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ZAMASKIJAT denuncia presunta apropiación ilegal de sus terrenos

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La organización de Tercer Grado de la Provincia de Zamora Chinchipe, denominada Federación Provincial de Nacionalidades Kichwa-Saraguro. Mismo que fortalece a los Gobiernos Comunitarios Indígenas y Campesinos, para la administración de Justicia Indígena.

La sede provincial de la Federación está ubicada en el cantón Centinela del Cóndor, en la parroquia Panguintza. Su presidente, Francisco Lozano, presenta una denuncia pública, donde da a conocer que han sido demandados por un ciudadano, quien aduce que los terrenos que utilizan en el mencionado cantón, no son de su propiedad.

Mientras, el dirigente indica que la adquisición de esos terrenos para la organización fue realizada en el año 2010 y que contienen documentos en regla y orden, que garantiza que los propietarios son la Federación de Kichwas y Saraguros de la provincia de Zamora Chinchipe.

“Por lo tanto, nosotros somos propietarios desde el 2010, hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que el señor Arturo, denunciante, cuando fallece el señor Salvador Carrión Carrión, aparece como supuesto dueño, pues en los últimos diez años, el supuesto dueño no ha aparecido a hacer posesión”. Han pasado varios presidentes y no ha reclamado, pero ahora en la administración actual, aparece mediante una demanda, exigiendo un derecho que, según el presidente de esta organización, no le corresponde.

La federación durante diez años ha construido edificaciones y ha realizado sembríos en este lugar. Eso se hizo a través del Consejo Nacional de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), y el apoyo del Consejo Provincial. La medida del terreno es de una hectárea, por lo que el líder considera que no hay más espacio, que el mencionado ciudadano reclame.

Lozano con papeles en mano menciona los estudios técnicos que se han realizado durante este tiempo, como croquis, planos, etc. Cabe recalcar que el mencionado ciudadano, realiza la compra del terreno media hectárea dos años después, en el año 2012.

La parte que aduce que le corresponde es donde se ha construido peceras y canchas de uso múltiple. Para la legalización de este terreno se contó con la presencia de ese entonces Nora Jiaqueline Torres Camacho, concejal del cantón Centinela del Cóndor, quien fue testigo de la aprobación de las urbanizaciones.

Aseveran que como federación son dueños absolutos de esa propiedad, por lo tanto, esperan el apoyo de las autoridades competentes. Y en caso de una respuesta negativa tomaran otros procedimientos como la justicia indígena. Indican que han dado presencia a los llamamientos para rendir versiones en el juzgado.

Se basan en la constitución del ejercicio de la autoridad comunitaria en las comunidades, es decir; aplicar la autoridad comunitaria amparada en el artículo 41 de la Constitución de la República, en la cual “se faculta a las comunidades ejercer la justicia indígena siempre y cuando respetando los derechos humanos y la libertad”, según lo estipula la ley.

Se concluye que es un terreno colectivo que beneficia a siete cantones de la provincia.

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El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.

Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.

La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto.  BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.

Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.

Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.

Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:

Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.

Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.

Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.

Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.

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Municipio de Palanda y Prefectura de Zamora Chinchipe ejecutan trabajos de mantenimiento vial en el barrio Pucarón

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palanda, en coordinación con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ejecuta trabajos de mantenimiento y adecuación en las principales calles del barrio Pucarón.

Las labores comprenden el mejoramiento de la superficie de rodadura y la intervención de varios tramos viales estratégicos del sector, permitiendo optimizar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores. Estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.

De acuerdo con la planificación institucional, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe para fortalecer la conectividad urbana, mejorar el acceso a los diferentes sectores poblados y contribuir al desarrollo integral del cantón.

La coordinación interinstitucional entre el Municipio de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe evidencia el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento de la obra pública y la atención oportuna de las necesidades prioritarias de las comunidades.

Con estas acciones, las instituciones ratifican su compromiso de continuar impulsando proyectos de mejoramiento vial que contribuyan al bienestar ciudadano, la integración territorial y el desarrollo sostenible del cantón Palanda y de la provincia de Zamora Chinchipe.

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Arcsa detecta irregularidades sanitarias en establecimiento de alimentación de El Pangui

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7 y en coordinación con la Comisaría Nacional de Policía del cantón El Pangui, desarrolló una serie de operativos de control en distintos establecimientos comerciales de esta jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe, con el propósito de proteger la salud de la población y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Las acciones de vigilancia iniciaron durante la jornada nocturna con inspecciones en licorerías del cantón, así como con la verificación del cumplimiento de los turnos de atención en farmacias. Posteriormente, durante la mañana, los técnicos de Arcsa realizaron controles en cuatro establecimientos de alimentación colectiva, donde se evaluaron las condiciones sanitarias y operativas para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo de la ciudadanía.

Durante las inspecciones, los funcionarios verificaron aspectos fundamentales relacionados con las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, el uso adecuado de indumentaria por parte del personal, las condiciones generales de limpieza de las instalaciones y la implementación de medidas de control de plagas, elementos considerados esenciales para prevenir riesgos sanitarios.

Como resultado de estos operativos, Arcsa identificó que uno de los establecimientos inspeccionados incumplía las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Entre las principales observaciones realizadas constan indicios de presencia de plagas, deficiencias en los procesos de limpieza y prácticas inadecuadas de higiene, situaciones que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, la entidad reguladora informó que iniciará los procesos administrativos correspondientes, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Dependiendo de los resultados de las investigaciones y del procedimiento legal respectivo, el establecimiento podría enfrentar las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Arcsa destacó que estos controles forman parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria que se ejecutan en la Zona 7, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, promover el cumplimiento de las normas de higiene y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para que participe activamente en la vigilancia sanitaria mediante el uso de la aplicación móvil Arcsa Móvil, herramienta digital que permite reportar irregularidades, generar alertas sanitarias y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir riesgos a la salud pública y fomentar una cultura de responsabilidad sanitaria entre los establecimientos comerciales y de servicios.

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