“Con el Riesgo País no se come”. Esa es la frase que ha trascendido en las redes sociales en las últimas semanas tras conocerse que este indicador económico ha bajado considerablemente en los últimos meses.
De hecho, con corte al 12 de junio de 2026, el Riesgo País de Ecuador se ubica en los 386 puntos, un número que no se había visto por lo menos desde 2014.
Pero, ¿qué es el Riesgo País?, ¿qué implica para Ecuador?, ¿beneficia al bolsillo de los ecuatorianos? Dos expertos en economía respoden.
El economista Juan Sebastián Naranjo define al Riesgo País como una calificación de credibilidad internacional respecto al cumplimiento de obligaciones financieras.
Naranjo recuerda que en la administración de Guillermo Lasso hubo incertidumbre y desconfianza de los organismos multilaterales, lo que disparó el indicador por encima de los 2 000 puntos.
Para el analista, el desplome actual responde a «señales» fiscales claras emitidas por Noboa, tales como el recorte del gasto público y la reducción del tamaño del Estado.
Por su parte, el economista Santiago García enfatiza que el Riesgo País no es una meta alcanzada, sino un instrumento para conseguir otros fines. Señala que un Riesgo País bajo abarata el endeudamiento estatal mediante la emisión de bonos más competitivos, y beneficia directamente al sistema financiero privado (bancos y grandes cooperativas), porque les permite captar dinero del exterior a tasas de interés más bajas para luego colocar créditos a nivel local.
Sin embargo, García habla de una paradoja: «Estas condiciones están mejorando, pero no necesariamente se van a traducir en empleo o en una reducción drástica de la pobreza rural, porque eso ya implica política pública». El académico enfatiza que se deben separar los extremos: «No todo es gracias al Riesgo País como dice el Gobierno, pero tampoco es que no sirve para nada».
Tanto Naranjo como García coinciden en que la reducción del Riesgo País es insuficiente si Ecuador no resuelve sus crisis estructurales. Para Naranjo, factores sociales críticos como la inseguridad pueden neutralizar cualquier avance macroeconómico: «Si es que no hay seguridad, de nada sirve que la macroeconomía esté estabilizada».
García complementa esta visión señalando que los inversionistas extranjeros evalúan variables que van más allá, como la “falta de seguridad jurídica”, caracterizada por el “cambio repentino de reglas contractuales”, sumado a los “problemas de corrupción y la debilidad institucional”. Fuente: Ecuavisa
