La Policía Nacional avanzó en la ejecución de medidas judiciales dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas.

Como parte de este proceso, se reportó la incautación de varios bienes inmuebles vinculados a su entorno familiar y empresarial.

De acuerdo con un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), las diligencias se realizaron el 18 de junio de 2026 y comprenden al menos seis propiedades relacionadas con las compañías Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A.

Bienes incautados y estructura patrimonial

Entre los activos intervenidos consta un inmueble en Puerto Hondo, parroquia Tarqui, valorado en aproximadamente $2 millones, el de mayor cuantía dentro de esta fase inicial.

Además, se incautaron otros bienes asociados a Fiorema S.A., empresa que, según la Fiscalía, habría concentrado transferencias patrimoniales del grupo familiar del funcionario.

El listado incluye terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas ubicados en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón.

Los inmuebles quedaron bajo administración estatal mediante Inmobiliar, entidad encargada de custodiar bienes incautados en procesos judiciales, conforme a los protocolos vigentes.

La ejecución de las órdenes judiciales no se concretó en su totalidad. La Undecof reportó la imposibilidad de incautar otros seis inmuebles contemplados en el proceso.

Entre ellos figura una vivienda en Isla Mocolí, Samborondón, atribuida al alcalde y valorada en más de $1 millón, junto con otros departamentos vinculados a Fiorema S.A.

La Policía explicó que no se procedió debido a que los predios estaban ocupados por personas en condición de vulnerabilidad, incluidos menores, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Argumentos legales y reacción de la defensa

La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores de edad y de una persona con discapacidad visual debidamente certificada.

En ese contexto, el representante legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia prevista para analizar este pedido fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.

El caso Goleada indaga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos derivados de la comercialización irregular de combustibles.

Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido canalizados hacia la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la adopción de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.

El avance parcial en las incautaciones refleja tanto la dinámica de la investigación como los límites legales y sociales en la aplicación de medidas judiciales sobre bienes habitados.

Estudiantes, médicos y familiares se congregaron este lunes 22 de junio en los exteriores del hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en el centro norte de Quito, para protestar por la separación de tres estudiantes que realizaban su internado en esta casa de salud.

Los manifestantes llegaron hasta la entrada principal del hospital con batas blancas y carteles en los que exigían explicaciones sobre la decisión de retirar a los estudiantes de sus plazas de internado. De acuerdo con la información expuesta durante el plantón, dos de los jóvenes pertenecen a la Universidad Central del Ecuador (UCE) y uno a la Universidad Católica de Quito.

El plantón de este lunes fue el segundo realizado durante la jornada. La primera manifestación ocurrió aproximadamente a las 06:30, cuando médicos solicitaron a las autoridades del hospital y entidades correspondientes que esclarezcan las razones por las que los tres estudiantes fueron separados de sus puestos de formación.

Separación se debe a un presunto exceso de personal

Según las primeras versiones conocidas, la separación de los estudiantes estaría relacionada con un supuesto exceso de personal dentro de la casa de salud. Sin embargo, familiares y participantes de la protesta sostienen que la decisión tendría motivaciones políticas y que podría tratarse de presuntas represalias vinculadas a la investigación del caso Progen.

Hasta el momento, los manifestantes continúan solicitando un pronunciamiento oficial que permita conocer las razones administrativas de la separación y definir la situación de los estudiantes afectados.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del expresidente Rafael Correa y otros posibles involucrados, por un presunto caso relacionado con espionaje y el supuesto manejo indebido del sistema de videovigilancia de Segura EP.

La funcionaria acudió la mañana del lunes 22 de junio a la sede del organismo judicial, donde solicitó que se inicie una investigación para determinar si existieron delitos en torno al uso de esta plataforma tecnológica destinada a la seguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones, la ministra indicó que la investigación permitirá conocer si más personas formarían parte de la presunta estructura señalada en la denuncia. Además, sostuvo que la identificación de otros posibles involucrados deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.