La vida criminal de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, empezó en 2016. Con 26 años, y como un profesional en topografía, este sujeto fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, cantón de Sucumbíos, cerca de la frontera de Ecuador con Colombia.

‘Topo’ fue capturado e, inicialmente, detenido en la Cárcel de Sucumbíos. A mediados de 2017, un Tribunal Penal lo sentenció a 11 años de cárcel por secuestro y a tres años por asociación ilícita. Además, dispuso que sus condenas las cumpliera en la Cárcel Regional del Guayas.

Peñafiel se encontró con una prisión dominada por Los Choneros, específicamente por Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien era el segundo al mando de esa organización y, además, manejaba a Los Fatales, un equipo de sicarios que operaba en el Litoral ecuatoriano.

Según información de inteligencia policial, ‘Topo’ se convirtió en una de las personas de confianza para ‘Fito’. Así, tras cinco años en prisión -en julio de 2022- empezó a tramitar su libertad anticipada. Para esa época, Macías ya era el mandamás de Los Choneros, que estaban en guerra con Los Lobos y buscaban expandir su dominio.

El regreso a la Amazonía y la guerra con los CDF
El 3 de junio de 2023, tras cumplir los tres años de la condena por asociación ilícita y el 60% de la pena de 11 años por secuestro, ‘Topo’ se acogió al régimen semiabierto, la justicia lo favoreció por primera vez y fue liberado.

Un año antes, en Ecuador se había empezado a reportar el florecimiento de la minería ilegal de oro en la cuenca del Río Punino, en Orellana. Justamente, Los Choneros pusieron la vista en esos yacimientos y tomaron el control cobrando extorsiones a los mineros ilegales y vendiendo el combustible ilegal para las máquinas de extracción del mineral.

Según inteligencia militar, para tener un mayor control en la zona, ‘Fito’ aprovechó la liberación de ‘Topo’ y lo envió a Orellana.

Sin embargo, esto generó un cisma en esta organización. La facción Los Choneros en El Coca quedó bajo el mando de ‘Topo’; mientras que los grupo de Joya de Los Sachas y Shushufindi se aliaron con alias ‘Camilo’, otro cabecilla que operaba desde la Cárcel de Sucumbíos.

Así empezó un enfrentamiento que empezó a dejar una serie de muertes y provocó las primeras masacres en ambos cantones de la provincia de Orellana, desde mediados hasta finales de 2023.

Pero todo empeoró. Los mineros ilegales tenían que pagar ‘vacunas’ a ambas facciones de Los Choneros. Por lo que, cansados de eso, se desplazaron a Lumbaqui, en Sucumbíos, y contactaron a los Comandos de la Frontera (CDF), una disidencia de las FARC, para pedir ayuda.

Los CDF aceptaron dar seguridad a los mineros ilegales a cambio de una parte del negocio y de dirigir su propia línea de abastecimiento de combustible. Entonces, los enfrentamientos empezaron a ser entre Los Choneros y los Comandos de la Frontera.

Los nuevos casos del ‘Topo’
Así ‘Topo’ entró otra vez en el radar de las autoridades. En marzo de 2024, la Fiscalía empezó a investigarlo por un atentado contra el policía Byron Morejón, quien supuestamente trabajaba para los Comandos de la Frontera y quien habría intentado asesinar a un fiscal.

El policía Morejón fue asesinado el 1 de mayo de ese mismo año. Un video en redes sociales reveló como tres personas armadas bajaron de un vehículo negro y lo dispararon varias veces. Según la Policía, uno de los atacantes era ‘Topo’.

Byron Gavilanes, juez de Lago Agrio, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de ‘Topo’. y, a finales de mayo de 2025, lo sobreseyó. Una fuente policial dijo a PRIMICIAS que el magistrado consideró que la cámara de seguridad no captó con claridad que uno de los atacantes era Peñafiel.

En medio de las investigaciones por el asesinato de ese policía, el 15 de marzo de 2025, nuevamente ‘Topo’ fue arrestado en Orellana, ahora por posesión de armas de grueso calibre. Esta vez, el juez Walter Pío le dictó prisión preventiva al cabecilla de Los Choneros.

Pero el arresto duró poco, el 6 de junio de 2025, el juez Pío declaró nulo el proceso por tráfico de armas, aduciendo que hubo un mal uso del tipo penal y desnaturalizó la causa. Ese mismo día, dictó la orden de liberación y ‘Topo’ fue liberado otra vez.

Tras esa liberación, el Gobierno -a través del SNAI- ha enviado varios oficios para indagar sobre el proceso, ya que según la norma, pese a no tener sentencia en los nuevos casos, ‘Topo’ debería seguir en prisión, pues por esos procesos debía perder automáticamente la libertad anticipada y volver a la cárcel a cumplir la pena de 11 años por el secuestro de 2016.

Sin embargo, los controles judiciales y penitenciarios fallaron. Actualmente, ‘Topo’ está prófugo por el caso de secuestro y no tiene cuentas pendientes por los casos de minería ilegal, el asesinato de un policía o la tenencia ilegal de fusiles. Fuente: Primicias

Aunque mermada en la Asamblea de Ecuador, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) busca investigar, desde las pocas comisiones legislativas que domina, la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Este 18 de junio, la asambleísta Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN) denunció que la comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, quiere apropiarse del proceso de fiscalización de los contratos de Progen firmados por Estado en la administración de Noboa.

El problema, según Jácome, es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya había decidido y notificado que será la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por la propia Jácome y dominada por ADN, la que conozca el caso.

«La Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara y establece que cuando una comisión conoce un proceso de Fiscalización se debe respetar y otra no puede intervenir ni llamar a autoridades y demás servidores». Diana Jácome, legisladora de ADN. 

La Comisión de Transparencia tiene previsto reunirse la tarde de este 18 de junio para establecer un cronograma de comparecencias. Esta mesa está conformada por:

Diana Jácome (ADN)
Edmundo Cerda (Pachakutik)
Jorge Chamba (ADN)
Jorge Guevara (ADN)
Isaac Solano (ADN)
Dominique Serrano (ADN)
Otto Vera (PSC)
Blasco Luna (RC)
Germania Romero (RC)
Andrés Mendoza (RC)
Jácome negó que la mesa legislativa que preside se vaya a convertir en una «comisión de archivo», y aseguró que harán una fiscalización transparente.

El pasado 11 de junio el correísta Blasco Luna mocionó que el Pleno de la Asamblea inicie un proceso de fiscalización a los contratos para la provisión de energía firmados con la empresa estadounidense.

Progen presenta solicitud de arbitraje de «emergencia» por sus dos proyectos de plantas eléctricas
Uno de los objetivos era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante los 151 legisladores para explicar los problemas y contratiempos en los contratos de Progen.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) volvió a contar con cinco integrantes de la facción aliada de Pachakutik y logró bloquear el intento correísta.

En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta realidad, reconocida por el ministro del Interior, John Reimberg, motivó la firma de un memorando de entendimiento con ONU Mujeres este 18 de junio de 2025 en Quito.

La alianza busca consolidar una respuesta estatal más efectiva, con enfoque de género, frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas en el país.

El acuerdo, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, contempla una hoja de ruta con cuatro pilares centrales que marcarán las acciones a desarrollar:

Formación institucional con enfoque de género

Se fortalecerán las capacidades del personal del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para atender con sensibilidad y sin revictimización a las mujeres víctimas de violencia.
Promoción de la igualdad en la gestión pública

Se incluirá el enfoque de género en la toma de decisiones y procedimientos institucionales.
Intercambio de información estratégica

Se generará evidencia para mejorar políticas públicas y diseñar acciones preventivas eficaces.
Implementación de proyectos conjuntos

Se dará continuidad a iniciativas como Spotlight y Ciudades Seguras, que ya han mostrado resultados positivos en comunidades locales.
Durante la firma, el ministro Reimberg enfatizó que este compromiso no es simbólico, sino una apuesta concreta por transformar la institucionalidad.

“La seguridad se construye desde la equidad de género, el respeto y la justicia. Las mujeres no solo son parte de la seguridad de Ecuador, son su fuerza, su conciencia y su futuro”. John Reimberg, ministro del Interior.

El documento también prevé una especialización de la Policía Nacional en áreas como violencia contra niñas y niños, femicidio y delitos que afectan a mujeres adolescentes, con herramientas prácticas y protocolos de atención.

Cifras de la realidad ecuatoriana
Por su parte, Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador, recalcó que la violencia de género no solo tiene un alto costo humano, sino también económico. Citó un estudio de la Cooperación Alemana (GIZ) que estima que el país pierde cerca de USD 4.000 millones anuales, equivalentes al 4,28% del PIB, a causa de la violencia contra mujeres y niñas.

Ecuador registró un 58% más de homicidios en el primer cuatrimestre de 2025
Vásconez alertó también sobre el impacto del crimen organizado en la vida de las mujeres. Las muertes violentas, que incluyen femicidios, asesinatos y sicariatos, se dispararon de 165 casos en 2020 a más de 600 en 2024, un aumento de más del 350%.

“La violencia no es solo un problema de seguridad o delincuencia. Se agrava por factores culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y el miedo. Por eso, cuando hablamos de seguridad ciudadana, no podemos olvidar los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres”. Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador.

Este acuerdo representa un paso más en una colaboración iniciada años atrás entre ONU Mujeres y el Ministerio del Interior, que, según anunciaron, ya ha dado frutos como el desarrollo de un sistema de alerta temprana de femicidios y la capacitación policial con perspectiva de género.

La meta, según Reimberg, es tener una sociedad donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas, sin importar el lugar, la edad o el contexto. “Estamos convencidos de que una sociedad más justa y segura para las mujeres es una sociedad mejor para todos”, concluyó. Fuente: Primicias