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Los atrasos que acumula Lasso se acercan a los USD 1.800 millones

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El temor de que el Presidente Guillermo Lasso deje la administración y no tramite los pagos pendientes aumenta entre contratistas del Estado, gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Al cierre de octubre, el Estado acumula atrasos con esos tres actores por USD 1.779 millones.

Durante estos días de transición, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa comienza a conocer las cifras que heredará.

La prefecta de Pichincha y titular del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, presentó lo que el Estado les adeuda a los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública.

Gobiernos seccionales reclaman por atrasos y recorte

La normativa legal establece que las transferencias que hace el Estado a los gobiernos seccionales debe ser con base en los ingresos reales. Dada la caída en los ingresos tributarios y petroleros que percibe el Estado, hubo un recorte en la asignación de 2023.

«No es discrecional y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos», dijo la cartera de Estado en un comunicado.

Solo para los municipios el recorte fue de USD 145 millones en 2023, lo que llevó a los municipios a realizar marchas a inicios de noviembre.

Además de eso, según los municipios, el Ministerio de Finanzas les adeuda USD 511,9 millones, por asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I, II y III.

Las prefecturas, en cambio, reclaman USD 563 millones por deudas desde 2017, por distintos valores que incluyen las transferencias corrientes del Estado y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, Finanzas dijo que, durante la administración de Guillermo Lasso, los GAD han recibido USD 8.246 millones. De esa asignación, USD 690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el 2015.

Proveedores reclaman pagos

No son los únicos que reclaman. Contratistas como los productores de leche exigen al Gobierno el pago inmediato de la deuda por la entrega de leche para el Programa de Alimentación Escolar.

“El campo no puede seguir financiando al Gobierno Nacional. La leche es el sueldo de nuestro sector y no podemos aguantar más”, dijo Cristian Ramírez, representante de más de 6.000 productores de leche.

La deuda actual, que corresponde a septiembre y octubre de 2023, asciende USD 5 millones.

Otro grupo de contratistas también reclamó valores pendientes de pago a través de un plantón realizado el 10 de noviembre de 2023.

IESS, reclama los mayores atrasos

El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes, presentó el 5 de noviembre una acción de protección por incumplimiento del Ministerio de Finanzas al pago de las deudas del Estado con el IESS.

Solo para el pago de pensiones de jubilados del IESS, el Ministerio de Finanzas tenía un atraso de USD 1.250 millones solo por los valores que tenía que desembolsar al instituto entre enero y septiembre de 2023.

Pero no es lo único que se adeuda. Si se suman deudas históricas, a julio de 2023, última información disponible, el IESS reclamaba al Estado USD 4.956 millones por el no pago del 40% de aporte para pensiones y otros rubros.

Además de eso, según el IESS, hay una deuda pendiente de USD 7.609 millones por valores no transferidos por el Estado para atenciones médicas de jubilados y enfermedades catastróficas.

Como parte de la acción de protección, los jubilados piden que el juez ordene que en un plazo de 90 días que el Ministro de Finanzas y el IESS acuerden un cronograma de pago de las deudas.

Y que en ese mismo plazo, el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma legal a la Ley de Seguridad Social para la correcta gestión de los dineros del IESS.

La acción de protección se resolverá el viernes 17 de noviembre.

El Ministerio de Finanzas, sin embargo, ha dicho que los valores pendientes de pago por deudas históricas deben ser auditados. Fuente: Primicias

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La mesera que pudo ser terrateniente

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Otro posible caso de testaferismo ensucia al gobierno. Las sospechas de la opaca venta en La Libertad conducen a Carondelet.

Análisis
Roberto Aguilar
Quito

Jenny Elvia Ramírez Palma, la improbable compradora de 93 hectáreas de terreno en La Libertad, provincia de Santa Elena, ya no se la encuentra ni bajo las piedras.

El jueves dirigió a la Alcaldía de ese cantón un conciso y quebrantado oficio en el que desistía de la compra, mejor dicho: se quitaba del medio. Por comprar, no iba a comprar, ella no iba a comprar nada, nomás estaba poniéndose como para que otro se llevara esos terrenos, servicio por el que seguramente algo cobraría, acaso un lote.

Pero ya nada: el negocio se cayó y Jenny Ramírez, tras firmar el oficio que la pusieron por delante unos abogados que no podía pagar, desapareció del mapa. Lujoso mismo este desaparecer del mapa (que diría suculento), que tampoco tiene capacidad de costear con su sueldo de mesera de cafetería.

Con ella se esfumó también su sombra madre, a quien sus vecinos (según testimonios recogidos por El Universo) identifican como empleada doméstica de los Gelibert.

Caso

Jenny Ramírez Palma intentó comprar 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, Santa Elena, que colindan con la vía perimetral y un cuerpo de agua.

Lamentable tragedia de la cúpula del poder: parece que la Secretaría General de la Administración, vicepresidenta de facto en épocas difíciles y directora nacional del partido de gobierno, Cynthia Gelibert, se quedó sin empleada doméstica. Lo cual no es poca cosa en su círculo social. Es probable que a su empleada se la emplazó para que afiliara a seguridad social, cosa que la anterior (persona de confianza) no hizo y al cabo se ahorraba. Qué molestia.

Para completar la lista de desapariciones forzadas, el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, primo del asambleísta de gobierno Andrés Guschmer y amigo personal del presidente de la República, no pudo estar ahí acelerando la compra de esas 93 hectáreas de terreno municipal, por irregular que pareciera, lleva cinco días sin dar la cara, acaso aplazando la inevitable rendición de cuentas que le espera para cuando al fin decida volver con el rabo entre las piernas.

Es que desaparecer está de moda. Desapareció Luis Alvarado Campi luego de que medios de comunicación probaran que tenía 2,6 millones de dólares con los 90 que tenía en su cuenta bancaria. Nunca más se supo de él. Desapareció también Erika Tumbaco, queridísima empleada de Industrial Molinera que, por coincidencia del destino, vivía en la misma casa de Isla Trinitaria en la que fue detenido el sospechoso de colocar un explosivo en La Bahía, ¿se acuerdan?

Érika Tumbaco, la persona que llegó en el Porsche de los Noboa hasta esa casa, dijo verificar que sus hijos estuvieron luego de la incursión militar que se alzó con el detenido y desapareció, para engrosar la lista, el detenido mismo. Valga la pena recordar que Tumbaco sobrevive a la flagrancia (las cámaras la captaron cometiendo atentado y luego lo siguieron hasta la casa de Isla Trinitaria) con un esposo con Alvarado Campi, probablemente. Y ahora, con Jenny Ramírez y su señora madre.

No es esta una relación arborescente de acontecimientos conexos. La compra (o intento de compra) de esas 93 hectáreas de terrenos públicos en La Libertad tiene una profunda relación de similitud tanto con el caso de Alvarado Campi y la compra de medios de comunicación controlados hoy por el gobierno, como con el chuparsemen explicado por Porsche. La primera relación es evidente: tanto la compra de La Posta como la del Centro de Alvarado Campi como el intento de compra de 93 hectáreas de terrenos públicos (a precio de huevo, pero eso es otra historia) tiene que dar cuenta el alcalde de La Libertad, porque pueden tratarse de operaciones de testaferro.

En ambos casos los compradores no tienen dónde caerse muertos. En ambos casos las pistas conducen a Carondelet como operación encubierta. La segunda relación es igualmente menos clara pero igual de firme. En el Porsche, era un vehículo de gobierno (porque, bajo el mando de Daniel Noboa, Industrial Molinera y el gobierno son exactamente lo mismo para todos los efectos) el que llegaba hasta una casa que era el centro de todas las sospechas. En el caso de los terrenos de La Libertad son las portadoras de todas las sospechas las que conducen hasta la casa de una alta funcionaria de gobierno. Podrían decir ahora, como dijeron entonces, que se trata de una vulgar coincidencia. Pero no lo han dicho, no se atreven, se quedaron mudos.

Ya es bastante elocuente el hecho de que Cynthia Gelibert no haya desmentido hasta la fecha su condición de empleadora.

Polémica

Luego de que Ramírez Palma desistiera de la compra de las hectáreas de terreno, el concejal acudió hasta La Libertad para denunciar al alcalde del cantón.

Todo parece indicar que el negocio se les cayó. Este desenlace habría abierto al periodismo. Fue Blanca Moncada, La Defensa, quien se las arregló para encontrar a Jenny Ramírez en la que trabaja (o trabajaba) y ponerle el micrófono por delante. La primera reacción de la sorprendida mesera fue admitir: “me robaron la identidad”. La misma Blanca Moncada demostró que, con los documentos de compra de los terrenos firmó ella.

En el oficio que Jenny Ramírez dirigió este jueves al desaparecido alcalde de La Libertad, pide que se le adjudiquen esos terrenos a la empresa que supuestamente está detrás del proyecto de desarrollo agroindustrial. Como si las compradoras truchas, cuando fallan, se retiraran a la carrera. Seguramente se le haría caso. Pero qué empresas es esa nadie lo sabe. Habría que preguntárselo a Cynthia Gelibert. O a Daniel Noboa. No es su familia la que tiene intereses inmobiliarios en la provincia de Santa Elena?.

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Caudales de los ríos que alimentan a Mazar empiezan a recuperarse tras lluvias en el sur de Ecuador

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La disminución de lluvias desde diciembre de 2025 provocó la caída acelerada del embalse de Mazar, ubicado en el sur de Ecuador. Pero, desde el 9 de enero, las precipitaciones han permitido que los ríos de Cuenca, que alimentan el complejo hidroeléctrico, empiecen a recuperarse.

El jueves 8 de enero, tres de los cuatro ríos de Cuenca se encontraban en estado bajo, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, indicadores que son preocupantes porque implican la disminución de las reservas de agua.

Pero desde ese día hasta el 12 de enero, las lluvias han regresado al Austro ecuatoriano, aunque no con gran intensidad.

Este lunes 12, los cuatro ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se encuentran en estado normal, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA.

Aumento de caudales de los ríos de Cuenca

Que alimentan al embalse de Mazar, en el río Paute

Tabla con 3 columnas y 4 filas. Ordenado de forma ascendente
Tomebamba 2,10 metros cúbicos por segundo (m3/s) 8,2 m3/s
Yanuncay 1,66 m3/s 8,39 m3/s
Tarqui 1,62 m3/s 4,14 m3/s
Machángara 1,53 m3/s 4,44 m3/s

Pronóstico del clima en Cuenca
La probabilidad de lluvias para este lunes es de 82% en el día y de 76% en la noche, según ETAPA. Además, el pronóstico del clima indica que esta semana, hasta el domingo 18 de enero, se esperan tormentas eléctricas y chubascos en Cuenca.

Los ríos de Cuenca, al igual que otras ciudades del Austro, alimentan al río Paute, cuyas aguas son aprovechadas para el Complejo Integral Paute-Molino, de gran importancia para la generación eléctrica en Ecuador.

Paute-Molino tiene tres centrales ubicadas en forma de cascada: Mazar, Paute y Sopladora, entre Azuay y Cañar.

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Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia en medio de la crisis de José Suing

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La Corte Nacional de Justicia (CNJ) registró un remezón este lunes 12 de enero de 2026. La jueza Enma Tapia presentó su renuncia como presidenta subrogante del alto tribunal.

El anuncio se produjo en medio de la crisis institucional que atraviesa el presidente encargado de la CNJ, José Suing, quien no contaría con el respaldo de los magistrados para mantenerse en el cargo.

Por coherencia institucional, he presentado mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia”, manifestó Tapia.

La magistrada agregó que siempre ha sostenido que los encargos “son excepcionales y revisables”, por lo que no podía beneficiarse de aquello que «debe ser examinado con rigor institucional».

“Esta decisión busca preservar la claridad, evitar cualquier lectura de interés personal y contribuir a que las decisiones que adopte el Pleno se den con serenidad y apego a la ley”, apuntó.

«En mi calidad de jueza de la Corte Nacional de Justicia, y por coherencia con los criterios institucionales que he sostenido públicamente, así como con el pronunciamiento adoptado por las juezas y jueces de este alto tribunal respecto del carácter excepcional y revisable de los encargos, presento mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia, con efecto inmediato».

A través del oficio dirigido a José Suing, Tapia enfatizó su «compromiso con el ejercicio independiente de la función judicial», así como con el fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia.

Este 12 de enero se resolverá si José Suing sigue como presidente de la CNJ

Para este lunes, Suing convocó a una sesión extraordinaria del Pleno de ese organismo con el objetivo de analizar su permanencia en el cargo. La reunión se efectuará a las 16:30.

El escenario está marcado por la controversia en torno a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien fue nominado por Suing para liderar ese organismo.

La tensión surgió luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones desde la Judicatura, que preside Godoy, para favorecer a un narcotraficante serbio; frente a esto José Suing ha mantenido una posición tibia. Fuente: Vistazo

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