Guadalupe Llori, asambleísta de Pachakutik, presentó este martes 12 de julio de 2022 una queja en el Consejo de la Judicatura en contra de la jueza Raquel Molina, de la Unidad judicial de la Familia de Quito, por supuesto error inexcusable.
La acción se da dos meses después de que Molina negara la acción de protección presentada por Llori en contra de las resoluciones que se tomaron en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y el Pleno, que terminaron con su destitución de la Presidencia de la Asamblea.
“Todo el país fue testigo de la violación al debido proceso, a los procedimientos, a la seguridad jurídica, e incluso a la vigencia de las medidas cautelares”, manifestó Llori.
La expresidenta del Legislativo dijo que está a la espera de que la Corte Provincial de Pichincha resuelva sobre su apelación al fallo de Molina, después de que la semana pasada se dio la audiencia de estrados.
“Estamos esperando. Pero fuera terrible que en realidad dieran una sentencia en contra de mis derechos”, apuntó.
Sostuvo que hasta que no se pronuncien los jueces, ella se considera como titular de la Asamblea y no reconocerá a Virgilio Saquicela (independiente) como su reemplazo, sino que seguirá con las acciones legales. “Hasta que se pronuncien los jueces. Ellos serán los únicos que pueden decir lo contrario”.
También indicó que votará en contra del pedido de destitución que impulsa el correísmo en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática, ID), por supuesto incumplimiento de funciones. La parlamentaria insistió en que detrás del tema hay un plan de “tomarse por asalto” el poder y las autoridades de control.
El 31 de mayo Llori fue destituida por 81 asambleístas de las bancadas de Unión por la Esperanza (Unes), Partido Social Cristiano (PSC), los autodenominados rebeldes de Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática (ID).
Entretanto, el coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, aseguró que el CAL no siguió el debido proceso al haberlo suspendido por 20 días debido a una denuncia de Viviana Veloz, asambleísta de Unes, por supuestas ofensas. (I) El Comercio
