El organismo de control identificó que no se iniciaron las acciones administrativas para sancionar a las áreas de explotación minera que incurrieron en causales para declarar la caducidad de las concesiones.
La Contraloría General del Estado aprobó el informe del examen especial en el cual se analizó la administración, control y seguimiento de concesiones mineras metálicas en la provincia de Napo, por parte del Ministerio de Energía y Minas, entre enero de 2019 y septiembre de 2022.
Auditoría estableció que, debido a las falencias en la supervisión de las actividades extractivas artesanales de 43 concesiones, no se elaboraron informes técnicos sobre los pasivos ambientales que determinen su tipo, si modificaron las características físicas y químicas del suelo y de los cuerpos hídricos y si afectaron a la flora del lugar de la explotación u ocasionaron daño ambiental.
Además, durante el examen se identificó que 54 titulares mineros no presentaron los formularios de la declaración de impuesto a la renta o de régimen impositivo para microempresas, cumpliendo sus obligaciones tributarias; 12 áreas mineras no estuvieron registradas en el Sistema Único de Información Ambiental y 58 no tenían el Certificado de eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea.
En cuanto a pequeña minería, el informe de auditoría señala que, entre enero de 2019 y septiembre de 2022, la Agencia Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio del Ambiente no inspeccionaron a 16 y 10 concesiones, respectivamente, de 32 registradas en el Catastro Nacional Minero.
Sobre las áreas de explotación que sí se inspeccionaron entre 2019 y 2021, en seis casos se informaron novedades, como falta de licencia ambiental, del certificado de eventual afectación a los recursos hídricos y de tratamientos de aguas residuales. Sin embargo, la normativa establece que para sustanciar la imposición de sanciones a los titulares mineros se requiere un informe técnico y legal, pero este último no se elaboro por la falta de un servidor encargado de la revisión legal minera.
Así mismo, la ausencia de un especialista económico ocasionó que no se revisen 108 informes de producción, por lo que no se verificaron las inversiones anuales (incremento de activos fijos, construcción de infraestructura, compra de maquinaria y equipos), costos de producción, detalle de ventas de los minerales, cálculo y abono por concepto de regalías, inventarios de minerales en stock, estado de pago de patentes de conservación e inversiones proyectadas para el siguiente año.
No se inició el proceso administrativo sancionatorio contra 12 concesiones que no presentaron informes de producción entre 2018 y 2021, por lo que se desconocen las actividades mineras efectuadas y las regalías a favor del Estado.
La ausencia de personal que elabore informes técnicos, económicos y legales también impidió a la ARCOM iniciar procesos de caducidad en contra de 13 concesionarios que entre 2019 y 2022 no pagaron las patentes por conservación. Tampoco se sancionó a tres áreas mineras que no contaron con plan de desarrollo, que permita verificar la ejecución de actividades e inversiones en función de una planificación.
La auditoría también señala que la ARCOM no inició acciones administrativas en contra de seis concesionarios que no tuvieron planes de acción y determinación de daño ambiental. En esas zonas se identificaron frentes sin rehabilitar, frentes de explotación abandonados, acumulación de agua sin tratamiento, áreas no reforestadas y actividades mineras antitécnicas.
