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Enmienda o reforma: dos caminos que puede tomar la consulta

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Andrés García y Jorge González (I)

La posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso llame a una consulta popular vuelve a presentarse. La aplicación de esta herramienta constitucional se discutió desde la campaña electoral. También se mencionó en los primeros meses de gestión del Ejecutivo y ahora se retoma con una fecha tentativa de ejecución: en las elecciones seccionales de 2023.

Uno de los temas que se evalúa tiene que ver con la arquitectura institucional de la Función Judicial. La opción que se analiza es la de eliminar el Consejo de la Judicatura (CJ) “para evitar conflictos con la Corte Nacional de Justicia”.
El anunció abrió discusiones en el ámbito jurídico y político, pues las consultas populares de alcance nacional se aplicaron en seis ocasiones en los últimos 15 años.

En términos legales, si el plan de Lasso se concreta, la Corte Constitucional (CC) debe emitir un dictamen previo y definir la vía para dar paso a la eliminación del Consejo de la Judicatura.

El analista Mauro Andino y la politóloga Arianna Tanca coinciden en que el camino, según la intención preliminar que ha expresado Lasso, sería una reforma parcial a la Ley Suprema. Es decir, primero se tramitaría en la Asamblea Nacional en dos debates, con 90 días de diferencia. Después se aprobaría y luego se llamaría a referendo en las urnas.
Pero si lo que se busca son cambios en términos de la composición del Consejo de la Judicatura, quizás ahí la vía sí pueda ser una enmienda constitucional, a través del referendo convocado por el Ejecutivo.

Andino cree que detrás de este anuncio hay una “cortina de humo” y que el Ejecutivo apelaría a esta opción, por la poca capacidad de maniobra que tiene en la Asamblea Nacional. “El Consejo de la Judicatura, con matices y ciertas diferencias, ya existía desde los noventa. No es ninguna novelería”.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, señaló el miércoles que esa institución se encarga de la selección y evaluación de jueces. Cree que sería un “error metodológico” su eliminación.

El antecedente más cercano sobre la ruta para eliminar una institución es el caso del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). La Corte Constitucional señaló que el camino sería con una reforma parcial a la Norma Superior.
Lasso mencionó que en la consulta se consideraría reformar las atribuciones del Cpccs e incluir aspectos en materia laboral. Además, se mostró abierto a sumar temas del PSC, Unes, Pachakutik e Izquierda Democrática.

Arianna Tanca advierte que las consultas populares han tenido una relación directa con la aceptación que gozan los gobernantes y han servido para capitalizar apoyo. “La mayoría de los presidentes llamó a consultas en los primeros años de Gobierno y con una aceptación superior al 50%”. Apunta que estos procesos deben ser estratégicos, tanto en la temporalidad como en las preguntas.

Según el último reporte de Click, Lasso tiene una calificación buena de su gestión, con el 51,81%. Perfiles de Opinión, en cambio, dice que su calificación es mala, con el 45,78%. Mientras que Cedatos lo colocó como el personaje del año 2021, con el 21,8%.

Para que este plan coincida con las seccionales, la consulta debería estar definida hasta cerrar 2022, ya que los comicios se calculan para febrero del próximo año. Los mecanismos de democracia directa también se impulsan desde la ciudadanía. La CC ha conocido 27 iniciativas de consulta popular y 15 de referendo, entre mayo de 2019 y octubre de 2021. De ellas, solo una fue aprobada.

Así, el 7 de febrero de 2021 se celebró en Cuenca una consulta que aprobó en las urnas (con más del 80% de los votos) la prohibición de explotación minera en las zonas de recarga hídrica de cuatro ríos. De las 27 propuestas de consultas, 18 fueron nacionales y 9 seccionales. Se pidieron dictámenes para instalar asambleas constituyentes, eliminar pensiones para exmandatarios, reapertura de casinos o reducción de asambleístas. (I) Fuente: El Comercio

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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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UTPL invita a Loja al Concierto de Gala y Premiación del Tercer Festival Mariano UTPL 2022

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Tercer Festival Mariano UTPL 2022

Este miércoles, 4 de mayo, se llevará a cabo el Concierto de Gala y Premiación del Tercer Festival Mariano UTPL 2022 en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora a las 20:00, con el objetivo de compartir entre la ciudadanía local e invitados nacionales e internacionales, las creaciones de los compositores y músicos iberoamericanos en honor a María, madre de Dios.

Desde enero hasta marzo del presente año, el Tercer Festival Mariano UTPLevento musical y académico organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL),  abrió su convocatoria a compositores musicales iberoamericanos a presentar sus obras Sinfónico – Corales inéditas y originales en honor a la virgen María y, una vez el jurado calificador seleccionó a los ganadores, estos, se darán a conocer en el Concierto de Gala y Premiación del Tercer Festival Mariano UTPL 2022.

Los músicos o compositores ganadores, obtendrán un premio económico, estatuilla y diploma por su participación. El primer lugar recibirá un premio económico de 2.000 mil dólares, el segundo 1.500 dólares y el tercero 1.000 dólares.

INTERPRETACIÓN MUSICAL

Loreto Saez Pezo, coordinadora de Gestión Cultural de la UTPL menciona que en esta tercera edición las composiciones serán presentadas por una orquesta completa, a diferencia de lo que se hizo el año anterior, por las restricciones de la pandemia. Con ello promueven composiciones musicales completas que sean agradables al sonido y oído del público.

Los interesados compusieron una sinfonía con una duración mínima de cuatro y máxima de seis minutos, así mismo, las obras se presentaron en formatos como: poema sinfónico, romanza, obertura, suite, entre otros. La instrumentación de las composiciones será interpretada por la Orquesta Sinfónica UTPL, el Coro Polifónico del Municipio de Loja y solistas: soprano y barítono.

TALLERES

Además, en el marco del Festival Mariano se desarrollaron del 18 al 22 de abril de 2022 un taller gratuito de composición musical; mientras que del 25 al 29 de abril se un taller de canto coral con expertos en canto lírico académico.

Loreto Saez, resalta que la finalidad del Festival Mariano es incentivar la participación de academias, escuelas de música, compositores y músicos de todo el continente que aporten con su talento para incrementar el repertorio de música iberoamericana. También se busca que estas composiciones se difundan en el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAVL) como un aporte a la música religiosa y coral.

Dato

Para conocer más detalles, visita: festivalmariano.utpl.edu.ec

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Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico

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Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.

Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.

El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.

Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.

Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.

Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.

El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.

¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?

Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.

“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.

Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.

Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.

De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.

En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.

Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)

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