La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó una glosa millonaria en contra de la extinta empresa estatal Petroamazonas.
Sin que existan justificaciones técnicas y económicas, funcionarios de la compañía de servicios petroleros aceptaron que el proveedor reprograme las inversiones en campos menores, perjudicando al Estado.
En vista de aquello, el organismo de control determinó la responsabilidad civil de cinco funcionarios, que trabajaron entre junio de 2017 y diciembre de 2020 en Petroamazonas y de un proveedor de la estatal petrolera, contratado para suministrar servicios específicos, como actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras.
Funcionarios y contratista de Petroamazonas
La auditoría determinó que no existieron razones técnicas o económicas que justifiquen el incumplimiento del Plan Anual de Actividades Comprometidas, del año 2020. Las responsabilidades civiles se establecieron por el valor de las inversiones que no se efectuaron en ese periodo.
El personal de la empresa pública, que conformó los comités técnico y ejecutivo, aceptó reprogramar la ejecución del contrato de servicios específicos integrados No. C0390-PAM-EP-2018.
Los funcionarios aceptaron los argumentos del contratista sobre la falta de licencias ambientales para perforar pozos. No obstante, el equipo de auditoría estableció que las plataformas en las que se debía intervenir ya estaban regularizadas ambientalmente, por lo que no se requerían nuevas licencias.
Para justificar los cambios en la planificación de inversiones, la compañía de servicios petroleros también expuso problemas en la importación de equipos para realizar su trabajo debido a la pandemia por Covid-19.
Sin embargo, durante el examen especial se identificó que no realizaron actividades entre enero y marzo de 2020, antes del inicio de la emergencia sanitaria. Además, en la Declaratoria nacional de estado de excepción por la pandemia mundial, el gobierno no incluyó a los sectores estratégicos.
Responsabilidades civiles adicionales
El organismo de control también impuso glosas por $ 15’361.859 a la contratista, por otras reprogramaciones que alteraron la planificación de las inversiones en la estatal petrolera.
El contrato suscrito con la empresa pública establecía que el proveedor forme parte del Comité Ejecutivo de Petroamazonas y tenga voto dirimente en la toma de decisiones. Valiéndose de esta condición, la contratista aprobó los cambios, pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad.
En total, el perjuicio al Estado alcanzó los $ 51’908.134. Las responsabilidades se determinaron luego de analizar los hallazgos del examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos, y sus adendas modificatorias, para invertir en los campos menores Drago y Guanta-Dureno.
El informe de auditoría también señala que en dos años el proveedor de Petroamazonas solo efectuó inversiones por el 20 % del monto acordado contractualmente. Además, suspendió sus servicios el 31 de mayo de 2019 y no los reanudó hasta el corte del examen especial (31 de diciembre de 2020), circunstancias por las cuales debió terminarse anticipadamente el contrato. (I)
Fuente: Vistazo
