Nacionales
El proyecto tributario de Lasso trae indicios de un desbloqueo político, según analista
El nuevo proyecto de Ley para una reforma tributaria presentado el jueves a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, deja ver -al menos de momento- indicios de un desbloqueo político en Ecuador, donde Ejecutivo y Legislativo deberán ahora congeniar para su aprobación.
El proyecto de ley para el «Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal», que la Asamblea deberá tratar en 30 días, es el primero de tres que tiene previsto Lasso en su paquete fraccionado de reformas, que fueron rechazadas el mes pasado.
Con ello, el mandatario aceptó la posición del Legislativo de no enviar todo el paquete completo, sino de hacerlo por fases: a la primera, seguirá la ley de laboral y, después, la de inversiones.
El analista económico Alberto Acosta Burneo ve con buenos ojos el procedimiento adoptado por el Ejecutivo previo al envío el proyecto que, según la Presidencia, se elaboró «recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país».
«Por el lado político, creo que el Gobierno en esta ocasión ha hecho lo correcto y creo que hay más posibilidad de que el proyecto sea aprobado», dijo Acosta Burneo a Efe al subrayar que «el juego de la democracia es llegar a consensos».
El que empiece esta dinámica «va a ser fundamental para el Gobierno porque hay muchos otros temas que tienen que discutirse y tratarse, y se requiere de destrabar la relación entre Ejecutivo y Asamblea», dijo al señalar que la posibilidad de ir a la llamada «muerte cruzada» era una apuesta muy peligrosa.
El pasado jueves, Lasso dijo que dejará «por el momento» la idea de una muerte cruzada en el libro de la Constitución y optará por la vía del «diálogo» para sacar adelante sus proyectos de ley.
«Dejémosla en la Constitución, por ahora que esté en la Constitución», respondió Lasso en una entrevista a Efe, sobre si aún contempla entre sus opciones la herramienta para disolver el Parlamento en el caso de que sus proyectos de reforma no avancen.
Acosta Burneo presume que el Ejecutivo «está dispuesto a ceder en muchas cosas», incluso ya ha suspendido el alza gradual del precio de los combustibles, «algo que había dicho que no iba a hacer. Creo que esto va muy de la mano con tratar de conseguir respaldos en la Asamblea para sus proyectos».
Vistos los hechos, Acosta Burneo cree que se está «destrabando gradualmente» la situación y subraya que «ha habido una apertura para tratar los temas, lo que ya es un gran paso frente al bloqueo que teníamos de parte y parte, porque ni Ejecutivo ni Legislativo querían saber nada el uno del otro».
Y mostró su esperanza de que lo que ocurre actualmente sea un «descongelamiento de la relación»: «Creo que el Gobierno sí está cediendo y encontrando la manera de destrabar este problema de entrampamiento entre Asamblea y Ejecutivo».
Pero si en lo político ve aspectos positivos en torno al proyecto de ley tributaria, el analista considera que éste «no es oportuno» en lo económico pues la economía está «aún muy débil».
«Subir impuestos a las empresas y a las personas va a ayudar para el tema fiscal, pero el tema de fondo es la generación de empleo, es la actividad económica», comentó al apuntar que «retirar dinero de las empresas en este momento, implica menos inversión, y retirar dinero de las personas es menor ahorro y menos consumo».
Pero la Presidencia sostiene que el proyecto de reforma cumple «con los principios de progresividad y justicia tributaria» y, tras su aprobación, el Gobierno espera recaudar «más de 1.900 millones de dólares» en sus primeros dos años.
Ecuador arrastra una crisis económica, que se agravó con la pandemia, y que el nuevo Gobierno, que llegó al poder en mayo pasado, quiere corregir con un amplio espectro de reformas que han chocado con grupos sociales y sindicatos por su impacto en la población menos pudiente.
Sin embargo, según la Presidencia, con el nuevo plan fiscal, el 96,6% de la población económicamente activa no se verá afectada, dado que «el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de 5.000 dólares al mes, tienen un patrimonio mayor a un millón y las mayores empresas del país».
«Quienes ganan entre 2.000 y 5.000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso», asegura.
También fija que, durante dos años, las empresas más grandes y solventes del país, con un patrimonio mayor a cinco millones, hagan «una contribución solidaria del 0,8%».
Y aunque son medidas que, de ser aprobadas, ayudarán al tema fiscal, Acosta Burneo sostiene que «el desafío del Gobierno es acelerar el crecimiento (económico) y eso no se logra cobrando más impuestos a quien invierte o a las familias, sino incentivando la inversión y poniendo en orden el gasto público». EFE (I) Fuente: La República
Nacionales
Casi 100.000 personas participaron en la marcha antiminera y por el agua en Cuenca pese al estado de excepción
Fue una convocatoria multitudinaria: la gran marcha por el agua en Cuenca reunió a casi 100.000 personas, en su mayoría ciudadanos, que se congregaron en las calles de la capital azuaya. Protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga, y para proteger las fuentes hídricas de Quimsacocha.
En Cuenca, una ciudad de la Sierra de Ecuador atravesada por cuatro ríos, a sus habitantes les gusta usar una figura para referirse a las grandes concentraciones: en lugar de decir que hubo miles de personas, dicen que se formó «un río de gente».
Y esto fue lo que ocurrió el 16 de septiembre, cuando Cuenca formó un ‘quinto río’ en alusión a las miles de personas que se volcaron a las calles, para rechazar el proyecto Loma Larga.
Marcharon por las avenidas y plazas de Cuenca pese a que horas antes el presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción, para frenar protestas contra su decisión de eliminar el subsidio al diésel.
Este martes, si bien amaneció lluvioso y nublado, antes de las 08:00 ya había grupos de personas concentrados en San Roque, un tradicional barrio de Cuenca que en otras ocasiones ya ha sido el punto de encuentro de los colectivos que llevan décadas en su lucha contra la minería.
Hubo una ceremonia ancestral y en pocos minutos, las calles se llenaron de gente. La avenida Loja, la 12 de Abril, el Paseo 3 de Noviembre se abarrotaron de cuencanos con carteles que decían ‘Kimsacocha no se toca’, ‘Cuenca ya decidió ‘, ‘El agua es vida’, ‘Sin agua no hay futuro’, y ‘Sin agua no se cocina el mote’.
Sin una cabeza visible, la marcha arrancó poco antes de las 10:00 y avanzó al centro de Cuenca, al sur de Ecuador. En la ciudad, las principales calles estaban cerradas a los vehículos y había un silencio poco habitual para ser un día laborable.
Las proclamas de los marchantes, los cantos y las batucadas dieron paso a una ruidosa multitud. Mientras unos cantaban, otros lanzaban consignas en contra del Gobierno o la empresa minera canadiensa Dundee Precious Metals., a cargo de la concesión en Loma Larga.
Si bien el Gobierno de Daniel Noboa anunció que frenaría el proyecto minero, los manifestantes piden ahora que se revoque por completo la licencia ambiental que tenía la empresa.
El proyecto Loma Larga está ubicado en tres cantones de Azuay. Las concesiones de Dundee rodean el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que es gran importancia ambiental para la zona.
En el yacimiento se han encontrado minerales metálicos como cobre y oro. El estudio de factibilidad, completado en 2020, indica que Loma Larga tiene el potencial de producir un promedio anual de aproximadamente 200,000 onzas de oro en sus primeros cinco años de operación.
Autoridades no encabezaron la marcha
El centro de Cuenca se llenó de una multitud diversa: desde los miembros de las comunidades y organizaciones que siempre se han opuesto a la minería, hasta extranjeros, estudiantes y docentes universitarios, grupos de mujeres, artistas, sindicatos, incluso familias enteras.
No faltaron los funcionarios públicos y los rostros políticos que avanzaban confundidos entre los marchantes.
Aunque las autoridades locales se habían sumado a la convocatoria de la marcha, no la encabezaron. Hubo una suerte de consenso para dejarle el protagonismo a las organizaciones sociales y a la gente. Pero eso no significa que no se hayan hecho sentir.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, instaló una tarima en las calles Sucre y Padre Aguirre, desde donde se dirigió a la multitud. «Cuenca ha dado un mensaje claro y contundente… y este proyecto no se va a hacer. Que no levanten a un león que estaba tranquilo y el día de hoy ruge», expresó.
La Prefectura del Azuay también montó su propia tarima, en la calle Bolívar, que se convirtió en un escenario de presentaciones artísticas. El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, reiteró su llamado al Gobierno para que revierta la licencia ambiental y no permita el avance del proyecto minero Loma Larga.
La marcha se concentró en la plaza San Francisco, a dos cuadras del Parque Calderón en el centro de la ciudad, y donde había otra tarima. Allí estaban organizaciones sociales que han estado desde hace años en contra de las actividades mineras en Azuay.
Dos representantes ciudadanos leyeron un manifiesto dirigido al Gobierno, en el que reiteran sus exigencias: que el Gobierno revierta la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga y frene toda actividad extractiva en Quimsacocha.
Adultos mayores y la iglesia presentes
Fue una marcha llena de simbolismos. Estuvo presente el monseñor de Cuenca, Marcos Pérez Caicedo, para bendecir el agua, poco antes de una masiva misa en la Catedral, presidida por el cardenal Luis Cabrera.
Una concentración de ese tipo solo se compara con la convocatoria del tradicional Pase del Niño de cada 24 de diciembre, recordó el monseñor Pérez: «El quinto río de Cuenca se adelantó a septiembre».
En esta marcha hubo muchos rostros ciudadanos y queridos de la capital azuaya, como el de Flor María Salazar, una de las primeras mujeres en estudiar en el colegio Benigno Malo, donde años después se desempeñó como docente.
También es una reconocida química farmacéutica y es dueña de la tradicional Botica Olmedo, en el corazón de la ciudad. Ella desfiló en el último grupo de personas, subida en un auto clásico, y rodeada del cariño de las personas.
Las ideas y sentimientos también se plasmaron en carteles y tomaron especial protagonismo, como el pequeño que hizo la niña Carmen Victoria junto a su familia y la frase «queremos agua».
Había otro cartel de hilo y goma que hizo Esperanza Orrego con la frase: «Sin agua no hay presente. Sabiduría activa».
¿Qué llevó a tantas personas a las calles de Cuenca?
Esta Marcha por el Agua tiene una característica particular: logró movilizar a una sociedad diversa en Cuenca. Movió a personas de diferentes edades, estratos, tendencias políticas en torno a un símbolo: el agua.
A la pregunta de: ¿por qué salió a la marcha?, la respuesta que dieron a PRIMICIAS los asistentes a la concentración fue similar. «El agua de Cuenca es un patrimonio, es sagrada», expresó Manuel Freire, quien llegó con toda su familia.
«La defensa del agua es algo que heredamos de nuestros antepasados. Nuestra responsabilidad es dejar este legado para nuestros hijos, para nuestros nietos». Washington Arévalo, habitante de Cuenca.
La Marcha por el agua en Cuenca llenó decenas de cuadras. Cuatro horas después del inicio del recorrido aún había grupos de personas saliendo desde San Roque, pese a los momentos de lluvia, el viento y el sol que llegó luego del mediodía.
Hasta el cierre de esta publicación, la marcha aún no terminaba. En la plaza San Francisco se desarrollaba un programa artístico, mientras algunos grupos de las comunidades se retiraron a compartir una pampamesa, una tradición indígena para compartir alimentos. Fuente: Primicias
Nacionales
Daniel Noboa insiste en su plan de reducir asambleístas, pese al freno de la Corte Constitucional
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) una nueva pregunta para el referéndum previsto para finales de este año, en la que reformula su propuesta para reducir el número de legisladores, después de que el alto tribunal rechazara dicho planteamiento este lunes.
El máximo órgano judicial no dio paso al proyecto de enmienda tras concluir que no especificaba los criterios de redistribución de escaños por provincia en la Asamblea, señalando únicamente que el número de legisladores se reduciría de 151 a 73.
No obstante, aclaró que el Ejecutivo podía reformular el texto para que alcanzara los parámetros de claridad requeridos.
En el documento, el Gobierno aseguró que «la propuesta respeta los límites formales y materiales de la enmienda constitucional en cuanto a que: no altera la estructura fundamental de la Constitución; no altera la estructura del Estado; no modifica el régimen de derechos de manera regresiva; y, no cambia el procedimiento de reforma».
Preguntas a las que la Corte sí dio paso
La Corte Constitucional sí declaró como válidas, en cambio, dos propuestas planteadas para el referéndum: una relacionada con la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos y campañas electorales, y otra que permite la contratación por horas de jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral en el sector turístico. No obstante, ambas iniciativas fueron ajustadas para garantizar un lenguaje claro, preciso y neutral.
En cuanto a la financiación de las organizaciones políticas, se descartó la reforma al artículo 115 de la Constitución, ya que combinaba elementos que podrían comprometer el principio de equidad en la promoción de propuestas durante el periodo electoral. Pese a ello, se mantuvo la redacción de la pregunta por considerarse imparcial, y se aprobó modificar el artículo 110, lo que abriría la puerta a eliminar la obligación del Estado de cubrir los gastos de estas agrupaciones.
Por su parte, la propuesta sobre contratación por horas también fue avalada, aunque se realizaron ciertos ajustes a expresiones consideradas subjetivas. Esta medida permitiría establecer contratos laborales en el sector turístico, únicamente si se trata del primer empleo formal tanto para el empleador como para el trabajador. Fuente: Vistazo
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió una serie de decretos este martes 16 de septiembre, desde Latacunga, donde trasladó temporalmente la sede del Gobierno, en medio de las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel.
A través de los decretos ejecutivos No. 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141, el primer mandatario ratificó en sus cargos a varios funcionarios conforme se detalla a continuación:
-Ratificar a la señora Zaida Elizabeth Rovira Jurado como Ministra de Gobierno
-Designar al señor Roberto Xavier Luque Nuques como Ministro de Infraestructura y Transporte.
-Designar a la señora Inés María Manzano Díaz como Ministra de Ambiente y Energía.
-Designar al señor Franklin Danilo Palacios Márquez como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
-Designar a la señorita Alegría de Lourdes Crespo Cordovez como Ministra de Educación, Deporte y Cultura.
-Designar al señor Luis Alberto Jaramillo Granja como Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
Este mismo martes, el presidente Noboa también ordenó el estado de excepción en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.
La medida fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo No. 134, en el que el mandatario fundamentó su decisión por la causal de “grave conmoción interna”, debido a «las paralizaciones que han alterado el orden público», las cuales se desencadenaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Esta declaratoria estará vigente por 60 días, aunque podría darse por terminada de manera anticipada. Fuente: Vistazo
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