Nacionales
El proyecto tributario de Lasso trae indicios de un desbloqueo político, según analista
El nuevo proyecto de Ley para una reforma tributaria presentado el jueves a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, deja ver -al menos de momento- indicios de un desbloqueo político en Ecuador, donde Ejecutivo y Legislativo deberán ahora congeniar para su aprobación.
El proyecto de ley para el «Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal», que la Asamblea deberá tratar en 30 días, es el primero de tres que tiene previsto Lasso en su paquete fraccionado de reformas, que fueron rechazadas el mes pasado.
Con ello, el mandatario aceptó la posición del Legislativo de no enviar todo el paquete completo, sino de hacerlo por fases: a la primera, seguirá la ley de laboral y, después, la de inversiones.
El analista económico Alberto Acosta Burneo ve con buenos ojos el procedimiento adoptado por el Ejecutivo previo al envío el proyecto que, según la Presidencia, se elaboró «recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país».
«Por el lado político, creo que el Gobierno en esta ocasión ha hecho lo correcto y creo que hay más posibilidad de que el proyecto sea aprobado», dijo Acosta Burneo a Efe al subrayar que «el juego de la democracia es llegar a consensos».
El que empiece esta dinámica «va a ser fundamental para el Gobierno porque hay muchos otros temas que tienen que discutirse y tratarse, y se requiere de destrabar la relación entre Ejecutivo y Asamblea», dijo al señalar que la posibilidad de ir a la llamada «muerte cruzada» era una apuesta muy peligrosa.
El pasado jueves, Lasso dijo que dejará «por el momento» la idea de una muerte cruzada en el libro de la Constitución y optará por la vía del «diálogo» para sacar adelante sus proyectos de ley.
«Dejémosla en la Constitución, por ahora que esté en la Constitución», respondió Lasso en una entrevista a Efe, sobre si aún contempla entre sus opciones la herramienta para disolver el Parlamento en el caso de que sus proyectos de reforma no avancen.
Acosta Burneo presume que el Ejecutivo «está dispuesto a ceder en muchas cosas», incluso ya ha suspendido el alza gradual del precio de los combustibles, «algo que había dicho que no iba a hacer. Creo que esto va muy de la mano con tratar de conseguir respaldos en la Asamblea para sus proyectos».
Vistos los hechos, Acosta Burneo cree que se está «destrabando gradualmente» la situación y subraya que «ha habido una apertura para tratar los temas, lo que ya es un gran paso frente al bloqueo que teníamos de parte y parte, porque ni Ejecutivo ni Legislativo querían saber nada el uno del otro».
Y mostró su esperanza de que lo que ocurre actualmente sea un «descongelamiento de la relación»: «Creo que el Gobierno sí está cediendo y encontrando la manera de destrabar este problema de entrampamiento entre Asamblea y Ejecutivo».
Pero si en lo político ve aspectos positivos en torno al proyecto de ley tributaria, el analista considera que éste «no es oportuno» en lo económico pues la economía está «aún muy débil».
«Subir impuestos a las empresas y a las personas va a ayudar para el tema fiscal, pero el tema de fondo es la generación de empleo, es la actividad económica», comentó al apuntar que «retirar dinero de las empresas en este momento, implica menos inversión, y retirar dinero de las personas es menor ahorro y menos consumo».
Pero la Presidencia sostiene que el proyecto de reforma cumple «con los principios de progresividad y justicia tributaria» y, tras su aprobación, el Gobierno espera recaudar «más de 1.900 millones de dólares» en sus primeros dos años.
Ecuador arrastra una crisis económica, que se agravó con la pandemia, y que el nuevo Gobierno, que llegó al poder en mayo pasado, quiere corregir con un amplio espectro de reformas que han chocado con grupos sociales y sindicatos por su impacto en la población menos pudiente.
Sin embargo, según la Presidencia, con el nuevo plan fiscal, el 96,6% de la población económicamente activa no se verá afectada, dado que «el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de 5.000 dólares al mes, tienen un patrimonio mayor a un millón y las mayores empresas del país».
«Quienes ganan entre 2.000 y 5.000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso», asegura.
También fija que, durante dos años, las empresas más grandes y solventes del país, con un patrimonio mayor a cinco millones, hagan «una contribución solidaria del 0,8%».
Y aunque son medidas que, de ser aprobadas, ayudarán al tema fiscal, Acosta Burneo sostiene que «el desafío del Gobierno es acelerar el crecimiento (económico) y eso no se logra cobrando más impuestos a quien invierte o a las familias, sino incentivando la inversión y poniendo en orden el gasto público». EFE (I) Fuente: La República
Nacionales
Destituyen a conjuez David Jacho de la Corte Nacional por presunto acoso sexual; su caso va a Fiscalía
El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, fue destituido de su cargo este viernes 7 de noviembre, tras ser señalado por presunto acoso sexual en contra de una empleada que laboraba en la entidad.
La decisión fue adoptada de manera unánime por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de conocer un informe del caso. Además, el organismo anunció que el hecho será remitido a la Fiscalía General del Estado para las acciones penales correspondientes.
Jacho integraba la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la CNJ. También formó parte del tribunal que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión.
El caso de acoso sexual salió a la luz el pasado 2 de julio, cuando una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional de Justicia. En el documento de dimisión, la mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.
Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.
La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. Según la Judicatura, el conjuez tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.
Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes.
De las versiones recogidas en el informe, se determinó que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio con su compañero de trabajo.
Tras notificar la destitución del conjuez, el CJ enfatizó que esta decisión «ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales». Fuente: Vistazo
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
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