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Nacionales

Demanda de recusación presentada por Jorge Yunda aún se encuentra sin respuesta

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Dos semanas han pasado de que está en manos de los jueces provinciales Wilson Lema y Patlova Guerra la demanda de recusación planteada por la defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, contra el tercer integrante del Tribunal de Juzgamiento que analiza el delito de peculado, Fabián Fabara, y aún no existe un pronunciamiento formal ante la recusación.

El miércoles 27 de octubre pasado los abogados del cesado alcalde capitalino completaron la información requerida en la demanda por Lema y Guerra, quedando así a la espera de que se notifique el día y la hora en la que se realizará la audiencia para resolver la recusación propuesta ante una supuesta parcialidad en el caso del juez provincial Fabara.

En el décimo sexto día de la audiencia de juzgamiento, el 21 de octubre último, que se daba contra Jorge Yunda y trece personas más acusadas de un peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, el exalcalde recusó a Fabara argumentando no solo su parcialidad dentro de la diligencia, sino también que lo que buscaba el juez es sentenciar en la causa por el delito de tráfico de influencias en lugar de peculado.

Según la norma, cuando se presente una demanda de recusación contra uno de los juzgadores que integren un tribunal, la misma será conocida por los jueces del Tribunal que estén hábiles o que no hayan sido recusados. En este caso los jueces hábiles son Wilson Lema, ponente o presidente de la Sala de Juzgamiento, y Patlova Guerra.

Édgar Molina, parte de la defensa de Yunda, explica que este es un juicio de recusación contra uno de los jueces, específicamente Fabara, debido a que él estaba no solo “anticipando criterios, interrogando, contra interrogando, orillando a los peritos y testigos” a que digan lo que el juez quiere escuchar, sino también por la intención de que los procesados por peculado sean sentenciados por el delito de tráfico de influencias.

Por el delito de peculado son juzgados Jorge Yunda, acusado como autor mediato del delito de peculado; el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S.A., acusados como autores directos; y once personas más acusadas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; o Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud.

Los caminos que tiene la recusación son que se acepte o se la niegue. De darse el primer caso, el juez recusado será reemplazado por otro dentro del Tribunal, mientras que de darse el segundo caso el juez seguirá en conocimiento de la causa y se retomará la misma desde el día en que se suspendió.

La disyuntiva entre los abogados está, de aceptarse la demanda de recusación, está en si se debería solo cambiar al juez recusado y volver a darse nuevamente la audiencia de juzgamiento desde el principio o si debería ser cambiado todo el Tribunal una vez la audiencia vuelva a hoja cero. En el segundo caso se cree que todo el Tribunal debería ser reemplazado, pues los jueces que no fueron recusados ya concedían del caso, estando “contaminados”.

Molina esperaba que se les notificará algo respecto a la audiencia de recusación entre el jueves y viernes de la semana pasada, pero hasta el momento no han recibido confirmación alguna. (I)

El Universo

Nacionales

UTPL obtiene Cualificación Académica con Calidad Superior en Investigación en Educación y Derecho

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) recibió del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) la Cualificación Académica con Calidad Superior en Investigación en los campos específicos de Educación y Derecho, por un periodo de seis años, tras aprobar de manera íntegra la evaluación establecida en el Reglamento, Modelo y Metodología correspondientes. Con ello, la UTPL se convierte en pionera en recibir esta certificación en estos campos, posicionándola entre las universidades con mayor capacidad científica, infraestructura avanzada y cuerpo docente altamente calificado, y habilitándola para crear y presentar programas de doctorado (PhD) ante el Consejo de Educación Superior (CES), conforme lo establece el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Este reconocimiento confirma que la UTPL cumplió de manera sólida los dos componentes obligatorios de la evaluación: el Componente de Carácter Institucional y el Componente de Carácter Específico, los cuales abarcan criterios como gestión de la investigación, líneas investigativas, ética, internacionalización, infraestructura especializada, productividad científica, personal académico con grado de PhD y desempeño de los grupos de investigación.
Juan Manuel García Samaniego, Director General de Evaluación Institucional y Calidad de la UTPL, destacó que este proceso—de carácter voluntario según el artículo 173 de la LOES—fue realizado bajo estrictos parámetros técnicos definidos en el Reglamento, Modelo y Metodología del CACES.
“La UTPL demostró una estructura investigativa sólida, políticas claras de fomento a la producción científica, un ecosistema robusto de laboratorios y plataformas tecnológicas, así como un cuerpo docente altamente calificado que publica activamente en los campos en los que fuimos evaluados”, señaló.
El directivo resaltó además que el proceso incluyó evaluación documental, visita in situ, informe preliminar, revisión institucional y la emisión de los informes finales, conforme lo establece el Reglamento de Cualificación Académica.
“Este logro es producto de una política universitaria coherente, de incentivos y de consolidación de grupos científicos que han sostenido indicadores de calidad reconocidos por el CACES”, añadió García.
Con la Cualificación obtenida, la UTPL queda formalmente habilitada para diseñar y presentar al CES nuevos proyectos doctorales en los campos aprobados, sin objeciones por criterios de calidad institucional. Este reconocimiento potenciará además la presencia de la universidad en rankings internacionales como THE, QS y Green Metrics, y ampliará su capacidad de integrarse a redes globales de investigación y cooperación científica.
La UTPL proyecta continuar la expansión de su capacidad investigativa hacia nuevos campos de conocimiento y fortalecer la indexación de sus revistas científicas, consolidando así un ecosistema académico que aporta soluciones para el país y la región.
Con este resultado, la UTPL reafirma su compromiso con la excelencia, la producción científica y la formación avanzada, pilares que fortalecen el desarrollo del Ecuador a través de una educación superior de alto nivel.
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FMI aprueba desembolso de crédito por USD 620 millones para Ecuador

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El acuerdo permitirá que el país acceda a un desembolso inmediato de USD 620 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que alcanzó un acuerdo entre el equipo técnico de este organismo y el Gobierno ecuatoriano se aprobó un nuevo desembolso de USD 620 millones, como parte de la cuarta revisión de metas dentro del programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF), vigente desde mayo de 2024.

El FMI reconoció que la economía ecuatoriana mostró un repunte sostenido durante los primeros tres trimestres del año, impulsado por el dinamismo de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones no petroleras.

El FMI señaló que las reservas internacionales se mantienen sólidas gracias al superávit en cuenta corriente y resaltó la resiliencia del país pese a la caída de los precios del petróleo. También evaluó positivamente los avances del Gobierno en la ejecución del plan de reformas, al cumplir todos los criterios de desempeño cuantitativos correspondientes a octubre de 2025 y las metas indicativas disponibles. Fuente: El Telégrafo 

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Polémica entre ADN y el correísmo por la investigación a asambleístas que ingresaron al hospital Baca Ortiz de Quito

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La fiscalización a la situación de los hospitales del sistema público de salud abrió una nueva disputa entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional.

Esto ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió, el 1 de diciembre, dar paso a un proceso de investigación contra seis legisladores del correísmo por una presunta extralimitación en sus funciones.

La investigación responde a un pedido de la gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Frances Fuenmayor, quien acusó a Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Luis Molina, Raúl Chávez, Ricardo Patiño y Ana Belén Yela, de ingresar de forma inapropiada a esa casa de salud.

«En defensa de las niñas, niños y adolescentes, y de la dignidad del personal médico y administrativo», justificó la funcionaria en el pedido de investigación a esos legisladores.

Respuesta correísta
En filas de Revolución Ciudadana hubo cierta cautela este 2 de diciembre al hablar del tema, porque si bien los canales oficiales de la Asamblea anunciaron el inicio de la investigación, a los pocos minutos eliminaron la publicación.

El legislador Raúl Chávez dijo que no ha sido notificado oficialmente con el inicio de la investigación, pero se enteró a través de los medios de comunicación. «Si me investigan por trabajar, me motivan y ahora vamos a fiscalizar el doble», advirtió.

Chávez, que es parte de la alianza RC-Reto, negó que hayan ingresado al Baca Ortiz en una actitud inapropiada o que se haya vulnerado el derecho de los niños atendidos en ese hospital o sus familiares.

«La visita al Hospital Baca Ortiz fue por pedido precisamente de los padres de familia que tienen a sus hijos ahí, y que por temor a represalias preferían que fuéramos nosotros como autoridad».  Raúl Chávez, asambleísta de RC-Reto

Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta, dijo que esta investigación que deberá llevar a cabo la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, es una de las tantas formas de «persecución» en la Asamblea.

«Vivimos un momento en el que la salud pública se cae a pedazos y eso el Ecuador lo sabe. Cuando la bancada a la que represento decide fiscalizar, la persecución inicia desde el CAL ¿Cuál es el papel de los asambleístas que no sea legislar y fiscalizar?», cuestionó González.

«Fiscalizar y no hacer show»
Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional, reconfirmó que efectivamente los asambleístas tienen la potestad de fiscalizar, «pero sin que esto altere los derechos de los niños, niñas y adolescentes».

Según la legisladora oficialista, es mejor no adelantar un criterio y esperar la investigación que lleve adelante la Comisión de Salud a donde deberán comparecer los directivos del Baca Ortiz así como los asambleístas investigados.

«Lo que si es que hay que ser responsables con la fiscalización haciendo las cosas de manera correcta y no convertir a la fiscalización en un show», añadió Jácome. Fuente: Primicias

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