Hablar del maestro en el Ecuador es hablar de vocación, de lucha y de esperanza. Es reconocer a quienes, día tras día, sostienen con su entrega silenciosa uno de los pilares más importantes de la sociedad: la educación. Ser docente no es simplemente ejercer una profesión; es asumir un compromiso profundo con la vida, con el presente y, sobre todo, con el futuro de un país.

A lo largo de la historia, el magisterio ecuatoriano ha enfrentado múltiples desafíos: limitaciones económicas, falta de reconocimiento, condiciones adversas y en muchos casos, incomprensión social. Sin embargo, a pesar de ello, los maestros han permanecido firmes en su misión, guiados por una vocación que trasciende cualquier dificultad. Han sabido resistir, adaptarse y seguir sembrando conocimiento, valores y esperanza en cada generación.

El 13 de abril, fecha en la que el Ecuador rinde homenaje a sus maestros, no debe ser solo un acto simbólico, sino una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero significado de educar y sobre la deuda histórica que aún persiste con quienes dedican su vida a formar seres humanos. Recordar esta fecha es también reconocer que detrás de cada profesional, de cada ciudadano y de cada sueño cumplido, existe la huella imborrable de un maestro.

Este artículo invita a mirar más allá del aula y de los discursos formales, para comprender la dimensión humana del docente ecuatoriano: su vocación inquebrantable, su lucha constante por condiciones dignas y el legado profundo que deja en la sociedad. Porque hablar de maestros es, en esencia, hablar del futuro mismo del Ecuador.

El docente: sembrador de almas y arquitecto de futuros

La espiritualidad y la educación son, sin duda, los trajes más nobles para la gran fiesta de la vida. Así como Jesús vino al mundo con palabras de amor, sabiduría y esperanza para enseñarnos a vivir en armonía y obrar con bondad, el docente, día a día, cumple una misión trascendental: formar corazones, iluminar mentes y sembrar en sus estudiantes el anhelo de ser mejores seres humanos.

Ser maestro no implica únicamente transmitir conocimientos, sino educar con el ejemplo. El docente es un guía silencioso, un constructor de futuros que, con paciencia y profunda vocación, despierta el potencial de cada estudiante. Su labor va más allá de preparar para el éxito académico o profesional; forma para la vida, cultivando valores, pensamiento crítico y sensibilidad humana.

En la construcción de una sociedad justa, innovadora y solidaria, la educación constituye el pilar fundamental, sostenido por dos actores esenciales: la familia y la escuela. En el hogar se siembran los valores, los principios y el carácter; en la escuela se fortalecen el conocimiento, las habilidades y la capacidad de reflexionar. Solo cuando ambos trabajan de manera conjunta se logra formar seres humanos íntegros.

Podemos imaginar este proceso como un árbol frondoso. Sus raíces, invisibles pero vitales, representan los valores inculcados en casa: respeto, responsabilidad, honradez y empatía. Si estas raíces son firmes, el árbol crecerá fuerte, capaz de resistir las adversidades. El tronco y las ramas simbolizan la educación que brindan los maestros, permitiendo que ese árbol no solo crezca, sino que florezca y aporte a la sociedad.

Cuando la familia descuida su rol, el árbol se debilita desde su base. Cuando la educación escolar es insuficiente, su crecimiento se limita. Sin embargo, cuando ambos pilares se fortalecen mutuamente, el resultado es un ser humano sólido, capaz de contribuir positivamente a su entorno.

Es necesario, por tanto, exhortar a los padres de familia a asumir su responsabilidad formativa más allá de lo material. Educar implica acompañar, dialogar y, sobre todo, enseñar con el ejemplo. La escuela puede aportar múltiples aprendizajes, pero nunca podrá sustituir el amor, la guía ni los valores que nacen en el hogar.

Ser maestro es también mirar más allá del cuaderno y de la conducta aparente. Recuerdo el caso de “Juan”, un estudiante que constantemente mostraba comportamientos inadecuados. Al conversar con él, entre lágrimas confesó: “En mi casa me dicen que no sirvo para nada, que soy un malcriado… y yo les creí, dijo”. Tras dialogar con sus padres y hacerles comprender el daño de sus palabras, la transformación fue evidente: Juan mejoró su actitud, recuperó su confianza y volvió a creer en sí mismo.

Este ejemplo nos recuerda que el poder del docente radica en su capacidad de transformar vidas. A través de una palabra oportuna, un gesto de apoyo o una creencia firme en sus estudiantes, puede cambiar destinos.

Entre la vocación y la adversidad: la lucha diaria del docente 

Hoy el magisterio guarda silencio… un silencio que pesa, que duele y que, al mismo tiempo, grita. Es un silencio de luto. Luto por las maestras que han perdido la vida en distintos contextos, en Ecuador y en otras regiones, arrebatadas de manera injusta mientras cumplían una de las misiones más nobles: educar. No hay palabras suficientes para describir la impotencia de saber que alguien salió de casa con la intención de enseñar, de formar, de sembrar futuro… y no regresó.

Ser docente no debería implicar miedo. No debería significar exponerse al riesgo. Un maestro entra al aula con la esperanza de transformar vidas, de abrir caminos y de acompañar a sus estudiantes en su crecimiento. Lo hace con vocación, con entrega y con amor. Sin embargo, esa vocación hoy se ve golpeada por una realidad compleja que nos interpela como sociedad.

Lo ocurrido no es un hecho aislado; es el reflejo de una crisis más profunda: la pérdida de valores, de respeto y de empatía. Nos obliga a detenernos y preguntarnos qué estamos enseñando desde el hogar, qué estamos permitiendo y en qué momento dejamos de reconocer la dignidad del otro. La escuela no puede ni debe asumir sola una responsabilidad que corresponde también a la familia y a la sociedad en su conjunto.

Hoy no solo lloramos a quienes ya no están. También reflexionamos por quienes seguimos aquí, por las nuevas generaciones y por el tipo de sociedad que estamos construyendo. Educar debería ser siempre un acto de esperanza, nunca una actividad marcada por el temor.

El docente merece condiciones dignas para ejercer su labor: enseñar, guiar y formar. No debería enfrentarse constantemente a la incomprensión de algunos padres de familia, a la violencia social ni a ambientes laborales adversos dentro de las propias instituciones educativas. Estos factores, lejos de fortalecer el proceso educativo, lo debilitan y afectan directamente la calidad de la enseñanza.

Por otro lado, en muchos adolescentes persiste la idea de que la exigencia de responsabilidad y disciplina por parte de padres y maestros es una señal de falta de afecto. Nada más alejado de la realidad. A quien se valora, se le orienta; a quien se quiere, se le corrige. Es natural que el sentido de responsabilidad que promueve el docente entre en tensión con el deseo de libertad propio de la juventud. Sin embargo, los maestros no renuncian a su misión: formar, orientar y potenciar las capacidades de sus estudiantes, aun cuando esto implique ser percibidos, en ocasiones, como los “malos de la historia”.

La experiencia demuestra que, con el tiempo, muchos de esos estudiantes comprenden el valor de la disciplina y el acompañamiento recibido. Aquellos que en su momento se resistieron, más adelante reconocen que las exigencias y correcciones fueron fundamentales para alcanzar sus metas personales y académicas.

El verdadero sentido de la educación radica en el respeto al estudiante. Incluso en los momentos más difíciles, los conflictos deben resolverse de manera asertiva, donde el diálogo, el consejo oportuno y el afecto se conviertan en herramientas para propiciar cambios positivos. Padres y docentes deben comprender que equivocarse es parte natural del proceso de crecimiento. La juventud es, por excelencia, la etapa del aprendizaje a través del error, y es la guía de los adultos la que permite encaminar esas experiencias hacia el desarrollo integral.

Existen múltiples mecanismos para resolver conflictos: el diálogo, los acuerdos, la motivación, la disciplina formativa, las normas de convivencia y el marco legal. Lo que nunca debe aceptarse es la descalificación ni el irrespeto bajo ninguna circunstancia. Educar también implica enseñar a convivir, a respetar y a reconocer los límites.

En este contexto, el desafío del docente no solo es académico, sino profundamente humano. Su labor exige hoy más que nunca fortaleza, empatía y compromiso. Por ello, reconocer su trabajo no es solo un acto simbólico, sino una necesidad urgente para construir una sociedad más justa, consciente y solidaria.

Educar en Ecuador: resiliencia, vocación y dignidad

Ser docente en el Ecuador ha sido, históricamente, una vocación marcada por sacrificios y desafíos. La trayectoria del magisterio ecuatoriano refleja una lucha constante por el reconocimiento de su labor y por la mejora de sus condiciones económicas y sociales.

Desde 1944, año clave en la institucionalización de los derechos laborales de los docentes, hasta la actualidad, en 2026, se evidencia un proceso de transformación progresiva en aspectos como las remuneraciones, las jubilaciones y los beneficios sociales del sector educativo. Este recorrido no ha sido lineal ni exento de dificultades, pero sí ha estado acompañado por reformas, políticas públicas y decisiones gubernamentales que han incidido directamente en la dignificación de la profesión docente.

Analizar esta evolución permite no solo reconocer a los gobiernos que han demostrado voluntad política para invertir en educación, sino también valorar los avances alcanzados a lo largo del tiempo. Sin embargo, también invita a reflexionar sobre los desafíos que aún persisten en la revalorización del trabajo docente, especialmente en un contexto donde las exigencias hacia la educación son cada vez mayores.

Desde la mirada de quien vive la docencia día a día, este análisis adquiere un sentido más humano y cercano. No se trata únicamente de cifras o reformas, sino de realidades que han impactado la vida de miles de maestros y maestras en el país. Cada mejora en las condiciones laborales representa un paso hacia una educación más justa y de mayor calidad.

Hablar de educación en el Ecuador implica, por tanto, ir más allá de los estudiantes, la infraestructura o el currículo. Significa también reconocer a quienes sostienen el sistema educativo con su esfuerzo cotidiano, su vocación y su compromiso. Porque cuidar la educación también es cuidar a los docentes, quienes, con entrega permanente, forman a las generaciones que construirán el futuro del país. 

Del olvido a la dignidad: la batalla salarial del magisterio ecuatoriano

En noviembre de 1944 se promulgó la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, normativa que rigió por más de seis décadas la carrera docente en el Ecuador, hasta su transformación en 2011 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Entre 1944 y el año 2000, el magisterio ecuatoriano enfrentó profundas dificultades en sus condiciones salariales y de vida. Las crisis económicas de las décadas de 1970, 1980 y 1990 impactaron negativamente en los ingresos y en el bienestar de los docentes. En muchos casos, los maestros trabajaban bajo la modalidad de “hora clase”, es decir, recibían pago únicamente por las horas impartidas, sin acceso a seguridad social y con remuneraciones insuficientes. Esta precariedad llegó a niveles indignantes: en establecimientos comerciales era común encontrar letreros que decían “prohibido el crédito al magisterio”, reflejando la difícil realidad que atravesaba el sector.

Durante el período comprendido entre 2000 y 2006, en un contexto de economía dolarizada, los salarios docentes se mantuvieron relativamente bajos. Dependiendo de la categoría, estos fluctuaban entre 290,97 y 375,40 dólares mensuales. A ello se sumaban retrasos en los pagos y constantes paralizaciones del sistema educativo, evidenciando un limitado compromiso estatal con la educación. Como consecuencia, en 2006 la UNESCO ubicó al Ecuador entre los tres países con menor calidad educativa en América Latina.

Este diagnóstico impulsó la implementación del Plan Decenal de Educación 2006–2015, aprobado mediante consulta popular el 26 de noviembre de 2006, junto con un nuevo modelo de gestión orientado a fortalecer el sistema educativo.

A partir de 2007, durante el gobierno del presidente Rafael Correa (2007–2017), se produjeron cambios significativos. Con la aprobación de una nueva Constitución y la implementación de la LOEI, se promovió una política sostenida de revalorización de la profesión docente, enmarcada en la séptima política del Plan Decenal: el mejoramiento de la formación, las condiciones de trabajo, la calidad de vida y la dignificación del magisterio.

Entre 2007 y 2011 se establecieron incrementos salariales progresivos. Para 2011, el salario de un docente alcanzó los 640 dólares, lo que representó un aumento aproximado del 70% en comparación con 2006.

A partir de 2012, los salarios continuaron en ascenso. En 2013, el ingreso promedio de los docentes era de aproximadamente 1005,76 dólares, y para 2016 alcanzó los 1142,94 dólares. Este crecimiento también se reflejó en el poder adquisitivo: mientras en 2008 apenas el 1,27% de los docentes percibía ingresos superiores a la canasta básica, en 2016 esa cifra ascendió al 88,25%. Cabe señalar que, en febrero de 2017, la canasta básica familiar se ubicaba en 708,52 dólares.

En enero de 2016, tras reformas a la LOEI, el salario base docente se incrementó de 530 a 817 dólares, mientras que los docentes sin título de tercer nivel pasaron de percibir 430 a 675 dólares. Estos avances evidenciaron un esfuerzo sostenido por mejorar las condiciones económicas del magisterio.

Posteriormente, el 9 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la LOEI con amplia mayoría. Estas establecían una nueva escala salarial, fijando como base para la categoría J el equivalente a 2,5 salarios básicos unificados, y disponiendo que las demás categorías se ajustaran conforme a las escalas del servicio público.

Sin embargo, este proceso enfrentó obstáculos. El entonces presidente Guillermo Lasso presentó un veto total por inconstitucionalidad en lo referente a remuneraciones, lo que llevó a que, en agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente la aplicación de los incrementos salariales. Asimismo, se presentó una demanda de inconstitucionalidad respecto al régimen de jubilación docente, argumentando falta de sustento financiero.

Como resultado de estas decisiones, la estructura salarial vigente quedó establecida de la siguiente manera: categoría J, 733 dólares; categoría I, 817 dólares; categoría H, 901 dólares; categoría G, 986 dólares; categoría F, 1086 dólares; categoría E, 1212 dólares; categoría D, 1412 dólares; categoría C, 1676 dólares; categoría B, 1760 dólares; y categoría A, 2034 dólares.

Este recorrido histórico evidencia que la mejora en las condiciones salariales del magisterio ecuatoriano ha sido fruto de luchas constantes, decisiones políticas y reformas estructurales. No obstante, también pone de manifiesto que aún existen desafíos pendientes para garantizar una verdadera revalorización de la profesión docente, acorde con la importancia de su rol en la sociedad.

Una vida enseñando, un retiro con dignidad: evolución del incentivo jubilar 

El incentivo jubilar de los docentes en el Ecuador ha experimentado una evolución significativa a lo largo de las últimas décadas, reflejando avances importantes en el reconocimiento de los años de servicio dedicados a la educación.

En 1991, el Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, en su artículo 115, establecía que los docentes que accedían a la jubilación recibían como reconocimiento una condecoración al mérito educativo, una bonificación económica equivalente a cinco sueldos básicos del magisterio y una licencia remunerada de sesenta días para la realización de los trámites correspondientes.

Posteriormente, en el año 2006, durante el gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio González, se reformó el artículo 115, incrementando el monto del incentivo jubilar a 12.000 dólares. Este cambio representó un avance importante en la mejora de las condiciones de retiro para los docentes.

Más adelante, en los años 2008 y 2009, durante la administración del ex presidente Rafael Correa Delgado, se introdujeron nuevas reformas al mismo artículo, estableciendo un estímulo económico a la jubilación que consideraba factores como la edad y los años de servicio en el magisterio. Este beneficio alcanzaba aproximadamente los 24.000 dólares, consolidando una política orientada a dignificar el retiro docente.

Un cambio estructural se produjo con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) el 3 de octubre de 2010 y, posteriormente, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en abril de 2011. A partir de estas normativas, y hasta la actualidad, el incentivo jubilar para los docentes se rige por el artículo 129 de la LOSEP y la novena disposición general de la LOEI.

De acuerdo con estas disposiciones, los docentes reciben como compensación por jubilación un valor equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contabilizados desde el quinto año, hasta alcanzar un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados. En términos actuales, este tope equivale en la actualidad de 53.100 dólares, siempre y cuando tenga 34 años de servicio.

Este recorrido evidencia un proceso progresivo de mejora en los beneficios de jubilación del magisterio ecuatoriano, orientado a reconocer la trayectoria y el aporte de quienes han dedicado su vida a la formación de generaciones. No obstante, también plantea la necesidad de seguir fortaleciendo políticas que garanticen un retiro digno, acorde con la importancia social de la labor docente. 

De pensiones precarias a una jubilación digna: la transformación del docente jubilado

Las pensiones de los docentes jubilados en el Ecuador han experimentado cambios significativos, especialmente a partir de la implementación de nuevas normativas que han fortalecido el sistema de aportaciones y, en consecuencia, los ingresos durante la jubilación.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en abril de 2011, los docentes que accedían a la jubilación percibían pensiones mensuales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que, en la mayoría de los casos, no superaban los 400 dólares. Esta situación se debía a que los aportes al IESS se realizaban en función de la categoría en la que se encontraba el docente dentro del escalafón, lo que limitaba el monto de las futuras pensiones.

Con la promulgación de la LOEI, se introdujo un cambio sustancial a través de su octava disposición general, la cual estableció que el aporte de los docentes al IESS debía calcularse sobre el 100% de la Remuneración Mensual Unificada (RMU). Esta medida permitió fortalecer el sistema de aportaciones y mejorar de manera considerable las condiciones de jubilación del magisterio.

En concordancia con la normativa del seguro social, que determina que la pensión jubilar se calcula en base al promedio de los cinco mejores años de aportación, este cambio tuvo un impacto directo en el incremento de las pensiones. Como resultado, en la actualidad, la mayoría de docentes jubilados perciben ingresos que superan los 1.400 dólares mensuales.

Este avance representa un paso importante en la dignificación de la jubilación docente, al reconocer de manera más justa los años de servicio y el aporte realizado al sistema educativo. No obstante, también invita a reflexionar sobre la importancia de mantener políticas sostenibles que garanticen la estabilidad y el bienestar de quienes han dedicado su vida a la enseñanza.

Conclusión

El maestro ecuatoriano encarna, en su esencia más profunda, la resiliencia, la vocación y un amor genuino por la humanidad. A lo largo de la historia, ha enfrentado adversidades que habrían doblegado a muchos, pero no a quienes comprenden que educar es sembrar futuro incluso en los terrenos más difíciles. Cada conquista alcanzada (en derechos, reconocimiento o condiciones laborales) es el resultado de una lucha persistente, sostenida por la firme convicción de que la educación es el motor que transforma vidas y construye sociedades más justas.

Sin embargo, este camino aún no está completo. Persisten desafíos que exigen no solo políticas públicas eficaces, sino también un cambio profundo en la conciencia social: valorar al docente, respetar su labor y reconocer que en sus manos se forja el destino del país. No basta con rendir homenaje en una fecha; es imprescindible traducir ese reconocimiento en acciones concretas que garanticen condiciones dignas, seguras y humanas para el ejercicio de la docencia.

Porque detrás de cada aula hay una historia de entrega silenciosa, y detrás de cada estudiante que avanza, hay un maestro que creyó en él cuando nadie más lo hizo. El legado del docente no se mide en cifras ni en años de servicio, sino en las vidas que transforma, en los sueños que orienta y en los valores que perduran a través del tiempo.

Revalorizar al maestro no es solo un acto de justicia, es una decisión estratégica para el presente y el futuro del Ecuador. Cuidar a quienes educan es, en esencia, cuidar el rumbo de una nación. Solo cuando comprendamos esto en toda su dimensión, podremos decir que hemos honrado verdaderamente a nuestros maestros.

En una entrevista en Diario El Amazónico, el exprefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, confirmó su decisión de participar como precandidato a la Prefectura de la provincia, de cara a las próximas elecciones seccionales.

Jiménez señaló que su postulación responde a un proceso de análisis y diálogo sostenido con su entorno familiar, amigos y actores políticos locales. “Hemos tomado la decisión de aceptar la candidatura; estamos en una etapa de conversaciones para definir el camino, las alianzas y la estructura política con la que participaremos”, manifestó.

El exfuncionario enfatizó que su propuesta no gira en torno a una figura individual, sino a la construcción de un proyecto político provincial sólido. En este sentido, hizo un llamado a conformar una alianza amplia que priorice objetivos estratégicos para el desarrollo de Zamora Chinchipe.

Dentro de su planteamiento, Jiménez destacó la necesidad de proyectar a la provincia hacia un modelo económico sostenible, considerando el agotamiento progresivo de los recursos minerales. “Debemos pensar en la posminería, en el turismo, en la industrialización y en la generación de valor agregado a la producción local”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que, si bien la infraestructura vial ha sido un eje importante en administraciones anteriores, es fundamental avanzar hacia una diversificación económica que permita generar empleo, especialmente en el sector productivo.

Respecto a su participación electoral, Jiménez indicó que aún no se ha definido el movimiento político o lista por la cual participará, señalando que este anuncio se realizará en las próximas semanas, en conjunto con las alianzas que se logren concretar.

No obstante, dejó claro que mantiene una “línea roja” en su trayectoria política, descartando alianzas con sectores vinculados al correísmo. “No podemos ir con quienes, a nuestro criterio, causaron daño al país”, afirmó.

En relación con el proceso electoral, Jiménez se refirió al adelanto de las votaciones dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), previstas para noviembre. Explicó que esta decisión ha acelerado la organización de las estructuras políticas, aunque aclaró que no se trata de un adelanto integral del proceso electoral, sino únicamente de la jornada de votación.

“El proceso electoral es un conjunto de actividades; lo que se ha adelantado son las votaciones, mientras que la posesión de autoridades se mantiene conforme al calendario constitucional”, precisó.

Postura frente a decisiones del Gobierno
En otro ámbito, el ex prefecto adoptó una postura crítica pero equilibrada frente a la gestión del Gobierno Nacional. Reconoció acciones positivas como el combate a la corrupción y la delincuencia, así como la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), la cual, según indicó, busca optimizar el uso de recursos públicos.

Jiménez defendió la necesidad de priorizar la inversión en obra pública frente al gasto corriente, subrayando que esto contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población.

Observaciones sobre gestión provincial
Durante la entrevista, también cuestionó la continuidad y manejo de proyectos iniciados en su administración, especialmente en lo referente a infraestructura vial y maquinaria para la producción de asfalto. Señaló presuntas deficiencias en el mantenimiento de equipos y en la ejecución de obras, lo cual —según afirmó— podría afectar el desarrollo provincial.

Además, insistió en la importancia de que la ciudadanía ejerza un voto informado, basado en la evaluación de propuestas y resultados de gestión.

Cléver Jiménez se posiciona así como uno de los actores políticos que buscará incidir en el escenario electoral de Zamora Chinchipe, en un contexto marcado por la reorganización de fuerzas políticas y el adelanto del calendario de votaciones. Su discurso plantea una combinación de continuidad en infraestructura y una apuesta por la transformación del modelo económico provincial hacia un enfoque sostenible y productivo.

La Policía Nacional del Ecuador, a través del Distrito Zamora, llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña denominada “Promoviendo Nuestros Servicios Comunitarios”, una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad ciudadana mediante la prevención, la educación y el acercamiento directo con la comunidad.

El evento contó con la participación aproximada de 250 estudiantes, así como autoridades locales y servidores policiales, quienes se sumaron activamente a esta jornada de carácter formativo. Durante la actividad, se desarrollaron charlas preventivas y procesos de socialización enfocados en dar a conocer los distintos servicios comunitarios que brinda la institución policial, con énfasis en la corresponsabilidad ciudadana en materia de seguridad.

Esta intervención se enmarca en una estrategia institucional que busca consolidar vínculos de confianza entre la Policía Nacional y la comunidad educativa, promoviendo espacios de diálogo, orientación y concienciación sobre la importancia de la prevención del delito y la convivencia pacífica.

El desarrollo del evento se llevó a cabo con total normalidad y sin registrarse novedades, lo que evidencia una adecuada planificación y ejecución por parte de los organizadores.