Nacionales
Demanda de recusación presentada por Jorge Yunda aún se encuentra sin respuesta
Dos semanas han pasado de que está en manos de los jueces provinciales Wilson Lema y Patlova Guerra la demanda de recusación planteada por la defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, contra el tercer integrante del Tribunal de Juzgamiento que analiza el delito de peculado, Fabián Fabara, y aún no existe un pronunciamiento formal ante la recusación.
El miércoles 27 de octubre pasado los abogados del cesado alcalde capitalino completaron la información requerida en la demanda por Lema y Guerra, quedando así a la espera de que se notifique el día y la hora en la que se realizará la audiencia para resolver la recusación propuesta ante una supuesta parcialidad en el caso del juez provincial Fabara.
En el décimo sexto día de la audiencia de juzgamiento, el 21 de octubre último, que se daba contra Jorge Yunda y trece personas más acusadas de un peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, el exalcalde recusó a Fabara argumentando no solo su parcialidad dentro de la diligencia, sino también que lo que buscaba el juez es sentenciar en la causa por el delito de tráfico de influencias en lugar de peculado.
Según la norma, cuando se presente una demanda de recusación contra uno de los juzgadores que integren un tribunal, la misma será conocida por los jueces del Tribunal que estén hábiles o que no hayan sido recusados. En este caso los jueces hábiles son Wilson Lema, ponente o presidente de la Sala de Juzgamiento, y Patlova Guerra.
Édgar Molina, parte de la defensa de Yunda, explica que este es un juicio de recusación contra uno de los jueces, específicamente Fabara, debido a que él estaba no solo “anticipando criterios, interrogando, contra interrogando, orillando a los peritos y testigos” a que digan lo que el juez quiere escuchar, sino también por la intención de que los procesados por peculado sean sentenciados por el delito de tráfico de influencias.
Por el delito de peculado son juzgados Jorge Yunda, acusado como autor mediato del delito de peculado; el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S.A., acusados como autores directos; y once personas más acusadas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; o Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud.
Los caminos que tiene la recusación son que se acepte o se la niegue. De darse el primer caso, el juez recusado será reemplazado por otro dentro del Tribunal, mientras que de darse el segundo caso el juez seguirá en conocimiento de la causa y se retomará la misma desde el día en que se suspendió.
La disyuntiva entre los abogados está, de aceptarse la demanda de recusación, está en si se debería solo cambiar al juez recusado y volver a darse nuevamente la audiencia de juzgamiento desde el principio o si debería ser cambiado todo el Tribunal una vez la audiencia vuelva a hoja cero. En el segundo caso se cree que todo el Tribunal debería ser reemplazado, pues los jueces que no fueron recusados ya concedían del caso, estando “contaminados”.
Molina esperaba que se les notificará algo respecto a la audiencia de recusación entre el jueves y viernes de la semana pasada, pero hasta el momento no han recibido confirmación alguna. (I)
El Universo
La Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto fueron notificados con la solicitud de revocatoria del mandato.
La organización indígena pidió que ambos mandatarios se pronuncien, tomando en cuenta que el plazo para presentar una respuesta vence el 22 de junio de 2026.
“Daniel Noboa y María José Pinto deben pronunciarse frente a la notificación enviada sobre la solicitud de revocatoria de mandato”, indicó la organización presidida por Leonidas Iza.
Dirigentes sociales y sindicales anunciaron acciones para impulsar una iniciativa constitucional contra el Gobierno.
El pasado 9 de junio de 2026, colectivos sociales, entre ellos la Ecuarunari, formalizaron la solicitud de revocatoria del mandato. Ese día acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.
“Los sectores sociales permanecerán vigilantes ante este proceso. La ciudadanía merece transparencia, respeto y respuestas claras”, manifestó la organización indígena en un comunicado difundido este 22 de junio.
El plazo al que se refiere la Ecuarunari está relacionado con el tiempo que tienen las autoridades cuestionadas para ejercer su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.
Solo en caso de que esta sea admitida, los promotores podrán iniciar la recolección de firmas de respaldo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para impulsar la revocatoria de un presidente de la República se requiere el apoyo de al menos el 15 % de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.
Otro de los impulsores de la iniciativa, el abogado Washington Andrade, señaló que este plazo permite que Noboa presente una respuesta, se allane o se oponga a la solicitud de revocatoria. También hizo un llamado para que organizaciones como la UNE, la Fenocín y el Frente Popular se sumen a la iniciativa.
Diferencias entre la Conaie y la Ecuarunari
Dentro de la Conaie, la Ecuarunari ha sido la única organización que ha impulsado la revocatoria. Esa diferencia quedó en evidencia cuando la Confederación retiró el préstamo de su sede para el encuentro de las organizaciones que promueven la iniciativa.
Dirigentes de la Conaie, como Simón Velasco, responsable del área de comunicación, aclararon en esa ocasión que las bases habían decidido no formar parte del proceso y se desmarcaron de la revocatoria impulsada en contra del presidente Daniel Noboa. Fuente: Expreso
Nacionales
John Reimberg confirma que fuerzas extranjeras gozarán de inmunidad en el combate contra el crimen organizado
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que personal extranjero trabajará junto a las fuerzas del orden del Ecuador para combatir a grupos delictivos y gozará de inmunidad.
El pasado jueves, 18 de junio, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424 con el que ratificó la existencia de un conflicto armado interno “por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.
Luego, indicó que el país recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización contra grupos criminales.
En este sentido, detalló que las fuerzas extranjeras acompañarán a los agentes ecuatorianos para ejecutar operaciones conjuntas, por lo cual también gozarán de indultos y amnistías.
“Este es un delito transnacional que tenemos que combatirlo entre todos los que estamos en la misma línea de atacar y acabar al crimen organizado y por qué no contar con la ayuda, experiencia, tecnología de otros países”, apuntó el funcionario.
¿Habrá toque de queda?
Reimberg ratificó que el estado de excepción no implica un toque de queda, como se había hecho en otras ocasiones.
La medida se tomó porque “la justicia no está a la misma velocidad” que las operaciones policiales. “Pedir una orden de allanamiento no puede ser que nos tome dos o tres días, no podemos detenernos o anunciar a los delincuentes que estamos en camino”, sostuvo.
¿Quiénes gozarán de inmunidad tras el decreto de Noboa?
En el decreto 424 también se menciona que el presidente concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado.
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles.
El personal extranjero de los Estados cooperantes, que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno, también gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por el Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Policía ejecuta incautaciones de bienes de Aquiles Álvarez y su familia en el caso Goleada
La Policía Nacional avanzó en la ejecución de medidas judiciales dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas.
Como parte de este proceso, se reportó la incautación de varios bienes inmuebles vinculados a su entorno familiar y empresarial.
De acuerdo con un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), las diligencias se realizaron el 18 de junio de 2026 y comprenden al menos seis propiedades relacionadas con las compañías Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A.
Bienes incautados y estructura patrimonial
Entre los activos intervenidos consta un inmueble en Puerto Hondo, parroquia Tarqui, valorado en aproximadamente $2 millones, el de mayor cuantía dentro de esta fase inicial.
Además, se incautaron otros bienes asociados a Fiorema S.A., empresa que, según la Fiscalía, habría concentrado transferencias patrimoniales del grupo familiar del funcionario.
El listado incluye terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas ubicados en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón.
Los inmuebles quedaron bajo administración estatal mediante Inmobiliar, entidad encargada de custodiar bienes incautados en procesos judiciales, conforme a los protocolos vigentes.
Incautaciones pendientes y limitaciones operativas
La ejecución de las órdenes judiciales no se concretó en su totalidad. La Undecof reportó la imposibilidad de incautar otros seis inmuebles contemplados en el proceso.
Entre ellos figura una vivienda en Isla Mocolí, Samborondón, atribuida al alcalde y valorada en más de $1 millón, junto con otros departamentos vinculados a Fiorema S.A.
La Policía explicó que no se procedió debido a que los predios estaban ocupados por personas en condición de vulnerabilidad, incluidos menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Argumentos legales y reacción de la defensa
La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores de edad y de una persona con discapacidad visual debidamente certificada.
En ese contexto, el representante legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia prevista para analizar este pedido fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.
¿De qué se trata el caso Goleada?
El caso Goleada indaga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos derivados de la comercialización irregular de combustibles.
Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido canalizados hacia la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la adopción de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.
El avance parcial en las incautaciones refleja tanto la dinámica de la investigación como los límites legales y sociales en la aplicación de medidas judiciales sobre bienes habitados.
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