La Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en el Ecuador. La propuesta, que forma parte de la Minga por la Seguridad Social, plantea un manejo responsable y profesional en la inversión realizada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), con el fin de garantizar la seguridad financiera de los sistemas de pensiones y demás fondos que administre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El proyecto reforma el artículo 7 de la Ley del Banco del IESS para que pueda contratar, mediante concurso público, una empresa, nacional o internacional, que cuente con capacidad y experiencia específica en asesoría en banca de inversión enfocada a sistemas de pensiones o seguridad social. La asesoría incluirá como mínimo el análisis de riesgos, rentabilidad, seguridad, liquidez y diversificación de las inversiones que realice el Banco.
Con el mismo criterio modifica los artículos 100 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el 98 de la Ley de Seguridad Social de la Policía.
Además, incluye la sugerencia del asambleísta Luis Almeida, uno de sus proponentes, para que exista la prohibición de realizar de manera directa e indirecta inversiones en títulos valores, certificados, notas del tesoro, papeles, bonos, mutuos o cualquier tipo de instrumentos que emitan las entidades que conforman el sector público o empresas que sean de su propiedad sin el respectivo informe de análisis de riesgo o cuyo destino sea financiar operaciones del gasto del fisco.
En tal sentido, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de estos fondos y reservas, ni menoscabar el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la elaboración de estudios e informes de análisis de riesgo de las inversiones o cuyo destino sea financiar operaciones del Fisco, previo el debido proceso prescrito en la ley, será sancionado con la cesación de funciones de los servidores públicos responsables de observar dichos requisitos a más de la determinación de otros tipos de responsabilidades.
