El ex viceprefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Alonzo Cueva Rojas, presentó un Amicus Curiae que es un aporte de terceros ajenos a una disputa judicial, como argumentos u opiniones que sirven como elementos de juicio relativos o como apoyo a una tesis expuesta por cualquiera de los dos sujetos.
Cueva Rojas presentó ante la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, basándose en la naturaleza del Amicus Curiae de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el Art. 12 que determina lo siguiente:
“Art. 12.- Comparecencia de terceros. – Cualquier persona o grupo de personas que temía interés en la causa podrá presentar un escrito de Amicus Curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado…”
Esta situación se da en el contexto de la denuncia realizada por el exasambleísta por la provincia de Pastaza, Raúl Tello, por la transferencia de USD 75.000.000 desde las cuentas de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica hasta las cuentas del Ministerio de Finanzas. Una situación imposible ya que estos recursos que se obtienen a través de esta institución, por fondo común y fondo de desarrollo sostenible, solo deben ser aplicados en obras y proyectos para las seis provincias amazónicas.
“La LO-CTEA contempla la creación de dos fondos: El Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. De acuerdo con las declaraciones del Ex Asambleísta Raúl Tello Benalcázar, es que desde la cuenta de la CTEA se ha transferido arbitraria e ilegalmente un valor de 75 000 000 000 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES) a la cuenta del Ministerio de Finanzas, lo cual se configura, evidentemente en un caso de desviación de fondos, según el concepto arriba señalado”, consta dentro del escrito realizado por parte de la exautoridad.
En este escrito, también se pone de manifiesto, que estos recursos deben ser sometidos a una auditoria, por lo que también se suman, en conjunto con Tello para solicitar una investigación del fin de los USD 75.000.000. E instan a que los afectados directos también se sumen a este reclamo que impide la ejecución de proyectos necesarios para la cobertura amazónica, por la vulneración de derechos como “a una vida digna y a la seguridad jurídica”.
