Zamora, Ecuador. – Habitantes de comunidades rurales del cantón Zamora expresan una alarmante preocupación frente a recientes hechos delictivos y situaciones irregulares que evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad ciudadana, particularmente en sectores como La Saquea y la presencia de vendedores ambulantes en comunidad rurales.

De acuerdo con información proporcionada por moradores, durante la madrugada del pasado domingo, aproximadamente a las 03h30, se registraron asaltos a al menos tres ciudadanos en el sector de La Saquea, presuntamente perpetrados por individuos que se movilizaban en motocicleta. Este hecho ha generado alarma en la población, no solo por la violencia del acto, sino también por las condiciones estructurales que facilitarían este tipo de delitos.

Entre los principales factores de riesgo identificados por la ciudadanía se encuentran la falta de iluminación pública adecuada, la ausencia de sistemas de videovigilancia y el limitado patrullaje policial en horarios críticos, elementos que configuran un entorno de vulnerabilidad para quienes transitan o residen en estos sectores.

A esta situación se suma la preocupación reportada en la comunidades de las parroquia Guadalupe, San Carlos de las Minas y Cumbaratza, donde habitantes alertan sobre la presencia de personas desconocidas que recorren viviendas bajo la modalidad de comercio ambulante, ofertando herramientas y productos varios. Según los testimonios, estos individuos no serían originarios del sector ni ecuatorianos, tienen acento Venezolano. Una experiencia nos cuenta a este medio un ciudadano de un barrio de Guadalupe, que 4 individuos  habrían ingresado al patio de su casa para vender cuchillos y otras piezas, mostrando actitudes insistentes e incluso prepotentes. También por el trayecto Nambija Bajo – San Carlos de las Minas, recorren vendiendo mercadería y son prepotentes cuando no se les compran dijo un ciudadano del sector.

Los moradores consideran que este tipo de comportamientos podría estar vinculado a posibles acciones de reconocimiento territorial con fines delictivos, lo que incrementa la percepción de inseguridad y genera un ambiente de tensión en las comunidades. Ante esta situación, varios ciudadanos manifiestan su decisión de reforzar medidas de control comunitario para evitar el ingreso de personas desconocidas y advierten que harán justicia comunitaria si las autoridades de seguridad no toman acciones.

En este contexto, hacen un llamado a las autoridades competentes para implementar acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad de la población.

Entre las principales demandas ciudadanas se destacan:

• Incremento del patrullaje policial en zonas rurales
• Instalación de sistemas de iluminación pública
• Implementación de cámaras de seguridad
• Coordinación efectiva entre autoridades y comunidad

Un expolicía que trabaja en su finca dijo que coinciden con los habitantes en que la falta de intervención oportuna podría derivar en un escalamiento de violencia, afectando la integridad de los habitantes y la estabilidad social de las comunidades.

Finalmente, los ciudadanos reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, pero enfatizan la necesidad de respuestas concretas y oportunas que permitan restablecer la tranquilidad en el territorio.

Zamora, Ecuador. – Habitantes de comunidades rurales del cantón Zamora expresan una alarmante preocupación frente a recientes hechos delictivos y situaciones irregulares que evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad ciudadana, particularmente en sectores como La Saquea y la presencia de vendedores ambulantes en comunidad rurales.

De acuerdo con información proporcionada por moradores, durante la madrugada del pasado domingo, aproximadamente a las 03h30, se registraron asaltos a al menos tres ciudadanos en el sector de La Saquea, presuntamente perpetrados por individuos que se movilizaban en motocicleta. Este hecho ha generado alarma en la población, no solo por la violencia del acto, sino también por las condiciones estructurales que facilitarían este tipo de delitos.

Entre los principales factores de riesgo identificados por la ciudadanía se encuentran la falta de iluminación pública adecuada, la ausencia de sistemas de videovigilancia y el limitado patrullaje policial en horarios críticos, elementos que configuran un entorno de vulnerabilidad para quienes transitan o residen en estos sectores.

A esta situación se suma la preocupación reportada en la comunidades de las parroquia Guadalupe, San Carlos de las Minas y Cumbaratza, donde habitantes alertan sobre la presencia de personas desconocidas que recorren viviendas bajo la modalidad de comercio ambulante, ofertando herramientas y productos varios. Según los testimonios, estos individuos no serían originarios del sector ni ecuatorianos, tienen acento Venezolano. Una experiencia nos cuenta a este medio un ciudadano de un barrio de Guadalupe, que 4 individuos  habrían ingresado al patio de su casa para vender cuchillos y otras piezas, mostrando actitudes insistentes e incluso prepotentes. También por el trayecto Nambija Bajo – San Carlos de las Minas, recorren vendiendo mercadería y son prepotentes cuando no se les compran dijo un ciudadano del sector.

Los moradores consideran que este tipo de comportamientos podría estar vinculado a posibles acciones de reconocimiento territorial con fines delictivos, lo que incrementa la percepción de inseguridad y genera un ambiente de tensión en las comunidades. Ante esta situación, varios ciudadanos manifiestan su decisión de reforzar medidas de control comunitario para evitar el ingreso de personas desconocidas y advierten que harán justicia comunitaria si las autoridades de seguridad no toman acciones.

En este contexto, hacen un llamado a las autoridades competentes para implementar acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad de la población.

Entre las principales demandas ciudadanas se destacan:

• Incremento del patrullaje policial en zonas rurales
• Instalación de sistemas de iluminación pública
• Implementación de cámaras de seguridad
• Coordinación efectiva entre autoridades y comunidad

Un expolicía que trabaja en su finca dijo que coinciden con los habitantes en que la falta de intervención oportuna podría derivar en un escalamiento de violencia, afectando la integridad de los habitantes y la estabilidad social de las comunidades.

Finalmente, los ciudadanos reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, pero enfatizan la necesidad de respuestas concretas y oportunas que permitan restablecer la tranquilidad en el territorio.

El Gobierno de Ecuador formalizó el 17 de abril la recepción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, una década después de su entrada en funcionamiento en 2016, tras años de retrasos por fallas estructurales y miles de fisuras detectadas en la obra construida por la empresa china Sinohydro.

El gerente del proyecto Coca Codo Sinclair de Sinohydro, Sheng Mingzhong, y el subgerente del proyecto de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Pedro Luis Rodríguez, firmaron el acta de recepción definitiva, un acto que, según el Ejecutivo, «destraba un proceso histórico».

Coca Codo Sinclair: El Estado recibe la obra pese a las 17.600 fisuras y advertencias de Contraloría
Sin embargo, resta un detalle pendiente: la devolución de las garantías entregadas por Sinohydro como parte del contrato y que tendrían que liberarse, una vez se ha concretado la recepción de la obra.

Sinohydro tiene derecho a recibir más de USD 200 millones en garantías entregadas al Estado ecuatoriano, entre ellas, una que cubre defectos de los distribuidores de agua de la central, que por años ha sido el punto de conflicto entre las partes, pues estos equipos tienen más de 17.000 de fisuras.

Pero la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció el 19 de abril que «el pago (de esas garantías) no se libera hasta que esta importante hidroeléctrica funcione correctamente». Aunque no aclaró si se refiere a todas las garantías o la que específicamente cubre los defectos en los distribuidores.

La historia de una obra polémica
Coca Codo Sinclair está ubicada entre Napo y Sucumbíos y fue construida durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con una inversión de 2.000 millones de dólares.

Entró en funcionamiento a finales de 2016, pero nunca fue recibida totalmente por el Gobierno debido a fallas detectadas desde su construcción.

La recepción de Coca Codo Sinclair se concretó en cumplimiento de un laudo por acuerdo de las partes, que fue notificado por la Corte Internacional de Arbitraje el 3 de abril pasado.

El Gobierno actual de Daniel Noboa señaló que este acuerdo, que calificó como un «hito», no implica «la cesión de la hidroeléctrica ni una pérdida de control del Estado».

«Por el contrario, Ecuador mantiene la rectoría, supervisión y defensa de sus intereses sobre Coca Codo Sinclair, infraestructura fundamental para la seguridad energética nacional», ya que las garantías de buen funcionamiento y ausencia de defectos en los distribuidores se mantendrán en custodia de Celec.

Ahora el Ejecutivo traspasará su operación, mantenimiento y el 100 % del riesgo a la empresa PowerChina, que se encargará de reparar las fisuras y los defectos detectados por la Contraloría, según informó la Celec. Fuente: Primicias