Nacionales
Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones
El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.
Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.
La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.
Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte
La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.
«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.
Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.
Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.
Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.
Proveedores reclaman pagos
No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.
“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.
La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.
Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.
IESS, reclama los mayores atrasos
El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.
Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.
Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.
Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.
Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.
Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.
La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.
El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias
Nacionales
Asambleísta Jorge Guevara se pronuncia sobre inversión pública y proyectos de vialidad en la provincia de Loja
En entrevista concedida al periodista Ramiro Cueva, del medio Cadena Ecotel de Loja, el asambleísta por la provincia de Loja, Jorge Guevara, abordó diversos temas relacionados con la obra pública, la vialidad provincial, la gestión legislativa y el manejo presupuestario nacional, destacando los esfuerzos del Gobierno en el ámbito de infraestructura y servicios básicos, así como los desafíos pendientes en la región sur del país.
Durante la conversación, Guevara reconoció que la falta de inversión visible en obras públicas es una preocupación ciudadana, pero explicó que existen procesos en marcha y recursos asignados a proyectos prioritarios. Entre ellos mencionó la rehabilitación de la vía Loja–Catamayo, con una inversión complementaria de dos millones de dólares, además de intervenciones en el Centro de Salud de San Pedro de la Bendita, que recibió 250 mil dólares para mejoras en su infraestructura.
El legislador señaló que la vía Loja–Catamayo, tanto en su tramo antiguo como en el nuevo, presenta deterioros significativos que están siendo atendidos gradualmente. Sin embargo, advirtió que estas obras “no se realizan de la noche a la mañana”, debido a los procesos técnicos y administrativos que implican los contratos, la asignación de maquinaria y la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, mencionó que se está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en labores de bacheo, rehabilitación y asfaltado en la E-35, que conecta Catamayo, Macará y Sozoranga, además de los tramos Cariamanga–Celica, Chaguarpamba–Puyango y la vía hacia la Costa. Guevara resaltó que, aunque la maquinaria del MTOP es limitada, se está fortaleciendo el trabajo a través de la Prefectura de Loja y mediante contratos complementarios para garantizar el mantenimiento vial en toda la provincia.
En el ámbito rural, el asambleísta destacó la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con la legalización de tierras rurales y la entrega de paquetes sostenibles en los cantones Saraguro y Calvas, con una inversión aproximada de 70 mil dólares destinados a apoyar la producción agropecuaria local.
Frente a las críticas sobre su gestión legislativa, el asambleísta aclaró que sí ha presentado iniciativas en el actual periodo, particularmente un proyecto de ley en el ámbito de salud, cuyo objetivo es integrar los sistemas informáticos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La propuesta busca crear una plataforma unificada que permita a los médicos acceder a los historiales clínicos de los pacientes desde cualquier institución pública, garantizando un servicio más eficiente y articulado.
Sobre la situación económica del país, Guevara sostuvo que el actual Gobierno se encuentra “poniendo en orden las finanzas”, debido a las deudas acumuladas por administraciones anteriores. Explicó que existen más de 12.000 proveedores nacionales que reclaman pagos atrasados por un monto superior a 20 mil millones de dólares, lo que ha afectado la capacidad estatal para ejecutar nuevas obras.
Finalmente, el asambleísta reconoció que la ciudadanía demanda resultados visibles, especialmente en materia de vialidad, pero insistió en que el proceso de reconstrucción y planificación presupuestaria requiere tiempo y responsabilidad fiscal. “No se puede construir si no se ha puesto en orden la casa”, puntualizó, reiterando su compromiso con la provincia y con el fortalecimiento de los proyectos que promuevan el desarrollo integral de Loja.
El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este miércoles 12 de noviembre la construcción de un nuevo centro carcelario con capacidad para 15.000 personas privadas de la libertad (PPL).
La infraestructura se edificará en la provincia de Santa Elena, cerca de la recién inaugurada Cárcel del Encuentro, y será de mediana seguridad.
“Se va a construir una (cárcel) cerca, grande, no de máxima seguridad, de mediana seguridad para aproximadamente 15.000 personas”, explicó Noboa durante una entrevista con radio Sucre.
“El problema no es solo el hacinamiento, muchas cárceles nunca se arreglaron”, añadió Noboa.
Cárcel del Encuentro no está terminada
Respecto a la Cárcel del Encuentro, el presidente reconoció que la obra aún no está completamente terminada. Indicó que registra entre un 35% y 40% de avance, aunque espera que en dos semanas alcance el 80%, y que el último pabellón esté concluido en aproximadamente un mes.
El mandatario justificó el traslado de reclusos como una medida urgente ante presuntos intentos de desestabilización en el marco de la consulta popular y referéndum que se realizará este domingo 16 de noviembre.
“Querían hacer relajo y matar a la mayor cantidad de gente para decir que este Gobierno fracasa. Nos tocó adelantarnos, especialmente con los (presos) más peligrosos, los que desde la cárcel organizaban asesinatos y sicariatos”, afirmó.
Entre los presos trasladados figura el exvicepresidente Jorge Glas, quien ahora se encuentra en la Cárcel del Encuentro. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el exmandatario está “más seguro” en el nuevo recinto.
“Glas estaba en La Roca, que en su momento fue el centro de máxima seguridad. Hoy, la Cárcel del Encuentro es la más segura del país. Si antes lo que le preocupaba era su seguridad, ahora está en un recinto totalmente seguro”, sostuvo el funcionario.
El ministro aclaró que todos los reos fueron trasladados de ‘La Roca’ debido a que el Gobierno planea iniciar obras de adecuación en ese centro penitenciario.
La Cárcel del Encuentro, construida con una inversión de 52 millones de dólares, tiene capacidad para 800 reclusos. Fuente: Vistazo
Durante una entrevista concedida a Radio Sucre, el presidente Daniel Noboa amplió su discurso de campaña por la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre de 2025, adelantando tres nuevos nombres para la conformación de una posible Asamblea Constituyente.
El mandatario aseguró que el objetivo es redactar una nueva Carta Magna más funcional y menos punitiva, y anticipó que en la nueva administración de la seguridad social se analizan alianzas público-privadas para optimizar los servicios médicos.
Nuevos nombres para la Constituyente
A los ya mencionados Annabella Azín, Niels Olsen y Diana Salazar, el presidente sumó tres nuevos nombres:
- Almirante Jaime Vela Erazo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
- José de la Gasca, exministro de Gobierno.
- Nathaly Murrillo, actual asambleísta por el movimiento ADN.
Con estos nombres, Noboa perfila un grupo mixto entre civiles y figuras con experiencia en seguridad y gestión pública.
Según explicó, la futura Constituyente -si se aprueba en las urnas- deberá garantizar un Estado moderno, seguro y eficientel.
Reformas en la seguridad social
El mandatario también se refirió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y aclaró que “no se modificará el servicio, sino la administración”. Planteó que el sistema actual es ineficiente al mantener “dos o tres administraciones de salud completamente separadas. “Muchas veces se duplica o triplica la cita médica, cuando lo que se necesita es una gestión unificada”, sostuvo.
Las alianzas público-privadas en el sistema sanitario, según Noboa, podrían mejorar los tiempos de atención, reducir costos operativos y garantizar un servicio de calidad.
Una nueva constitución sin castigos ni privilegios
Sobre el contenido de una posible nueva Constitución, Noboa insistió en que “no se puede tener una constitución llena de prohibiciones, es una constitución de castigo”, en alusión al modelo vigente desde 2008.
Aseguró que se mantendrán los derechos de la naturaleza, pero que se revisarán disposiciones que, en su criterio, generan distorsiones, como la consideración de los personas privadas de la libertad como grupo prioritario.
Optimismo electoral y horizonte político
Noboa se mostró confiado ante la consulta popular: “Las encuestas nos favorecen y la gente quiere un cambio”.
Con su licencia temporal para hacer campaña, busca consolidar apoyo a las cuatro preguntas (tres del referéndum y una de consulta popular) que definirán reformas estructurales en seguridad, institucionalidad y modelo político.
La inclusión de nuevos nombres para la Constituyente refuerza el mensaje del Ejecutivo de que la transformación política que promueve el Gobierno no depende solo del liderazgo presidencial, sino de un equipo diverso que combine experiencia técnica y política. Fuente: El Telégrafo
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