Nacionales
El proyecto tributario de Lasso trae indicios de un desbloqueo político, según analista
El nuevo proyecto de Ley para una reforma tributaria presentado el jueves a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, deja ver -al menos de momento- indicios de un desbloqueo político en Ecuador, donde Ejecutivo y Legislativo deberán ahora congeniar para su aprobación.
El proyecto de ley para el «Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal», que la Asamblea deberá tratar en 30 días, es el primero de tres que tiene previsto Lasso en su paquete fraccionado de reformas, que fueron rechazadas el mes pasado.
Con ello, el mandatario aceptó la posición del Legislativo de no enviar todo el paquete completo, sino de hacerlo por fases: a la primera, seguirá la ley de laboral y, después, la de inversiones.
El analista económico Alberto Acosta Burneo ve con buenos ojos el procedimiento adoptado por el Ejecutivo previo al envío el proyecto que, según la Presidencia, se elaboró «recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país».
«Por el lado político, creo que el Gobierno en esta ocasión ha hecho lo correcto y creo que hay más posibilidad de que el proyecto sea aprobado», dijo Acosta Burneo a Efe al subrayar que «el juego de la democracia es llegar a consensos».
El que empiece esta dinámica «va a ser fundamental para el Gobierno porque hay muchos otros temas que tienen que discutirse y tratarse, y se requiere de destrabar la relación entre Ejecutivo y Asamblea», dijo al señalar que la posibilidad de ir a la llamada «muerte cruzada» era una apuesta muy peligrosa.
El pasado jueves, Lasso dijo que dejará «por el momento» la idea de una muerte cruzada en el libro de la Constitución y optará por la vía del «diálogo» para sacar adelante sus proyectos de ley.
«Dejémosla en la Constitución, por ahora que esté en la Constitución», respondió Lasso en una entrevista a Efe, sobre si aún contempla entre sus opciones la herramienta para disolver el Parlamento en el caso de que sus proyectos de reforma no avancen.
Acosta Burneo presume que el Ejecutivo «está dispuesto a ceder en muchas cosas», incluso ya ha suspendido el alza gradual del precio de los combustibles, «algo que había dicho que no iba a hacer. Creo que esto va muy de la mano con tratar de conseguir respaldos en la Asamblea para sus proyectos».
Vistos los hechos, Acosta Burneo cree que se está «destrabando gradualmente» la situación y subraya que «ha habido una apertura para tratar los temas, lo que ya es un gran paso frente al bloqueo que teníamos de parte y parte, porque ni Ejecutivo ni Legislativo querían saber nada el uno del otro».
Y mostró su esperanza de que lo que ocurre actualmente sea un «descongelamiento de la relación»: «Creo que el Gobierno sí está cediendo y encontrando la manera de destrabar este problema de entrampamiento entre Asamblea y Ejecutivo».
Pero si en lo político ve aspectos positivos en torno al proyecto de ley tributaria, el analista considera que éste «no es oportuno» en lo económico pues la economía está «aún muy débil».
«Subir impuestos a las empresas y a las personas va a ayudar para el tema fiscal, pero el tema de fondo es la generación de empleo, es la actividad económica», comentó al apuntar que «retirar dinero de las empresas en este momento, implica menos inversión, y retirar dinero de las personas es menor ahorro y menos consumo».
Pero la Presidencia sostiene que el proyecto de reforma cumple «con los principios de progresividad y justicia tributaria» y, tras su aprobación, el Gobierno espera recaudar «más de 1.900 millones de dólares» en sus primeros dos años.
Ecuador arrastra una crisis económica, que se agravó con la pandemia, y que el nuevo Gobierno, que llegó al poder en mayo pasado, quiere corregir con un amplio espectro de reformas que han chocado con grupos sociales y sindicatos por su impacto en la población menos pudiente.
Sin embargo, según la Presidencia, con el nuevo plan fiscal, el 96,6% de la población económicamente activa no se verá afectada, dado que «el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de 5.000 dólares al mes, tienen un patrimonio mayor a un millón y las mayores empresas del país».
«Quienes ganan entre 2.000 y 5.000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso», asegura.
También fija que, durante dos años, las empresas más grandes y solventes del país, con un patrimonio mayor a cinco millones, hagan «una contribución solidaria del 0,8%».
Y aunque son medidas que, de ser aprobadas, ayudarán al tema fiscal, Acosta Burneo sostiene que «el desafío del Gobierno es acelerar el crecimiento (económico) y eso no se logra cobrando más impuestos a quien invierte o a las familias, sino incentivando la inversión y poniendo en orden el gasto público». EFE (I) Fuente: La República
Nacionales
Así habría sido el salto final de alias ‘Frenillo’, quien alquilaba departamentos con identidades falsas
Jeremy Joel Zambrano González, alias ‘Frenillo’, fue encontrado en un lujoso departamento en Puerto Santa Ana en Guayaquil. Sin embargo, el líder de la banda criminal Mafia 18 prefirió lanzarse del noveno piso del edificio para evitar la captura, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El hecho ocurrió en medio del operativo Apolo 15, con el que las autoridades buscaban desarticular a múltiples bandas criminales, sobre todo del sur de la ciudad. Sin embargo, la Policía fue alertada sobre la presencia de un objetivo de alto valor en un edificio del centro-norte del Puerto Principal.
Alrededor de las 03:00 de este jueves, 16 de abril, unos cinco policías de las fuerzas especiales irrumpieron en el noveno piso de la torre dos del edificio Riverfront de Puerto Santa Ana.
Mientras tanto, el líder criminal, de 27 años, habría corrido para luego lanzarse por la ventana. “Se botó, se botó”, gritaron los policías, según se escucha en el video.
‘Frenillo’ cayó de cabeza sobre la jardinera lateral del edificio, según se observa en fotos difundidas en redes sociales.
IDENTIDADES FALSAS Y ALQUILER AIRBNB
En el departamento, de alta plusvalía, se encontraron dos armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo.
Además, en el momento del operativo, estaba una joven de 19 años, identificada como Liz A., quien quedó detenida por el presunto delito de porte y tenencia de armas.
Posteriormente, fue trasladada a una unidad judicial alrededor de las 06:40. Ella comentó que alias ‘Frenillo’ no utilizó ninguna arma para repeler a los policías y que simplemente saltó por la ventana sin mirar atrás.
Tras levantar todas las evidencias, la Policía también ha determinado que el cabecilla criminal y su acompañante utilizaban identidades falsas para alquilar departamentos en la plataforma Airbnb.
“Esta señorita tenía una identidad falsa, igual que alias ‘Frenillo’, quien poseía dos cédulas de identidad para tratar de evadir los controles policiales”, aseguró el mayor Andrés Castañeda en rueda de prensa.
Agregó que se cambiaban de pisos y departamentos constantemente para no levantar sospechas.
¿QUIÉN ERA ALIAS ‘FRENILLO’?
Era el décimo noveno más buscado del país por asesinato y cabecilla de la banda ‘Mafia 18’. De hecho, su progenitor era otro delincuente fallecido, denominado ‘Godo Samir’, socio del narco Leandro Norero, quien también está muerto.
‘Frenillo’ empezó su vida delictiva desde los 17 años. En la página de la Función Judicial hay registros de varias investigaciones en su contra por robo, secuestro, tenencia y porte de armas.
Su primer crimen lo perpetró en el 2015, cuando hurtó la billetera y el celular de un hombre en el sector de La Floresta en Guayaquil. En aquella época, aún era menor de edad.
Desde ahí su historial delictivo empezó a crecer, entre detenciones y liberaciones. De hecho, fue beneficiario de varias resoluciones judiciales favorables.
“En 2024 no se había presentado a las medidas sustitutivas que le dieron en ese entonces por el delito de tenencia de armas, luego fue involucrado en otros delitos como asesinatos, por eso se lo estaba buscando”, comentó el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asambleísta se disculpa con la RC5 por exponer que la obligaron a renunciar a una comisión
Visiblemente enojada, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Sandra Figueroa, renunció a la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica.
El pasado miércoles, 15 de abril, Figueroa intervino en el Pleno para confirmar su salida de la mesa legislativa porque su bancada la obligó a retirarse para poner a otro militante, Franklin Samaniego.
“Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…)”, manifestó la legisladora de la provincia del Guayas.
PIDE PERDÓN A LA RC5
Estas declaraciones rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y empezaron los rumores de una posible renuncia de la bancada de la RC5.
Pero Figueroa aclaró en la plataforma X que su lealtad está con la Revolución Ciudadana. “No pienso salir de estas filas. Si alguna expresión mía causó descontento, me disculpo con mi bancada”.
Mientras que, en declaraciones a medios de comunicación tras culminar la sesión del Pleno, Figueroa explicó que el día en que fue mocionada para ser miembro de la comisión estaba conectada de manera virtual.
Luego, regresó a Quito y la bancada de la RC5 le informó que ellos habían elegido a Franklin Samaniego y, que en vista de que la sugerencia no fue tomada en cuenta, debía renunciar.
La legisladora guayasense explicó a sus compañeros que sí podía asumir el cargo con asesoría de Samaniego, pero esto causó más desacuerdos.
¿EN QUÉ CONSISTE LA COMISIÓN CALIFICADORA?
A finales de marzo, se formó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad.
Desde la sociedad civil, se busca, entre otras cosas, la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.
La comisión será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa.
El proyecto también pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos, promover la participación ciudadana y la confianza institucional; y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad. Fuente: Vistazo
Nacionales
Remoción del alcalde Aquiles Alvarez: Concejo Municipal de Guayaquil conforma comisión para tramitar pedidos
El Concejo Municipal de Guayaquil conformó la instancia clave que se encargará de analizar y tramitar las tres denuncias presentadas para la posible remoción del alcalde Aquiles Alvarez, en medio de la incertidumbre sobre su permanencia en el Sillón de Olmedo.
La resolución fue aprobada por mayoría en el Concejo Cantonal este jueves 16 de abril. Ahora, este organismo será el encargado de calificar las denuncias y determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para dar paso al proceso de remoción.
La Comisión de Mesa quedó integrada por los concejales Arturo Escala, Terry Álvarez y Ana Fuentes.
Este pedido se produce luego de que el pasado 26 de marzo concluyera la licencia o periodo de vacaciones solicitado por Alvarez, mecanismo con el que había evitado su remoción mientras cumple prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Asimismo, se resolvió mantener en funciones a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante.
En ese sentido, se busca establecer si los tiempos legales ya habrían vencido, lo que abriría la posibilidad de iniciar un proceso de remoción bajo la figura de ausencia del cargo.
Proceso de remoción
De acuerdo con el artículo 336 del Cootad, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia para la remoción de una autoridad de elección popular, siempre que esté debidamente sustentada y reconocida ante la autoridad competente.
Una vez recibida, la Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado debe remitirla a la Comisión de Mesa en un plazo de dos días. Este organismo tiene cinco días para calificarla y determinar si procede.
Posteriormente, se abrirá una etapa en la que las partes involucradas presentarán sus pruebas de cargo y descargo. Con base en ello, la comisión emitirá un informe con una recomendación al Concejo Cantonal, que será el encargado de tomar una decisión final mediante votación.
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