Nacionales
Demanda de recusación presentada por Jorge Yunda aún se encuentra sin respuesta
Dos semanas han pasado de que está en manos de los jueces provinciales Wilson Lema y Patlova Guerra la demanda de recusación planteada por la defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, contra el tercer integrante del Tribunal de Juzgamiento que analiza el delito de peculado, Fabián Fabara, y aún no existe un pronunciamiento formal ante la recusación.
El miércoles 27 de octubre pasado los abogados del cesado alcalde capitalino completaron la información requerida en la demanda por Lema y Guerra, quedando así a la espera de que se notifique el día y la hora en la que se realizará la audiencia para resolver la recusación propuesta ante una supuesta parcialidad en el caso del juez provincial Fabara.
En el décimo sexto día de la audiencia de juzgamiento, el 21 de octubre último, que se daba contra Jorge Yunda y trece personas más acusadas de un peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, el exalcalde recusó a Fabara argumentando no solo su parcialidad dentro de la diligencia, sino también que lo que buscaba el juez es sentenciar en la causa por el delito de tráfico de influencias en lugar de peculado.
Según la norma, cuando se presente una demanda de recusación contra uno de los juzgadores que integren un tribunal, la misma será conocida por los jueces del Tribunal que estén hábiles o que no hayan sido recusados. En este caso los jueces hábiles son Wilson Lema, ponente o presidente de la Sala de Juzgamiento, y Patlova Guerra.
Édgar Molina, parte de la defensa de Yunda, explica que este es un juicio de recusación contra uno de los jueces, específicamente Fabara, debido a que él estaba no solo “anticipando criterios, interrogando, contra interrogando, orillando a los peritos y testigos” a que digan lo que el juez quiere escuchar, sino también por la intención de que los procesados por peculado sean sentenciados por el delito de tráfico de influencias.
Por el delito de peculado son juzgados Jorge Yunda, acusado como autor mediato del delito de peculado; el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S.A., acusados como autores directos; y once personas más acusadas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; o Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud.
Los caminos que tiene la recusación son que se acepte o se la niegue. De darse el primer caso, el juez recusado será reemplazado por otro dentro del Tribunal, mientras que de darse el segundo caso el juez seguirá en conocimiento de la causa y se retomará la misma desde el día en que se suspendió.
La disyuntiva entre los abogados está, de aceptarse la demanda de recusación, está en si se debería solo cambiar al juez recusado y volver a darse nuevamente la audiencia de juzgamiento desde el principio o si debería ser cambiado todo el Tribunal una vez la audiencia vuelva a hoja cero. En el segundo caso se cree que todo el Tribunal debería ser reemplazado, pues los jueces que no fueron recusados ya concedían del caso, estando “contaminados”.
Molina esperaba que se les notificará algo respecto a la audiencia de recusación entre el jueves y viernes de la semana pasada, pero hasta el momento no han recibido confirmación alguna. (I)
El Universo
Nacionales
Golpe a Los Lobos y Los Choneros: hallan USD 1 millón y 2,5 toneladas de droga en operativos con apoyo de EE.UU.
La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 dos operativos contra estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros, que dejaron cerca de 40 personas aprehendidas.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó las operaciones como un “fuerte golpe” contra las economías criminales de Los Choneros y Los Lobos.
El ministro del Interior, John Reimberg, también destacó los resultados de las intervenciones, ejecutadas después de varios meses de labores investigativas.
Caso Factoría: Golpe contra Los Lobos
El operativo Factoría, dirigido contra una estructura narcodelictiva vinculada a Los Lobos, involucró a 24 personas: 17 fueron aprehendidas durante las intervenciones y siete ya estaban recluidas en cárceles.
Entre los detenidos constan tres presuntos cabecillas, en cuyo poder se habría encontrado aproximadamente USD 1 millón en efectivo.
Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la retención de:
- 20 vehículos.
- Una avioneta.
- 15 armas, entre fusiles y pistolas.
- 200 municiones.
- Chalecos antibalas.
- Combustible para avión.
- Joyas de oro.
Además, se inhabilitaron dos pistas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
La Policía decomisó una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, localizada dentro de cinco vehículos. Según las investigaciones, la droga estaba lista para ser distribuida a distintos centros de acopio y posteriormente transportada en avionetas hacia Norteamérica.
Durante las intervenciones también fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaban con Los Lobos el envío de cargamentos mediante pistas clandestinas y aeronaves hacia Norteamérica.
Operativo Jericó contra Los Choneros
En el operativo Jericó en contra de la estructura criminal Los Choneros, las autoridades identificaron a 19 personas: 12 fueron capturadas durante las intervenciones y siete ya se encontraban recluidas.
La operación comprendió 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. Durante las diligencias se decomisaron aproximadamente 1,5 toneladas de droga.
Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional y 36 fiscales participaron en los operativos Factoría y Jericó ejecutados simultáneamente durante la madrugada. Fuente: Vistazo
El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunto peculado en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían «omitido o evadido procedimientos para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, se asignó el 70% del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de USD 104 millones que se han determinado como el presunto perjuicio.
Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.
Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.
Crisis por apagones de hasta catorce horas
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.
La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).
La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.
La clave está en diferenciar registro y reporte
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.
La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.
Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.
Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.
La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.
¿Una deuda se borra después de dos años?
No necesariamente.
El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.
Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.
En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.
Nuevos datos podrán ser considerados
La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.
Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.
Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.
Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.
¿Qué significa para quienes tienen deudas?
El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.
Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.
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