cancillería de Colombia reconoció su refugio y llevó al presidente Gustavo Petro a revocar la extradición inicialmente concedida. Sin la voluntad del Estado requerido (en este caso, Colombia), el Estado requirente (Ecuador) no puede obligar al otro a repatriar a un procesado por la justicia.
Pese a la decisión de Petro, la Notificación Roja de Interpol permanecerá activa. Por lo que, si ‘El Turco’ abandona territorio colombiano y es detenido en otro país, una solicitud de extradición podría reactivarse.
Este patrón de protección diplomática ha beneficiado a otros exfuncionarios, como el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica con estatus de refugiado, dejando su requerimiento bloqueado pese a la insistencia estatal de febrero de 2025.
Una situación parecida cobija a Walter Solís, exministro de Correa detenido en México por Interpol en noviembre de 2024, pero liberado horas después al ratificarse su estatus de refugiado.
El trámite de repatriación de Ramiro González, apresado en 2019 en Perú, también se suspendió, ya que el expresidente del Directorio del IESS solicitó refugio. Ni en el archivo judicial ecuatoriano ni en el peruano se ha confirmado la concesión de ese estatus; sin embargo, la extradición no avanzó.
El estancamiento por burocracia
La lentitud procesal mantiene a varios procesados en libertad o con escasos avances, como ocurre en el caso Encuentro con Hernán Luque, quien goza de arresto domiciliario en Argentina.
Aunque un juzgado de primera instancia declaró procedente su extradición, la defensa apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese país.
Ante esto, el 19 de febrero de 2026, el presidente de la Corte Nacional de Ecuador, Marco Rodríguez, pidió oficiar a las autoridades argentinas para ratificar el interés del Estado en la continuidad del trámite de extradición de Luque.
Otro ejemplo de esta situación es el caso Metástasis, donde los expedientes de Xavier Jordán, Marcel Loaiza y Ronny Aleaga llevan meses de retrasos e inactividad.
Documentos judiciales exponen que, desde mayo hasta octubre de 2025, la Presidencia de la Corte solicitó en reiteradas ocasiones copias certificadas de los elementos de convicción al juez de la causa, Manuel Cabrera.
El Magistrado contestó continuamente que dichas pruebas fueron presentadas de manera oral por la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio y que los documentos físicos reposaban en esa entidad investigativa.
Durante esos meses de cruces documentales, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol bloqueó la visualización de la Notificación Roja de Loaiza y procedió a eliminar definitivamente los datos de Aleaga tras analizar recursos legales.
Mientras tanto, Jordan y Loaiza están libres en Estados Unidos. Y Aleaga en Venezuela. O, al menos, esos son sus últimos paraderos conocidos.
Trámites demorados de detenidos en el exterior
Un tercer grupo reúne a sujetos capturados internacionalmente, pero con retornos no resueltos en los tribunales, destacando María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías dentro del caso Sinohydro.
Ambos fueron arrestados el 23 de abril de 2025 en el edificio residencial PH Ocean One, ubicado en el sector Costa del Este de Panamá, durante la Operación Celada.
Ante este suceso, el 28 de abril de 2025, el presidente de la Corte Nacional ofició a la Cancillería para ejecutar gestiones diplomáticas que permitan conocer el estado del proceso. Hasta ahora, un año después, no hay noticias.
Mientras tanto, en España, la extradición de Mercedes Villarreal, procesada en el caso Plaga, fue condicionada a que Ecuador demuestre garantías para proteger su vida en una cárcel local, en un plazo que concluirá en mayo de 2026. Un proceso parecido que ocurrió antes de la liberación de ‘Negro Willy’.
William Alcívar, alias ‘Negro Willy’, cabecilla de Los Tiguerones, fue liberado en España a finales de 2025. Ecuador no entregó a tiempo las garantías penitenciarias, obligando a la Corte Nacional a pedir el inicio de un nuevo proceso de extradición en abril de 2026.
Una suerte contraria tuvo Álex Alcívar, hermano del cabecilla de Los Tiguerones. España aceptó entregarlo a la justicia ecuatoriana en enero de 2026 tras corroborarse el cumplimiento estatal de los estándares de derechos humanos. Pero la extradición aún no se concreta.
Por otro lado, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos, afronta un cruce de pedidos, ya que Estados Unidos reclamó a España formalmente su extradición por narcotráfico en febrero de 2026, al igual que lo hizo Ecuador.
A la lista de espera se suman dos detenidos en Estados Unidos. César Cóndor, procesado por femicidio, fue apresado en Carolina del Sur a inicios de 2025. Carlos Pólit, excontralor, está preso hasta la culminación de su condena carcelaria previa. Los dos son investigados en Ecuador. Fuente: Primicias
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