Crítica desde la sociedad civil

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión para las áreas naturales protegidas del país y fomentar el desarrollo económico local de manera sostenible.

El proyecto, denominado Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, propone ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que han sido afectados por economías ilegales, actividades criminales y abandono institucional, pese a estar legalmente reconocidos como zonas protegidas.

La propuesta incluye mecanismos contractuales que permitirían la participación del sector privado, nacional e internacional, en la administración, operación y protección de estas áreas bajo estrictos lineamientos ambientales. Además, promueve actividades sostenibles como el turismo ecológico, la investigación científica, la prestación de servicios ambientales y la generación de empleo digno, en especial para comunidades locales.

Entre las medidas destacadas también se incluye la remisión del 100% de deudas vencidas por uso de infraestructura pesquera artesanal, como parte de un paquete de acciones para apoyar a sectores históricamente excluidos y fomentar la economía popular y solidaria.

El Gobierno justifica la urgencia del proyecto debido al deterioro de las condiciones de seguridad y conservación en los ecosistemas estratégicos del país, agravado por la minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Según el proyecto, estas amenazas han convertido a las áreas protegidas en blancos de grupos criminales, afectando también al sector turístico y a las comunidades que dependen de él.

Con este tercer proyecto de ley urgente, el presidente Noboa continúa impulsando una agenda legislativa enfocada en dinamizar la economía, garantizar la seguridad y atraer inversión responsable. La Asamblea Nacional deberá tramitar y pronunciarse sobre esta propuesta en un plazo máximo de 30 días. Fuente: El Telégrafo

Por el vértigo de los acontecimientos, parecería que los actuales legisladores llevan ya mucho tiempo en sus cargos. Pero, lo cierto es que, este 14 de junio, la Asamblea Nacional cumple recién su primer mes de funcionamiento.

La tónica en este tiempo ha sido el dominio absoluto de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, y que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) haya quedado relegada a un plano casi de espectador.

Este ha sido el principal motivo de roces, tensiones y reclamos sin éxito desde el lado del correísmo frente a un bloque de Gobierno que, con la fuerza de los votos, se ha impuesto en la designación de autoridades, aprobación de leyes y resoluciones polémicas.

Pese a los grandes bloques de ADN y el correísmo, otros 19 legisladores dirimirán las votaciones en la Asamblea
Estos son los siete momentos que han marcado a la Asamblea Nacional en los primeros 30 días de gestión:

1Surge la aplanadora
A la sesión inaugural de la Asamblea se llegó con la incertidumbre sobre cuál de las fuerzas política, ADN o RC, logró la mayoría de acuerdos para elegir las autoridades del legislativo. Las dos decían contar con más de 77 votos.

La duda se despejó pronto. En la práctica, fue el gobierno el que logró convencer a la mayoría de independientes y fraccionar a su favor a seis de los nueve legisladores de Pachakutik.

Con eso, más el apoyo parcial de los tres asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), ADN logró captar la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea, todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la mayoría de comisiones permanentes.

Asamblea: ADN y sus aliados logran presidencia y control total del CAL; el correísmo se queda fuera
En estos 30 días, prácticamente ninguna de las propuestas de ADN ha sufrido un revés en el Pleno de la Asamblea. Siempre ha contado con, al menos, 77 votos para su aprobación y en otras ocasiones ha llegado a los 84 votos.

2Leyes urgentes del Ejecutivo
Con el impulso de saber que son mayoría, el presidente Daniel Noboa envió el 17 de mayo el primer proyecto de ley urgente en materia económica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno.

En la Comisión de Desarrollo Económico la propuesta pasó a llamarse Ley de Solidaridad Nacional y, entre el primer y segundo debate, la ley cambió desde los objetivos hasta el articulado original.

En esta se incluyeron reformas al Código Penal, a la Ley de Hidrocarburos y de Compañías. La oposición correísta en la Asamblea advirtió que en el proyecto habría algunas inconstitucionalidades.

Pero en la votación del 8 de junio, ADN contó con el respaldo de los independientes y Pachakutik y dos días después el presidente Noboa dispuso su publicación en el Registro Oficial sin hacer observaciones  a la normativa.

El 27 de mayo, el presidente Daniel Noboa remitió el segundo proyecto de ley urgente en materia económica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.

El informe para primer debate fue aprobado el 12 de junio por la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el oficialismo, y se prevé que el lunes 16 de junio sea conocido por el Pleno.

3Reforma constitucional y ley polémicas
El 3 de junio el Pleno de la Asamblea se reunió para votar la reforma constitucional para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, planteada por Noboa.

La incógnita era cómo iban a votar los seis legisladores de Pachakutik, agrupación que históricamente se ha opuesto a este tipo de iniciativas, por considerar que es una violación a la soberanía nacional.

Pero no solo que esa facción ratificó su apoyo ‘incondicional’ a ADN, sino que además sumó un voto más: el de la asambleísta Dina Farinango, que hasta entonces se mantenía alejada de las tesis oficialistas.

En esa ocasión el gobierno tuvo 82 votos favorables, incluyendo los del PSC, partido político que históricamente ha defendido este tipo de iniciativas.

Pero quizás, uno de los momentos más críticos que ha tenido la Asamblea ha sido la aprobación de la Ley de Inteligencia promovida por la Comisión de Seguridad liderada por Inés Alarcón, de ADN.

En esta se propone, entre otras cosas, la interceptación de comunicaciones y el acceso a información privada, de cualquier ciudadano que los servicios de inteligencia consideren ‘sospechoso’, sin orden judicial alguna.

La normativa fue aprobada con 77 votos, el 10 de junio, nuevamente con el respaldo de la facción de Pachakutik leal a ADN. El 11 de junio, Noboa dispuso su publicación, al igual que con la primera ley urgente, sin hacer ninguna observación.

Varios actores políticos y sociales han advertido que la normativa podría contener algunas inconstitucionalidades, pero el oficialismo lo niega y dice que cumple los ordenamientos de la Constitución.

4Borrón a decisión de la anterior Asamblea
En la sesión del Pleno del jueves 5 de junio se produjo una triple polémica. Todo empezó cuando el excorreísta y ahora oficialista Henry Bosquez pidió un cambio del orden del día.

Su objetivo era revisar toda la terna que la Asamblea liderada por Viviana Veloz (RC) envió al Consejo de Participación Ciudadana para integrar el Consejo de la Judicatura.

En principio, la moción no pasó porque la segunda vicepresidenta, Carmen Tiupul, decidió abstenerse. Eso provocó que ADN vaya con todo hacia ella para convencerla y una vez logrado el objetivo, Bosquez pidió la rectificación de la votación.

El correísmo reclamó alegando que eso violaba el procedimiento parlamentario, porque no se puede aplicar ni la reconsideración ni la rectificación en cambios del orden del día. Pero la fuerza de los votos se impuso nuevamente.

Fernando Cedeño de RC, apeló la presidencia de Niels Olsen, pero nuevamente la mayoría funcionó y no fue aceptada.

Luego se propuso dejar sin efecto lo actuado por los anteriores legisladores y notificar al Consejo de Participación Ciudadana que dejaban inválida la terna, pero Bosquez no propuso una nueva con lo que siguen pendientes los listados del Ejecutivo y el Legislativo para la renovación del CJ.

6¿Desgrane del correísmo?
Con todo este panorama, varios legisladores de la Revolución Ciudadana han optado por alejarse de la línea del movimiento que otrora era conocido por ser orgánico, especialmente cuando eran mayoría.

La primera en irse, incluso antes de que se instale el nuevo periodo, fue la asambleísta por Los Ríos, Mónica Salazar, que luego apareció con el ministro de Gobierno, José De La Gasca y muchas veces opera por ADN para convencer a otros legisladores, cuando las votaciones se ponen difíciles.

También, se alejó de la línea correísta el legislador Sergio Peña que primero fue propuesto por ADN para integrar el CAL, luego el Comité de Ética y que votó a favor del primer y segundo informe de la Ley de Solidaridad Nacional. El correísmo decidió su expulsión.

Camino similar siguió el legislador electo por Galápagos, David Arias, que aunque también votó por el primer y segundo informe de la Ley de Solidaridad Nacional no fue sacado, en primera instancia. La gota que derramó el vaso y causó su expulsión fue su apoyo a la Ley de Inteligencia.

7Primera sanción administrativa
A eso se suma que el viernes 13 de junio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) impuso una sanción de 30 días de suspensión, sin remuneración, para el legislador Ronal González, de RC.

¿La causa? Una queja de la asambleísta de ADN, Diana Jácome, que lo acusó de haber cometido una infracción administrativa grave.

Esto, porque el 26 de mayo, el correísta llegó a la Asamblea con un megáfono y se ubicó en los exteriores del Pleno y emitió frases como «¿sí me escuchas, sinvergüenza?».

Esa fue la forma en la que González intentaba protestar contra Olsen al que acusa de haberles relegado y no darles la palabra en los debates del Pleno de la Asamblea.

Incluso, parte de la bancada correísta interpuso una acción de protección contra el presidente de la Asamblea con la que pretendían que un juez deje sin efecto la sesión en la que se integró el CAL, llame a una nueva sesión y exija que se permita hablar a RC.

El 12 de junio, el juez Santiago Altairano declaró improcedente el reclamo de la Revolución Ciudadana y ratificó lo actuado por el Pleno de la Asamblea en la sesión inaugural del 14 de mayo. Fuente: Primicias