Nacionales
Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones
El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.
Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.
La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.
Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte
La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.
«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.
Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.
Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.
Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.
Proveedores reclaman pagos
No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.
“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.
La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.
Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.
IESS, reclama los mayores atrasos
El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.
Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.
Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.
Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.
Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.
Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.
La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.
El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias
Nacionales
Mercedes Caicedo: «Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil»
Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.
En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.
Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.
En lugar de tener 19 jueces penales la justicia gana un grupo adicional de 31, para sumarse a la administración de justicia, explica, al reconocer que está consciente de que el cambio generó todo tipo de ‘suspicacias’. Esto, porque el Consejo de la Judicatura vivió una crisis sistemática, que le restó legitimidad frente al país y a la sociedad.
La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia
El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.
En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.
Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.
“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.
Los 1.700 jueces serán evaluados
Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.
Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.
CONEXIA reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial para conocer sus necesidades y abrir nuevas posibilidades de relacionamiento entre universidad y empresa.
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en alianza con Fundación Ninari, reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial en una nueva edición de CONEXIA, Encuentro Universidad–Empresa, un espacio de acercamiento orientado a fortalecer la relación con el sector productivo, presentar capacidades de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, y abrir nuevas posibilidades de colaboración.
Durante la jornada participaron representantes de empresas vinculadas al ecosistema productivo de Tungurahua, entre ellas Muebles León, Andesfood, Bioalimentar y Laboratorio Génesis, además de otros actores del sector empresarial.
El encuentro buscó abrir un primer espacio de diálogo con las empresas para conocer de cerca sus necesidades y los desafíos que enfrentan en su actividad. Durante la jornada se conversó sobre aspectos relacionados con productos, procesos, métodos y servicios.
Para Ruth Bolaños Núñez, directora ejecutiva de Fundación Ninari, generar este tipo de espacios resulta especialmente relevante en una provincia caracterizada por su dinamismo empresarial.
“Tungurahua cuenta con alrededor de 54,5 mil empresas activas y ocupa el tercer lugar nacional en densidad empresarial, con 935,8 empresas por cada 10.000 habitantes. Estas cifras reflejan la fortaleza de su tejido productivo y, al mismo tiempo, la importancia de generar espacios que permitan escuchar a las empresas, conocer sus retos y conectar a los distintos actores del ecosistema para identificar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación”, señaló.
La provincia mantiene, además, una estructura productiva diversa. Entre sus principales vocaciones se encuentran el cuero y calzado, el sector textil y de confección, la metalmecánica y carrocerías, el agro y la agroindustria, el comercio y la logística, la madera y artesanía, así como el turismo y la gastronomía.
Para Marco David Jadam Guerrero, gerente general de Laboratorio Génesis, este tipo de encuentros permite acercar los procesos de innovación a la realidad de las pequeñas empresas. “Estos acercamientos nos permiten a pequeñas empresas vincular un poco más el proceso de innovación hacia nuestra realidad productiva”, señaló.
Como parte de CONEXIA, los asistentes participaron también en un showroom tecnológico, donde pudieron conocer algunas de las capacidades de la UTPL y dialogar directamente con el equipo del Parque Científico y Tecnológico. El propósito fue identificar puntos de conexión entre las necesidades de las organizaciones y las capacidades de conocimiento y tecnología disponibles en la Universidad, con miras a futuras iniciativas de investigación aplicada, innovación o transferencia tecnológica.
La UTPL continúa fortaleciendo su estrategia de acercamiento al sector productivo, basada en conocer sus necesidades y construir progresivamente oportunidades de trabajo conjunto.
La oportuna intervención de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, en coordinación con Inteligencia Policial, permitió la aprehensión de una ciudadana que presuntamente intentaba ingresar sustancias sujetas a fiscalización al Centro de Privación de Libertad (CPL) Morona Santiago N.° 1, durante el horario de visitas.
El procedimiento se activó tras una alerta de inteligencia y durante los controles establecidos en el filtro de ingreso al centro penitenciario. Ante la alerta, los servidores policiales aplicaron los protocolos correspondientes y trasladaron a la ciudadana al Hospital General de Macas para una valoración médica.
Durante el procedimiento médico, la ciudadana expulsó un paquete que, según la información policial, mantenía oculto en su organismo. Tras la verificación correspondiente, se determinó que el paquete contenía presuntas sustancias sujetas a fiscalización.
La persona aprehendida fue identificada como Lliana M. M. M., de 31 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, no registra antecedentes.
Indicios encontrados
• 140 dosis de marihuana.
• 1 terminal móvil.
La Policía Nacional señaló que mantiene de manera permanente los controles y filtros de seguridad en los centros de privación de libertad, con el propósito de prevenir el ingreso de sustancias prohibidas, objetos no autorizados y otros elementos que puedan afectar la seguridad y el orden dentro de estos establecimientos.
La ciudadana quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las instancias judiciales correspondientes.
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