Por: Redacción Deportiva

La Liga Básquet Pro atraviesa una temporada que, desde la percepción de varios aficionados y actores vinculados al baloncesto ecuatoriano, deja más interrogantes que certezas. Un proyecto que en sus primeras ediciones logró captar la atención del público, generar expectativa y convertirse en una importante vitrina para el baloncesto nacional, hoy parece enfrentar algunos desafíos que deberían ser analizados con seriedad por quienes están al frente de su organización.

Uno de los principales aspectos que llama la atención es la disminución del número de equipos participantes. La reducción de clubes no solamente representa una menor presencia territorial dentro de la competencia, sino que también tiene consecuencias directas sobre el desarrollo de la temporada y el interés de los aficionados. Por ejemplo, Liga de Quito, ⁠Orange de Quito, ⁠Spartans de Quito, ⁠Barcelona, Caballito de Guayaquil, ⁠Zamora Jaguars de Zamora, ⁠Mira de Carchi, ⁠CYC Manabi, ⁠Leones de Riobamba. Además, Club de Vinces y Basquet Pasaje ya no están tampoco. En total 11 equipos que ya no participan en la LBP.

A esto se suma un factor particularmente importante: la poca emoción que genera actualmente la etapa regular. Cuando prácticamente todos los equipos tienen asegurada su presencia en los playoffs, la lucha por la clasificación pierde buena parte de su atractivo. En temporadas anteriores, la pelea por los últimos cupos mantenía a los aficionados pendientes de cada jornada, porque quedarse fuera de la siguiente fase era una posibilidad real para varios clubes.

La competencia necesita incertidumbre, necesita partidos que tengan consecuencias y necesita que cada jornada tenga algo importante en juego. De lo contrario, existe el riesgo de que el aficionado perciba la etapa regular simplemente como un camino obligatorio hacia los playoffs.

¿Dónde están los grandes patrocinadores?

Otro punto que merece una reflexión profunda es el patrocinio nacional.

En temporadas anteriores, la Liga Básquet Pro contó con empresas que tuvieron una presencia importante dentro del proyecto, entre ellas i4bet, EquaBet, Seguros Constitución y otras marcas que apostaron por el desarrollo del baloncesto profesional ecuatoriano.

Actualmente, la ausencia o menor presencia de grandes patrocinadores genera una pregunta inevitable:

¿Qué está haciendo la Liga Básquet Pro para atraer nuevamente a las grandes empresas nacionales?

Es evidente que la reducción de equipos y de mercados puede disminuir el atractivo comercial de una competición. Sin embargo, precisamente ahí debería aparecer el trabajo de la dirigencia: generar nuevas estrategias comerciales, fortalecer la propuesta de valor para las empresas y demostrar que invertir en la Liga Básquet Pro significa llegar a miles de aficionados y, especialmente, a una población joven que encuentra en el baloncesto una alternativa de formación, entretenimiento e inspiración.

La dirigencia también debe hacerse preguntas

No se trata únicamente de cuestionar a los clubes o a los patrocinadores. La propia Liga Básquet Pro debe realizar una autocrítica.

¿Qué se está haciendo para que regresen los equipos que dejaron de participar?

¿Qué incentivos existen para que nuevos clubes ingresen al campeonato?

¿Existe un verdadero acompañamiento financiero, comercial y administrativo para las instituciones que quieren formar parte de la competición?

¿Se está trabajando durante todo el año —y no solamente durante la temporada— para conseguir nuevos aliados comerciales?

Estas son preguntas legítimas que deberían formar parte de una evaluación profunda del proyecto.

Porque si un club desaparece de una competición profesional, las consecuencias no solamente las asume esa institución. También pierde el campeonato, pierde una ciudad, pierde una afición y, sobre todo, pierde el baloncesto ecuatoriano.

La comunicación también juega un papel fundamental

Otro aspecto que merece atención es la comunicación y la imagen institucional de la competición.

En una liga profesional, la comunicación no puede ser considerada un elemento secundario. Las fotografías, los videos, las estadísticas, las redes sociales, las transmisiones y todo el contenido generado alrededor de los partidos forman parte del producto que se ofrece al aficionado y al patrocinador.

Cuando se utilizan imágenes que no representan adecuadamente a los jugadores o contenidos que proyectan poca profesionalidad, la percepción externa también se ve afectada.

Hoy las ligas deportivas compiten no solamente dentro de la cancha. También compiten por la atención del público en redes sociales, por la confianza de las marcas y por la capacidad de generar una identidad propia.

Una liga profesional necesita verse y sentirse profesional.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo

A pesar de estas críticas, sería injusto desconocer lo que representa la Liga Básquet Pro para el deporte ecuatoriano.

El proyecto ha permitido que diferentes ciudades y provincias tengan la posibilidad de disfrutar de baloncesto profesional, ha brindado oportunidades a jugadores nacionales y extranjeros y ha contribuido a que niños y jóvenes tengan referentes deportivos más cercanos.

Precisamente por la importancia que tiene este proyecto, las observaciones deben servir para construir y no para destruir.

La Liga Básquet Pro necesita recuperar competitividad, aumentar el número de participantes, fortalecer su estructura comercial, mejorar su comunicación y volver a generar esa sensación de que cada partido importa.

El próximo año debería ser una oportunidad para dar un golpe de timón.

Sería positivo volver a ver a equipos que en algún momento fueron protagonistas, pero también sería importante que nuevas ciudades y organizaciones tengan las condiciones necesarias para ingresar al campeonato.

La pregunta de fondo es sencilla, pero trascendental:

¿Qué Liga Básquet Pro queremos para los próximos cinco o diez años?

Una competición con menos equipos, poca incertidumbre en su fase regular y dificultades para atraer grandes patrocinadores; o una liga sólida, competitiva, comercialmente atractiva y capaz de convertirse en uno de los grandes productos deportivos del Ecuador.

La respuesta no solamente corresponde a los clubes. Corresponde también a la dirigencia de la Liga Básquet Pro.

El baloncesto ecuatoriano tiene talento, tiene aficionados y, sobre todo, tiene una enorme cantidad de niños y jóvenes que sueñan con llegar algún día al profesionalismo.

Cuidar y fortalecer ese sueño debería ser responsabilidad de todos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por: Alonzo Cueva Rojas

El retiro de Gisella Bayona expone la mutación de la censura en Ecuador: cuando el poder no puede destruir los argumentos del periodista, asfixia su entorno más íntimo.

Esta asfixia indirecta no es un hecho aislado, sino la consolidación de un patrón. Meses atrás, el país presenció un escenario idéntico cuando el periodista Hernán Higuera suspendió una investigación por seguridad. La respuesta del poder fue quirúrgica: desvinculación fulminante de su esposa de un cargo público y afectación al internado médico de su hijo. Romper la estabilidad familiar ya no es un daño colateral, sino el método predilecto para forzar el silencio.

El ensañamiento contra Bayona responde a un pecado imperdonable para el relato oficial: darle voz al dolor de las calles. Al visibilizar el desabastecimiento hospitalario y las carencias que sufren miles de madres y pacientes, ejerció el rol fiscalizador innato de su profesión. Responder a la denuncia ciudadana con discursos intimidatorios demuestra una profunda desconexión con las urgencias sociales y una alarmante intolerancia a la crítica.

Este panorama ha provocado una alineación forzada dentro del gremio por temor a represalias, expandiendo la autocensura. Frente a esto, Bayona expresó con dureza su asombro ante la metamorfosis de la prensa, cuestionando cómo comunicadores que antes cumplían su trabajo con rigor hoy han abdicado de su independencia para convertirse en dóciles «alfombras del poder», dedicados a aplaudir al gobierno de turno.

Bajo estas reglas del juego, la existencia de cualquier voz crítica queda en riesgo latente. Espacios informativos frontales como los del periodista Fabricio Vela, quien permanentemente expone la crisis de seguridad nacional y confronta las verdades oficiales, se vuelven vulnerables ante una maquinaria que no tolera los matices. Si la prensa libre que incomoda es arrinconada, el peligro ya no es individual, sino colectivo.

Frente a esta marea de sumisión nacional, es urgente hacer un exhorto firme al periodismo de Zamora Chinchipe. Las voces objetivas de nuestra provincia, aquellas que conocen de cerca la realidad de las comunidades, la gestión de los recursos y las necesidades locales, no pueden claudicar ni dar un paso atrás. Ceder ante el temor o alinearse por conveniencia significa dejar a la ciudadanía en absoluta indefensión informativa. El periodismo amazónico debe sostenerse con valentía como el último contrapeso frente a los discursos oficiales.

Abrazar la dignidad de quienes prefieren retirarse antes que quebrar sus principios es necesario, pero insuficiente. Si la sociedad civil normaliza la persecución familiar y el servilismo mediático, el silencio dejará de ser una elección y se convertirá en complicidad. Hoy, la solidaridad con el periodismo independiente debe transformarse en una resistencia colectiva contra el vaciamiento de la verdad.

Por: Alcibar Lupercio

La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas ni una concesión de los gobiernos de turno. Es un derecho fundamental y una de las condiciones esenciales para que una democracia funcione. Cuando una sociedad deja de cuestionar al poder, comienza a perder una de sus principales herramientas de control ciudadano.

Ecuador conoce demasiado bien los riesgos de confundir autoridad con silencio. La historia reciente ofrece antecedentes que deberían servirnos como advertencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó, entre 2007 y 2017, una política de desacreditación, estigmatización y sanción contra periodistas, medios y otros actores críticos.

Uno de los casos más emblemáticos fue el proceso contra el periodista Emilio Palacio y directivos de El Universo. La CIDH manifestó su preocupación por una sentencia que contemplaba penas de prisión y una millonaria indemnización por un artículo de opinión referido a asuntos de interés público. Posteriormente, la propia Comisión llevó el caso ante la Corte Interamericana.

Aquellos episodios deberían haber dejado una lección permanente: ningún gobierno, independientemente de su ideología, debería sentirse dueño de la verdad ni utilizar el poder estatal para intimidar a quienes lo cuestionan.

Pero el problema no pertenece únicamente al pasado.

Durante el actual Gobierno también se han registrado preocupaciones relacionadas con el ejercicio periodístico. Fundamedios reportó en 2024 un incremento de agresiones contra periodistas y medios, incluyendo obstáculos al acceso a la información y episodios de hostigamiento estatal. En septiembre de ese año señaló además su preocupación por declaraciones que podían interpretarse como una intención de utilizar la publicidad oficial para favorecer o castigar determinadas líneas editoriales.

En 2025, Fundamedios reportó 231 agresiones relacionadas con la libertad de expresión, de las cuales 114 fueron atribuidas a agentes estatales, según su metodología de monitoreo.

A esto se suma una realidad todavía más grave: la violencia del crimen organizado. El Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado amenazas, ataques y el éxodo de periodistas ecuatorianos, mientras varios comunicadores han tenido que abandonar sus ciudades o incluso el país para proteger su integridad.

Entonces, ¿qué país queremos construir?

Un país donde un periodista pueda preguntar por qué faltan medicamentos en un hospital. Donde pueda investigar las condiciones de una escuela pública. Donde pueda cuestionar el estado de una carretera. Donde pueda preguntar cuánto se gastó, quién contrató, quién ganó un contrato y si los recursos públicos fueron utilizados correctamente.

Eso no debería considerarse una agresión contra el Gobierno. Eso es periodismo.

El problema aparece cuando la crítica comienza a interpretarse como enemistad política. Y resulta todavía más preocupante si un periodista o propietario de un medio que mantiene relaciones comerciales legítimas con el Estado siente que, por esa razón, debe guardar silencio frente a posibles irregularidades.

Aquí debemos ser particularmente cuidadosos: ser proveedor del Estado no elimina los derechos constitucionales de una persona, pero tampoco convierte al periodista en intocable frente a la ley. La obligación debe ser la misma para todos: contratos transparentes, información verificable, ausencia de conflictos de interés y respeto absoluto a las normas.

Lo peligroso sería que una relación contractual con una institución pública se convierta, de hecho, o por temor, en un mecanismo de autocensura.

Porque si un periodista piensa: “No puedo investigar esto porque tengo un contrato con el Estado”, la sociedad pierde mucho más que una noticia. Pierde una voz.

Y si un funcionario piensa: “Este medio no puede cuestionarme porque trabaja para el Estado”, entonces el problema ya no es solamente periodístico. Es democrático.

También debemos reconocer que la prensa tiene responsabilidades. La libertad de expresión no significa libertad para mentir, difamar o manipular. El periodismo serio debe investigar, contrastar fuentes, separar información de opinión y permitir el derecho a la réplica. Precisamente por eso, la respuesta frente a una publicación periodística debe ser más información, más transparencia y, cuando corresponda, las vías legales; nunca la intimidación.

Ecuador enfrenta problemas demasiado grandes para desperdiciar energía persiguiendo voces críticas. La inseguridad continúa siendo una preocupación central para los ciudadanos; existen cuestionamientos sobre servicios públicos, infraestructura, educación, salud, empleo y economía. Las decisiones gubernamentales sobre combustibles, impuestos y transporte tienen consecuencias directas sobre millones de personas.

En una democracia, esas decisiones deben poder ser discutidas.

El ciudadano tiene derecho a preguntar. El periodista tiene derecho a investigar. El medio tiene derecho a publicar. Y el Gobierno tiene la obligación democrática de responder.

No importa si el Gobierno es de derecha, de izquierda, liberal, conservador o de cualquier otra corriente. Los derechos no cambian dependiendo del nombre del presidente.

Por eso tampoco debemos repetir los errores del pasado. La defensa de la libertad de prensa no puede convertirse en una bandera selectiva: no puede defenderse cuando gobierna alguien que nos agrada y olvidarse cuando gobierna alguien que nos disgusta.

La libertad de expresión debe defenderse incluso cuando la voz que habla no coincide con nuestra propia opinión.

Y aquí existe una responsabilidad particular para las nuevas generaciones. Los jóvenes no tienen que aceptar que cuestionar sea considerado traición, que investigar sea considerado oposición o que exigir transparencia sea considerado un ataque.

Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de preguntar y autoridades capaces de responder.

El silencio impuesto nunca será una política pública.

El Ecuador no necesita menos periodismo. Necesita mejor periodismo, más investigación, más transparencia y mayor protección para quienes ejercen esta profesión.

Y necesita, sobre todo, entender una verdad elemental: un Gobierno fuerte no es aquel que consigue que nadie lo critique; es aquel que puede soportar la crítica, responder con argumentos y rendir cuentas ante sus ciudadanos.

Porque cuando la prensa deja de preguntar por miedo, cuando el periodista comienza a autocensurarse para conservar un contrato y cuando el ciudadano prefiere callar para evitar consecuencias, la democracia empieza a quedarse sin voz.

Y un país sin voces críticas no es un país en paz.

Es un país en silencio.