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Apertura vial Peña Blanca – El Cisne: En cada kilómetro, se tejen historias de progreso, esfuerzo y esperanza

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En el corazón de la provincia de Zamora Chinchipe, la Prefectura, bajo el liderazgo de Karla Reátegui, ha dado un paso decisivo hacia el desarrollo y la conectividad. Fiel a su compromiso de mejorar la infraestructura vial, la prefecta supervisó la apertura de la nueva conexión vial entre Peña Blanca y El Cisne, un proyecto que promete transformar la vida de los habitantes locales.

El proyecto, realizado a través del Distrito “A”, abarcó la apertura, asentamiento y lastrado de la vía desde el puente sobre el río Peña Blanca hasta la comunidad de El Cisne, en el cantón Yacuambi. Esta intervención abarcó un total de 3.3 kilómetros, beneficiando a más de 35 familias dedicadas a la ganadería y la agricultura.

En El Cisne, los agricultores cultivan yuca, plátano y papachina, productos que hasta hace poco enfrentaban grandes dificultades para ser transportados y comercializados en los mercados de Yacuambi y Saraguro, en la provincia de Loja. «Antes, para trasladarse desde Yacuambi hacia la comunidad de El Cisne, siempre traíamos las cosas en mula pasando una quebrada honda, pero ahora ya no vamos a sufrir como antes», expresó Manuel Japa, presidente de la comunidad, con una sonrisa de satisfacción.

Este nuevo camino no solo reduce el tiempo de viaje de un día a tan solo veinticinco minutos, sino que también simboliza un puente hacia mejores oportunidades y calidad de vida. «Nos sentimos muy agradecidos», agregó Japa, reflejando el sentir de toda la comunidad.

Manuel Sarango, otro destacado miembro de El Cisne, también compartió su gratitud. «Quiero agradecerle infinitamente de todo corazón a la prefecta y le invito a seguir trabajando así por la provincia», declaró, destacando el impacto positivo que la nueva vía tendrá en sus vidas cotidianas.

El viceprefecto realizó un recorrido para verificar los trabajos, confirmando la calidad y efectividad de la intervención. «Esta apertura vial nos permite mejorar la producción de este sector, quienes a la vez realizan el intercambio de productos con nuestro hermano cantón de Saraguro», manifestó, subrayando la importancia de la conectividad para la economía local.

La administración actual, bajo la dirección de Karla Reátegui, demuestra así su compromiso con el desarrollo de la provincia. Esta apertura vial es solo una parte de una planificación más amplia que incluye varios frentes de trabajo, todos destinados a mejorar la infraestructura y, con ello, la vida de los habitantes de Zamora Chinchipe.

En cada kilómetro de carretera abierta, se tejen historias de progreso, esfuerzo y esperanza. La nueva vía Peña Blanca – El Cisne no es solo un camino de tierra y piedra; es un símbolo del avance y la resiliencia de una comunidad que, con el apoyo de sus autoridades, ve cristalizados sus sueños de un futuro mejor.

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Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo

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Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.

Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.

Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

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Noticias Zamora

CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027

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CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.

Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:

  • Diego Israel Aldean Jaramillo
  • Ligia Zoraida Punina Chela
  • Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
  • Mariana del Rocío Seminario Ramón
  • Galo Patricio Mena Pérez

Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.

La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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Nacionales

Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe

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Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.

Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.

Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.

El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.

La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.

Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.

La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.

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