En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.

El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.

Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.

Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.

El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.

En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.

Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.

El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.

Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.

Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.

La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.

La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.

Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.

Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.

Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.

En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.

En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.

Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.

El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.

Comerciantes, trabajadores que almacenan productos y transportistas del lado colombiano de la frontera con Ecuador mantienen bloqueado por cuarto día el paso entre ambos países, en protesta por la guerra comercial que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50%.

Los trabajadores del municipio colombiano de Ipiales se instalaron a unos 500 metros del puentena internacional de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Colombia y Ecuador y actualmente el único que se encuentra habilitado para transitar legalmente entre los dos países, y cerraron la carretera con plataformas de madera y vehículos.

La vía que conecta Pasto, Ipiales y Tumaco del lado colombiano sigue bloqueada por cuarto día consecutivo. Además, las protestas se mantienen en el puente internacional de Rumichaca, reportaron medios locales este 12 de marzo de 2026.

El pasado lunes ya habían bloqueado durante algunas horas el mismo paso con una treintena de camiones.

Pérdidas aumentan 
«Las pérdidas son incalculables. No sabemos hasta cuándo vamos a soportar así. Día a día se cierran empresas, agencias de aduanas, y bodegas mandan a la gente para la casa», dijo a EFE José Luis Arrieta, integrante de uno de los gremios que conforman el Comité de Trabajadores de Frontera.

Aseguró que la situación que están viviendo es porque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, «toman medidas sin pensar en cómo funciona la cadena de comercio exterior de la frontera», por lo que están exigiendo que «los aranceles se tumben».

El presidente en Ipiales de la Asociación Colombiana de Camioneros, Édison Mena, aseguró a EFE que con la protesta piden que se les garantice el derecho al trabajo, y que no son solo los sectores comerciales y logísticos los que están afectados sino las poblaciones de las ciudades fronterizas.

«Esperamos que las cosas se solucionen en unas mesas de trabajo binacionales para que se retome el trabajo y la normalidad entre las dos ciudades», indicó.

Ipiales pide a Tulcán sumarse a paro
Los trabajadores de Ipiales están en conversaciones con los de la ciudad ecuatoriana de Tulcán para que ellos también se unan a la paralización en los próximos días y así puedan enviar un mensaje de unidad a los dos gobiernos, añadió el presidente del Comité de Trabajadores de la Frontera, Óscar Obando.

Las personas que buscaban este miércoles pasar entre ambos países debían hacerlo a pie o en motos y aunque quienes hablaron con EFE manifestaron su molestia por el cierre fronterizo también rechazaron la imposición de aranceles.

«Me parece muy injusto que el presidente Noboa tome estas medidas porque los perjudicados somos nosotros, el pueblo», aseguró Wilson Montenegro, que cruzaba de Ecuador a Colombia.

El origen de la guerra comercial
La guerra comercial entre ambos países la inició en enero Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los USD 2.800 millones, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones. Fuente: Primicias