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Autoridades adecentaron una vivienda de usuaria de los servicios de protección especial del MIES

Equipos técnicos de la Dirección Distrital Zamora del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Gobierno Municipal de Yantzaza, participaron en la minga de adecentamiento de la vivienda de Astrid González, quien vive junto a sus tres hijos, en la parroquia Chicaña del cantón Yantzaza.

La mayor de los hijos de Astrid es Dayana I., usuaria del servicio de Protección Especial en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). El hogar fue visitado por los equipos técnicos del MIES y del GAD Municipal para realizar la minga, como parte de las acciones que se ejecutan para mejorar las condiciones de vida de los grupos prioritarios.

Javier Bustamante, director distrital del MIES en Zamora, resaltó la responsabilidad de esta cartera de Estado en términos de proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la lucha contra la explotación laboral. “El trabajo infantil es un atentado contra los derechos universales, por ello, a través de abordajes, sensibilización, capacitación y otras actividades, buscamos empoderar a los padres y que asuman su rol en el cuidado y protección de sus hijos”, enfatizó.

La jornada de limpieza se desarrolló con el objetivo de brindarle a Astrid y sus hijos un espacio más saludable y armónico. “Identificamos las necesidades urgentes de nuestros usuarios de los servicios y replicaremos las mingas, así como otras actividades que contribuyan a mejorar de su calidad de vida”, explicó la autoridad distrital del MIES.

Astrid dijo sentirse feliz de tener este nuevo espacio más cómodo para vivir. “Estoy agradecida por la visita y la ayuda para mejorar nuestro pequeño hogar, también estoy contenta por las capacitaciones y apoyo que los técnicos del proyecto me brindan constantemente”, señaló.

Actualmente, el MIES distrito Zamora en convenio con el GAD Yantzaza, a través del servicio de Protección Especial, atiende a 160 niñas, niños y jóvenes en la modalidad de ETI, con una inversión de USD. 192 mil que contribuyen a la prevención y restitución de los derechos vulnerados. (I)

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