Trabajadores de la empresa Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co. Ltd., contratista y proveedora de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, expresan públicamente su preocupación por una serie de presuntas irregularidades laborales que, según indican, afectarían sus derechos establecidos en la legislación laboral ecuatoriana.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los trabajadores señalan que, desde su ingreso a la empresa, se les hace firmar contratos de corta duración, inicialmente por tres meses, acompañados de adendas periódicas que se renuevan cada tres meses e, incluso, en ciertos casos, por períodos de apenas un mes. Según los denunciantes, esta modalidad contractual tendría como efecto que, al finalizar la relación laboral, no se reconozca de manera adecuada la liquidación correspondiente al tiempo total efectivamente trabajado.

Los trabajadores aseguran que existen casos de personas que laboraron tres y hasta cuatro años en la empresa y que, tras su desvinculación, habrían recibido montos considerados mínimos, que bordearían los 300 dólares por año trabajado, situación que genera dudas sobre la legalidad del procedimiento aplicado.

Otro de los puntos señalados se relaciona con el derecho a vacaciones. Conforme a la normativa laboral vigente, el trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones por cada año de trabajo. Sin embargo, según los testimonios, la empresa no estaría otorgando este beneficio de manera regular y, cuando lo hace, el pago correspondiente se realizaría por debajo del valor total de la remuneración mensual, lo cual, según indican, no se ajustaría a lo que establece la ley.

En materia de seguridad y salud ocupacional, los trabajadores manifiestan la falta de abastecimiento adecuado de equipos de protección personal (EPP) y de condiciones mínimas de bienestar. Señalan que, tras un año y ocho meses de trabajo, el único implemento entregado para descanso habría sido una colchoneta de bajo costo, la cual no ha sido reemplazada pese a su evidente deterioro, lo que consideran una vulneración a condiciones laborales dignas.

Asimismo, expresan inquietud respecto al pago de utilidades, indicando que, pese a tratarse de una empresa de gran tamaño y con contratos de alta envergadura como proveedora de ECSA, los valores entregados anualmente a los trabajadores serían inferiores a los mil dólares, incluso en casos de trabajadores con cuatro o cinco cargas familiares, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y correcta distribución de este beneficio legal.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se señala que las labores se desarrollan en entornos con altos niveles de polvo y ruido, así como riesgos de atrapamiento y afectaciones a la salud. A pesar de ello, los trabajadores afirman percibir únicamente el salario básico, sin compensaciones adicionales por riesgo laboral, tal como lo contemplaría la normativa en casos de actividades peligrosas o insalubres.

Según la información proporcionada, en la empresa laborarían aproximadamente 200 trabajadores, distribuidos en distintos frentes, entre ellos construcción, bandas, áreas de aguas ácidas y otras secciones operativas. En el frente de bandas, por ejemplo, trabajarían alrededor de 50 personas, con jornadas que se extienden de 07h00 a 19h00, bajo un sistema de 15 días de trabajo por 15 de descanso. En otras áreas, como construcción, las jornadas se cumplirían de 08h00 a 17h00, bajo esquemas de 22 días laborables por 8 de descanso, manteniéndose, en todos los casos, el pago del salario básico unificado.

Finalmente, los trabajadores indican que los valores correspondientes a décimos tercero y cuarto sueldo son cancelados de manera mensualizada, lo que incrementa ligeramente el rol de pagos; sin embargo, aclaran que estos rubros constituyen beneficios legales adicionales y no reemplazan otros derechos laborales como compensaciones por riesgo, vacaciones completas o liquidaciones justas.

Los denunciantes hacen un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las verificaciones correspondientes, a fin de garantizar el respeto a los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo, conforme a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente.

El pasado lunes 26 de enero de 2026, el equipo periodístico de Diario El Amazónico realizó una cobertura informativa en territorio, tras la invitación de los moradores de los barrios Los Batanes y San Vicente de Guaguayme Bajo, ante la grave preocupación generada por el deterioro estructural de un puente fundamental para la conectividad vial y productiva del sector.

El tramo inspeccionado, ubicado en la vía que conduce desde Guaguayme Bajo hacia el barrio Los Batanes y San Vicente, es utilizado de manera permanente por más de 30 finqueros, quienes dependen de esta infraestructura vial para el traslado de productos agrícolas hacia los mercados locales y para su movilidad cotidiana. Las fuertes lluvias registradas durante la semana pasada han provocado afectaciones visibles y de alto riesgo en la estructura del puente, especialmente en sus aletas y bases de soporte.

Durante el recorrido, se constató que una de las aletas del puente presenta socavación severa, ausencia de material pétreo de protección y exposición de elementos metálicos, lo que ha generado un estado de inestabilidad crítica. Según los moradores, cualquier nuevo incremento del caudal o movimiento del terreno podría ocasionar el colapso total de la estructura, dejando incomunicadas a las comunidades del sector.

Voces de la comunidad
Santiago Camacho, morador del sector, expresó su preocupación señalando que el puente es indispensable para quienes habitan y producen en la zona. En su testimonio, hizo un llamado directo a la Prefectura de Zamora Chinchipe, solicitando el despliegue urgente de material pétreo y maquinaria, ya que, de no intervenirse oportunamente, el puente podría colapsar. Asimismo, manifestó que la vía La Saquea – Guaguayme Bajo y Alto se encuentra en condiciones críticas, agravadas por el invierno y los constantes deslaves.

Por su parte, César Lupercio, enfatizó la urgencia de atender tanto el puente como la vialidad, ya que esta infraestructura conecta a los barrios San Vicente, Los Batanes y la vía hacia San Francisco, siendo esta una de las más utilizadas históricamente por la población. Indicó que la afectación actual compromete seriamente el acceso a las fincas y la continuidad de la actividad productiva. En su intervención, solicitó de manera directa a la señora prefecta priorizar este sector dentro de su gestión, destacando que hasta el momento no se han ejecutado trabajos de mantenimiento en esta zona específica.

Asimismo, el morador Arnaldo Gualán, usuario permanente de la vía y conocedor de la obra, señaló que el puente tuvo un costo aproximado de 83 mil dólares al momento de su construcción. Indicó que el problema estructural se agrava debido a la modificación del cauce natural de la quebrada, lo que ha generado un impacto directo sobre las bases del puente. Desde su perspectiva, es necesario ejecutar trabajos técnicos de encauzamiento, colocación de piedra de gran tamaño en la base, relleno con material grueso y posterior nivelación con ripio, a fin de estabilizar la estructura y evitar que futuras crecidas continúen socavando el terreno.

Los habitantes del sector coincidieron en la necesidad de una intervención articulada entre la Prefectura de Zamora Chinchipe, la Junta Parroquial de Guadalupe y el Municipio, a fin de ejecutar una minga interinstitucional que permita precautelar esta infraestructura estratégica. De no atenderse oportunamente, más de 30 familias y finqueros podrían quedar incomunicados, con graves consecuencias sociales y económicas para la zona rural.

La Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe designó al doctor Frank Ricardo Caamaño Ochoa como Presidente de la Corte Provincial para el período 2026–2028, en reemplazo del doctor Bladimir Erazo, quien ejerció esta dignidad desde el 6 de enero de 2024.

La designación se realizó el lunes 26 de enero, durante la sesión de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, instancia en la que las y los jueces integrantes procedieron a la elección del nuevo Presidente, conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

El proceso se desarrolló en estricto cumplimiento del artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que establece que la Presidenta o el Presidente de la Corte Provincial será elegido de entre los jueces, en la primera quincena del año correspondiente, mediante votación escrita, secreta y por mayoría de votos.

El doctor Frank Ricardo Caamaño Ochoa cuenta con una sólida y amplia formación académica en el ámbito jurídico. Es Abogado, Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja. A nivel de posgrado, posee los títulos de Magíster en Derecho Laboral, Magíster en Derecho Penal (Egd.), Especialista en Derecho Procesal, Especialista en Consultoría Jurídico Laboral y un Diplomado Superior en Contratación Laboral, estudios realizados en reconocidas universidades del país, que respaldan su trayectoria profesional dentro de la Función Judicial.

Tras su designación, el nuevo Presidente de la Corte Provincial señaló que su gestión se enfocará en dos ejes fundamentales: la capacitación permanente de los servidores judiciales y el fortalecimiento institucional, mediante reuniones periódicas con los jueces de la provincia, con el propósito de consolidar el sistema de justicia en Zamora Chinchipe y garantizar a la ciudadanía un servicio judicial eficiente, oportuno y de calidad.

Asimismo, el doctor Caamaño Ochoa destacó la importancia de promover un trabajo coordinado dentro de la Función Judicial, fortaleciendo los mecanismos de diálogo interno y el adecuado funcionamiento institucional, en estricto respeto a los principios de independencia judicial y debido proceso.

Finalmente, indicó que durante su administración se priorizarán acciones orientadas a garantizar la seguridad e integridad de las y los operadores de justicia en la provincia, a través de la articulación interinstitucional y la implementación de medidas preventivas, que permitan a jueces, fiscales y servidores judiciales ejercer sus funciones con tranquilidad, autonomía y pleno respaldo institucional.