Diego Esparza, asambleísta por Zamora Chinchipe, denunció presuntas irregularidades en la designación de Pablo Barrazueta como director provincial de la Contraloría General del Estado (CGE) en Zamora Chinchipe, por un posible conflicto de intereses, deudas de pensiones alimenticias y otras denuncias en contra del funcionario. La documentación fue presentada a la fiscal General Diana Salazar y al Contralor Carlos Riofrío.
La configuración del conflicto de intereses radica porque Barrazueta se desempeñaba como abogado defensor del asambleísta Salvador Quishpe, en uno de los procesos judiciales en su contra producto de informes de Contraloría por su gestión como prefecto provincial. En total, las glosas en firme suman un perjuicio al Estado por más de USD 174 mil. Esparza manifestó su preocupación debido a que la nueva autoridad de la Contraloría tiene acceso a información privilegiada y podría usarla en favor de los procesados, quienes fueron sus clientes.
El legislador zamorano expuso que, en la declaración juramentada del 1 noviembre de 2021, Barrazueta afirmó que no adeudaba más dos pensiones alimenticias. La prensa local publicó el 05 de noviembre que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias registraba un total de 112 pensiones alimenticias pendientes del funcionario, con una deuda superior a los USD 38 mil. “El Código Penal sanciona al falso testimonio en declaraciones patrimoniales juramentadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. He pedido a la Fiscalía que se investigue”, explicó el parlamentario.
Sumadas a estas preocupaciones, Diego Esparza explicó que el nuevo director provincial de la Contraloría en Zamora Chinchipe ostenta una serie de procesos judiciales acusado de solicitar coimas cuando se desempeñaba como funcionario del Servicio de Aduanas; una demanda a la Universidad Nacional de Loja y casos de tránsito.
“Si bien corresponde a la justicia sancionar, rechazo que la Contraloría designe este tipo de autoridades. Para esta dignidad se debió elegir a los mejores perfiles profesionales y éticos. Esto solo provoca que el ciudadano sienta indefensión de parte de la institución a cargo de proteger sus recursos”, dijo el asambleísta del Partido Socialista.
