El informe del proyecto de Ley de Seguridad Digital, elaborado en la Comisión de Seguridad Integral se enfrenta al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La iniciativa cuenta con 90 artículos que, de acuerdo a los proponentes, regulará acciones de prevención y respuesta a las ciberamenazas contra la seguridad integral en entornos digitales del Estado.
La normativa aborda temas como la creación de procedimientos para gestionar y mitigar amenazas a las infraestructuras críticas digitales y la creación del Sistema Nacional de Seguridad Digital, con sus subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia.
Previo al inicio del debate, en comisión general, los parlamentarios escucharon las intervenciones de Andrés Borja, Diego Álvarez y Fabián Íñiguez, especialistas en ciberseguridad, big data y nuevas tecnologías. Estos, destacaron que la protección de la big data ciudadana es necesaria ya que el cometimiento de ciberdelitos creció en la región en un 358 % desde la pandemia.
“Sin lugar a dudas, el Ecuador requiere una ley que regule y establezca la ciberseguridad como una de sus prioridades y que sintonice con tendencias vanguardistas en regulación digital”, enfatizaron.
‘Ley mordaza’
No obstante para Diego Álvarez, director de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), el proyecto se vende como un supuesto entorno de protección a la información en el ámbito digital, pero en la realidad lo que hace es crear un régimen sancionatorio generalizado con multas de hasta 45.000 para todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades en el ciberespacio.
Además, ese régimen sancionatorio va a estar a cargo del Ministerio del Interior, lo cual -a su criterio- genera un «tremendo conflicto de intereses» entre el ente que regula y la Policía Nacional, a quien se le dará el poder sancionador sobre temas digitales.
Ante ello, Álvarez considera que este proyecto de ley es «una de las peores propuestas de regulación en temas digitales y de internet, ya que tiene un fuerte enfoque a la vigilancia y el control, donde lo que se busca -utilizando la bandera de la seguridad- es aplicar una limitación tremenda a los temas de libertad de expresión, al libre flujo de información y a la explotación de la economía digital».
Según el experto, esto recuerda a la conocida «Ley mordaza» ya que en el proyecto se pretende regular, también, el derecho de acceso a la verdad de los hechos. Y es que se genera nuevamente una obligación, a todas las personas que utilizan el ciberespacio, de ponerse a disposición del Ministerio del Interior para que éste «acceda» a los mecanismos de seguridad digitales o tecnológicos.
Es así como Álvarez cree que «el tema da mucha discrecionalidad en la parte de derechos y principios, que vuelven muy poco precisa el alcance de esta norma ,lo cual pues genera muchas complicaciones en ese sentido».
