“Si hay un tema de corrupción o crimen organizado en Guayaquil, en Cuenca, en Manta o donde fuere, el trabajo de la Policía con la Fiscalía tiene que hacer llegar el parte, los pedidos, el proceso penal, a los jueces anticorrupción”, recalcó la máxima autoridad de la Corte.
La decisión se dio a conocer en una reunión de mesa interinstitucional llevada a cabo este martes 13 de enero, en la que se abordaron temas de seguridad para los magistrados del país, a la que acudieron representantes de de la Fiscalía, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, y los Ministerios del Interior y de Defensa.
La resolución dispone que los procesos cuyo inicio se registró antes del 9 de diciembre de 2022 tendrán que seguir siendo tratados por los jueces y tribunales que avocaron conocimiento. Los que empezaron después deberán ser tramitados a las Unidades Especializadas para el Juzgamiento de los Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
“Incluso si alguno de aquellos procesos está tramitándose ante un juez o tribunal de otra sección territorial del país, hoy por la vigencia de esta resolución el juez tiene la obligación de inhibirse del conocimiento de la causa y pasar el expediente a conocimiento de los jueces anticorrupción”, detalló Saquicela.
“También la Resolución 07-2023 determina la necesidad de que los jueces anticorrupción realicen turnos. Por eso solicitamos al Consejo de la Judicatura que del banco de elegibles del mismo concurso se nombren más jueces anticorrupción”, acotó.
