En el marco de la sustanciación del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, la Comisión de Fiscalización escuchó los alegatos finales de los legisladores interpelantes Mireya Pazmiño, Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo y Viviana Veloz, representados por la última; y, de Édgar Neira, abogado del primer mandatario.
Viviana Veloz explicó que este proceso de enjuiciamiento debe determinar la responsabilidad política de Presidente por haber conocido y consentido la trama de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Subrayó que el artículo 129 de la Constitución de la República especifica que no es necesario un enjuiciamiento penal previo, ya que eso le corresponde a la Fiscalía, y que el juicio político se relaciona con la pérdida de la confianza para ejercer el cargo. “Sin confianza un Presidente no puede seguir gobernando”, agregó.
Manifestó que el informe del examen especial de la Contraloría General del Estado, aprobado el 5 de noviembre de 2021, determinó que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers causó un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares. Este hecho habría sido advertido y puesto en conocimiento del Presidente y varios ministros de Estado, por el exgerente de Flopec, Jhony Estupiñán, ante lo cual el primer mandatario no hizo nada.
Sostuvo que Hernán Luque, expresidente de EMCO, desvinculó a Jhony Estupiñán de su cargo como gerente de Flopec, por intentar terminar unilateralmente el contrato que calificó como lesivo.
Recordó que en su comparecencia, el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdezoto presentó un informe en el que evidencia la existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de funcionarios de Flopec y la concentración de poder en el expresidente de EMCO, lo que habría facilitado el esquema de corrupción en las empresas públicas que administran alrededor de 14 mil millones de dólares.
De su lado, Edgar Neira, abogado del primer mandatario, aseguró que no se ha podido demostrar el cometimiento de peculado, ni la responsabilidad política del Presidente.
Indicó que el primer mandatario no tuvo conocimiento del perjuicio que ocasionaba el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, porque el oficio que envió Estupiñán en que advierte el perjuicio, fue tramitado de acuerdo con el procedimiento regular que sigue la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Así tampoco tuvo conocimiento del informe de la Contraloría, ya que fue entregado al titular de Flopec de ese entonces.
Precisó que el contrato debía mantenerse hasta diciembre de 2022, debido a una cláusula internacional de estabilidad contractual, que si hubiese sido vulnerada, el costo para el Estado superaría los 80 millones de dólares.
Concluyó que los recursos de Flopec no están en poder del primer mandatario, como especifica el artículo 292 de la Constitución, pues los ingresos y egresos de las empresas públicas son distintos de los ingresos y egresos del Presupuesto General del Estado.
Una vez clausurada la sesión de actuación de pruebas, de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el plazo máximo de 10 días improrrogables, la Comisión de Fiscalización remitirá al Presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado para conocimiento del Pleno que especifique las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente. Fuente: Ecuadorenvivo
