Nacionales
Aclaración respecto a la gestión de depósitos de relaves en la Mina Mirador
EcuaCorriente S.A. (ECSA), compañía ecuatoriana concesionaria de la mina de cobre Mirador ubicada en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe; en relación con las publicaciones, sin contrastar y sin investigar, realizadas por ciertos medios de comunicación y usuarios de redes sociales acerca de un supuesto riesgo de colapso de los depósitos de relaves de la Mina, aclaramos a la opinión pública lo siguiente:
- Los depósitos de relaves son infraestructuras de ingeniería que permiten almacenar los relaves provenientes de la fase de beneficio de toda actividad minera, contenidos en una obra estructurada en forma segura y de carácter permanente.
- Con la finalidad de garantizar la estabilidad, control y monitoreo de los depósitos de relaves de Mirador, ECSA ha invertido aproximadamente 15 millones de dólares exclusivamente en la preparación de más de 55 estudios técnicos que han sido desarrollados a través de 21 empresas consultoras nacionales y extranjeras especializadas en distintas ramas de la ingeniería; estudios que incluyen: investigaciones geotécnicas complementarias, estudios de peligro sísmico, análisis de riesgos, modelos hipotéticos de rotura, estudios de amenaza volcánica, estudios geofísicos, estudios hidrológicos e hidrogeológicos actualizados, monitoreo satelital, entre otros.
- ECSA ha actualizado su ingeniería cumpliendo con la normativa ecuatoriana sobre depósitos de relaves, y con las recomendaciones de buenas prácticas internacionales de la Asociación Canadiense de Presas (CDA). La ingeniería fue también realizada con la intervención de empresas consultoras internacionales y nacionales especializadas y sobre todo con experiencia demostrada en esta clase de obras.
- La norma ecuatoriana de la construcción (NEC-15) y la normativa vigente para depósitos de relaves, disponen la ejecución de estudios de peligro sísmico para obras importantes. ECSA ha realizado estudios de peligro sísmico y ha aplicado los criterios indicados en la normativa nacional e internacional (CDA); lo que ha permitido tener ingenierías conservadoras y estructuras robustas y seguras frente a eventos sísmicos.
- La normativa ecuatoriana obliga a realizar auditorías anuales internas y externas de seguridad a este tipo de depósitos. Las auditorías a los depósitos de relaves de Mirador han contado con la supervisión constante de las autoridades públicas de control del Ministerio de Energía y Minas, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Coordinación Zonal Sur y del Instituto de Investigación Geológico Energético. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en el ámbito de sus competencias, también lleva a cabo controles y seguimientos continuos en los depósitos de relaves, para verificar que la gestión de los mismos cumpla con la normativa vigente.
- ECSA cuenta con un departamento interno especializado y dedicado exclusivamente a la operación, monitoreo y vigilancia de las estructuras que conforman los depósitos de relaves en la mina Mirador; integrado por un equipo multidisciplinario de alto nivel, los cuales utilizan tecnología de vanguardia, como monitoreo geotécnico en tiempo real, monitoreos con escáner láser, monitoreos satelitales, sistema de videovigilancia para supervisar de manera constante las condiciones de los depósitos de relaves, realizar inspecciones programadas, mantener registros detallados y datos de monitoreo, evaluar y gestionar los riesgos asociados a las presas, entre otros.
- A pesar de todas las medidas de seguridad tomadas por nuestra compañía, un grupo de personas que se oponen injustificadamente al desarrollo de la minería en el país, han auspiciado la exposición en algunos medios de comunicación de ciertos autodenominados científicos quienes han presentado un erróneo modelo hipotético de rotura de los depósitos de relaves, mismo que carece de información geológica-geotécnica de la zona donde se encuentran ubicados los depósitos de relaves de la mina Mirador; lo cual desvirtúa completamente la credibilidad científica de los resultados de dicho modelo, al emitir datos falsos de la geometría, metodología constructiva, materiales utilizados para la construcción de los depósitos de relaves de la mina Mirador y otras consideraciones técnicas. Estas personas inescrupulosas se fundamentan en apreciaciones y supuestos infundados; por lo que, como consecuencia, sus falsas aseveraciones son totalmente irresponsables.
- Los depósitos de relaves de la mina Mirador no pueden ser comparables con la presa de relaves Brumadinho de Brasil, la cual fue construida con el método “aguas arriba” con materiales de relaves y que colapsó en el año 2019. Dicho método de construcción ya no se utiliza a nivel internacional, y es así que incluso la normativa ecuatoriana prohíbe la construcción de presas de relave mediante dicho método “aguas arriba”; por lo que ECSA, responsable en sus procesos mineros, emplea los métodos constructivos permitidos por la ley: método “eje central” para la presa Quimi y método “aguas abajo” para la presa Tundayme, utilizando rocas y materiales granulares para la construcción de las mismas, garantizando así la estabilidad y seguridad de la infraestructura, y sin escatimar las inversiones que sean necesarias a fin de obtener presas sumamente seguras.
ECSA rechaza enérgicamente las falsas afirmaciones carentes de fundamento técnico expresadas por dichos autodenominados científicos, que lo único que buscan es detener el avance de la industria minera en el país; en detrimento de todos los beneficios económicos y sociales que esta industria genera a favor de la comunidad y del Estado ecuatoriano en general, como son la creación de empleo, encadenamientos productivos, dinamización de la economía local y nacional, generación de tributos, etc.
Hacemos un llamado a la opinión pública a no prestar atención a información falsa, así como a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales para acudir a la fuente oficial y contrastar la información a fin de no replicar noticias infundadas.
Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan.
Finalmente, ECSA reafirma su compromiso inquebrantable de llevar a cabo sus actividades en estricto cumplimiento de las leyes, priorizando la seguridad en todo momento y mostrando el máximo respeto hacia la comunidad y la naturaleza; contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento económico de nuestro país.
Nacionales
Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.
La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.
La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.
Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.
Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría
Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.
Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.
Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.
Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.
De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.
El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad

Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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