Nacionales
El proyecto tributario de Lasso trae indicios de un desbloqueo político, según analista
El nuevo proyecto de Ley para una reforma tributaria presentado el jueves a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, deja ver -al menos de momento- indicios de un desbloqueo político en Ecuador, donde Ejecutivo y Legislativo deberán ahora congeniar para su aprobación.
El proyecto de ley para el «Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal», que la Asamblea deberá tratar en 30 días, es el primero de tres que tiene previsto Lasso en su paquete fraccionado de reformas, que fueron rechazadas el mes pasado.
Con ello, el mandatario aceptó la posición del Legislativo de no enviar todo el paquete completo, sino de hacerlo por fases: a la primera, seguirá la ley de laboral y, después, la de inversiones.
El analista económico Alberto Acosta Burneo ve con buenos ojos el procedimiento adoptado por el Ejecutivo previo al envío el proyecto que, según la Presidencia, se elaboró «recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país».
«Por el lado político, creo que el Gobierno en esta ocasión ha hecho lo correcto y creo que hay más posibilidad de que el proyecto sea aprobado», dijo Acosta Burneo a Efe al subrayar que «el juego de la democracia es llegar a consensos».
El que empiece esta dinámica «va a ser fundamental para el Gobierno porque hay muchos otros temas que tienen que discutirse y tratarse, y se requiere de destrabar la relación entre Ejecutivo y Asamblea», dijo al señalar que la posibilidad de ir a la llamada «muerte cruzada» era una apuesta muy peligrosa.
El pasado jueves, Lasso dijo que dejará «por el momento» la idea de una muerte cruzada en el libro de la Constitución y optará por la vía del «diálogo» para sacar adelante sus proyectos de ley.
«Dejémosla en la Constitución, por ahora que esté en la Constitución», respondió Lasso en una entrevista a Efe, sobre si aún contempla entre sus opciones la herramienta para disolver el Parlamento en el caso de que sus proyectos de reforma no avancen.
Acosta Burneo presume que el Ejecutivo «está dispuesto a ceder en muchas cosas», incluso ya ha suspendido el alza gradual del precio de los combustibles, «algo que había dicho que no iba a hacer. Creo que esto va muy de la mano con tratar de conseguir respaldos en la Asamblea para sus proyectos».
Vistos los hechos, Acosta Burneo cree que se está «destrabando gradualmente» la situación y subraya que «ha habido una apertura para tratar los temas, lo que ya es un gran paso frente al bloqueo que teníamos de parte y parte, porque ni Ejecutivo ni Legislativo querían saber nada el uno del otro».
Y mostró su esperanza de que lo que ocurre actualmente sea un «descongelamiento de la relación»: «Creo que el Gobierno sí está cediendo y encontrando la manera de destrabar este problema de entrampamiento entre Asamblea y Ejecutivo».
Pero si en lo político ve aspectos positivos en torno al proyecto de ley tributaria, el analista considera que éste «no es oportuno» en lo económico pues la economía está «aún muy débil».
«Subir impuestos a las empresas y a las personas va a ayudar para el tema fiscal, pero el tema de fondo es la generación de empleo, es la actividad económica», comentó al apuntar que «retirar dinero de las empresas en este momento, implica menos inversión, y retirar dinero de las personas es menor ahorro y menos consumo».
Pero la Presidencia sostiene que el proyecto de reforma cumple «con los principios de progresividad y justicia tributaria» y, tras su aprobación, el Gobierno espera recaudar «más de 1.900 millones de dólares» en sus primeros dos años.
Ecuador arrastra una crisis económica, que se agravó con la pandemia, y que el nuevo Gobierno, que llegó al poder en mayo pasado, quiere corregir con un amplio espectro de reformas que han chocado con grupos sociales y sindicatos por su impacto en la población menos pudiente.
Sin embargo, según la Presidencia, con el nuevo plan fiscal, el 96,6% de la población económicamente activa no se verá afectada, dado que «el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de 5.000 dólares al mes, tienen un patrimonio mayor a un millón y las mayores empresas del país».
«Quienes ganan entre 2.000 y 5.000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso», asegura.
También fija que, durante dos años, las empresas más grandes y solventes del país, con un patrimonio mayor a cinco millones, hagan «una contribución solidaria del 0,8%».
Y aunque son medidas que, de ser aprobadas, ayudarán al tema fiscal, Acosta Burneo sostiene que «el desafío del Gobierno es acelerar el crecimiento (económico) y eso no se logra cobrando más impuestos a quien invierte o a las familias, sino incentivando la inversión y poniendo en orden el gasto público». EFE (I) Fuente: La República
La República Dominicana y Ecuador subrayaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, así como en avanzar en el diálogo para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.
La información la ofreció -en un comunicado- el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, tras una reunión entre su titular, Roberto Álvarez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien realizó este lunes una visita oficial al país caribeño.
Los dos diplomáticos acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países, con el propósito de continuar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países, de acuerdo con la información.
Con relación a la situación en Haití, país que atraviesa desde años una profunda crisis, Álvarez y Sommerfeld llamaron a la comunidad internacional «a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos».
Así mismo, ambos cancilleres reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada en 2025 por las Naciones Unidas, y que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU.
Ecuador reiteró la invitación a República Dominicana para que invierta en proyectos energéticos
En materia energética, los ministros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
En ese aspecto, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano.
La reunión de este lunes siguió a otra efectuada en Punta Cana (este dominicano) el 6 de mayo por el presidente dominicano, Luis Abinader, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.
La Presidencia ecuatoriana recordó entonces que República Dominicana es -en la actualidad- para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.
En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. Fuente: Vistazo
Nacionales
Técnicos acusados en caso Progen: “Nos dieron hasta el link para bajar información del estudio”
Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.
Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.
En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.
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«No se siguieron los parámetros normales»
Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”.
El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética.
Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero. Fuente: Expreso
Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.
En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.
Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.
El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) difundió un comunicado en el que cuestionó la administración del presidente Daniel Noboa y anunció el inicio de un proceso de revocatoria del mandato. El documento, presentado en Quito el 24 de mayo de 2026, expone cifras sobre seguridad, educación, salud, empleo y economía en Ecuador. La organización sostuvo que el Gobierno “oculta” la situación real del país y alertó sobre el incremento de la violencia y la precarización social.
El gremio docente aseguró que Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. Según el pronunciamiento, el país se ubica entre los más peligrosos de América Latina y 2026 podría convertirse en el segundo año más violento de su historia. Además, la UNE cuestionó los toques de queda y afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han frenado el avance de grupos delictivos organizados.
“En Ecuador si sales a caminar te roban, si instalas un negocio te extorsionan y si te expones hasta la vida te quitan”.
La organización también señaló que existe una crisis educativa vinculada a la falta de inversión pública y al deterioro de la infraestructura escolar. Citó datos del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para indicar que, pese a existir más de $53 millones codificados para proyectos educativos, apenas una pequeña parte había sido ejecutada hasta abril de 2026. El comunicado añadió que miles de planteles continúan en malas condiciones.
Crisis educativa y deserción estudiantil en Ecuador
La UNE denunció además retrasos en procesos de escalafón y equiparación salarial para docentes con más de 25 años de servicio. El gremio aseguró que más de 11 mil maestros siguen sin recibir recursos económicos correspondientes a estos procesos. También afirmó que más de 200 docentes fueron desvinculados en lo que va del año.
Otro de los puntos expuestos fue la deserción estudiantil. La organización comparó cifras del Ministerio de Educación con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y concluyó que alrededor de 450 mil niños, niñas y adolescentes no estarían estudiando actualmente. En educación superior, la UNE sostuvo que la deserción supera el 20 %, lo que representaría al menos 150 mil jóvenes que abandonan sus estudios cada año.
El comunicado también abordó la situación sanitaria del país. La UNE afirmó que hasta finales de 2025 el Ministerio de Salud solo había utilizado el 45 % del presupuesto asignado. Según el gremio, esto habría afectado el abastecimiento de medicamentos y la atención en hospitales públicos de varias provincias.
Salud, desempleo y pobreza bajo cuestionamiento
La organización aseguró que en hospitales públicos el abastecimiento de medicamentos apenas alcanzaba el 54 %. Como ejemplo, mencionó al Hospital Monte Sinaí, en Guayas, donde el stock habría llegado solo al 19 %. El documento también se refirió a la emergencia sanitaria en Taisha y afirmó que comunidades afectadas por enfermedades deben caminar durante horas para acceder a atención médica.
En materia laboral, la UNE sostuvo que más de 186 mil plazas de empleo adecuado se perdieron en el último año. El comunicado citó cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), indicando que el denominado “Otro Empleo No Pleno” superó al empleo adecuado en Ecuador. Según la organización, esta situación refleja un deterioro de las condiciones laborales en el país.
El pronunciamiento también cuestionó medidas económicas impulsadas por el Gobierno. La UNE afirmó que mientras una parte importante de la población enfrenta pobreza multidimensional, los principales bancos del país registraron millonarias ganancias hasta abril de 2026. Además, criticó el incremento del IVA al 15 % y el alza en el precio de los combustibles. Fuente: Expreso
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