El presidente Guillermo Lasso enfrenta un juicio político en su contra. El trámite está en la Comisión de Fiscalización, una mesa legislativa con varios tropiezos y en la que no hay una mayoría definida.
La diligencia está en la primera etapa, es decir, en la presentación de pruebas de cargo y descargo. Solo en dos sesiones ya se han visto varios roces entre asambleístas, por lo que no es difícil pronosticar que la mayoría (cinco votos) se definirá en la recta final o incluso nunca se concrete.
Por ejemplo, el pasado 10 de abril, el asambleísta Fernando Villavicencio se mostró molesto porque los legisladores no asistieron de manera presencial a la sesión. El desplante fue porque no coinciden con el presidente de la Comisión y creen que tiene una postura en defensa de Lasso.
Ya iniciada la sesión, Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), hizo referencia a la seguridad que acompaña a Villavicencio y preguntó cómo se financia. Este último, en cambio, le respondió que las próximas sesiones podrían ser en sus predios.
Roberto Cuero (UNES) se quejó porque no le permitían habilitar su micrófono y acusó a Villavicencio de racista, por decirle «no se lo ve bien enojado.»
Hubo una mayoría para dar de baja pedidos de pruebas del juicio político
Ya en materia legislativa también hay tropiezos. Los legisladores Villavicencio y Cordero presentaron pedidos de pruebas del juicio político que fueron rechazados por la mayoría: los tres correístas (Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina), el independiente Bruno Segovia y el socialcristiano Pablo Muentes.
Esas pruebas se centraban en ampliar la etapa de análisis, es decir, a la época en la que se firmó el contrato de Flopec, en 2018. Para Segovia, la Comisión debe centrarse en la gestión del presidente Lasso.
Pedro Velasco (BAN) considera que tomar esa postura en esta etapa es adelantado e incluso atenta contra el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Sin embargo, a Ana Belén Cordero no le preocupa que no se consideren esas pruebas porque Lasso ya acogió esos pedidos y llegarán a la Comisión de Fiscalización hasta este 13 de abril.
