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Alto costo y menor volumen de espectro para telefonía trae lento despliegue de redes y menor calidad de servicios, revela GSMA

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Un análisis académico revela que el costo del espectro en Ecuador, está tres veces por encima del costo de la media regional. Mientras en 2010, el costo anual del espectro en Ecuador representaba el 10% de los ingresos recurrentes de los operadores. Para 2019, esa proporción se incrementó al 16%.

Adicionalmente Ecuador ha entregado menor volumen de espectro que sus pares en la región. fines del 2020, Ecuador había asignado alrededor de 280 MHz de espectro para uso móvil, muy por debajo del promedio regional de 400 MHz.

El alto costo, defindido en un gran porcentaje por el Estado, y no por oferta y demanda, y el menor volumen del espectro, han generado efectos negativos tanto en el despliegue de nuevas redes como en la calidad del servicio de telefonía móvil en el país. El análisis fue entregado esta mañana y tarde por la GSMA (Asociación Global del Ecosistema Móvil) que aglutina a los operadores móviles de la región.

El debate sobre los costos se levanta en medio de las negociaciones que ya lleva a cabo el Gobierno con las empresas de servicios móviles para la renovación de los contratos de concesión de espectro que deben concluir en el 2023.

De acerdo con el estudio los costos de renovación de la banda de 1900 MHZ fue 7 veces más alto que la medida en Amérca Latina y los de banda de 900 y 1700 MHZ, fue cinco veces más alta.

El costo total del espectro está formado por pagos iniciales y costos por adelantado (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones), más las tasas o cargos anuales. En el caso de Ecuador, estos pagos representaron alrededor del 60% del costo total anual del espectro. De ellos, el 70% consistió en los pagos de tasas administrativas por el uso del espectro, dice el estudio.

“En Ecuador, los pagos anuales, en particular las tasas administrativas por uso del espectro, se han vuelto una porción creciente del costo de este recurso. Esta fuerte carga ha reducido la capacidad y los incentivos para invertir de los operadores, perjudicando a los usuarios”, señala Lucas Gallitto, director para América Latina, GSMA.

En cuanto a la calidad de los servicios, el estudio dice que si Ecuador hubiese tenido costos cercanos a los de la media regional, los consumidores habrían podido contar con velocidades de descarga 40% más rápidas en 2020, explica Pau Castells, director de Análisis Económico de GSMA.

El costo ha generado que Ecuador se retrase un año en alcanzar una cobertura del 80% en 4G , en comparación con el promedio regional.

Con base a un estudio más amplio realizado en 64 países, el informe de la GSMA indica que priorizar metas recaudatorias en la gestión del espectro tiene consecuencias negativas en los servicios.

El Gobierno ha incluido en la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal la posibilidad de que las empresas de telefonía puedan pagar parte del espectro con servicios para sectores remotos. Este tema genera ciertos recelos en asambleístas que más bien proponen cobrarles más a las empesas telefónicas, en vez de facilitarles el pago. En todo caso, sobre el tema, Gallitto explicó que este tipo de acuerdo se han hecho en varios países europeos como por ejemplo en Francia.

Frente a la pregunta de cuándo llegará la tecnología 5G en Ecuador, Gallitto que existen varios factores que pueden hacer despegar la demanda. Un conductor de esta demanda puede ser la existencia de ciudades inteligentes. En todo caso, explicó que este tipo de desarrollos siempre se hallan con las mismas barreras antes mencionadas: el costo del espectro y la porción de espectro disponible. (I) Fuente: Diario El Universo

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia

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La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.

Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.

La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.

Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.

Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.

Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.

Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.

También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.

A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo

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Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales

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Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.

Según el director de UP, Geovanny Atarihuana, la candidata no ha cometido ninguna infracción electoral que justifique su exclusión.

“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.

Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.

El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.

UP se pronuncia sobre Luisa González

Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.

“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.

El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.

“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.

Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita

“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.

Acusa al Gobierno de entrega de dádivas

El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.

“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.

UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo

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