El epicentro de la supuesta red de corrupción estaba en la Prefectura de Cotopaxi. Su cabeza, al parecer, era el prefecto y líder del movimiento indígena, Jorge Guamán, quien habría integrado la organización con el apoyo de altos funcionarios públicos, familiares, y empresarios. Este vienes la jueza de la causa formalizó la orden de prisión preventiva contra ocho de los acusados y concedió medidas alternativas al prefecto Guamán, quien deberá usar grillete electrónico, con otra de las implicadas. Anoche la Conaie exigió que esta investigación siga los principios de independencia, objetividad e imparcialidad.
Redacción Código Vidrio
Jorge Guamán fue detenido este jueves 28 de julio junto con ocho sospechosos más en el operativo Depuración I realizado por la Fiscalía y varias unidades especiales de la Policía en Latacunga, Salcedo, Pujilí y La Maná. Tras su captura, la Fiscalía informó que el Prefecto es investigado por un presunto delito de delincuencia organizada.
Desde la mañana hasta la noche de ayer los sospechosos permanecieron detenidos en la Policía Judicial de Cotopaxi. Pasadas las 22:00 se inició la audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial de Cotopaxi.
En la diligencia intervino la fiscal Ruth Amoroso, quien presentó un sinnúmero de indicios sobre el direccionamiento ilegal en la adjudicación de contratos, a cambio del pago de sobornos de contratistas privados; así como el cobro de dinero por cargos públicos, utilizando a terceras personas como testaferros para ocultar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos.
Este viernes, la jueza Rosario Freire dio paso a la formulación de cargos y oficializó la detención preventiva contra Pablo Velásquez, Santiago Sinchiguano, Gilmar Sinchiguano, Pablo Albán, José Naranjo, César Coronel, Jorge Hernández y Carlos Villacís. Además concedió medidas alternativas al prefecto Guamán y Margoth Toaquiza. Así se inició la fase de instrucción fiscal. Guamán deberá usar grillete electrónico, no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad judicial competente, mientras dure el proceso.
El abogado del Prefecto, Carlos Poveda, informó ayer que tras las detenciones se estaban tomando las versiones de los implicados y que luego se definirá si se los llama o no a juicio.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se pronunció sobre la detención para investigaciones de Guamán. “Ratificamos nuestra lucha frontal contra la corrupción, en los espacios de la administración pública, privado o cualquier ámbito, que afecta a millones de ecuatorianos”, indica el pronunciamiento.
En el documento se mencionan presuntos casos de corrupción de los cuales el movimiento indígena ha exigido respuestas de los órganos estatales y a la administración de justicia. Se hace referencia al exconsejero ‘ad honorem’ del Gobierno, Juan José Pons, cuyo domicilio fue allanado la semana anterior en el operativo Danubio que investiga una red que ofertaba cargos en el sector público. También los casos Pandora Papers, Ina Papers, entre otros.
“En un Estado constitucional de derechos y justicia exigimos la plena independencia de los poderes del Estado, una investigación bajo los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, sin presiones políticas de ningún tipo, que se esclarezca bajo el debido proceso los presuntos actos de corrupción”, señala el comunicado.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que la investigación sobre supuestos actos de corrupción en la Prefectura empezaron desde hace más de un año y medio, y no está orientada a afectar a ningún funcionario en particular sino a judicializar actividades delictivas.
Los orígenes de la organización
Fuentes cercanas a la investigación informaron que la organización venía operando en el Gad de Cotopaxi desde 2014 y también estaría conectada con presuntas acciones ilícitas en la Alcaldía de Latacunga.
La Fiscalía estima que se habrían cometido otros supuestos delitos de concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y trafico de influencias.
En un documento sumillado por Guamán, incautado en uno de los allanamientos realizados este jueves, se detallan algunos de los aportes que hizo al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC, y a la Conaie, liderada por Leonidas Iza.
En ese docuemento se detalla que el 2020 Guamán hizo depósitos a la cuenta de la Cooperativa El Sagrario, a nombre del MICC por 7.669 dólares. Para la movilización de octubre del 2021 entregó 4.000 dólares, mientras que en lo que va de este año entregó 2.000 dólares para organización del Congreso del MICC. Además consta un aporte del 10% de su sueldo, hasta este mes, por 2.100 dólares.
Guamán, de 57 años, es uno de los dirigentes más importantes del movimiento indígena, conocido por su cercanía al líder de la Conaie, Leonidas Iza. Empezó su carrera plítica en los 90s. Ha sido diputado por la provincia de Cotopaxi, presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Indígenas del Congreso, segundo vicepresidente del Legislativo y coordinador nacional del Movimiento Pachakutik.
En los paros realizados en octubre de 2019 y junio pasado tuvo un papel importante como principal autoridad política de Cotopaxi, que fue un punto neurálgico de las movilizaciones.
Familiares y amigos cercanos en la red
La estructura habría estado conformada por familiares y amigos cercanos del Prefecto. Empezó a operar en la campaña electoral, para su primer período en la Prefectura en 2014. En la campaña al parecer recibió logística y recursos económicos de un grupo de amigos, que luego ocuparon cargos importantes en la Prefectura.
En esta trama se presume la participaron Pablo Albán, quien era chofer en la Universidad Técnica de Cotopaxi, y luego fue nombrado Director Administrativo de la Prefectura. Otro personaje importante es Pablo Velásquez, que dejó de ser docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi para ir a ocupar el cargo de Director de Compras Públicas de la Prefectura.
Sitios donde se realizaron los allanamientos de la Policía
Eloisa T., esposa de Guamán, sería la encargada del cobro de dinero a cambio de la entrega de cargos en la Prefectura. Además por la renovación de contratos en la entidad. Con ese dinero, según los elementos acopiados, adquiría bienes que fueron traspasados a testaferros para burlar las auditorías sobre su incremento patrimonial.
Su hija, S. G., economista de profesión, presuntamente se encargaba de las coordinaciones con empresas privadas para la adjudicación de contratos. A cambio, al parecer, recibía importantes cantidades de dinero, que eran traspasadas a prestanombres que compraban bienes. Además realizaba constantes viajes turísticos al extranjero, especialmente a Estados Unidos. Su último movimiento migratorio registra su salida a España, el 16 de junio pasado, en un vuelo de KLM desde Guayaquil.
Desde su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, Guamán ubicó en puestos estratégicos a los miembros de la organización que lideraba. Así, exigía a los contratistas el cobro de un porcentaje para la concesión de obras públicas. También habría pedido coimas a sus trabajadores para otorgar más puestos en la Prefectura.
Desde el primer año de su gestión, en 2014, Guamán habría establecido el cobros de diezmos a los empleados de la Prefectura para aportaciones del MICC y la CONAIE. Con los recursos producto de esos supuestos ilícitos adquirió varias propiedades en el país. Guamán es dueño de una envasadora de gaseosas y socio mayoritario de una cooperativa de ahorro y crédito con varias sucursales en el país.
Los miembros de la red
Andrés Velásquez, director de Compras Públicas. Era el brazo derecho del prefecto Guamán. Fue ubicado en el departamento de Compras Públicas para gestionar la adjudicación ilegal de obras. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía. Con el dinero recolectado habría incrementado sustancialmente su patrimonio los últimos años, lo cual no concuerda con su nivel de ingresos. Adquirió varias propiedades. Entre otras una suite en el edificio ONE, en Quito, y un departamento en el edificio Soho, en Guayaquil.
Paúl Sinchiguano, contratista. Su función principal ha sido la adjudicación a su favor de contratos públicos para el GAD de Cotopaxi. La mayoría de acuerdos, según evidencias que se recogieron durante la investigación, fueron otorgados a sus empresas de manera ilícita. Para acceder a las contrataciones habría pagado sobornos en efectivo, con propiedades y vehículos. Además, según los investigadores, sería el intermediario con el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, donde también se investiga la existencia de una red. Se presumen delitos como tráfico de influencias, concusión y peculado. Para ocultar su participación directa en la organización, Sinchiguano creó varios consorcios para participar como proveedor de la Prefectura. Los contratos eran asignados por el Director de Compras Publicas.
Fernando Albán, director administrativo. Su función era colaborar en los procesos administrativos presuntamente ilegales ordenados por el Prefecto. Autorizaba el uso de presupuesto para contrataciones, removía funcionarios públicos y gestionaba la contratación de las personas que cedían a las exigencias de dinero de la red. También estaba encargado del cobro de dinero para la logística que generaba ingresos a los empleados de la Prefectura .
Margoth Toaquiza, exdirectora administrativa. Entre 2014 y 2018 colaboró como Tesorera de la Prefectura de Cotopaxi, realizando cobros indebidos del 10% (diezmos) a los empleados del GAD de Cotopaxi, para realizar aportes al MICC y la CONAIE. Además intervino como gestora para la creación de la cooperativa de ahorro y crédito INOVACION ANDINA. En esa entidad, según los indicios recabados, el prefecto Guamán realiza la reinserción al mercado de divisas del dinero adquirido de manera ilícita por esta organización delictiva. Para ocultar las transacciones e ingresos transfirió el dinero obtenido a sus familiares, que actuaron como sus testaferros.
José Naranjo, jefe de la Unidad de Producción de la Prefectura. Está identificado en las investigaciones como el facilitador en la entrega de sobornos de los empresarios al Prefecto y sus colaboradores. Prestaba su nombre para el intercambio de propiedades de bienes inmuebles entre los miembros de la organización. Específicamente el empresario Santiago Sinchiguano puso a su nombre una hacienda, ubicada en Cotopaxi, que era parte de un soborno que debía pagar al Prefecto Guamán, por la adjudicación de un contrato. Aplicaba el mismo mecanismo con vehículos que la organización se repartía como ganancia de sus actividades ilícitas.
César Coronel, contratista. Es la mano derecha del empresario Sinchiguano. Se habría encargado de pagar sobornos en efectivo, tanto en la Prefectura de Cotopaxi como en la Alcaldía de Latacunga, para recibir contratos. También acordaba de forma presencial las actividades ilícitas que la organización delictiva quería mantener en secreto. Así servía como emisario entre los líderes de la organización y sus colaboradores.
Diego Sinchiguano. Es hermano del empresario Santiago Sinchiguano, cuya función principal era realizar la supervisión de los contratos presuntamente ilícitos acordados por su hermano con la Prefectura y la Alcaldía de Cotopaxi. Asímismo realizaba las actividades necesarias en la Prefectura y la Alcaldía para mantener la adjudicación presuntamente ilícita de contratos públicos, usando tráfico de influencias con el pago de sobornos.
Jorge Hernández, contratista. Este ciudadano extranjero, de nacionalidad cubana, colaboró con la red delictiva prestando su nombre y su estatus dentro del portal de compras públicas para la adjudicación de contratos públicos de forma presuntamente ilícita.El objetivo era encubrir al empresario Santiago Sinchiguano. y al prefecto Guamán para el direccionamiento ilícito a un solo empresario en todas las obras ejecutadas por la Prefectura.
Carlos Villacís, funcionario de la Prefectura. Ocupaba un puesto estratégico dentro del esquema de direccionamiento ce contratos a cambio de sobornos. Autorizaba los requerimientos administrativos en los procedimientos de contratación en la Prefectura. Así evitaba que los entes de control detecten las irregularidades y velaba porque se cumplan las disposiciones del Prefecto, en torno a que la empresa que debía ganar los contratos cuente con todos los sustentos documentales en el área administrativa de la entidad. Fuente: codigovidrio.com
