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Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones

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El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.

Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.

La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.

Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte

La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.

«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.

Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.

Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.

Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.

Proveedores reclaman pagos

No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.

“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.

La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.

Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.

IESS, reclama los mayores atrasos

El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.

Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.

Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.

Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.

Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.

Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.

La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.

El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias

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Juan Gonzaga: «La universidad para Zamora Chinchipe sigue en marcha»

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El asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Juan Gonzaga, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el aluvión ocurrido en el sector de Kantzama, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico. En el diálogo también presentó una actualización sobre el estado del proyecto para la creación de una universidad pública en Zamora Chinchipe.

Al inicio de la entrevista, el legislador manifestó sus condolencias por la emergencia que enluta a la provincia amazónica y destacó el sacrificio de quienes perdieron la vida mientras participaban en labores de respuesta y auxilio.

“Quiero expresar mi solidaridad con esta desgracia natural que afecta a la hermana provincia de Zamora Chinchipe y mi sentido pesar a los familiares de quienes perdieron la vida, tanto ciudadanos del sector como funcionarios que cumplían actividades oficiales de atención y auxilio durante la emergencia”, señaló Gonzaga.

El asambleísta afirmó que el dolor provocado por esta tragedia es compartido por toda la Amazonía ecuatoriana y recordó que la región enfrenta permanentemente fenómenos naturales derivados de sus condiciones geográficas y climáticas.

Causas del aluvión: llama a una investigación técnica

Durante la entrevista, Gonzaga fue consultado sobre las versiones difundidas en algunos medios nacionales que relacionan el aluvión con presuntas actividades de minería. En respuesta, sostuvo que atribuir responsabilidades sin una investigación técnica sería apresurado.

Indicó que los factores que originan un desastre natural pueden responder a múltiples variables y que no necesariamente están vinculados con actividades extractivas.

«Puede ser que sí, puede ser que no», expresó al referirse a la hipótesis sobre la minería, insistiendo en que corresponde a los organismos competentes establecer las causas reales del deslizamiento.

El legislador enfatizó que la prioridad debe centrarse en fortalecer los sistemas de prevención y gestión de riesgos, especialmente en la Amazonía, donde las intensas lluvias y la variabilidad climática incrementan la vulnerabilidad de las comunidades.

En ese contexto, señaló que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos debe reforzar sus mecanismos de monitoreo, alerta temprana y prevención para reducir el impacto de futuros eventos naturales.

Universidad para Zamora Chinchipe continúa en proceso
Uno de los temas centrales de la entrevista fue el avance del proyecto para la creación de una universidad pública destinada a las provincias de Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

El legislador explicó que actualmente existe una comisión para dar seguimiento al proceso, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel.

Recordó que la elaboración de los proyectos fue encargada a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) como entidad promotora, mientras que en los casos de Morona Santiago y Orellana la responsabilidad recayó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

Gonzaga informó que los primeros proyectos para Zamora Chinchipe y Sucumbíos fueron archivados por incumplir los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), debido a observaciones relacionadas con la planificación institucional, la oferta académica, la infraestructura, la sostenibilidad financiera y otros componentes exigidos por la normativa.

Precisó que los nuevos proyectos fueron ingresados durante el mes de junio de 2026 y actualmente permanecen en análisis por parte del Consejo de Educación Superior (CES), organismo encargado de emitir las observaciones técnicas que posteriormente deberán ser incorporadas por la Universidad Estatal Amazónica.

Una universidad con identidad amazónica
Para Gonzaga, la creación de una universidad no debe limitarse a la construcción de infraestructura física o a la entrega de títulos profesionales. El asambleísta sostuvo que la nueva institución debe convertirse en un centro de investigación científica, innovación y desarrollo regional, con una oferta académica orientada a responder a las necesidades específicas de la Amazonía.

Asimismo, indicó que la futura universidad deberá fortalecer áreas relacionadas con el desarrollo agrícola, la protección ambiental, la biodiversidad, las actividades productivas y el estudio de las particularidades sociales y culturales de las provincias amazónicas. En su criterio, la institución deberá formar profesionales comprometidos con el territorio y generar conocimiento que contribuya al desarrollo sostenible de la región.

Ubicación de la universidad deberá definirse técnicamente
Respecto a la ubicación de la futura universidad en Zamora Chinchipe, Gonzaga manifestó que esta decisión no debe responder a intereses políticos ni generar divisiones entre cantones. Explicó que será el Consejo de Educación Superior (CES), mediante estudios técnicos especializados, el organismo encargado de determinar el lugar más adecuado considerando aspectos como seguridad geológica, cobertura estudiantil, acceso, disponibilidad de servicios básicos y viabilidad territorial.

Reconoció que anteriormente existieron diferencias entre autoridades y actores políticos sobre la ubicación del campus universitario, situación que, a su criterio, retrasó el avance del proyecto.

Financiamiento y sostenibilidad
En materia financiera, el legislador explicó que el proyecto actualizado contempla una inversión aproximada de 23 millones de dólares.
Sin embargo, señaló que, conforme al artículo 60 de la Ley Amazónica, la concurrencia económica prevista alcanza entre 11 y 12 millones de dólares, por lo que aún será necesario gestionar recursos adicionales por un monto similar mediante el Ministerio de Finanzas para garantizar su ejecución.

Participación ciudadana
Finalmente, Gonzaga invitó a profesionales, docentes, técnicos, estudiantes y ciudadanía de Zamora Chinchipe a participar activamente cuando el CES emita las observaciones al proyecto.

Consideró que la construcción de la universidad debe realizarse con participación social, incorporando criterios técnicos provenientes del territorio para consolidar una institución sólida, sostenible y alineada con las necesidades del desarrollo amazónico.

El asambleísta concluyó señalando que, pese a los retrasos y observaciones técnicas registradas en el proceso, existen expectativas favorables para que la provincia de Zamora Chinchipe logre concretar, en los próximos años, una universidad pública propia que fortalezca la educación superior y contribuya al desarrollo integral de la Amazonía ecuatoriana.

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Gasolinas Extra y Ecopaís: Daniel Noboa reforma el mecanismo de precios y anuncia una reducción

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El presidente de la República, Daniel Noboa, reformó el mecanismo para fijar los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís con el objetivo de reducir el impacto por las alzas internacionales del petróleo.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 444, suscrito este miércoles 9 de julio de 2026, con el que el mandatario dispuso modificar el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos.
Esta reforma incorpora una herramienta de estabilización que permite «reducir el impacto de las variaciones extraordinarias del mercado internacional sobre el precio que pagan los consumidores«.

De acuerdo con el Ejecutivo, la aplicación de este ajuste al sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís permitirá que, durante la actualización correspondiente a este mes de julio, se registre una reducción en el precio de los combustibles.

La reforma, de aplicación inmediata, mantiene vigente el sistema de bandas de estabilización de precios e incorpora un mecanismo excepcional para responder a escenarios de alta volatilidad internacional.

De esta manera, cuando existan fluctuaciones temporales en los precios internacionales, se podrán amortiguar sus efectos sobre el precio final de los combustibles.

Asimismo, cuando las condiciones del mercado internacional sean favorables, el mecanismo permitirá trasladar esa reducción al precio que pagan los usuarios, beneficiando a los hogares, al transporte y a los sectores productivos.
Extra y Ecopaís bajarán de precio tras la reforma

Los precios actuales de los combustibles entraron en vigencia desde el 12 de junio de 2026. El diésel pasó de USD 3,10 a USD 3,25 por galón, mientras que las gasolinas Extra y Ecopaís aumentaron de USD 3,16 a USD 3,31 por galón.

En el caso de la gasolina Súper, cuyo precio está liberalizado y depende de las condiciones del mercado internacional, el valor se incrementó de USD 4,81 a USD 5,60 por galón.

Estos precios estarán vigentes hasta el 11 de julio de 2026. A partir del 12 de julio entrará en vigor una nueva actualización mensual, que, de acuerdo con el Gobierno, reflejará una reducción en los precios como efecto de la reforma.

Por último, el Gobierno informó que a través del Ministerio de Ambiente y Energía se garantiza el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.

Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) continuará ejecutando controles para verificar el abastecimiento, el cumplimiento de los precios vigentes y la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio del territorio nacional. Fuente: Vistazo

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La planificación territorial es clave para reducir el impacto de los desastres socionaturales, afirma experto de la UTPL

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Tras el devastador aluvión registrado en la provincia de Zamora Chinchipe, el director de la Carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Técnica Particular de Loja (Universidad Técnica Particular de Loja), Wilman Merino, sostuvo que la planificación territorial constituye una de las principales herramientas para prevenir y reducir el impacto de los desastres socionaturales, siempre que esté acompañada de una adecuada gestión del riesgo y de decisiones sustentadas en información técnica.

Al iniciar la entrevista, Merino expresó sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia ocurrida en Zamora Chinchipe y reconoció el trabajo desarrollado por los cuerpos de bomberos, voluntarios, organismos de respuesta y ciudadanía, quienes participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia, incluso poniendo en riesgo su propia integridad.

El académico explicó que fenómenos como deslizamientos, inundaciones, aluviones o erupciones volcánicas forman parte de la dinámica natural del planeta; sin embargo, aclaró que estos eventos se convierten en desastres cuando afectan a personas, viviendas, infraestructura, actividades productivas y medios de vida.

En este contexto, señaló que la gestión del riesgo debe entenderse como un eje transversal del desarrollo territorial, ya que la vulnerabilidad es producto de decisiones humanas relacionadas con el uso inadecuado del suelo y la ocupación de zonas expuestas a amenazas naturales.

Planificar el territorio con visión de futuro

Merino indicó que la planificación territorial consiste en analizar las características físicas y ambientales de cada territorio para determinar qué actividades pueden desarrollarse de forma segura en cada espacio.

Explicó que las zonas inundables o cercanas a cauces de ríos no deberían destinarse a urbanizaciones o edificaciones permanentes, sino a áreas de protección ambiental, parques lineales o espacios recreativos compatibles con su condición natural.

De igual manera, sostuvo que otras áreas pueden destinarse a actividades agrícolas, pecuarias, industriales o urbanas, siempre que previamente se evalúen sus condiciones geológicas, hidrológicas y ambientales.

El especialista enfatizó que la planificación no debe responder únicamente a las necesidades actuales, sino proyectarse hacia escenarios futuros considerando el cambio climático, el incremento de precipitaciones extremas y la aparición de nuevos eventos adversos.

Las lecciones que deja el aluvión de Zamora Chinchipe

Respecto a la reciente tragedia registrada en Zamora Chinchipe, Merino afirmó que una de las principales enseñanzas es reconocer que Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas naturales.

Indicó que el mayor error después de un desastre consiste en reconstruir viviendas e infraestructura exactamente en los mismos lugares donde ocurrió la afectación, práctica que calificó como «reconstruir el riesgo».

Según explicó, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial no deben quedarse únicamente como documentos administrativos o requisitos legales, sino convertirse en instrumentos efectivos de gestión que orienten las decisiones de los gobiernos locales y permitan ejecutar acciones concretas para disminuir la vulnerabilidad.

Tecnología para anticipar riesgos
El director de la carrera destacó que actualmente existen herramientas tecnológicas capaces de identificar zonas con amenazas antes de que ocurra una emergencia.

Entre ellas mencionó el uso de sistemas de información geográfica, teledetección, imágenes satelitales y análisis de datos climáticos.

Como ejemplo, señaló que imágenes satelitales correspondientes al año 2024 ya evidenciaban la presencia de macrodeslizamientos activos dentro de la microcuenca del río Kantzama, información que podía servir para identificar áreas con alta susceptibilidad a nuevos movimientos de masa.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer las unidades de gestión de riesgos de los gobiernos autónomos descentralizados, muchas de las cuales funcionan con personal limitado y escasos recursos técnicos.

También destacó el valor de los sistemas de alerta temprana, alimentados por información meteorológica y climática, que permiten adoptar medidas preventivas antes de que una amenaza se convierta en desastre.

Responsabilidad de los gobiernos locales
Merino recordó que cada nivel de gobierno posee competencias específicas dentro de la gestión del territorio.

Indicó que los gobiernos parroquiales desempeñan un papel fundamental por su cercanía con las comunidades, promoviendo procesos de capacitación, simulacros, planes de respuesta y fortalecimiento de la cultura de prevención.

Por su parte, explicó que los municipios son responsables del uso y gestión del suelo mediante la elaboración de planes territoriales y ordenanzas que determinen dónde es posible construir, qué actividades pueden desarrollarse y cuáles son las zonas que deben permanecer protegidas por razones ambientales o de riesgo.

Cambio climático: un desafío permanente
El especialista manifestó que el cambio climático modifica las condiciones meteorológicas y aumenta la intensidad de las precipitaciones, así como la frecuencia de eventos extremos.

Recordó que durante 2024 Ecuador enfrentó una severa sequía que provocó déficit hídrico, afectaciones en la generación eléctrica, pérdidas económicas y consecuencias sociales, demostrando que los efectos climáticos trascienden el ámbito ambiental.

Por ello insistió en que la planificación territorial debe incorporar escenarios climáticos de mediano y largo plazo para diseñar medidas de adaptación, sistemas de riego, infraestructura resiliente y estrategias que permitan disminuir los impactos futuros.

El aporte de la UTPL
Finalmente, Merino explicó que la Universidad Técnica Particular de Loja desarrolla su aporte mediante tres ejes fundamentales: la formación académica, la investigación científica y la vinculación con la sociedad.

Destacó que la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático formas profesionales especializados en análisis geoespacial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

Además, señaló que la universidad genera investigaciones, monitoreo ambiental y análisis de variables climáticas cuyos resultados están disponibles para apoyar la planificación y la toma de decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados.

Concluyó reiterando el compromiso de la institución con la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos actuales y futuros relacionados con la gestión de riesgos, el cambio climático y la construcción de territorios más seguros y resilientes.

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