En el marco de la conmemoración de los 72 años de provincialización de Zamora Chinchipe, el programa “Encontrémonos con Claudio Torres” abrió un espacio de reflexión profunda sobre la historia, la identidad y el pensamiento regional, con la participación del Dr. Galo Ramón Valarezo, historiador, sociólogo y consultor internacional.

La conversación —transmitida por las plataformas digitales de Diario El Amazónico— se convirtió en una cátedra viva de memoria colectiva, en la que el académico resaltó la vigencia del legado de Pío Jaramillo Alvarado, figura esencial en la construcción política, cultural y geográfica del sur del Ecuador.

“Recordar la historia es una necesidad para fortalecer la identidad de los pueblos y reconocer a quienes fueron artífices de su desarrollo”, afirmó el Dr. Ramón, con la serenidad de quien lleva más de tres décadas investigando los procesos sociales que dieron forma al sur ecuatoriano. Su discurso fue un llamado a mirar atrás, no con nostalgia, sino con responsabilidad cívica, para reencontrarse con las raíces que sostienen el presente zamorano-chinchipense.

El legado intelectual de un visionario

El Dr. Ramón, máster en Historia Andina por FLACSO y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, ha dedicado su vida a estudiar los cimientos culturales del país. Autor de más de 18 libros y un centenar de artículos, su obra Resistencia Andina Callando 1500–1800 fue galardonada por la Conferencia Latinoamericana de Historia en 1989, y en 2019 fue nombrado miembro correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja.

Durante el diálogo, el historiador abordó el pensamiento de Pío Jaramillo Alvarado desde tres perspectivas: la local, la regional y la nacional.
En el plano local, lo definió como “el intelectual más importante de los últimos cien años en Loja”, reconociendo su influencia en la educación, la política y el pensamiento social.
A nivel regional, exaltó su propuesta de construir la Región Sur, conformada por Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, como un espacio con identidad histórica y cultural compartida, donde convergen los saberes, las luchas y los sueños de los pueblos andinos y amazónicos.

En el contexto nacional, Pío Jaramillo fue presentado como un visionario de la geopolítica ecuatoriana, que entendió el valor estratégico de la Amazonía en la integración territorial del país. Sus ideas sobre proyectos de conectividad, como el tren transamazónico, y su visión de fortalecer las fronteras del sur, anticiparon lo que hoy se conoce como los corredores de desarrollo interregionales, esenciales para el progreso nacional.

La Amazonía como conciencia y destino

El Dr. Ramón destacó también la sensibilidad humanista y social del ilustre lojeño, pionero en promover la integración de los pueblos indígenas y en proponer reformas sociales que inspiraron posteriormente políticas estatales de inclusión.
Esa visión humanitaria, afirmó, se consolidó con la Ley del Oriente, promovida por Jaramillo Alvarado, y que posteriormente dio paso a la provincialización de Zamora Chinchipe en 1953, como un acto de justicia territorial y reconocimiento histórico.

“Pío Jaramillo fue un hombre que no solo pensó en su tiempo, sino en el porvenir del Ecuador”, enfatizó el académico. “Su amor por la Amazonía no fue retórico, fue un compromiso político, educativo y cultural con las comunidades y con el destino del país”.

Memoria, identidad y futuro

El encuentro no solo rindió homenaje a una figura ilustre, sino que también reavivó el debate sobre la necesidad de mantener viva la memoria histórica.
El Dr. Ramón evocó a otros guardianes del pensamiento zamorano, como Hugo Arias, cronista e investigador autodidacta, y Benjamín Carrión, quien llamó a Pío Jaramillo “Doctor en Ciencias de la Patria”.
Ambos, junto al legado jaramillano, conforman una constelación de intelectuales que dieron sentido al pensamiento cultural y político del sur del país.

El programa concluyó con una reflexión de Claudio Torres, conductor y gestor cultural, quien subrayó:

“Conocer de dónde venimos nos permite entender quiénes somos y proyectar con mayor claridad hacia dónde vamos como provincia y como región.”

El llamado del sur

A 72 años de su provincialización, Zamora Chinchipe reafirma su papel como corazón amazónico del Ecuador, cuna de culturas vivas y territorio de pensamiento.
El homenaje a Pío Jaramillo Alvarado, a través de la voz del Dr. Galo Ramón Valarezo, no es solo un tributo al pasado, sino una invitación a repensar el futuro desde la conciencia histórica.

Porque recordar no es quedarse atrás: es avanzar con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte.

En entrevista con Diario El Amazónico, la Magíster María Soledad Pinos Cabrera, gerente de la Sucursal Provincial Zamora de BanEcuador, destacó las múltiples líneas de financiamiento que ofrece la entidad pública para fortalecer la economía local y nacional, en especial el crédito productivo 7×7, una herramienta de apoyo directo al sector agrícola, productivo y emprendedor de la provincia.

La gerente señaló que el crédito productivo 7×7 otorga montos desde 500 hasta 250 mil dólares, con una tasa de interés del 7% anual y un plazo de hasta siete años, destinado a proyectos agrícolas, pecuarios, comerciales y de emprendimiento.

“Invitamos a todos los productores y agricultores de Zamora Chinchipe a visitar las instalaciones de BanEcuador e informarse sobre este producto de crédito, que impulsa de manera directa a nuestro agricultor”, expresó Pinos.

Asimismo, precisó que créditos de hasta 3 mil dólares pueden obtenerse sin garante, mientras que los montos de hasta 20 mil dólares requieren un garante, y los superiores a esta cifra aplican garantías hipotecarias o prendarias, de acuerdo con la capacidad de pago del solicitante.

La funcionaria recalcó que el enfoque de BanEcuador está centrado en el microcrédito rural y productivo, gracias al respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que subsidia la tasa de interés del 7%. “Nuestro compromiso es brindar acompañamiento y asesoría técnica a los clientes, de modo que sus negocios crezcan de forma sostenible, mejorando su calidad de vida y la de sus comunidades”, puntualizó.

Además, informó que la institución cuenta con diversas líneas de financiamiento dirigidas a otros sectores como el transporte, el turismo, el comercio y los trabajadores en relación de dependencia, atendiendo tanto a negocios consolidados como a nuevos emprendimientos.
“BanEcuador financia desde los sueños hasta los proyectos en marcha, con el propósito de que puedan competir en igualdad de condiciones dentro del sistema comercial provincial y nacional”, agregó.

En cuanto a la atención en casos de emergencia, Pinos recordó la implementación del crédito emergente, destinado a damnificados por los aluviones y lluvias intensas ocurridas meses atrás en Zamora Chinchipe.

Asimismo, destacó el crédito Violeta y AgroVioleta, programas que impulsan el liderazgo femenino en la economía local, alentando a las mujeres a emprender y generar fuentes de empleo. También mencionó el crédito asociativo, diseñado para organizaciones y asociaciones productivas de la provincia.

Respecto a los requisitos, explicó que los interesados deben mantener un buen historial crediticio, capacidad de pago y presentar documentación básica como cédula, certificado de votación y planilla de servicio básico. En el caso de microcréditos rurales, BanEcuador realiza un levantamiento de información en territorio para evaluar los ingresos reales de cada solicitante.

Finalmente, la gerente María Soledad Pinos expresó un mensaje de reconocimiento a la labor de los productores, agricultores y campesinos de Zamora Chinchipe: “Gracias a su ardua labor, contribuyen al desarrollo socioeconómico de nuestra provincia. Como institución financiera pública, nuestro deber es estar cerca de la gente y caminar juntos por el progreso de nuestras comunidades”.

Con estas acciones, BanEcuador reafirma su compromiso con el desarrollo inclusivo y sostenible de Zamora Chinchipe, fortaleciendo los sectores productivos y promoviendo la equidad financiera en todo el país.

En un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, todos los ciudadanos deberíamos gozar, en igualdad de condiciones, de las garantías previstas en la Constitución y en la Ley. Sin embargo, en la práctica, los procedimientos administrativos dentro del sistema penitenciario revelan profundas inconsistencias que afectan la aplicación de los denominados beneficios penitenciarios, mecanismos legales destinados a promover la reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL) que cumplen condenas por delitos de menor gravedad.

El régimen semiabierto, por ejemplo, permite que una persona condenada por un delito culposo —como la muerte por accidente de tránsito—, y que cumple su sentencia en prisión, pueda acceder a un régimen de libertad parcial una vez cumplido el 60% de su condena. Esto implica que el 40% restante puede ejecutarse fuera del centro carcelario, bajo condiciones establecidas por la ley: residir en un lugar determinado, presentarse periódicamente ante la autoridad penitenciaria, mantener un trabajo u oficio y no salir del país, entre otras obligaciones.

Para acceder a este beneficio, el PPL debe solicitar formalmente al director del centro penitenciario el inicio del trámite. Una vez recopiladas las certificaciones y documentos pertinentes, el expediente se remite a la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones, con sede en Quito. Dicha comisión —integrada por tres funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI)— evalúa el cumplimiento de los requisitos y emite un informe de verificación, el cual posteriormente es remitido al juez de garantías penitenciarias, quien tiene la competencia exclusiva para aprobar o negar el beneficio.

No obstante, la realidad dista mucho de lo que establece la normativa. El caso de Bray, una persona privada de libertad en Loja, evidencia graves retrasos administrativos y posibles irregularidades en el tratamiento de los expedientes. Su solicitud para acceder al régimen semiabierto fue enviada a la Comisión de Beneficios Penitenciarios el 26 de mayo de 2025; sin embargo, después de más de cuatro meses, el expediente aún no ha sido revisado ni firmado.

A pesar de los reiterados oficios y requerimientos realizados por la jueza de garantías penitenciarias y por la defensa técnica del PPL, la respuesta del SNAI ha sido vaga y repetitiva: “El expediente aún se encuentra en análisis; estamos haciendo todo lo posible para despachar en el menor tiempo posible”. Una justificación que contrasta con lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo, el cual establece que las instituciones públicas deben responder a las solicitudes de los administrados en un plazo máximo de treinta días.

Lo más sorprendente se descubre al revisar el sistema público E-SATJE, donde otro expediente, el No. 11282-2025-02508, correspondiente a un caso similar, fue remitido a la Comisión tres meses después —el 25 de agosto de 2025—, y en tan solo dos meses (para el 27 de octubre de 2025) ya contaba con el informe favorable emitido por la Comisión. Este hecho plantea un grave cuestionamiento: ¿por qué algunos expedientes avanzan con rapidez, mientras otros permanecen estancados durante meses, sin respuesta?

¿Será que algunos PPL tienen “suerte”, influencias o contactos dentro del sistema? ¿O acaso existen incentivos ocultos que determinan la prioridad de ciertos trámites sobre otros? Son preguntas que el SNAI debería responder ante la opinión pública, pues la discrecionalidad en la administración penitenciaria no solo vulnera derechos, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia.

El principio de igualdad ante la ley exige que los procesos administrativos sigan un orden cronológico y objetivo. Si dos solicitudes cumplen con los mismos requisitos, ambas deben recibir el mismo trato y resolución en los plazos establecidos. Sin embargo, los hechos revelan una gestión arbitraria y opaca que requiere urgente fiscalización.

El Ecuador no puede seguir tolerando que la burocracia o los favoritismos administrativos se interpongan entre la ley y la justicia.